Aborto en Argentina

Legislación sobre el aborto en el mundo
     No punible si se realiza antes de un plazo establecido.      No punible en casos de peligro para la vida y/o salud física o mental de la madre, violación, defectos en el feto o factores socioeconómicos.      No punible en casos de peligro para la vida y/o salud física o mental de la madre, violación o defectos en el feto.      No punible en casos de peligro para vida y/o salud física o mental de la madre o violación.      No punible en casos de peligro vida y/o salud física y/o mental de la madre.      No punible en caso de riesgo vital de la madre.      Ilegal en todos los casos.      No hay información.

El aborto en Argentina, entendido como interrupción voluntaria del embarazo o aborto inducido, es un delito descrito en el Código Penal. Asimismo, dicho código establece casos especiales de aborto como aborto no punible.[1]

En octubre de 2007 el Ministerio de Salud de Nación publicó una Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles, dirimiendo algunos de los puntos de disputa sobre la forma de interpretación del artículo 86 del Código Penal referido a los abortos no punibles.

En marzo de 2012 la Suprema Corte de Justicia argentina precisó que el aborto es no punible en violaciones cometidas sobre cualquier persona con capacidad de gestar, indicó que no es necesario recurrir a la justicia para su realización y mandató a las provincias a elaborar un protocolo de interrupción legal del embarazo (ILE).

Un estudio encargado por el Ministerio de Salud en 2005 y conducido por las demógrafas Edith Pantelides y Silvia Mario concluyeron, usando dos métodos de estimación diferentes, que se producen anualmente entre 370.000 y 520.000 abortos inducidos legales y no legales.[2]​ En el año 2016 un informe de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud, dependiente del Ministerio de Salud, arrojó la cifra de 43 muertes de mujeres en ese año debido a todos los tipos de aborto, siendo la principal causa de mortalidad materna en el país según funcionarios, distintos medios y la Sociedad Argentina de Medicina.[3][4][5]​ Según el ministro de salud Adolfo Rubinstein, es la primera causa de muerte materna en el país y anualmente se registran 50.000 internaciones en establecimientos públicos por casos de interrupción del embarazo.[6]

Numerosas organizaciones políticas, científicas, feministas y de derechos humanos bregan históricamente por la legalización plena del aborto. En 2018 el asunto tomó estado parlamentario tras la habilitación a tratarse la ley de legalización en el Congreso Nacional. El 14 de junio de 2018 la cámara de diputados aprobó la media sanción de la ley con 129 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención.[7][8][9]

Índice

Estatus legalEditar

El aborto inducido está tipificado como delito en los artículos 85, 86, 87 y 88 del Código Penal argentino, los cuales establecen distintas penas a quienes participen de una práctica abortiva, voluntaria o no. De todos modos se exceptúa de la consideración delictiva a los abortos que se realizaran como último recurso a fin de preservar la salud de la mujer o persona gestante, o bien el embarazo se produjo como resultado de una violación, o abuso contra una persona con capacidad de gestar "idiota o demente".[Nota 1]​ El texto, que diferencia entre la existencia o no del consentimiento de la mujer o persona gestante, indica:[10]

ARTICULO 85. - El que causare un aborto será reprimido:
1º Con reclusión o prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer.
2º Con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer.
El máximum de la pena se elevará a seis años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer.

ARTICULO 86. - Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo. El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible:
1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.
2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.

ARTICULO 87. - Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado de embarazo de la paciente fuere notorio o le constare.

ARTICULO 88. - Será reprimida con prisión de uno a cuatro años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible.

Respecto al Pacto de San José de Costa Rica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó en 2018 la compatibilidad de la Convención Americana con los proyectos de despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (I.V.E.). La Corte Interamericana de Derechos humanos, órgano encargado de interpretar la letra de la Convención, ha establecido que no es admisible otorgar la condición de persona al embrión.[11]

Historia de la legislación del abortoEditar

En 1886 se sanciona el primer Código Penal de Argentina. El mismo penaliza el aborto en todos los casos. En 1903, el código es reformado por primera vez y establece que los casos de tentativa de aborto no sean punibles. Los casos de no punibilidad que actualmente se encuentran vigentes surgen de la segunda reforma del código, sancionada en el año 1921.

La Comisión de Códigos del Senado argentino que aprobó el nuevo código estaba integrada por los legisladores Joaquín V. González, Enrique del Valle Iberlucea y Pedro A. Garro. Esta comisión explicó que, en lo concerniente al aborto, se basó en el texto del anteproyecto penal suizo de 1916. También entendió que la no punibilidad del aborto terapéutico no necesitaba explicación; mientras que, para los casos de atentado contra el pudor sobre mujeres con discapacidad mental, se justificó con la siguiente cita del abogado y político español Luis Jiménez de Asúa referida al anteproyecto suizo: "Es la primera vez que una legislación va a atreverse a legitimar el aborto con un fin eugenésico, para evitar que de una mujer idiota o enajenada, o de un incesto, nazca un ser anormal o degenerado". Si bien el texto helvético hacía mención al caso del incesto, este quedó excluido del código argentino.[12]

En 1968, durante el régimen de la autodenominada Revolución Argentina, comandado por Juan Carlos Onganía, entra en vigencia el Decreto Ley Nº 17.567, el cual establecía la excepción del delito si el peligro para la vida o la salud de la mujer o persona gestante fuere grave; o en cualquier caso de violación, siempre que este estuviere judicializado, y con el consentimiento de un representante legal si la mujer o persona gestante fuere menor, idiota o demente. Tras la llegada de la democracia en 1973, estas modificaciones fueron dejadas sin efecto a través de la sanción de la Ley Nº 20.509.

En el año 1976, durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, se sanciona el Decreto Ley Nº 21.338, que reincorpora las modificaciones realizadas en el decreto ley de Onganía. Sin embargo, en 1984, ya en democracia, se sanciona la Ley Nº 23.077, que retrotrae nuevamente la situación a lo sancionado en 1921.[13]

En 1984 se sanciona la Ley Nº 23.054, la cual aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado internacional cuyo texto declara que el derecho a la vida existe "en general, a partir del momento de la concepción".[14]​ Desde su reforma en 1994, la Constitución Nacional establece la jerarquía constitucional para dicho tratado en su artículo 75, inciso 22º.[15]​ La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el máximo tribunal que interpreta la Convención, definió que la legalización del aborto no la contradice.[16]

 
Provincias adheridas al Protocolo Nacional.[17]
     Protocolos ajustados al fallo de la Corte (10)     Regulaciones que cumplen parcialmente el fallo (6)     No hay protocolos que lo regulen (8)

En 1990 se sanciona la Ley Nº 23.849, en donde se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. El artículo 2 de la ley señala que, con relación al artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, «la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad».[18]​ El Comité de los Derechos del Niño, el organismo a cargo de la aplicación de esta Convención, recomendó a la Argentina que garantice “el acceso a servicios de aborto seguro y atención postaborto para adolescentes.[19]

En la reforma constitucional argentina de 1994[20]​ se ratifica en el artículo 75 diferentes tratados internacionales y les da jerarquía constitucional. Entre ellos se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamado Pacto de San José de Costa Rica) que establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida” y que “este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”. Se habla de "en general" y no de forma explícita desde la concepción por la voluntad de los constituyentes. El ex presidente Raúl Alfonsín resumió en su exposición como convencional constituyente: “Estamos de acuerdo en votar afirmativamente este proyecto, que no le dice a la Legislatura que penalice el aborto o que libere cualquier posibilidad de aborto, sino que se trata de una iniciativa que podría estar perfectamente vinculada a la legislación de un país que acepta el aborto, como es Suecia, y también podría estarlo a la de un país como Irlanda, que lo prohíbe”.[21][22]

En 1998, luego de una entrevista con el papa Juan Pablo II en la Ciudad del Vaticano, el presidente argentino Carlos Menem aprobó un decreto que declaró el 25 de marzo el Día del Niño por Nacer en la Argentina.[23]​Durante la primera celebración, en 1999, el presidente afirmó que "la Argentina ha colocado entre las prioridades de su política exterior, una firme y decidida acción en defensa de la vida".[24]​ En este contexto fue que Zulema Yoma, ex esposa del presidente, decidió contar en una entrevista que se realizó un aborto con el apoyo de Carlos Menem.[25]

En el año 2002, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la asociación civil antiaborto[26]​ Portal de Belén, que había denunciado al Ministerio de Salud de la Nación por autorizar el uso del fármaco Inmediat, una pastilla del día después. El fallo consistió en la prohibición de una marca y no de la fórmula o de los principios activos empleados en la elaboración de los anticonceptivos de emergencia.[27]​ La doctrina antiaborto estricta de la Corte Suprema de Justicia argentina cambió con la incorporación en 2004 de la jueza Carmen Argibay[28]​ con una posición a favor de la despenalización del aborto.[29]​ Ese mismo año, Ginés González García, Ministro de Salud del gobierno de Néstor Kirchner, declaró su apoyo a la despenalización del aborto.[30]​ Posteriormente, el propio presidente Kirchner manifestó su rechazo a la propuesta, pero señaló que "en eso hay libertad de conciencia".[31]

En 2012, la Corte Suprema falló sobre el caso FAL, una chica de 15 años que había sido violada por su padrastro, en el que interpretó que el artículo 86 del Código Penal de la Nación permitía el aborto en los casos de violación y de peligro para la salud o vida de la mujer o persona gestante. En su fallo, la Corte analizó los diferentes tratados internacionales y no encontró ninguno que prohibiese el aborto en los casos previstos por el Código Penal.[21]

La ONU recomienda al Estado Argentino garantizar acceso al abortoEditar

En marzo de 2010, en un examen realizado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la Argentina, se expresa, en el párrafo 13, "su preocupación por la legislación restrictiva del aborto contenida en el artículo 86 del Código Penal, así como por la inconsistente interpretación por parte de los tribunales de las causales de no punibilidad contenidas en dicho artículo. (Artículos 3 y 6 del Pacto)" y se recomienda que "El Estado Parte debe modificar su legislación de forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que estas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas. El Estado debe igualmente adoptar medidas para la capacitación de jueces y personal de salud sobre el alcance del artículo 86 del Código Penal".[32]

En junio de 2010, en un examen realizado por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas sobre la Argentina, se le recomienda al Estado, en el párrafo 59, que, entre otros puntos, "Adopte medidas urgentes para reducir la mortalidad materna relacionadas con el aborto, en particular velando por que la profesión médica conozca y practique el aborto no punible, especialmente en el caso de las niñas y mujeres víctimas de violación, sin intervención de los tribunales y a petición de ellas" y que "Enmiende el artículo 86 del Código Penal en el ámbito nacional para prevenir las disparidades en la legislación provincial vigente y en la nueva en lo que respecta al aborto legal".[33]

Durante su Examen Periódico Universal de 2014, Argentina se comprometió a considerar una serie de recomendaciones relativas al acceso de mujeres a derechos reproductivos en el país. Algunas de las recomendaciones fueron adoptar medidas para que ninguna mujer o niña sea sancionada penalmente por someterse a un aborto, promulgar leyes que reconocieran a las mujeres acceso legal a diversos servicios de salud reproductiva y garantizar el acceso al aborto legal en condiciones de igualdad en todo el país.[34][35]

Sentencia vigente de la Corte Suprema sobre el aborto no punibleEditar

Sentencia F.A.L.Editar

En el caso “A. F. s/medida autosatisfactiva”, la Corte Suprema, por unanimidad y por el voto conjunto del Presidente Lorenzetti, de la Vicepresidenta Highton de Nolasco y de los jueces Fayt, Maqueda y Zaffaroni, y por los votos individuales de los jueces Petracchi y Argibay, confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Chubut que, en marzo de 2010, autorizara la realización de la práctica de aborto respecto de la joven A.G, de 15 años de edad, quien quedara embarazada como consecuencia de haber sido violada por su padrastro. De esta manera, rechazó el recurso extraordinario que, en representación del nasciturus, interpusiera el Asesor General Subrogante de la Provincia de Chubut.

La Corte aclaró que, no obstante que el aborto ya se había realizado, se configuraba uno de los supuestos de excepción que, según su jurisprudencia, la autoriza a pronunciarse. Esto teniendo en cuenta: a) que el tiempo que implica el trámite judicial de cuestiones de esta naturaleza excede el que lleva su decurso natural, b) que era necesario el dictado de un pronunciamiento que pudiera servir de guía para la solución de futuros casos análogos y c) estaba comprometida la responsabilidad internacional del Estado Argentino.

