Despenalización de la homosexualidad en Ecuador

La despenalización de la homosexualidad en Ecuador tuvo lugar el 25 de noviembre de 1997, cuando el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en el Caso 111-97-TC en que declaró inconstitucional el primer inciso del artículo 516 del Código Penal, en el que se criminalizaba la homosexualidad con una pena de cuatro a ocho años.

AntecedentesEditar

En 1997, Ecuador vivía momentos de protestas sociales y de reclamos ciudadanos que presentaron el ambiente propicio para lograr la despenalización de la homosexualidad en el país. Esta época estuvo marcada por manifestaciones de estudiantes, colectivos de mujeres, agrupaciones indígenas y demás actores sociales que reclamaban por las violaciones de derechos humanos y torturas cometidas por la policía durante el gobierno de León Febres-Cordero Ribadeneyra, entre las que sobresalía la desaparición de los hermanos Restrepo. Adicionalmente, en febrero del mismo año el país había vivido una ola de protestas que desembocaron en la destitución del presidente Abdalá Bucaram. En medio de este contexto, tuvo lugar en la ciudad de Cuenca la redada policial del bar Abanicos, que en la actualidad es reconocido como el evento catalizador que inició el proceso de despenalización de la homosexualidad y provocó por primera vez en la historia del país la articulación de los distintos grupos de personas pertenecientes a la diversidad sexual.[1]

Redada del bar AbanicosEditar

La noche del 14 de junio de 1997, miembros de la policía nacional realizaron una violenta redada en el bar Abanicos, un popular establecimiento LGBT ubicado en las calles Vargas Machuca y Juan Jaramillo de la ciudad de Cuenca en el que se estaba realizando la elección de la primera reina gay de la ciudad. En el evento habían participado cuatro candidatos, de los que Patricio Cuéllar, conocido como "Briggitte", fue nombrado ganador. En ese momento irrumpieron en el lugar miembros de la policía comandados por el intendente Diego Crespo, y procedieron a detener a los presentes. Cuéllar estuvo entre los apresados y fue llevado por los gendarmes,[2]​ quienes impidieron que se quitara el vestido y la banda de reina durante los tres días que estuvo detenido.[3][4]​ Existen desacuerdos en cuanto a la cifra exacta de detenidos, con las estimaciones más bajas ubicando la cifra en 10 detenidos y las más altas en 100.[5]​ El intendente de la policía y el propio Patricio Cuéllar indicaron que fueron 63 los apresados.[3][6]

Al llegar al centro de detención preventiva de la ciudad, los detenidos fueron encerrados con el resto de presos. Cuéllar y otros de sus compañeros fueron repetidamente violados por varios reos.[2]​ En lugar de socorrerlos, los policías que presenciaban la escena optaron por vender preservativos a los presos por 5000 sucres la unidad. En medio de los ataques uno de los detenidos sufrió un ataque epiléptico, pero cuando pidieron ayuda, uno de los policías respondió: "déjenle que se muera, un maricón menos, mucho mejor".[3]​ Los detenidos sufrieron además torturas por parte de algunos policías, quienes los sacaban de las celdas para patearlos, escupirlos, humillarlos,[4]​ sumergir sus cabezas en inodoros y darles descargas eléctricas.[2]

Campaña por la despenalizaciónEditar

Los eventos ocurridos en el bar Abanicos recorrieron la prensa nacional. Patricio Cuéllar y un compañero llamado Jaime Terreros decidieron poner una denuncia contra el intendente de policía de Cuenca por los abusos que habían recibido, la misma que fue recogida como bandera de lucha en contra de la criminalización de la homosexualidad por las distintas agrupaciones de personas LGBT que existían en el país. Las organizaciones que se unieron fueron: FEDAEPS, que había sido creada en 1988 y trabajaba en temas relacionados con salud y prevención del VIH, la Asociación Coccinelle, que había sido creada el mismo año en Quito para denunciar los abusos de la policía contra las mujeres transgénero, la Fundación Amigos por la vida, de Guayaquil, y la agrupación Tolerancia, que reunía a mujeres lesbianas. Estas agrupaciones se articularon en lo que fue el primer movimiento nacional LGBT de Ecuador, bajo el nombre de Triángulo Andino, que fue la que llevó adelante el proceso para lograr la despenalización de la homosexualidad.[1]

Las primeras discusiones entre los colectivos fueron promovidas por Coccinelle y se enfocaron en definir cual sería el mejor método para lograr la despenalización. Una propuesta era promover el cambio por medio del Congreso Nacional, la misma fue apoyada por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y las personas cercanas a FEDAEPS. La otra propuesta era realizar el cambio por medio de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 516 del Código Penal, estrategia favorecida por Coccinnelle y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).[7]​ Finalmente se decidió que la mejor estrategia era la demanda de inconstitucionalidad. Para crear la demanda contaron con la asesoría de Ernesto López, quien había sido presidente del Tribunal Constitucional hasta febrero de ese año y quien los guio en el proceso, para el que necesitaban recoger mil firmas de apoyo.[1][8]

