Diferencia entre revisiones de «Laica o libre»
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En [[Argentina]] se conoce con la denominación de '''laica o libre''', al conflicto desatado en el año [[1958]] entre quienes apoyaban o rechazaban, respectivamente, el propósito del gobierno, encabezado en ese momento por el presidente [[Arturo Frondizi]], de autorizar a las universidades privadas a emitir títulos habilitantes. Quienes apoyaban esta medida acuñaron el eslogan ''laica o libre'' que perduró para individualizar al conflicto.
Debe aclararse que lo que estaba en juego no era la libertad de enseñanza garantizada por la Constitución Nacional. Los llamados partidarios de la universidad “laica” no se oponían al funcionamiento de
== Distinciones en torno a la enseñanza y a la expedición de títulos ==
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La abolición del monopolio estatal sobre la educación universitaria era una aspiración histórica de la [[Iglesia Católica]], institución que había fundado las primeras universidades del país, luego expropiadas.{{cita requerida}} Un antecedente claro en este respecto es [[José_Manuel_Estrada_(pensador)|José Manuel Estrada]].<ref>{{cita libro|autor=Torrendell, Carlos Horacio|título=La política educativa en el pensamiento de José Manuel Estrada|año=2005|ubicación=Buenos Aires|editorial=Pontificia Universidad Católica Argentina|otros=Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Educación|página=166-180}}</ref>
Durante la dictadura autotitulada [[Revolución Libertadora (Argentina)|Revolución Libertadora]] fue nombrado ministro de Educación el [[Partido Demócrata Cristiano (Argentina)|demócrata cristiano]] [[Atilio Dell'Oro Maini]]. Por su iniciativa fue aprobado el [[22 de diciembre]] de [[1955]] el [[Decreto ley|decreto-ley]]
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[[Archivo:En reunión - Presidente Arturo Frondizi con el rector de la UBa Risieri Frondizi.JPG|thumb|200px|left|El presidente [[Arturo Frondizi]] hablando con el rector de la [[UBA]], [[Risieri Frondizi]] (su hermano).]]
Justo cuando los debates de "[[La batalla del petróleo]]" alcanzaban su pico máximo de tensión, a fines de agosto de [[1958]], trascendió que el gobierno estaba por concretar la vigencia del artículo 28 mediante su reglamentación y permitir a las universidades privadas expedir títulos habilitantes. Quienes se oponían a la medida hicieron gestiones ante el Poder Ejecutivo y ante el Congreso Nacional, incluyendo pronunciamientos de la [[FUBA]].
Los intensos debates realizados en distintos ámbitos durante el mes de septiembre fueron acompañados por el inicio de desórdenes callejeros y en algunos colegios secundarios como el Mariano Moreno y el Mariano Acosta, de la ciudad de Buenos Aires. El 10 de septiembre el diputado Becerra presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para derogar el polémico artículo 28 y simultáneamente la FUBA dispuso una huelga general de los universitarios.
El 15 de septiembre hubo una gran manifestación –unas 60
Entre los apoyos que tenía la medida se encontraron los de la recién fundada agrupación de ultraderecha [[Movimiento Nacionalista Tacuara|Tacuara]], grupo del choque del nacionalismo fascista y antisemita. En la UBA en la Facultad de Derecho grupos minoritarios del nacionalismo derechista en la noche del 22 se habían constituido como “Comando de Resistencia Universitaria, a fin de evitar por la fuerza cualquier tipo de manifestación interna contra la ley.<ref>
== Trámite parlamentario ==
El 23 de septiembre un grupo de 64 diputados de la oficialista Unión Cívica Radical Intransigente encabezado por [[Horacio Domingorena]] declaraba que sólo las universidades públicas podían otorgar títulos habilitantes. El día 26, después de un intenso debate, la Cámara de Diputados resolvió por 109 votos a 52 derogar el polémico artículo 28 del decreto-ley 6403/55 mientras al mismo tiempo varias legislaturas provinciales emitieron declaraciones de apoyo y el Ministro de Educación anunciaba que “por esta vez” las faltas colectivas de asistencia de los estudiantes secundarios se computarían simples en lugar de dobles.
A todo esto, un sector de la UCRI dirigido por Domingorena cambió de repente su posición. Explicó que cuando era estudiante había participado en política durante el gobierno de Perón, que al igual que otros había sufrido la exclusión de la universidad pública por esa causa, en su caso por dos años, y que por ello había llegado a la conclusión de la necesidad de contar con universidades privadas. La Cámara de Senadores aceptó esta posición, sus integrantes –todos de la UCRI- dejaron a salvo su opinión personal y por disciplina partidaria aprobaron por unanimidad un “agregado” al texto sancionado por Diputados estableciendo que las universidades privadas no podrían recibir subsidios estatales y estarían sujetas a ciertos controles administrativos. En cuanto a la habilitación para ejercer las profesiones, dispuso que sería otorgada por “el Estado Nacional” o sea que excluía de esa función a las universidades públicas, aunque sin indicar un órgano concreto. El proyecto así modificado volvió a la Cámara de Diputados, que insistió en su versión. En una nueva votación los senadores también ratificaron su texto. Conforme al art. 68 (numeración de ese momento) de la Constitución Nacional<ref>Art. 68. Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Ninguna de las Cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara revisora. Si el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cámara revisora, deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los presentes. En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la Cámara revisora, salvo que la Cámara de origen insista en su redacción originaria con el voto de las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara revisora.</ref> la ley quedaría aprobada conforme al texto del Senado a menos que Diputados insistiera con mayoría de dos tercios. Las gestiones políticas fueron febriles (era el 30 de septiembre, último día de las sesiones ordinarias del año) y operadores políticos como el Ministro del Interior [[Alfredo R. Vítolo]], el gobernador de Córdoba [[Arturo Zanicchelli]] y el de Tucumán, [[Celestino Gelsi]], presionaron a los diputados para que cambiaran sus votos o, por lo menos, se abstuvieron. La Cámara votó 102 a 69 por el texto que derogaba al art. 28 por lo que, al no llegar a los dos tercios, quedó aprobada la versión modificada por el Senado.
== Consecuencias políticas ==
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