El voto mayoritario, firmando por los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda y Zaffaroni sentó tres reglas claras.

La primera: que la Constitución y los tratados de derechos humanos no sólo no prohíben la realización de esta clase de abortos sino que, por el contrario, impiden castigarlos respecto de toda víctima de una violación en atención a los principios de igualdad, dignidad de las personas y de legalidad. De este modo, se puso fin a la incertidumbre relacionada con el alcance del artículo 86, inciso 2º, del Código Penal, en tanto algunas instancias judiciales han entendido que éste sólo se aplica respecto de la víctima de una violación que poseyera alguna discapacidad mental, criterio que llevaba a que la cuestión se judicializara a lo largo del país con resultados adversos y, en algunos casos, con riesgo a la realización del aborto o a la salud de la madre.

La segunda: que los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial para realizar esta clase de abortos, debiendo practicarlos requiriendo exclusivamente la declaración jurada de la víctima, o de su representante legal, en la que manifieste que el embarazo es la consecuencia de una violación.

La tercera: que los jueces tienen la obligación de garantizar derechos y su intervención no puede convertirse en un obstáculo para ejercerlos, por lo que deben abstenerse de judicializar el acceso a estas intervenciones, las que quedan exclusivamente reservadas a lo que decidan la paciente y su médico.

Entre otros aspectos, en la decisión, se tuvieron en cuenta la posición de la Organización Mundial de la Salud en la materia y distintos pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos y del Comité de los Derechos del Niño, ambos de Naciones Unidas que marcaron la necesidad de garantizar el acceso seguro a los abortos no punibles en nuestro país y la eliminación de las barreras institucionales y judiciales que han impedido a las víctimas de una violación acceder a un derecho reconocido por la ley.

Finalmente, con el objeto de hacer efectivo lo decidido y asegurar los derechos de las víctimas de violencia sexual, los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda y Zaffaroni exhortaron a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos y a disponer un adecuado sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho de objeción de conciencia sin que ello se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente del servicio.[36]

Convención Americana sobre Derechos Humanos acerca del abortoEditar

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el máximo tribunal que interpreta la Convención, definió que la legalización del aborto no la contradice.[16]​ La abogada venezolana Luz Patricia Mejía, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirma que dicho tratado no es contrario al aborto, sino que "cuando la Convención dice que el derecho a la vida estará protegido a partir del momento de la concepción, se aclara que es 'en general'. Esto se hizo así para que los estados que en el momento de la sanción de la Convención tenían el aborto legalizado pudieran formar parte de la misma".[37]

En el año 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos zanjó las diferencias interpretativas en el fallo del caso "Artavia Murillo y otros ("fecundación in vitro") vs. Costa Rica", en el cual interpreta el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el párrafo 185, se afirma que "hay concepciones que ven en los óvulos fecundados una vida humana plena. [...] Estas concepciones no pueden justificar que se otorgue prevalencia a cierto tipo de literatura científica al momento de interpretar el alcance del derecho a la vida consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos, pues ello implicaría imponer un tipo de creencias específicas a otras personas que no las comparten". Asimismo, en el párrafo 263, señala que "la Corte concluye que el objeto y fin de la cláusula 'en general' del artículo 4.1 de la Convención es la de permitir, según corresponda, un adecuado balance entre derechos e intereses en conflicto. En el caso que ocupa la atención de la Corte, basta señalar que dicho objeto y fin implica que no pueda alegarse la protección absoluta del embrión anulando otros derechos". En el siguiente párrafo indica que "es posible concluir de las palabras 'en general' que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general".[38]

En relación a este fallo, las juristas Aída Kemelmajer de Carlucci, Marisa Herrera y Eleonora Lamm han señalado la importancia de la decisión de la Corte Interamericana en el debate regional por la legalización del aborto: "Puede pensarse, entonces, que la máxima instancia judicial en la región ha dado luz verde para legalizar la interrupción del embarazo en América en un abanico mucho más amplio de casos."[39]​ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronuncio a favor la aprobación de la ley de despenalización del aborto en tres causales en Chile, por ende su postura no es en contra del aborto.[40]​ Así mismo, la CIDH no considera al embrión como persona.[41][42]​ Según José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch,[43]​ la despenalización del aborto es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, compatible con la Convención sobre los Derechos del Niño, compatible con la declaración interpretativa de Argentina ante la Convención sobre los Derechos del Niño y consistente con el art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional argentina.[44]

Modificación del Código CivilEditar

El 1 de agosto de 2015 entró en vigencia en la Argentina el nuevo Código Civil y Comercial que en su artículo 19 afirma “que la existencia de la persona comienza con la concepción”.[45]​ Este artículo fue cuestionado,[46]​ porque puede poner límites a una posible discusión del aborto.[47]​ Según Marisa Herrera, doctora en derecho e investigadora del CONICET que formó parte de la redacción del Código Civil y Comercial de la Nación, el aborto es compatible con el mismo.[48][49]

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad acerca del abortoEditar

El borrador del comentario general del Comité de Derechos Humanos (CDH) sobre el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1996 dice: "Los Estados partes deben proporcionar acceso seguro al aborto para proteger la vida y la salud de las mujeres embarazadas, y en situaciones en las que llevar un embarazo a término causaría dolor o sufrimiento sustancial a la mujer. especialmente cuando el embarazo es el resultado de una violación o incesto o cuando el feto sufre un deterioro fatal ". Cuando el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) presentó sus preocupaciones, dijo que el CDH debería eliminar las palabras, "sobre todo cuando el embarazo es el resultado de una violación o incesto o cuando el feto sufre un impedimento fatal". No discutió el resto del pasaje.[50][51][52]

El G20 recomienda al Estado Argentino no criminalizar el abortoEditar

En 2018, en una reunión del Women 20 (W20), el Grupo de Afinidad vinculado al G20 (grupo de los siete de los países más industrializados y emergentes) dio al gobierno argentino distintas recomendaciones para lograr “una sociedad más sustentable, igualitaria y equitativa”, medidas que calificó como “el camino hacia el pleno desarrollo económico de las mujeres de la Argentina”, entre las que está "No criminalizar el aborto".[53][54][55]

Este dato es muy relevante ya que el presidente de la Argentina, Mauricio Macri, el 30 de noviembre de 2017 asumió la presidencia protémpore del G20[56][57]​ y la Cumbre del G-20 de Buenos Aires se realizará el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2018 en la ciudad de Buenos Aires (Argentina).[58][59]​ Será la primera cumbre del G-20 que se celebrará en América del Sur. A esto se suma que el 4 de abril de 2018 se dio a conocer la renuncia a su banca de la diputada de oficialista Susana Balbo para presidir el foro de mujeres del G20, Women 20 (W20).[60]

Tratamiento legislativo de 2018Editar

El proyecto por la interrupción voluntario del embarazo fue presentado séptima vez el 6 de marzo del 2018.[61]​ La Cámara de Diputados argentina se está debatiendo el aborto en reuniones plenarias que comenzaron el 10 de abril y se realizan los martes y los jueves, de 10 a 18 horas. Se estima que por el Anexo de la Cámara baja pasarán más de 1.000 expositores.[62]​ El próximo 13 de junio está fijada la fecha para la votación del proyecto, en el que al 21 de mayo ya han pasado cerca de 700 expositores.[63]

Proyecto de ley de régimen de interrupción voluntario del embarazo. Expte. 230-D-2018 (71 diputados, encabeza Victoria Donda). Propone el aborto libre como un derecho hasta la semana 14 (Mes 3 de embarazo), y hasta el final del embarazo en tres causales (violación, peligro para la vida/salud física, psíquica y social de la madre, y malformaciones fetales graves). Incluye el aborto en el Programa Médico Obligatorio (PMO).[64]​ Si bien es la séptima vez en doce años que se presenta, es la primera que se abrirá el debate a toda la sociedad y tendrá tratamiento legislativo.[65]​ El proyecto fue presentado en coautoría por 4 diputadasde distintos espacios políticos: Victoria Donda (Libres del Sur), Brenda Austin (UCR), Romina del Plá (Partido Obrero - Frente de Izquierda) y Mónica Macha (FPV). Dicha presentación fue acompañada una gran movilización en las calles.[66]

DictamenEditar

El 12 de junio de 2018 obtuvo dictamen en Diputados el proyecto de despenalización del aborto con 64 votos a favor y 57 en contra. Luego de 15 sesiones expositivas, 738 oradores, y tres sesiones en donde se construyó un dictamen de consenso, se llegó al proyecto que por primera vez en la historia Argentina, entrara a tratarse a la Cámara de Diputados.[67][68][69]​ El dictamen de consenso es el siguiente:[70]

Interrupción voluntaria del embarazoEditar

 
Manifestantes en la Plaza del Congreso a favor (derecha) y en contra (izquierda) de la sanción de la Ley de Aborto Legal.