El proceso de recolección de firmas marcó la primera vez en la historia de Ecuador en que personas LGBT se tomaron calles y espacios públicos. Dado que muchos hombres gais y mujeres lesbianas vivían en el armario y temían ser reconocidos si daban su firma, la mayoría de apoyo vino de parte de personas heterosexuales.[1]​ La Asociación Coccinelle ganó gran protagonismo durante el proceso de recolección y el 27 de agosto del mismo año hizo historia cuando organizó una marcha de mujeres transgénero,[9]​ hombres gais y defensores de los derechos humanos que recorrió las calles de Quito y desembocó en la Plaza Grande, donde se unieron a los grupos que reclamaban por personas desaparecidas y lograron conseguir 300 firmas por la despenalización. Esta manifestación fue la primera marcha de personas pertenecientes a la diversidad sexual en la historia del país.[1][7]​ El 27 de agosto se realizó a su vez en Guayaquil la primera manifestación pública de personas LGBT de su historia, como parte del proceso de recolección de firmas.[10][1]​ También se realizaron manifestaciones en Cuenca y Machala.[7]

Otras estrategias utilizadas durante la campaña fueron el uso de grafitis para promover mensajes como "Despenalización ahora" e incluso una invitación al presidente interino Fabián Alarcón para discutir el tema.[7]

Los pedidos de despenalización recibieron apoyo por parte de varias figuras públicas influyentes y de sectores progresistas de la prensa local,[1]​ con artículos de opinión escritos por personalidades como Raúl Vallejo y César Montúfar posicionándose a favor del cambio.[7]​ Uno de los apoyos más importantes fue el de Luis Alberto Luna Tobar, obispo de Cuenca, quien calificó de inhumana la criminalización de la homosexualidad tanto en la televisión como en medios escritos y declaró: "el homosexual hombre o mujer no pierde humanidad y, por lo tanto, tiene todos los derechos humanos y debe ser respetado, en su situación como cualquier otro ser humano". Otra figura que brindó su apoyo a la despenalización fue el entonces gobernador de Azuay, Felipe Vega De La Cuadra. Adicionalmente, gracias a una campaña internacional por parte de organismos de derechos humanos, una gran cantidad de cartas de organizaciones internacionales llegaron al país dirigidas al Tribunal Constitucional solicitando que se despenalizara la homosexualidad.[1][7]

Demanda de inconstitucionalidadEditar

El 24 de septiembre de 1997 se presentó la demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 516, que quedó registrado como el Caso 111-97-TC,[1]​ en el Tribunal Constitucional junto con 1400 firmas de apoyo (400 más de las requeridas).[8]​ El documento fue presentado por Cristian Polo Loayza, Jimmy Wider Coronado Tello, Silvia Haro Proaño, José Urriola Pérez y Gonzalo Abarca, a quienes se sumó Ernesto López, expresidente del Tribunal.[1]​ De acuerdo a la jurista Judith Salgado, los argumentos esbozados en la demanda de inconstitucionalidad pueden resumirse en tres puntos:[11]

  1. La homosexualidad no es delito ni enfermedad, para lo que presentaron declaraciones de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud.
  2. La penalización de la homosexualidad contraría derechos constitucionales, específicamente el artículo 22 de la Constitución, que prohibía la discriminación por cualquier índole.
  3. Los derechos sexuales son derechos humanos, por lo que pidieron al Tribunal el reconocimiento explícito de los mismos.

Una vez aprobado a trámite la demanda, el Tribunal Constitucional envió una serie de cartas a Fabián Alarcón, presidente interino de la república; Heinz Moeller, presidente del Congreso Nacional; Carlos Solórzano Constantine, presidente de la Corte Nacional de Justicia; César Verduga, ministro de gobierno y policía; Jamil Mahuad, alcalde de Quito; León Febres-Cordero Ribadeneyra, alcalde de Guayaquil; y Fernando Cordero Cueva, alcalde de Cuenca; para recoger sus opiniones sobre el caso y preguntar si en sus respectivas jurisdicciones se había judicializado a personas en base al artículo 516. También se enviaron cartas pidiendo opiniones a José Mario Ruiz Navas, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y al obispo Luis Alberto Luna Tobar.[1]

