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Criminalización de la protesta social

Varios memoriales a los piqueteros asesinados en la ex estación Avellaneda, actualmente llamada Dario y Maxi (Avellaneda) en sus honores.

La expresión criminalización de la protesta social o criminalización del activismo social es utilizada por algunos investigadores y sectores sociales para referirse a la aplicación del código penal y los delitos y penas que el mismo contempla, a modalidades del activismo y de la protesta social, con el fin de debilitarla o desorganizarla.[1]​ La misma se encuentra relacionada con un debate en el seno de la sociedad,[2]​ sobre los límites de los actos de protesta y sobre todo las medidas de acción directa, vistos como ejercicio de la libertad de asociación y la libertad de expresión, y su posible colisión con los derechos individuales de otras personas, o con los daños materiales que se pudieran causar a bienes privados o públicos e inclusive al medio ambiente.

Índice

AntecedentesEditar

Se suele considerar que se trata de un fenómeno reciente el reclamo de derechos por vías no institucionales, pero que en realidad no es nuevo: en el siglo XIX se tendía a criminalizar a los líderes de movimientos masivos, considerados "degenerados", [3]​ en muchos de estos casos la legislación se dirigía en contra de la libertad de asociación en el ámbito laboral (libertad sindical).[4]​ Algunos casos de resonancia mundial como las condenas a muerte en los Estados Unidos de los llamados Mártires de Chicago y de Sacco y Vanzetti.


Estrategia gubernamentalEditar

La criminalización de la protesta o el activismo social es una estrategia del Estado, aplicado por gobiernos o la fuerza pública, que implicaría la modificación y el uso de las leyes para detener y condenar con altas penas a los llamados activistas sociales, manifestándose también en otras medidas que —fuera de la ley y gradualmente— consistirían en señalar, hostigar, perseguir, encarcelar, y hasta torturar y asesinar a quienes actúan motivados por opciones de vida políticas, comparándolos con delincuentes y/o terroristas.[5][6]

Desde este punto de vista, la detención de activistas pretendería inhibir la protesta social; en sus manifestaciones más extremas constituiría una forma de terrorismo de Estado. Quienes estarían a cargo de inducir a la deslegitimación de los activistas y movimientos sociales serían políticos, jueces, policías y medios de comunicación.

Protesta social y derechoEditar

Quienes protestan y son criminalizados en la mayoría de los casos crítican determinadas prácticas de gobierno, o son sectores marginados que encuentran de este modo una vía para hacer escuchar sus demandas. [3]

Durante muchos años, la protesta social fue vista como un fenómeno más allá de lo jurídico. Sin embargo, a partir de las movilizaciones sociales en Estados Unidos desde la década de 1960, la protesta social comenzó a ocupar un lugar en la jurisprudencia de aquel país con varios precedentes que resaltaban su vinculación con la libertad constitucional de expresión. Sin embargo, se ha considerado siempre a la protesta como una forma de asegurar la libertad de expresión. Incluir la protesta como dentro del derecho implica aplicarle estándares similares a los de otros derechos y analizar como puede ser moderado a fin de que su ejercicio no perturbe derechos de otras personas o valores relevantes jurídicamente. [7]

Para criminalizar la protesta se recurre a diferentes figuras del derecho penal como por ejemplo la asociación ilícita, usada históricamente contra la protesta social. [8]

 
Protesta en España

Véase tambiénEditar

ReferenciasEditar

  1. Contra la criminalización de los movimientos sociales
  2. Nadra, Yamilé (2004), [Informes especiales: Argentina, entre el drama social y el debate jurídico-político. La criminalización de la protesta social (I)], Argenpress, 1 de noviembre de 2004.
  3. a b Bertoni, Eduardo A.; Universidad de Palermo (Palermo, Buenos Aires, Argentina). Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información. (2010). Es legítima la criminalización de la protesta social? : derecho penal y libertad de expresión en América Latina. Universidad de Palermo, Facultad de Derecho, Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información. ISBN 9789871716135. OCLC 688504366. Consultado el 12 de junio de 2019. 
  4. La defensa del trabajo contra las pretensiones del capital, por Thomas Hodgskin
  5. Terrorismo de Estado: La “colombianización”; la criminalización de la lucha social como estrategia represiva, por Comité Cerezo
  6. Criminalización de la protesta, una cuestión de sedición...
  7. Bassa Mercado, Jaime; Mondaca Garay, Daniel (2019). «Protesta social y derecho: una tensión irresoluble». Izquierdas 46. Consultado el 12 de junio de 2019. 
  8. Zaffaroni, Eugenio; Pitrola, Néstor (2008). «El debate Zaffaroni-Pitrola. La criminalización de la protesta social». El debate Zaffaroni-Pitrola. La criminalización de la protesta social. Consultado el 12 de junio de 2019. 

Enlaces externosEditar