ARTÍCULO 1°- Objeto. Esta ley tiene por objeto garantizar el derecho de las mujeres o personas gestantes a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo de conformidad con las disposiciones de la misma.
ARTÍCULO 2°- Derechos protegidos. Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos ratificados por la República Argentina, en especial, los derechos a la dignidad, la vida, la autonomía, la salud, la integridad, la diversidad corporal, la intimidad, la igualdad real de oportunidades, la libertad de creencias y pensamiento y la no discriminación. En ejercicio de estos derechos, toda mujer o persona gestante tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo de conformidad a lo establecido en la presente ley.
ARTÍCULO 3°- Supuestos. Se garantiza el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo con el solo requerimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional. Fuera del plazo dispuesto, se garantiza el derecho de la mujer o persona gestante a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en los siguientes casos: a) si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante el/la profesional de la salud interviniente; b) si estuviera en riesgo la vida o la salud de la mujer o persona gestante, considerada como derecho humano; c) si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto.
ARTÍCULO 4º- Consentimiento informado. Previo a la realización de la interrupción voluntaria del embarazo en los casos previstos en la presente ley, se requiere el consentimiento informado de la mujer o persona gestante expresado por escrito, de conformidad con lo previsto en la Ley 26.529 y concordantes y el artículo 59 del Código Civil y Comercial. Ninguna mujer o persona gestante puede ser sustituida en el ejercicio de este derecho.
ARTÍCULO 5°- Personas menores de edad. Si se tratara de una adolescente, niña o persona gestante menor de dieciséis (16) años, la interrupción voluntaria del embarazo se debe realizar con su consentimiento informado en los términos del artículo anterior y conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061 y el artículo 7° de su decreto reglamentario 415/06. En particular, debe respetarse el interés superior del/a niño/a o adolescente y su derecho a ser oído.
ARTÍCULO 6°- Personas con capacidad restringida. Si se tratara de una mujer o persona gestante con capacidad restringida por sentencia judicial y la misma no impidiere el ejercicio del derecho que otorga la presente ley, ella debe prestar su consentimiento informado sin ningún impedimento ni necesidad de autorización previa alguna. Si la sentencia de restricción a la capacidad impide el ejercicio del derecho previsto en la presente ley o la persona ha sido declarada incapaz, el consentimiento informado debe ser prestado con la correspondiente asistencia prevista por el sistema de apoyos del artículo 32 del Código Civil y Comercial o con la asistencia del representante legal, según corresponda. En ambos supuestos, ante la falta o ausencia de quien debe prestar el asentimiento, puede hacerlo un allegado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Código Civil y Comercial.
ARTÍCULO 7°- Plazo. La mujer o persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema de salud en un plazo máximo de cinco (5) días corridos desde su requerimiento y en las condiciones que determina la presente ley, la Ley 26.529 y concordantes.
ARTÍCULO 8°- Consejerías. Realizada la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, el establecimiento de salud debe garantizar a aquellas mujeres o personas gestantes que lo requieran: a) información adecuada; b) atención previa y posterior a la interrupción voluntaria del embarazo de carácter médica, social y psicológica, con el objeto de garantizar un espacio de escucha y contención integral; y, c) acompañamiento en el cuidado de la salud e información adecuada y confiable sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles, así como la provisión de los métodos anticonceptivos previstos en el Plan Médico Obligatorio y en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable establecidos por la Ley 25.673 o la normativa que en el futuro los reemplace. La atención y acompañamiento previstos en este artículo deben basarse en los principios de autonomía, libertad, intimidad y confidencialidad, desde una perspectiva de derechos que favorezca la autonomía en la toma de decisiones. Cuando las condiciones del establecimiento de salud no permitiesen garantizar la atención prevista en el inc. b, la responsabilidad de brindar la información corresponde al/la profesional de la salud interviniente.
ARTÍCULO 9°- Responsabilidad de los establecimientos de salud. Las autoridades de cada establecimiento de salud deben garantizar la realización de la interrupción voluntaria del embarazo en los términos establecidos en la presente ley y con los alcances del artículo 40 de la Ley 17.132 y el artículo 21 de la Ley 26.529 y concordantes. La interrupción voluntaria del embarazo establecida en la presente ley se debe efectivizar sin ninguna autorización judicial previa. No pueden imponerse requisitos de ningún tipo que dificulten el acceso a las prestaciones vinculadas con la interrupción voluntaria del embarazo, debiendo garantizarse a la mujer o persona gestante una atención ágil e inmediata que respete su privacidad durante todo el proceso y garantice la reserva de la información aportada. En el caso excepcional de ser necesaria la derivación a otro establecimiento, la interrupción voluntaria del embarazo debe realizarse en el plazo establecido en el artículo 7o y las demás disposiciones de la presente ley, siendo responsable de la efectiva realización el establecimiento derivante.
ARTÍCULO 10- Acceso. La interrupción voluntaria del embarazo debe ser realizada o supervisada por un/a profesional de la salud. El mismo día en el que la mujer o persona gestante solicite la interrupción voluntaria del embarazo, el/la profesional de la salud interviniente debe suministrar información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, los alcances y consecuencias de la prosecución de la práctica y los riesgos de su postergación. La información prevista debe ser clara, objetiva, comprensible y acorde a la capacidad de comprensión de la persona. En el caso de las personas con discapacidad, se debe proporcionar en formatos y medios accesibles y adecuados a sus necesidades. En ningún caso puede contener consideraciones personales, religiosas o axiológicas de los/as profesionales de la salud ni de terceros/as. Se deben establecer mecanismos efectivos para garantizar el cumplimiento del plazo y condiciones establecidas en la presente ley a las mujeres o personas gestantes privadas de su libertad. Ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley está sujeto a responsabilidad civil, penal o administrativa derivada de su cumplimiento, sin perjuicio de los casos de imprudencia, negligencia e impericia en su profesión o arte de curar o inobservancia de los reglamentos y/o apartamiento de la normativa legal aplicable.
ARTÍCULO 11- Objeción de conciencia. El/la profesional de la salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción voluntaria del embarazo tiene la obligación de garantizar el acceso a la práctica y no puede negarse a su realización. El/la profesional mencionado/a en el párrafo anterior sólo puede eximirse de esta obligación cuando manifestare su objeción previamente, de manera individual y por escrito, y la comunicare a la máxima autoridad del establecimiento de salud al que pertenece. La objeción puede ser revocada en iguales términos, y debe mantenerse en todos los ámbitos, públicos o privados, en los que se desempeñe el/la profesional. El/la profesional no puede objetar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que la mujer o persona gestante requiera atención médica inmediata e impostergable. Cada establecimiento de salud debe llevar un registro de los profesionales objetores, debiendo informar del mismo a la autoridad de salud de su jurisdicción. Queda prohibida la objeción de conciencia institucional y/o de ideario.
ARTÍCULO 12- Cobertura. El sector público de la salud, las obras sociales enmarcadas en las Leyes 23.660 y 23.661, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados creado por Ley 19.032, las entidades y agentes de salud comprendidas en la Ley 26.682 de marco regulatorio de medicina prepaga, las entidades que brinden atención dentro de la reglamentación del Decreto 1993/2011, las obras sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, las obras sociales del Poder Legislativo y Judicial y las comprendidas en la Ley 24.741 de Obras Sociales Universitarias, y todos aquellos agentes y organizaciones que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliadas o beneficiarios independientemente de la figura jurídica que posean, deben incorporar la cobertura integral de la interrupción voluntaria del embarazo prevista en la presente en todas las formas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda. Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), como así también las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.
ARTÍCULO 13- Políticas de salud sexual y reproductiva. Educación sexual integral. El Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tienen la responsabilidad de establecer políticas activas para la prevención de embarazos no deseados, y la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de la población. Estas políticas deberán estar enmarcadas en los objetivos y alcances establecidos en las Leyes 25.673, 26.150, 26.485 y 26.061, además de las leyes citadas anteriormente en la presente ley. Deberán además capacitar en perspectiva de género a todos/as los/las profesionales y personal de la salud a fin de brindar una atención, contención y seguimiento adecuados a las mujeres que deseen realizar una interrupción voluntaria del embarazo en los términos de la presente ley. El Estado debe asegurar la educación sexual integral, lo que incluye la procreación responsable, a través de los programas creados por las Leyes 25.673 y 26.150. En este último caso, deben incluirse los contenidos respectivos en la currícula de todos los niveles educativos, independientemente de la modalidad, entorno o ámbito de las distintas instituciones educativas, sean éstas de gestión pública o privada, lo que deberá hacerse efectivo en todo el territorio nacional a partir del próximo ciclo lectivo. Se debe prestar especial atención a los pueblos indígenas, respetando su diversidad e identidad cultural.
ARTÍCULO 14- Registro estadístico. Créase un registro de estadísticas, monitoreo y evaluación de la interrupción voluntaria del embarazo, a efectos de generar información actualizada relativa a la implementación de la presente ley. La autoridad de aplicación, en articulación con las jurisdicciones provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, debe arbitrar los medios a fin de llevar un registro estadístico en todo el territorio nacional de: a) las consultas realizadas a los fines de acceder a lo dispuesto por la presente ley; b) las interrupciones voluntarias del embarazo efectuadas, indicando el plazo y cuál de los supuestos del artículo 3° de la presente ley hubiera sido invocado; c) la información de los registros de objetores previstos en el art. 11 de la presente ley; d) todo dato sociodemográfico que se estime pertinente para evaluar en forma anual los efectos de la presente ley, así como los indicadores de seguimiento que pudieren realizarse. En todos los casos se tomarán los recaudos necesarios para salvaguardar el anonimato y la confidencialidad de los datos recabados.
ARTÍCULO 15- Definiciones. A los efectos de la presente ley, interrupción voluntaria del embarazo y aborto son considerados términos equivalentes y la salud se entiende conforme a la definición que establece la Organización Mundial de la Salud.
TÍTULO II
Modificación del Código Penal.
ARTÍCULO 16- Sustitúyese el artículo 85 del Código Penal el que quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 85.- El que causare un aborto será reprimido: 1) con prisión de tres (3) a diez (10) años si obrare sin consentimiento de la mujer o persona gestante. Esta pena podrá elevarse hasta quince (15) años si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer o persona gestante. Los médicos, cirujanos, parteros, farmacéuticos u otros profesionales de la salud que causaren el aborto o cooperaren a causarlo sin consentimiento de la mujer o persona gestante sufrirán, además, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena; 2) con prisión de tres (3) meses a un (1) año si obrare con el consentimiento de la mujer o persona gestante y el aborto se produjere a partir de la semana quince (15) del proceso gestacional, siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86 del presente Código”.
ARTÍCULO 17- Incorpórase como artículo 85 bis del Código Penal el que quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 85 bis- Será reprimida con prisión de tres (3) meses a un (1) año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena la autoridad de un establecimiento de salud o profesional de la salud que dilatare, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. La pena se elevará de uno (1) a tres (3) años si, como resultado de la conducta descripta en el párrafo anterior, se hubiera generado perjuicio en la vida o la salud de la mujer o persona gestante.”.
ARTÍCULO 18- Sustitúyese el artículo 86 del Código Penal el que quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 86.- No es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional. En ningún caso será punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer o persona gestante: a) si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante el profesional de salud interviniente; b) si estuviera en riesgo la vida o de la salud la mujer o persona gestante, considerada como derecho humano; c) si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto.”.
ARTÍCULO 19- Sustitúyese el artículo 88 del Código Penal el que quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 88.- Será reprimida con prisión de tres (3) meses a un (1) año la mujer o persona gestante que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare cuando el mismo fuera realizado a partir de la semana quince (15) del proceso gestacional y no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86 del presente Código. La tentativa de la mujer o persona gestante no es punible. El juez podrá disponer que la pena se deje en suspenso en atención a los motivos que impulsaron a la mujer o persona gestante a cometer el delito, su actitud posterior, la naturaleza del hecho y la apreciación de otras circunstancias que pudieren acreditar la inconveniencia de aplicar la pena privativa de la libertad en el caso.”.
TÍTULO III
Disposiciones finales.
ARTÍCULO 20- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley será establecida por el Poder Ejecutivo Nacional.
ARTÍCULO 21- Orden público. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina.


ARTÍCULO 22- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

VotaciónEditar

DiputadosEditar

 
Diputados por provincia que votaron a favor de legalizar el aborto. El primer número son los diputados que votaron a favor, el segundo los diputados totales de la provincia.

La sesión en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto sobre el aborto comenzó el 13 de junio de 2018, con la presencia de marchas a favor y en contra alrededor del Congreso.[71][72][73]​ Fueron mayoría quienes apoyan la legalización del aborto, siendo decenas de miles de personas.[74]​ La sesión se inició minutos antes de las 11:30 del miércoles, con un quórum estricto de 129 diputados. El debate en general se prolongó por más de 23 horas y desembocó en la votación de hoy, a las 9:52, cuando en el recinto había 256 diputados presentes y un solo ausente. Luego siguió el análisis del articulado, que extendió la sesión hasta las 10:45. El presidente de la comisión de Legislación General, diputado Daniel Lipovetzky, fue el primer orador en el inicio de la sesión. Destacó el "respeto y altura" con el que se desarrollaron las audiencias en las que expusieron partidarios de una y otra posición. Y adelantó en el recinto su postura favorable a la despenalización. Luego expuso la titular de la comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, diputada Alejandra Martínez, quien también fijó posición en favor de no penalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Con posiciones antagónicas, expusieron después la presidenta de la comisión de Acción Social y Salud Pública, diputada Carmen Polledo, y la titular de la comisión de Legislación Penal, diputada Gabriela Burgos. Después de las exposiciones de los cuatro presidentes de las comisiones que dictaminaron sobre la iniciativa, se abrió la lista de oradores en la que se anotaron más de cien diputados de todos los bloques. El presidente del bloque del PRO, Nicolás Massot, argumentó en contra de la despenalización. Desde el Frente para la Victoria, el primer orador fue el diputado Daniel Filmus, quien anticipó su postura favorable a la despenalización.[75]

A la hora de los cierres de bloques, la diputada Graciela Camaño, en nombre del Frente Renovador, felicitó “a los tres legisladores de la Izquierda, que han honrado su plataforma de campaña. Desde la política, cuando se quiere medrar con los temas que interpelan a la sociedad, sólo se la fractura. Y esa no es nuestra misión. Debemos sí buscar el bien común de la gente”. Por su parte, Pablo Yedlin, en representación del bloque Justicialista, consideró que “debemos traer a la luz al aborto y sacarlo de la clandestinidad”. “El Estado no puede criminalizar a las mujeres ni abandonarlas”, alegó en defensa del proyecto de ley. Desde el Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi sostuvo que “el colectivo de las mujeres marca una lucha genuina en la Argentina, que nos interpela a la política para salir de nuestra zona de confort y realizar las modificaciones que la sociedad reclama”.El interbloque oficialista de Cambiemos dividió su cierre entre Silvia Lospennato, a favor del proyecto, y Marcela Campagnoli, en contra. Lospennato consideró que “pase lo que pase en la votación, la sociedad ya no es la misma”. “Estamos orgullosas de dar este paso. Miles de mujeres siguen este debate en todo el país y nos interpelaron con el interés genuino de conquistar este derecho”, agregó.[75]

La sesión aprobó la media sanción de la ley con 129 votos a favor, 125 en contra, 1 abstención.[76]