En su respuesta, el presidente Alarcón aseveró que la despenalización de la homosexualidad debería darse porque el artículo en cuestión no era aplicado en la práctica, pero que el mismo no era inconstitucional. También afirmó que la despenalización le competía al Congreso Nacional y no al Tribunal Constitucional. El ministro Verduga señaló a su vez que no había encontrado registros de personas judicializadas por el artículo 516. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana, por su lado, se mostró a favor de retirar el primer inciso del artículo por "una aplicación de los principios de tolerancia democrática y de respeto a la intimidad de las personas", aunque en la misma carta rechazó la existencia de derechos sexuales.[1]

El 25 de noviembre de 1997, el Tribunal Constitucional emitió su dictamen en el caso por unanimidad. El mismo declaró inconstitucional el primer inciso del artículo 516 del Código Penal, de este modo despenalizando la homosexualidad en Ecuador. La decisión fue publicada en el Registro Oficial dos días después.[12][13][14]​ Aunque el dictamen dio la razón a los demandantes, el Tribunal incluyó sesgos homofóbicos en el dictamen, calificando a la homosexualidad como "disfunción" y "conducta anormal" y aseverando que "la protección de la familia y de los menores" exigían que no fuera "una conducta socialmente exaltable".[1]

Véase tambiénEditar

ReferenciasEditar

  1. a b c d e f g h i j k l m Ramos Ballesteros, Paulino (2019). «Archivo, imágenes y cuerpo en el vigésimo aniversario de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador». Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Quito). Archivado desde el original el 27 de abril de 2021. Consultado el 27 de abril de 2021. 
  2. a b c Galárraga, Alicia (16 de agosto de 2020). «¡Descansa en paz, Pachis!». El Telégrafo. Archivado desde el original el 6 de febrero de 2021. Consultado el 6 de febrero de 2021. 
  3. a b c Cervantes, Jeanneth (20-08-18). «Nadie muere para siempre». La Periódica. Archivado desde el original el 23 de septiembre de 2020. Consultado el 12 de abril de 2021. 
  4. a b Cervantes, Jeanneth (15 de noviembre de 2017). «Terri (Jaime Terreros)». La Periódica. Archivado desde el original el 25 de septiembre de 2020. Consultado el 12 de abril de 2021. 
  5. «Las personas Glbti aún no tienen todos los derechos en Ecuador». El Comercio. 27 de noviembre de 2017. Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2017. Consultado el 6 de febrero de 2021. 
  6. Balance y perspectivas de los derechos humanos de las personas LGBTI en el Ecuador. Quito: El Telégrafo. 2014. ISBN 9789942077639. Consultado el 13 de abril de 2021. 
  7. a b c d e f Garrido, Rafael (2017). «La despenalización de la homosexualidad en Ecuador: el legado de la acción colectiva LGBTI». Universidad Andina Simón Bolívar. Archivado desde el original el 14 de febrero de 2021. Consultado el 12 de abril de 2021. 
  8. a b Valdez, David (2019). «Sistematización de la experiencia de conceptualización e implementación de la estrategia de RR.PP. del proyecto Zoom durante el 2019». Universidad Casa Grande (Guayaquil). Archivado desde el original el 12 de abril de 2021. Consultado el 12 de abril de 2021. 
  9. Mancero, Cristina (20 de agosto de 2007). «La construcción del movimiento gay y sus manifestaciones sociales, culturales, y políticas en la ciudad de Quito». Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Archivado desde el original el 10 de julio de 2020. Consultado el 13 de abril de 2021. 
  10. Buendía, Silvia (2019). «Desde la vergüenza hacia el orgullo. El trayecto que nos permitió dejar de ser delincuentes y empezar a ser ciudadanos». Violencia, géneros y derechos en el territorio (1ra edición). Quito: Abya-Yala. ISBN 978-9942-09-633-3. OCLC 1110088345. Consultado el 12 de abril de 2021. 
  11. Salgado, Judith (2005). «Análisis de la interpretación de inconstitucionalidad de la penalización de la homosexualidad en el Ecuador». Derechos sexuales en el Ecuador: 16-32. Archivado desde el original el 2 de noviembre de 2018. Consultado el 27 de junio de 2021. 
  12. «Las personas Glbti aún no tienen todos los derechos en Ecuador». El Comercio. 27 de noviembre de 2017. Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2017. Consultado el 6 de febrero de 2021. 
  13. «Dictamen del Caso N. 111-97-TC». Registro Oficial de Ecuador. 27 de noviembre de 1997. Archivado desde el original el 28 de junio de 2021. Consultado el 28 de junio de 2021. 
  14. «Parcial despenalización de la homosexualidad». Hoy. 26 de noviembre de 1997. Archivado desde el original el 4 de diciembre de 2014. Consultado el 6 de febrero de 2021.