Bloques Afirmativo Negativo Abstención Ausente Presidente
de la Cámara
Propuesta Republicana (55) 17 37 1
Unión Cívica Radical (40) 24 16
Coalición Cívica ARI (10) 1 9
Frente Cívico y Social de Catamarca (1) 1
Partido por la Justicia Social (1) 1
Salta Somos Todos (1) 1
Cambiemos (108) 42 65 1
Frente para la Victoria-PJ (65) 54 10 1
Concertación Forja (1) 1
Frente para la Victoria-PJ (66) 54 11 1
Justicialista (18) 8 10
Frente de la Concordia Misionero (5) 2 3
Córdoba Federal (4) 3 1
Justicialista por Tucumán (3) 1 2
Partido Bloquista de San Juan (1) 1
Todos Juntos por San Juan (1) 1
Somos San Juan (1) 1
Argentina Federal (33) 11 21 1
Federal Unidos por Una Nueva Argentina (18) 8 10
Cultura, Educación y Trabajo (1) 1
Córdoba Trabajo y Producción (1) 1
Trabajo y Dignidad (1) 1
Frente Renovador - UNA (21) 8 13
Peronismo para la Victoria (4) 4
Libres del Sur (1) 1
Peronismo para la Victoria - Libres del Sur (5) 5
Frente Cívico por Santiago (6) 1 5
Unidad Justicialista (4) 4
Evolución Radical (3) 3
PTS - Frente de Izquierda (2) 2
Elijo Catamarca (2) 2
Bloque Protectora (1) 1
Frente Progresista Cívico y Social (1) 1
Frente de Izquierda y de los Trabajadores (1) 1
Movimiento Popular Neuquino (1) 1
Nuevo Espacio Santafesino (1) 1
Primero Argentina (1) 1
Somos Mendoza (1) 1
Total (257) 129 125 1 1 1

SenadoresEditar

El 27 de junio la Cámara Alta podrían dar ingreso formal, votación mediante del cuerpo legislativo, a la media sanción de la Ley de Interrupción del Embarazo Voluntario. Al ser una sesión informativa y no ordinaria, significa que salvo un acuerdo político que habilite una ordinaria, el inicio del trámite legislativo se dilataría hasta el miércoles 4 de julio. Miguel Ángel Pichetto, jefe del PJ Federal, ya anunció su voto positivo y pronosticó la sanción de la ley. Lo mismo dijo el formoseño Luis Naidenoff, jefe radical.[77]​ Dentro de los senadores que se expresan en contra del aborto están Federico Pinedo[78]​ y Esteban Bullrich.[79]

Un informe de la consultora D’Alessio IROL-Berensztein da cuenta de que el 55% de los argentinos espera que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) sea aprobado sin cambios en el Senado.[80]​ La vicepresidente Gabriela Michetti decidió girar a cuatro comisiones el proyecto: la de Salud (que será cabecera), de Justicia y Asuntos Penales, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda. Esta decisión fue cuestionada porque es considerada por defensores del proyecto como innecesaria y con la finalidad de prolongar el debate indefinidamente.[81][82][83][84]​ Finalmente, los senadores nacionales decidieron que el debate por el proyecto de ley sea en tres comisiones: Salud, Justicia y Asuntos Penales, y Asuntos Constitucionales.[85]

Tras una reunión entre los jefes de las distintas bancadas, el Plenario de Labor Parlamentaria acordó que la votación sobre la interrupción voluntaria del embarazo llegue al recinto el 8 de agosto. Una semana antes, el 1° de agosto, se firmará el dictamen.[86][87]

Bloques Afirmativo Negativo Abstención Ausente
Unión Cívica Radical (12)
Frente PRO (9)
Frente Cívico y Social de Catamarca (1)
Avanzar San Luis (1)
Producción y Trabajo (1)
Movimiento Popular Fueguino (1)
Cambiemos (25)
Justicialista (20)
Partido Justicialista La Pampa (2)
Justicialista Chubut (1)
Chubut Somos Todos (1)
Argentina Federal (24)
Movimiento Popular Neuquino (2)
Justicialista 8 de Octubre (1)
Santa Fe Federal (1)
Pares (1)
Parlamentario Federal (5)
Frente para la Victoria - PJ (9)
Unidad Justicialista (2)
Frente Cívico por Santiago (2)
Misiones (2)
Frente Popular (1)
Proyecto Sur - UNEN (1)
RIO - Frente Progresista (1)
Total (72)

Guías y protocolos para la realización de abortos no puniblesEditar

Guía técnica para la atención integral de los abortos no puniblesEditar

En octubre de 2007 el Ministerio de Salud de la Nación, a través de su Programa de salud sexual y reproductiva elaboró la denominada Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles.[88]​ La misma indica que tiene como propósito promover la igualdad de derechos, la equidad y la justicia social así como contribuir a mejorar la estructura de oportunidades en el campo de la salud sexual y reproductiva y, en particular, "definir medidas para reducir y eliminar las barreras para el acceso al aborto permitido por la ley".

La guía fue actualizada en junio de 2010.[89]​ La misma fue inicialmente anunciada como resolución ministerial, hecho que tuvo que ser desmentido por el Ministro de Salud Juan Manzur.[90]​En 2015 el Ministerio de Salud de la Nación actualizó la guía de atención de los abortos no punibles, donde considera la interrupción legal de un embarazo como un derecho de las mujeres, además incorpora por primera vez la salud mental, como causal para solicitar un aborto no punible.[91]

Marco jurídico y principiosEditar

La guía expone un resumen de la legislación relacionada con el tema, citando artículos de la Constitución Nacional, de tratados internacionales, del Código Penal de la Nación y de la Ley Nº 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable.

Menciona además una serie de principios a seguir entre los que se destaca el de favorabilidad, que dice que en caso de dudas acerca del sentido de una norma o de su aplicación, debe adoptarse la interpretación o la aplicación que mejor se compadezca con los derechos de las mujeres.

Definición y Constatación de No PunibilidadEditar

La guía enumera los casos de no punición del aborto de la siguiente manera:

  • En casos de peligro para la vida de la mujer o persona gestante.
  • En los casos de peligro para la salud de la mujer o persona gestante.
  • Cuando el embarazo sea producto de una violación.
  • Cuando el embarazo sea producto del atentado al pudor sobre una mujer o persona gestante "idiota o demente".
  • La salud mental, entendida como afectación de la salud de la persona embarazada (desde 2015)[91]

Indica que debe interpretarse como salud el “completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedades”, tal como define la OMS. En ciertos casos, se ha interpretado que la violación debía ser cometida solo sobre mujeres con las discapacidades antes mencionadas para que el aborto resulte no punible (aborto eugenésico).[92]

La no punibilidad de los casos de peligro para la vida o la salud de la mujer debe ser constatada por el médico tratante, quien además podrá hacer una interconsulta con otro médico o bien, en los casos de peligro para la salud mental, con un profesional de la psicología.

En los casos de violación o de atentado contra el pudor, en la guía del 2007 se especificaba que se debía presentar una denuncia policial o judicial. A partir del lanzamiento de la guía del 2010, si no existe una denuncia, es suficiente con presentar una declaración jurada. También declara que cualquier imposición de exigencias adicionales se considera una violación a los derechos de la mujer al acceso al aborto en los casos permitidos por la ley.

Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazoEditar

En abril de 2015, se publica una nueva actualización de la Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles, en este caso bajo el nombre de Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.[93]

Métodos de aborto según el estado del desarrollo prenatalEditar

 
Aborto por aspiración, a las ocho semanas de la gestación (seis después de la fertilización).
1: Saco amniótico
2: Embrión
3: Útero
4: Espéculo
5: Jeringa manual
6: Conexión a bomba de aspiración.

La guía enumera los distintos métodos seguros para abortar según el desarrollo prenatal del embarazo, haciendo una distinción entre Métodos Preferidos y Otros Métodos e indicando las semanas que deben transcurrir desde la última menstruación.

Los métodos preferidos son:

  • Aspiración al vacío manual o eléctrica: entre 5 y 12 semanas desde la última menstruación (Mes 3 de embarazo). Podrán pasar hasta 15 semanas (mes 4 de embarazo) siempre que sean proveedores bien entrenados.
  • Dilatación y evacuación: entre 13 y 22 semanas desde la última menstruación (Mes 4 de embarazo).
  • Mifepristone y Misoprostol (o gemeprost): entre 5 y 9 semanas desde la última menstruación (Mes 3 de embarazo). Se está investigando si se puede aplicar este método hasta pasadas 12 semanas. Entre 13 y 22 semanas (Mes 5 de embarazo), las dosis de Misoprostol (o gemeprost) deberán ser repetidas.
  • Prostaglandinas de uso vaginal en dosis repetidas: entre 12 y 22 semanas desde la última menstruación (Mes 5 de embarazo).

Otros métodos son:

  • Dilatación y curetaje: entre 5 y 11 semanas desde la última menstruación (Mes 3 de embarazo).
  • Soluciones hipertónicas: entre 12 y 22 semanas desde la última menstruación (Mes 5 de embarazo).
  • Prostaglandinas intra amnióticas o extra amnióticas: entre 12 y 22 semanas desde la última menstruación (Mes 5 de embarazo).
  • Inyección para detener el corazón del feto: de las 20 hasta las 23 semanas desde la última menstruación (Mes 5 de embarazo).[94]
  • En los casos más avanzados se usan técnicas excepcionales, como la llamada de dilatación y extracción intacta o "aborto por nacimiento parcial", que requiere dos o tres días de preparación, para asegurar la dilatación cervical necesaria, y los fármacos que induzcan el parto. El médico manipulará al feto, para hacer salir primero sus piernas, hasta dejar adentro sólo la cabeza, si así es necesario. Por último, se vacía el encéfalo por succión después de practicar una incisión en la base del cráneo.
 
Calendario semanal del desarrollo humano antes del embarazo, y su relación con el momento del parto.

Situación de los protocolos provinciales para la atención de los abortos no puniblesEditar

Dado que el citado fallo de la corte establecía que cada provincia debía elaborar un protocolo para la atención de los abortos en las situaciones no punibles por el código penal, algunas provincias elaboraron dicho protocolo en lineamiento con el fallo, mientras que otras provincias elaboraron protocolos más restrictivos y otras provincias (a marzo de 2015) no han elaborado protocolo alguno. Un informe de la ONG "Asociación por los derechos civiles",[95]​ relevaba lo siguiente:

  • 8 provincias poseen protocolos que se corresponden, en buena medida, con lo dispuesto por el fallo de la corte: Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Entre Ríos (esta última, desde noviembre de 2017).[96]
  • 8 provincias poseen protocolos con requisitos más restrictivos que lo dispuesto por el fallo de la corte: Ciudad de Buenos Aires (cuyos requisitos arbitrarios se encuentran suspendidos por orden judicial), Córdoba (actualmente suspendido parcialmente por orden judicial), La Pampa, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Río Negro y Salta.
  • 9 jurisdicciones aún no cuentan con protocolos: Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y el Estado Nacional (para los hospitales y centros de salud que dependen del gobierno nacional).

Cabe destacar que, en el caso de Córdoba, la aplicación del protocolo está frenada por la justicia provincial.[97]​ Por su parte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el protocolo aprobado por la legislatura de la ciudad fue vetado por el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri y reemplazado por otro más restrictivo (elaborado por el entonces ministro de salud de la ciudad, Jorge Lemus). Actualmente se espera que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad se expida respecto a la validez del veto al protocolo aprobado por la legislatura.[98]

Casos emblemáticosEditar

Keila JonesEditar

El 1ro de diciembre de 2015 Keila Jones de 17 años asistió al centro de Salud de El Maitén, Provincia de Chubut y luego de que le practicaran un aborto químico con pastilla de misoprostol, utilizando el mecanismo legal previsto por el protocolo de abortos no punibles. Luego falleció debido a una "sepsis" luego de ingresar al hospital por un cuadro de "gastroenteritis".[99][100]​ La médica que practicó el aborto fue absuelta por la justicia.[101]

Niña de 11 años embarazada en Entre RíosEditar

Una menor de 11 años fue violada y quedó embarazada en Entre Ríos, -una provincia que se encuentra al este de Argentina-, y sus familiares iniciaron por recomendación de los médicos un proceso judicial para poder realizar el aborto.[102][103]​ Finalmente el embarazo no fue interrumpido, debido a las presiones recibidas por la familia de diferentes sectores sociales y políticos antiaborto que hicieron optar a la familia de retirar la demanda judicial, y dio a luz una beba a principios de 2012.[104]

BelénEditar

 
Pancarta reclamando la anulación de la condena a Belén en una marcha en Buenos Aires.

Belén (un nombre ficticio, el real no se dio a conocer para proteger su identidad), una joven que llegó al hospital Avellaneda de la provincia de Tucumán con fuertes dolores vaginales y a la que se le diagnosticó un aborto espontáneo y natural. Fue detenida porque fue encontrado en un baño del nosocomio un feto que se sospechó que era de ella. Estuvo en prisión por más de dos años sin que su caso se diera a conocer a los medios hasta que organizaciones feministas se interesaron por él, le prestaron ayuda legal e iniciaron manifestaciones para que sea puesta en libertad.[105][106]

Desperté a mi mamá a eso de las 3 y media, le dije que no me sentía bien, que me llevara al hospital. Ingreso a las 3.50 y no a las 3, como dicen. Me atendió la doctora de la guardia, me inyectó un calmante. No me revisó. De ahí me fui al baño. No tardé media hora como dicen. Fui y volví en 5 minutos. Me pusieron suero. Me acosté en una camilla. Tenía frío. Me dan una frazadita. A eso de las 6.30 me levanto. Creo que me hice pis, le dije a mi mamá. Estaba con sangre. Me llevan a la sala de parto. Me dice el doctor Martín que me quede tranquila, que estaba teniendo un aborto espontáneo. Y cuando me desperté estaba rodeada de policías. Un empleado de la policía, uniformado, me estaba mirando mis partes íntimas. Después vino un enfermero con una cajita que tenía una cosita negra chiquita. Y me dice, este es tu hijo. Yo le dije que estaba equivocado

Testimonio de Belen

Amnistía Internacional y la ONU se interesaron en su caso. La primera institución juntó más de 100 000 firmas pidiendo su liberación y la segunda elevó un petitorio al entonces presidente Mauricio Macri para que intervenga en su caso. La joven fue absuelta por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.[107]

María MagdalenaEditar

En 2012, en la provincia de Tucumán, una mujer conocida como María Magdalena llegó con un aborto espontáneo en curso al hospital. Las médicas hicieron entrar a la policía a la sala de parto, para que le tomaran declaración. Le mostraron el feto a la madre y al cónyuge, acusándolos de haberse practicado un aborto. Fue operada sin anestesia, como castigo por su presunta conducta; y, con la misma lógica que en el caso de Belén, la imputaron por aborto. Hoy la causa se encuentra a estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para investigar por la responsabilidad por la violación del secreto profesional y la violencia a la que fue sometida.[108]

Ana María AcevedoEditar

Ana María Acevedo era una joven santafesina que a los 19 años le descubrieron un cancer de en la mandíbula, tenía tres hijos y escasos recursos económicos. Poco tiempo después se le detectó un embarazo, y ante la situación socioeconómica precaria ella solicitó el aborto, la petición fue denegada por los médicos[109]​ En abril de 2007 el parto se debió adelantar por dolores fuertes que estaba sufriendo la madre, se practicó una cesárea pero sin resultados positivos, la bebe murió 24 horas después y Acevedo falleció el 17 de mayo de 2007 debido a un deterioro de su salud.

Una organización no gubernamental de esa provincia argentina inició acciones legales logrando que en Argentina se procese a los profesionales intervinieres por delitos de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y lesiones pulposas. El proceso dejó sentado el precedente que negarse a hacer un aborto cuando es necesario puede llegar a ser delito.

Niña de 11 años embarazada en MendozaEditar

En Mendoza, una de las provincias que no adhirió al protocolo nacional para la práctica de abortos en casos no punibles, se hizo conocido el caso de una niña de 11 años embarazada fruto de la violación de su padrastro con la complicidad de su madre. Se viralizó un audio de la directora del colegio de la nena contando la situación que sufria la menor y sus hermanos, pidiendo colaboración de la comunidad frente a "la situación de indigencia y vulnerabilidad". Desde el Ministerio de Salud local, dijeron al diario Los Andes que "va a continuar con su embarazo", una decisión que fue recibida con cierto escepticismo por los vecinos de la localidad de San Carlos y que derivó en una protesta frente a la Casa de Gobierno provincial.[110][111][112]

Niña de 10 años embarazada en SaltaEditar

Una nena de 10 años fue violada por su padrastro en Salta. Su mamá se enteró de la gestación cuando la llevó al hospital Materno Infantil de la capital provincial por unos dolores de panza. En ese contexto, cuando se confirmó que el malestar tenía que ver con una gestación forzada, la nena contó sobre los abusos sexuales. El embarazo lleva ya 19 semanas. Aunque en la Argentina es legal la interrupción de un embarazo en esos casos, en Salta la nena violada no puede acceder a ese derecho porque el gobernador Juan Manuel Urtubey impuso como cláusula, arbitraria e ilegal, que el aborto debe hacerse dentro de las 12 semanas incluso cuando se trata de un embarazo producto de una violación. Lo estableció en el decreto 1170 del 22 de marzo de 2012, a través del cual dictó un protocolo restrictivo que regula el aborto no punible, lejos de los lineamientos fijados por la Corte Suprema en su fallo FAL. El directorio del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta –un organismo autárquico y conformado por referentes de los distintos poderes y la Universidad Nacional de Salta– le exigió al Poder Ejecutivo provincial que derogue el decreto 1170/12. Luego de que se conociera esta historia a nivel nacional y tras la critica de diversas organizaciones la Provincia decidió adherirse al protocolo nacional que establece que no hay plazos para practicar un aborto cuando es producto de una violación o pone en riesgo la vida de la madre.[113][114][115][116][117]

Psicóloga de GrávidaEditar

El abril de 2017, una psicóloga vinculada a la asociación antiaborto católica Grávida fue suspendida por el Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos por cometer “una falta grave” en la ciudad de Santa Fe, lo cual le valdría no poder ejercer por seis meses. La causa fue la supuesta influencia de la profesional en la decisión de una menor, a la que se le iba a practicar un aborto en el Hospital Iturraspe, ocurrido en febrero de 2016. Adrián Berdini, subdirector del Hospital Iturraspe, afirmó que la joven de 11 años estaba siendo tratada por un equipo interdisciplinario, y estaba en el marco Interrupción Legal del Embarazo (artículo n° 86 del Código Penal), pero tras lo cual se produjo interferencia de la psicóloga. El Colegio de Psicólogos la acusó de intervenir e interferir en el trabajo de un colega, lo cual es una falta ética, además de influir con sus convicciones personales a la paciente.[118]​ El Consejo de la Comunidad del Hospital Iturraspe apoyó la decisión, ya que mezcló sus creencias religiosas con la decisión de la menor.[119]

La determinación del Colegio de Psicólogos había causado consternación porque la profesional hacía un voluntariado solidario y, además, tanto la niña-madre que finalmente dio a luz como su familia agradecieron su acompañamiento. Finalmente, el lunes 23 de octubre de 2017 la Cámara de Apelaciones en lo Penal dejó sin efecto la sanción por haberse “violado gravemente su derecho de defensa y que se ha llevado un procedimiento irregular, defectuoso, de nulidad absoluta”.[120]

Organizaciones contrarias al derecho al abortoEditar

Existen distintas organizaciones en la Argentina a favor de la autodenominada postura provida que niega la existencia de un derecho al aborto. Su punto de vista sobre el derecho al aborto ha sido explicado por el rabino argentino Dr. Fishel Szlajen[121]​ al sostener que "el derecho a decidir sobre el propio cuerpo" manipula y oculta intencionalmente la realidad por no tratarse de una cuestión corpórea del sujeto para consigo mismo, sino primordialmente de dos vidas humanas distintas; de la relación entre un ser humano y su prójimo, donde natural y transitoriamente una se encuentra dentro de otra.[122]

Ámbito científicoEditar

 
En 2010 la Academia Nacional de Medicina de la Argentina declaró “que destruir a un embrión humano significa impedir el nacimiento de un ser humano”[123]

Asimismo, esta postura también es defendida por diversas instituciones del ámbito académico y científico entre las que se encuentra la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, en su dictamen de julio de 2007;[124]​ la Academia Nacional de Medicina, como se aprecia en su declaración de septiembre de 2010;[123]​ el Colegio Médico de Salta,[125]​ el Colegio Médico de Tucumán,[126]​ el Consejo de Médicos de la Provincia de La Rioja,[127]​ el Colegio de Abogados de Tucumán,[128]​ la Academia del Plata,[129]​ el Colegio de Médicos de la ciudad de La Plata,[130]​ la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires,[131]​el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires,[132]​ la Sociedad Argentina de Ética Médica y Biológica (SAEMB)[133]​ y la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de San Juan (ASOG).[134]

En julio de 2007, la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas publicó un dictamen sobre el proyecto de abortos no punibles en el que se sostuvo que "Las normas de cualquier nivel que se sancionen por el Congreso, las legislaturas y los consejos municipales, y que autoricen la muerte provocada de modo directo de una persona inocente, carecen de validez constitucional, resultando irrelevante que los afectados tengan una semana o tres meses de gestación, un año u ochenta años de vida. Todos tienen el mismo derecho a la vida".[124][135]

En septiembre de 2010, la Academia Nacional de Medicina publicó una declaración en donde sostuvo lo siguiente:

  • Que el niño por nacer, científica y biológicamente, es un ser humano cuya existencia comienza al momento de su concepción por lo que, desde el punto de vista jurídico, es un sujeto de derecho como lo reconocen la Constitución Nacional, los tratados internacionales anexos y los distintos códigos nacionales y provinciales de nuestro país.
  • Que destruir a un embrión humano significa impedir el nacimiento de un ser humano.
  • Que el pensamiento médico a partir de la ética hipocrática ha defendido la vida humana como condición inalienable desde la concepción. Por lo que la Academia Nacional de Medicina hace un llamado a todos los médicos del país a mantener la fidelidad a la que un día se comprometieron bajo juramento.
  • Que el derecho a la “objeción de conciencia” implica no ser obligado a realizar acciones que contrarían convicciones éticas o religiosas del individuo.[123]

Ámbito políticoEditar

Durante la campaña electoral del año 2007, la entonces candidata a presidenta Cristina Fernández de Kirchner se declaró en contra del aborto, aunque aclaró: "no creo que los que abogan por la despenalización del aborto estén a favor del aborto: eso sería una simplificación".[136]​ En noviembre de 2011, la entonces presidenta Cristina Fernández, quien acababa de ser reelecta para su segundo mandato, se manifestó taxativamente en contra del derecho al aborto durante una reunión que mantuvo con la cúpula del Episcopado.[137]Cristina Fernández de Kirchner cambió de opinión y votará a favor del proyecto de despenalización del aborto que obtuvo media sanción en diputados el 14 de junio del 2018.[138]

En el ámbito partidario el 24 de febrero de 2018 la Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano resolvió “ratificar su compromiso y militancia con la protección de la vida humana desde su concepción”[139]​mientras que su único diputado nacional Juan Brügge sentó su posición sobre el tema: “A favor de la vida desde la concepción porque nuestro partido así lo tiene en su plataforma y porque está en la Constitución Nacional por los tratados internacionales. Es inconstitucional toda iniciativa de ley que tienda a legalizar el aborto”.[140]​ También el partido Bandera Vecinal de inspiración neonazi,[141]​ liderado por el polémico Alejandro Biondini, define en su plataforma: "Sostenemos la defensa de la Vida desde su misma concepción hasta su deceso natural. Consideramos que el aborto es un crimen, y nos oponemos a cualquier iniciativa que pretenda afectar la existencia de un sólo niño por nacer. Reivindicamos a la Familia como pilar fundamental de nuestra comunidad."[142]​ El 4 de abril de 2018 el vicegobernador de la Provincia de Tucumán Osvaldo Jaldo declaró, en la inauguración de la segunda edición de la Semana de los Derechos del Niño por Nacer: “La Legislatura y la Provincia están a favor de la vida”.[143]

Cecilia Pando, activista a favor de la liberación de militares condenados por crímenes de lesa humanidad y defensora del accionar de los represores durante la última dictadura,[144]​ también se manifestó en contra del aborto.[145]​ Diversos funcionarios y legisladores del PRO se manifestaron en contra del aborto también, organizados por la vicepresidenta Gabriela Michetti.[146]​ Entre las figuras del PRO en contra del aborto están los ministros Luis Caputo, Guillermo Dietrich, Alejandro Finocchiaro y Andrés Ibarra, el senador Federico Pinedo, la senadora Marta Varela y el diputado Luis Petri.[147]​ Referentes del justicialismo se manifestaron en contra del aborto, entre ellos el ex presidente Carlos Saúl Menem, el ex gobernador Jorge Capitanich y el sindicalista Hugo Moyano.[148]​ La diputada nacional Graciela Camaño se pronunció en contra del aborto.[149]

Ámbito académicoEditar

El Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán emitió un comunicado a los claustros de docentes, no docentes, egresados y estudiantes en el que manifiesta que esa institución “apuesta a la vida humana como valor supremo sin la cual cualquier otro derecho, valor o privilegio, resulta secundario”. “Apostamos a la vida como solución y no a la muerte como salida” expresa el comunicado.[150]

Pronunciamiento de ASDRAEditar

El 4 de marzo de 2018 la Asociación Síndrome de Down Argentina (Asdra) planteó su posición frente a la posible despenalización del aborto, al advertir que “lo que está en juego es la vida de inocentes” y citar palabras del médico y Siervo de Dios francés Jérôme Lejeune: “¡Laissez les vivre! ¡Déjenlos vivir!”. “Defender la vida no es una cuestión religiosa, política, filosófica ni de militancia. Es una cuestión de derechos humanos básica. Nacer es el primer derecho de toda persona humana” [151][152][153]

Ámbito religiosoEditar

Muchas organizaciones antiaborto están vinculadas directamente con la Iglesia católica en Argentina, cuyo máximo referente a nivel nacional es la Conferencia Episcopal Argentina.[154]​ También, dentro del variado universo de las iglesias cristianas protestantes, ACIERA, la más numerosa agrupación de congregaciones evangélicas argentinas (15 mil), el 05 de marzo de 2018 fijó posición contra el proyecto de despenalización del aborto y por “el derecho a la vida, como fundamental y superior a todos los demás”.[155]

El rabino Isaac Sacca, superior Academia Rabínica de Jerusalén Iehave Daat; presidente del Consejo Rabínico Menora de la República Argentina; fundador y presidente de Menora, Organización Mundial para la Juventud; Gran Rabino de la Comunidad Sefardí de Buenos Aires; y miembro del Comité de Ética de la Comunidad Judía de Argentina, explicó públicamente la postura de su religión respecto de la despenalización y del aborto en sí mismo: “Cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, la ley hebrea considera un delito su desintegración, en la fase que sea. No hay ninguna razón lógica para efectuarlo. El aborto para la ley de Moisés es un delito que atenta contra uno de los más santos mandamientos de la humanidad que es la procreación y es parangonable a un homicidio”.[156]​ No obstante, Sacca desarrolló algunos atenuantes en los cuales podría realizarse un aborto terapéutico siempre y cuando esté en riesgo la vida de la mujer: "La vida resulta un bien indisponible a los seres humanos. Es por ello que nuestro bagaje cultural no permite el suicidio ni avala el asesinato piadoso". El médico, según la concepción de la ley de Moisés, es un enviado de D's para tratar a las personas en sus enfermedades, pero no tiene derecho a usar sus conocimientos para acortar o quitar la vida igual que cualquier otra persona. No tiene el médico más autoridad que otro para opinar sobre la vida y la muerte, porque eso en un asunto humano y no biológico".[157]

Desde 2011 una serie de provincias y ciudades se autodenominaron "provida" a partir de votaciones en sus respectivos cuerpos legislativos. La campaña fue promovida por Acción Católica y contó con el apoyo del Conferencia Episcopal Argentina; más tarde se unieron a ella otras asociaciones confesionales tales como la mencionada ACIERA.[158][159]

El 17 de marzo de 2011 la ciudad neuquina de Senillosa, fue declarada "Pro Vida" por su Concejo Deliberante. Desde entonces, como resultado de una campaña de organizaciones confesionales asociadas a la Iglesia católica, hay más 40 "Ciudades Pro Vida", incluyendo tres provincias (Corrientes, Salta y Chaco),[160][161]​ ciudades y pueblos.[162]​ Entre otras están las ciudades de San Luis,[163]Resistencia,[164]Ezeiza[160]​, Rosario del Tala,[165]Herrera,[166]San Rafael,[167]Ledesma,[168]Jardín América,[169]Diamante,[170]Alvear,[171]Barranqueras,[172]Gobernador Virasoro,[173]Pilar,[174]Monteros,[175]​ etc. El 15 de marzo de 2018 el Concejo Deliberante de la ciudad de Santa Rosa declaró de interés municipal la Semana del Niño por Nacer, proyecto presentado por el concejal Roberto Torres, quien además es pastor de una iglesia evangélica.[176]

Ámbito artísticoEditar

Atistas, deportistas y periodistas se pronunciaron hoy en contra de la despenalización del aborto: los ex jugadores de los Pumas, Manuel y Felipe Contemponi, la actriz Susana Romero, los músicos César 'Banana' Pueyrredón y Juanse, la conductora y cocinera Maru Botana y los periodistas Mariano Obarrio, Gustavo Tubio, Carlos Monti, Toti Pasman, Amalia Granata, Vivana Canosa, Rolando Hanglin y Gastón Recondo.[177][178][179][180]

Organizaciones a favor del derecho al abortoEditar

Las organizaciones proelección, las cuales apoyan la aprobación de una ley que despenalice el aborto, están nucleadas en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Cuentan con la adhesión de más de 300 organizaciones de distintos puntos del país. Incluye movimientos sociales, partidos políticos, sindicatos y agrupaciones científicas, académicas y de derechos humanos.[181]

Ámbito académicoEditar

Numerosas universidades estatales argentinas apoyan la legalización del aborto. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba estableció, mediante una resolución con fecha del 29 de junio del 2010, “adherir al tratamiento del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, radicado en la Cámara de Diputados”.[182]​ La Universidad de Buenos Aires se ha manifestado a favor de la legalización del aborto, mediante una resolución emitida el 16 de julio del 2014 por el Consejo Superior de dicha Universidad.[183]​ También la Universidad Nacional de La Plata,[184]​ la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo,[185]​ la Universidad Nacional del Comahue,[186]​ la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires,[187]​ la Universidad Nacional de Mar del Plata,[188]​ la Universidad Nacional de La Pampa,[189]​ la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,[190]​ la Universidad Nacional de la Patagonia Austral,[191]​ la Universidad Nacional de General Sarmiento[192]​ y la Universidad Nacional de Entre Ríos[193]​ han mostrado su apoyo a la legalización del aborto mediante sendas resoluciones de sus consejos directivos.

De igual modo la Federación Universitaria de Buenos Aires ha realizado diversas actividades en favor de la legalización del aborto como charlas, paneles y debates.[194]​ En 2018, junto a la Federación de la Universidad Nacional de las Artes, la Coordinadora de Estudiantes Terciarios y la CEB (estudiantes secundarios) realizaron un plebiscito entre estudiantes, docentes y no docentes de sus respectivos espacios de representación.[195]​ En una entrevista dada a Norma Morandini en 1996, René Favaloro se pronunció a favor de la legalización del aborto.[196]

Ámbito políticoEditar

En marzo de 2018, el Partido Obrero en su XXV Congreso, por unanimidad de los delegados presentes, se pronunció a favor del derecho al aborto legal y demandó al Congreso Nacional la aprobación del proyecto de ley elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En un comunicado señaló: "La batalla por el aborto legal, es una lucha por el derecho al acceso a la salud de las niñas y mujeres, y también es una batalla de primer orden contra la función política de disciplinamiento social que cumple el aborto clandestino. Proclamamos esta pelea como parte de la lucha por la separación de la Iglesia del Estado. (...) Los abortistas son el Estado y sus gobiernos, defensores de la precarización laboral, de la opresión de las mujeres, de los sostenedores de la violencia hacia las mujeres. (...)Peleamos para que ninguna mujer deba abortar cuando no quiere hacerlo y para que cuando quiera o necesite hacerlo, pueda practicarlo en las condiciones adecuadas. Luchamos en definitiva, por defensa de la vida de las mujeres."[197]

Referentes radicales se manifestaron a favor del aborto. Entre ellos se encuentran Ricardo Alfonsín, Ricardo Gil Lavedra, Ernesto Sanz[198]​ y Agustín Campero.[199]​ La Mesa Directiva del Partido Socialista aprobó por unanimidad un documento en el que reafirmó la histórica posición del partido a favor de la despenalización y legalización del aborto.[200]​ La mayoría del Frente para la Victoria se encuentra a favor del aborto e indicó que va a votar así en el congreso, rectificó Agustín Rossi.[201]​ Hubo funcionarios y miembros del PRO manifestándose a favor del aborto, como la legisladora Silvia Lospennato o el ministro Pablo Avelluto. También se manifestaron a favor del aborto el presidente del PRO, Humberto Schiavoni, el ministro Sergio Bergman, el ministro de salud Adolfo Rubinstein,[202]​ el ministro de justicia Germán Garavano,[203]​ el ministro de hacienda Nicolás Dujovne,[204]​ el vicejefe de Gabinete Gustavo Lopetegui, los subsecretarios Lidia Saya, Guillermo Cruces, Pedro Robledo, Hernán Iglesias Illa, la titular del Consejo de las Mujeres, Fabiana Tuñez, la directora de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, los funcionarios Iván Petrella y Alejandro Rozitchner, la titular de la ENACOM, Silvana Giudice[205]​. La ex senadora Chiche Duhalde también se pronunció a favor de la legalización del aborto.[206]

Jóvenes representantes de diversas fuentes políticas como la Juventud Socialista, Juventud Radical, Juventud Pro, La Cámpora, Franja Morada, MNR, Libres del Sur, Juventud PTP, Nuevo Encuentro y Secundarios UES firmaron un petitorio a favor del aborto legal, seguro y gratuito.[207]

Ámbito religiosoEditar

La organización Católicas por el Derecho a Decidir, asociación que agrupa personas que son católicas, pero que se encuentran en disidencia con la posición oficial de la Iglesia[208]​ aunque autoridades eclesiásticas han indicado que dicha asociación no pertenece a su credo.[209]​ Durantes las audiencias sobre el aborto que sucedieron en el 2018, se manifestaron a favor de la legalización del mismo

  • Daniel Goldman, rabino de la Comunidad Bet-El.
  • Mariel Pons, pastora de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina.
  • Lisandro Orlov, pastor de la Iglesia Evangélica Luterana Unida y vicepresidente segundo de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas
  • Guillermo “Quito” Mariani, presbítero de la Iglesia Católica de la provincia de Córdoba.[210]
  • Américo Jara, Obispo de la Iglesia Metodista Argentina.[211]

Ámbito artísticoEditar

Más de 250 actrices y escritoras argentinas piden al Congreso que despenalice el aborto, firmando una carta abierta y militando al respecto, entre ellas se encuentran: Dolores Fonzi, Nancy Duplá, Carla Peterson, Verónica Llinás, Inés Estévez, Muriel Santa Ana, Andrea Pietra, Verónica Lozano, Esther Goris, Pilar Gamboa, Mirta Busnelli, Sofía Castiglione, María Dupláa, Mercedes Morán, Érica Rivas, Julieta Zylberberg, Cecilia Roth, Ana Katz, Julieta Díaz, María Carámbula, Romina Ricci, Eleonora Wexler, Violeta Urtizberea, Alejandra Darín, Carola Reyna, Andrea Bonelli y muchas más.[212][213]​ Estas actrices se agruparon en el Colectivo de Actrices Argentinas por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, un espacio de militancia a favor del mismo que hizo un trabajo de cabildeo que incluyó hablar con legisladores con el voto indeciso para convencerlos de votar por el si.[61][214][215]

200 autoras se reunieron para respaldar el proyecto que se discute en el Congreso y presentaron una carta abierta. La acción fue impulsada por Claudia Piñeiro, Cecilia Szperling y la periodista Claudia Acuña.[216][217]​ También se sumaron a apoyar la causa varios músicos: Valeria Lynch, Lucía Galán, Sandra Mihanovich, Patricia Sosa, Miss Bolivia, Lali Espósito, León Gieco, Andrés Calamaro, Diego Torres, Fito Páez y más.[218][219]​ Artistas agrupadas en Músicas Argentinas Activas lanzaron un video por la legalización del aborto en el que exigen: “El Congreso debe escuchar la voz del pueblo”. El video, idea y producción de Valentina Cooke, contó con la participación de Hilda Lizarazu, Andrea Álvarez, Luciana Jury y Julieta Laso, entre muchas otras músicas, y con la dirección musical de Mavi Díaz que también produjo el tema “Vamos Ya” por la legalización del aborto.[220]​ Varios actores y periodistas mostraron su apoyo mediante videos a favor de la legalización del aborto: Pablo Echarri, Ricardo Darín, Diego Peretti, Adrián Suar, Juan Minujín, Esteban Lamothe, Joaquín Furriel, el Chino Darín, Rodrigo de la Serna, Clemente Cancela, Sebastián Wainraich, Ludovico Di Santo, Luciano Cáceres, Juan Pablo Varsky.[221][222]

En medio del debate sobre la legalización del aborto Julieta Ortega, Lizy Tagliani, Eva De Dominici, Micaela Vázquez, Valeria Sampedro, Laura Esquivel, Mariana Fabbiani, Lali Espósito, Santiago del Moro, Christophe Krywonis, Diego Iglesias, Esteban Lamothe, Adrián Suar, Coco Fernández, Campi, Denise Dumas, Cristina Pérez (periodista)Cristina Pérez, Violeta Urtizberea entre otros se sumaron a la convocatoria de la activista pro elección Dolores Fonzi luciendo algo de color, verde símbolo de la Campaña por el aborto legal, en la ceremonia de entrega de los Premios Martín Fierro 2018.[223]​ Las actrices Griselda Siciliani, Carla Peterson, Verónica Llinás fueron al congreso a leer una carta, firmada por 400 colegas mujeres, para expresar su apoyo a la despenalización del aborto.[224]​ Además apoyan la despenalización del aborto Marcelo Tinelli,[225]Susana Giménez,[226]Andrea Pietra, Jorge Rial[227]​ y Marley.[228]​ La artista plástica Marta Minujín y los historietistas Maitena, Liniers, Tute también se pronunciaron a favor de la legalización del aborto.[229][230][231][180]​ Más de 300 ilustradoras formaron el colectivo Línea Peluda para apoyar la ley por la despenalización.[232]

Sociedad CivilEditar

SiPreBA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, apoya la ley de legalización del aborto.[233]​ Se manifiestan favor con la Comisión Interna de Delegados de prensa de Canal 13/TN[234]​, la Comisión Interna de los trabajadores de Clarín, Olé, revistas y plataformas digitales de AGEA[235]​, la asamblea de los trabajadores del diario La Nación[236]​, la asamblea de trabajadores y trabajadoras de Prensa de la TV Pública[237]​, la asamblea de Trabajadores de Prensa del Grupo Veintitrés[238]​, la Comisión Gremial Interna de Prensa en Radio Nacional[239]​, la Comisión Interna de Trabajadores de Telefe Noticias[240]​. 183 trabajadoras de ATE Capital firmaron una Carta Abierta en apoyo al proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.[241]​ También apoyan la legalización del aborto trabajadoras de Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Suteba, la CTA y otras organizaciones sindicales.[242]

Estudiantes de la Escuela de Bellas Artes Rogelio Yrurtia, el Nacional Buenos Aires, la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, la Escuela de Cerámica N°1, Normal 1, Normal 6, Lenguas Vivas, Mariano Moreno, María Elena Walsh, Escuela de Educación Media Ramón Padilla y el Cortázar tomaron sus colegios para pedir por el aborto legal, el cumplimiento de la ley de Educación Sexual Integral (ESI) y el diseño de protocolos de actuación en casos de violencia de género.[243][244]

Las activistas trans Lohana Berkins, Diana Sayacán y Marlene Wayar apoyaron el aborto legal, seguro y gratuito.[245][246]​ La Fundación Huésped también apoya el proyecto de ley.[247]

Sociedad Argentina de MedicinaEditar

La mayoría de los integrantes de la Comisión Directiva se manisfestaron a favor de la legalización del aborto y del respeto de la autonomía de la mujer. Los profesionales de la salud resaltaron en un comunicado: "La mortalidad materna constituye un importante problema sanitario en la Argentina".[4]

Red por los Derechos de las Personas con DiscapacidadEditar

La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), como organización de derechos humanos y discapacidad, expresa su apoyo al derecho de toda mujer a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo. Asimismo, precisó respecto del inciso 3 del artículo 3º, en el que "se contempla que toda mujer puede interrumpir su embarazo más allá del plazo establecido en el artículo 1º, es decir la semana 14 de gestación", con el inciso "si existieren malformaciones fetales graves", que "la redacción del artículo contempla términosvagos -"malformación", "grave"- y su aplicación podría dar lugar al aborto por motivos eugenésicos, discriminatorios y contrarios a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad" Sugirieron reemplazar el inciso por el siguiente: "Si existieren malformaciones fetales incompatibles con la vida".[248]​ y celebraron la media sanción del proyecto de ley de despenalización del aborto[249]​.

Amnistía Internacional y Human Rights WatchEditar

La posición de Amnistía Internacional es a favor de la legalización del aborto[250]​. De acuerdo a un informe elaborado por la organización, se estima que en la Argentina se realizan en promedio entre 486 mil y 522 mil abortos clandestinos al año. En 17 de las 24 provincias es la principal causa individual de mortalidad materna. El informe de Amnistía afirma que, cada día, 298 adolescentes de 15 a 19 años son madres en la Argentina, siendo el 70 por ciento de estos embarazos no planificados. Si bien la ley reconoce el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de orden estatal y privado, confesionales y laicos. Sin embargo, en 2017 únicamente nueve provincias sancionaron leyes de educación sexual.[251][108]Human Rights Watch también apoya la despenalización del aborto.[34]

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y GratuitoEditar

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito es una amplia y diversa alianza federal, que articula y recupera parte de la historia de las luchas desarrolladas en la Argentina en pos del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Tiene sus simientes en el XVIII Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Rosario en el año 2003 y en el XIX ENM desarrollado en Mendoza en el 2004.

Impulsada desde grupos feministas y del movimiento de mujeres, como así también desde mujeres pertenecientes a movimientos políticos y sociales, cuenta en la actualidad con la adhesión de 305 grupos, organizaciones y personalidades vinculadas a organismos de derechos humanos, de ámbitos académicos y científicos, trabajadoras/es de salud, sindicatos y diversos movimientos sociales y culturales, entre ellos redes campesinas y de educación, organizaciones de desocupadas/os, de fábricas recuperadas, grupos estudiantiles, comunicadoras y comunicadores sociales, etc. Quienes la integran han apostado colectivamente a converger en una gran heterogeneidad de actividades y procesos estratégicos para:

  • Instalar en la sociedad y en el Estado el debate en torno a la necesidad de despenalizar y legalizar el aborto en Argentina;
  • Contribuir a que más mujeres y organizaciones se sumen en este proceso y reclamo;
  • Lograr el debate y la aprobación de una norma legal que despenalice y legalice el aborto en Argentina.

Fue lanzada el 28 de mayo de 2005, Día de Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, y desde entonces tiene la capacidad y la fuerza de coordinar actividades simultáneamente en distintos puntos del país bajo la consigna: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. A presentado durante diversos año proyectos en el congreso a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, con el aval de varios legisladores de diversos espacios políticos.[252]

Regulación del aborto en Santa FeEditar

A partir del año 2012 en la provincia de Santa Fe se empezaron a implementar políticas públicas y protocolos de salud favorables a la implementación del aborto y a la educación sexual. En la ciudad de Rosario desde el año 2012 se empezó a comprar Misoprostol como insumo y a realizar la técnica de aspiración manual endouterino (AMEU), y el acceso al aborto se empezó a implementar en hospitales y centros de salud. A partir del 2013 lo hecho en Rosario se amplio al resto de la provincia, todo esto de acuerdo a lo establecido en los protocolos elaborados por el Ministerio de Salud.También se mejoro el acceso a la educación sexual, a los anticonceptivos y un trabajo más fuerte en las escuelas con mayor presencia de embarazo adolescente. Además, desde el año 2017 hay una cátedra sobre aborto en la Facultad de Medicina de Rosario.[253]​ Como resultado, en Rosario no hay muertes maternas por aborto, y en la provincia se disminuyó las muertes por aborto y los embarazos adolescentes a lo largo de los años .[254][255]

Apoyo internacionalEditar

Mónica Silvana González, diputada en la Asamblea de Madrid y Secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad CEF PSOE, se pronunció a favor de la legalización del aborto.[256]​ Activistas de la Polish Women's Strike, una coalición de grupos por los derechos de las mujeres apoyaron el reclamo por el aborto legal en la Argentina.[257]​ Feministas chilenas, a través de una carta abierta del Movimiento SOL (Frente Amplio), se manifestaron a favor del aborto legal en la Argentina.[258]​ En Brasil se manifestaron militantes feministas de la agrupación Pão e Rosas en solidaridad con el reclamo por el aborto legal en la Argentina.[259]​ Más de 100 feministas paraguayas se manifestaron en su país el 12 de junio a favor de la despenalización del aborto en Argentina.[260]​ En Francia, trabajadores de ferrocarriles en huelga se solidarizan con el reclamo argentino por el derecho al aborto.[261]​ AIUSA Women's Rights, la parte de Amnesty International USA dedicada al Género, sexualidad e identidad[262]​ y a promover los derechos humanos de las mujeres alrededor del mundo, manifestó su apoyo a la legalización del aborto.[263]​ CREA es una organización feminista de derechos humanos con base en Nueva Delhi que también expresó su apoyo a la legalización del aborto en Argentina.[264]

La banda Garbage se manifestó en solidaridad con la lucha por el derecho al aborto de las mujeres argentinas.[265]​ El cantautor Ismael Serrano se manifestó a favor de la despenalización del aborto.[266]​ La banda uruguaya La Vela Puerca también mostró su apoyo.[267]​ La escritoria Margaret E. Atwood, autora de El cuento de la criada (The Handmaid's Tale), expresó su apoyo también.[268]

Situación previa al tratamiento en el SenadoEditar

En las semanas previas al debate legislativo se denunció que los ataques callejeros a mujeres y jóvenes que llevan pañuelos verdes se multiplicaron en distintos lugares del país. En Salta, por las agresiones, la coplera Mariana Carrizo debió permanecer sin salir de su casa durante unos días, luego de declararse a favor de la IVE; en Catriel, Río Negro, a un joven lo apedrearon en una plaza y a una chica la emboscaron entre tres para arrancarle el pañulo verde de la mochila. En Mendoza, una activista denunció agresiones callejeras y finalmente en Paraná, Entre Ríos, mujeres que iban a presenciar el fallo en el caso de una funcionario acusado de acosador fueron cacheadas para que ninguna ingresara a tribunales con pañuelos verdes. [269]

EstadísticasEditar

Un estudio solicitado por el Ministerio de Salud y dirigido por las etnógrafas Edith Pantelides y Silvia Mario estima que la cantidad de abortos clandestinos por año en Argentina es de 460 000. Para calcular ese número, se basaron en la cantidad de egresos hospitalarios por aborto (tanto inducidos como espontáneos) ocurridos en el año 2000, y le aplicaron determinadas fórmulas estadísticas.[270]​ Este estudio salió en Notas de Población de la CEPAL[271]​, una revista de Demografía de América Latina peer to peer reviewed y ha sido usado por referentes políticos de diversos espacios como Victoria Donda[272]​ o Silvia Lospennato[273]​. Medios afirmaron que es la principal causa de mortalidad materna en el país,[3]​ y en respuesta a un pedido de informes el Ministerio de Salud se desglosó que en el año 2016 hubo 43 muertes maternas por aborto.[274]

Según el anuario del Ministerio de Salud de 2016 el 17,6% de la mortalidad materna se debe a embarazos terminados en aborto. Son 43 muertes maternas por embarazos terminados en aborto, sin discriminar entre interrupciones voluntarias del embarazo y abortos espontáneos.[5]​ Según la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito, desde la recuperación democrática en diciembre de 1983 han muerto más 3000 mujeres como consecuencia de abortos inseguros[252]​. En 2016 se estimaba que, en Argentina, un aborto clandestino realizado en condiciones seguras se cobraría en el mercado ilegal alrededor de 1 000 dólares estadounidenses.[275]

Encuestas y sondeosEditar

A mediados de marzo de 2018 el diario Clarín publicó un artículo que compila los resultados de seis encuestas realizadas por consultoras del país. En todas ellas la opinión favorable a la legalización del aborto es mayoritaria.[276]​ Por su parte la consultora de opinión francesa Ipsos reveló en 2018 su encuesta anual que arroja un 74% de aceptación a la legalización del aborto en la Argentina. La encuesta, que se realiza anualmente en 27 países en que opera la consultora, reflejó un aumento de 12% de aceptación en relación a los dos años anteriores, en los cuales se ubicó en 65%.[277]

El 26 de mayo de 2018 el diario La Nación publicó los resultados de una encuesta encargada por el lobby antielección "Unidad Provida" a la consultora Isonomía. El diseño de la encuesta se realizó de tal modo que reforzara las posiciones de sus clientes, quienes consideran que los sondeos publicados anteriormente «tal vez sean pequeños, fraccionados y no reflejan la realidad».[278]​ El 46% de los encuestados están en contra de la despenalización del aborto y un 45% a favor. Dentro del porcentaje que lo aprueba, un 36% está de acuerdo con que la práctica se lleve adelante en todos los casos, un 21% lo desaprueba en todos los casos, pero el 37%, que sostuvo que su aprobación "depende del caso".[278]​Por otro lado, el estudio de Isonomía reflejó una amplia aprobación para el aborto en los casos de violación, un 48%. En el caso de malformaciones y enfermedades fetales fue de un 28% y para una situación de riesgo de vida de la madre y/o del feto un 13%. Sobre aquellos que desaprueban el aborto, el sondeo indicó que la causa principal es "porque implica matar un ser humano": un 60%.[278]​ Debido a su diseño, la encuesta hizo foco sobre la posibilidad de que los profesionales de la salud no lleven adelante el procedimiento si las mujeres menores de edad cuentan con la madurez suficiente para decidir sobre sí mismas llevar adelante la práctica y la preferencia a una política pública de salud integral sobre el aborto. En este último punto, el 60% de los encuestados sostuvo que "prefiere que el Estado promueva una normativa de este tipo".[278]

Fecha Encuestadora A favor En contra Ns/Nc-Indeciso
Febrero de 2018 Grupo de Opinión Pública** 66,6% 26,8% 6,6%
3 de marzo de 2018 Management&Fit** 57,7% 31,8% 10,5%
Marzo de 2018 Synopsis* 53,5% 32,6% 13,8%
Marzo de 2018 Amnistía Internacional* 59% 37% 4%
Marzo de 2018 Gustavo Córdoba & Asociados* 65,4% 29,3% 5,3%
Circuitos*** 52,5% 21,3% 26,2%
21 de marzo de 2018[279] Move Group*** 46% 39% 15%
19 de abril de 2018 Ipsos* 74% 19% 7%
26 de mayo de 2018 Insomnía**** 45% 46% s/d
NOTA: (*) Indica relevamiento nacional, (**) Indica relevamiento en CABA y PBA, (***) Indica relevamiento en PBA. (****) Indica que no hay información sobre la cobertura.

Manifestaciones y movilizacionesEditar

En la Argentina hubo marchas tanto a favor como en contra del aborto legal.[280]​ La mayoría de las marchas se han realizado en días distintos, sin embargo, debido al calendario de los debates legislativos por el aborto, que comenzó el 10 de abril en la Cámara de Diputados argentina. Organizaciones a favor y en contra se manifestaron en el inicio del debate con banderas antiaborto y pañuelos verdes pro aborto legal[281][282]

Marchas antiabortoEditar

El Día del Niño por Nacer es recordado cada 25 de marzo; la Argentina fue el primer país del mundo en declararlo, el 7 de diciembre de 1998, por iniciativa del ex Presidente Carlos Saúl Menem en el decreto número 1406/98. Al año siguiente se celebró por primera vez ese día. En el Teatro Coliseo de Buenos Aires se reunieron representantes de la Iglesia Católica y de las iglesias ortodoxas y cristianas, así como líderes judíos y musulmanes.[283]​ Desde aquel entonces, en esa fecha en la Argentina los activistas antiaborto organizan a lo largo del país celebraciones y actividades destinadas a la concientización sobre la necesidad de defender la vida desde la concepción y en todas sus etapas. Misas, marchas, ecografías en vivo, gestos solidarios, conferencias, etc.[284]

En marzo de 2017 llamó la atención de los medios una campaña antiabortista dirigida por Mariana Rodrígez Varela, hija del funcionario de la dictadura Alberto Rodríguez Varela y vinculada a la Iglesia Católica.[285]​ La campaña, impulsada por redes sociales, consiste en difundir imágenes de fetos humanos y en la entrega de muñecos.[283]

Primera "Marcha por la Vida"Editar

La fecha de excepción fue la primera Marcha por la Vida del 27 de septiembre de 2017, elegida por coincidir con la celebración del Día de los Derechos del Niño en la Argentina.[286]

Esta primera Marcha por la Vida fue desde Plaza de Mayo hasta frente al Congreso de la Nación Argentina. El nombre e inspiración estuvo en las multitudinarias marchas que se realizan en otros países (Italia, Francia, EE.UU., Perú, Paraguay) con la misma motivación.[287]​ Sus organizadores aclararon que la Marcha por la Vida no es una iniciativa de alguna comunidad religiosa aunque la gran mayoría de los participantes y voluntarios son personas que profesan distintos credos.[288]​ Y también que es rigurosamente a-partidaria.[289]

En aquella oportunidad más de 2 500 personas se manifestaron contra el aborto frente al Congreso de la Nación. "A favor de la vida" fue la consigna que más se escuchó en la marcha,denominada "Marcha por la Vida", que encabezaron familias y estudiantes.[290]​ Ese mismo día, hubo otras 20 marchas en Mendoza, San Luis, Tandil, Córdoba, Villa María, Rosario, San Miguel de Tucumán, General Alvear, San Rafael, Santiago del Estero, Suncho Corral, San Luis, San Martín de los Andes, San Juan, La Rioja, Barranqueras, Oberá y Santa Elena entre otras ciudades, con el mismo nombre y bajo la misma consigna.[291]

Segunda "Marcha por la Vida"Editar

 
La activista Mariana Rodríguez Varela junto a un grupo de médicos[292]​que participaron de la convocatoria.

El 25 de marzo de 2018 miles de personas participaron en la Argentina de la iniciativa mundial denominada Marcha por la Vida, contraria a la legalización del aborto, y que coincidió con la celebración del Domingo de Ramos y el Día del Niño por Nacer.[293]​El evento fue organizado por Unidad Provida, una coordinadora de varias ONGs entre las que se ecnuentran ACIERA (que agrupa a la iglesias protestantes), la Iglesia católica y dependencias de la Universidad Católica Argentina.[294]

La principal convocatoria fue en Buenos Aires desde Plaza Italia hasta la Facultad de Derecho de la UBA, que contó con estimaciones que van desde 10 000 hasta con 150 000 asistentes,[295]​ contó con réplicas en más de 150 localidades del interior del país.[296]​ Desde la organización Unidad Provida enfatizaron: "Necesitamos propuestas superadoras e integrales para la mujer vulnerable y el niño por nacer".[297]​ Adhirieron a la movilización militantes del Partido Demócrata Cristiano,[298]​ el dirigente Alejandro Biondini vinculado a distintas agrupaciones nacionalistas y neonazis[299][300][301]​ cuyo partido Bandera Vecinal fue convocante a la movilización[294]​,[302]​ y la activista antiaborto Mariana Rodríguez Varela, creadora de la campaña "El Bebito".[303]

Tercera "Marcha por la Vida"Editar

 
Feto gigante de estandarte de la marcha contra el aborto.[304]

En el marco del debate por la legalización del aborto, el 20 de abril de 2018 se movilizaron en marchas contra el aborto legal bajo la consigna "cuidar las dos vidas" en 118 ciudades. Según sus organizadores la movilización fue de tres millones de personas en todo el país.[305]​ Para esta ocasión, además de una muy activa difusión a través de las redes sociales, se hizo una campaña en la vía pública para promover la marcha, se repartieron volantes y se exhibieron carteles.[306]​ La convocatoria y concurrencia, similar a la anterior, fue encabezada por organizaciones religiosas católicas y evangélicas y de dirigentes de derecha y nacionalistas.[307]​ En esta oportunidad se sumaron, además, algunas personalidades del espectáculo y los medios. En el escenario principal figuraron Amalia Granata, Maru Botana, Rolando Hanglin, Gastón Recondo y Mariano Obarrio.[179]

Movilizaciones del 10 de junio de 2018Editar

El domingo 10 de junio decenas de miles de personas convocadas por la red de ONGs Provida "Unidad Provida" se manifestaron en las ciudades de Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Paraná, La Plata, Catamarca, Santa Rosa, Salta, Posadas, entre otras.[308][309]

Marchas proelecciónEditar

 
El pañuelo verde, símbolo de la Campaña por el aborto legal, en la movilización del 8 de marzo de 2018 en la Plaza de Congreso.

El 18 de febrero de 2018 fue convocada mediante las redes sociales una manifestación frente al Congreso de la Nación autodenominada "pañuelazo" que fue multitudinaria y tuvo como objetivo solicitar la sanción de una ley que legalice el aborto en Argentina. Al lugar concurrieron distintos grupos de gente que viajaron especialmente a Buenos Aires, y tuvieron el apoyo de varias personalidades del ambiente artístico, como la actriz Virginia Godoy, Señorita Bimbo, quien oficio de conductora del evento.[310]

Movilizaciones del 28 de septiembre de 2017Editar

Además, cada 28 de septiembre, se vienen haciendo manifestaciones a favor de la legalización del aborto.[311]​ En el marco del Día Internacional por el Derecho al Aborto, miles de mujeres pidieron la aprobación del proyecto de legalización del aborto. La convocatoria fue de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Movilización del 8 de marzo de 2018Editar

En el Día Internacional de la Mujer de 2018, fecha en que fue convocado un Paro Internacional, se produjo en la ciudad de Buenos Aires una movilización masiva (con estimaciones récord que van de 200 000 hasta 350 000 asistentes)[312]​ que puso el eje central en la consigna de aborto legal, seguro y gratuito. La columna de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal encabezó en la movilización y el tema ocupó un lugar preponderante en el discurso unificado que se leyó en un acto en la Plaza Congreso.[313]​ También se hicieron movilizaciones masivas en las principales ciudades del interior del país: Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, La Plata, Rosario, Salta, Ushuaia y San Miguel de Tucumán.[314]

Movilización Ni una menos 2018Editar

Bajo el lema Ni una Menos, miles de mujeres se manifestaron a favor del aborto legal, seguro y gratuito en la Plaza del Congreso el día 4 de junio de 2018.[315]​ Entre las presentes estuvo la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas.[316]

Toma de colegios en apoyo a la legalización del abortoEditar

Once colegios fueron tomados por sus alumnos 48 horas antes de que los legisladores inicien el tratamiento de la ley. Y en otros veinte establecimientos educativos se realizaron asambleas y otro tipo de actividades alentando la sanción de la ley.[317]​ La medida, fuertemente criticada por las autoridades educativas locales, fue impulsada por la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), según palabras de su presidente, Julián Asiner, y provocó la suspensión de clases en los establecimientos cuyos estudiantes adhirieron a la protesta.[318]

La Justicia argentina impidió a las autoridades educativas que aplicaran los protocolos antitomas establecidos para este tipo de casos, aunque la ministra de Educación de la Ciudad dijo que se aplicaron medidas de acción para resguardar la integridad física del alumnado.[319]

Imágenes de manifestacionesEditar

Véase tambiénEditar

NotasEditar

  1. El código refiere por «idiota» a quien padece idiocia, trastorno caracterizado por una deficiencia profunda de las facultades mentales, congénita o adquirida en las primeras edades de la vida; y por «demente» a quien padece un deterioro progresivo e irreversible de las facultades mentales, con graves trastornos de conducta.«Terminología sobre discapacidad». Universidad Nacional de Mar del Plata. 

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