Diferencia entre revisiones de «Antonio Domingo Bussi»

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Con la restauración de la [[democracia]] al país, Antonio Bussi fue objeto de acusación junto a decenas de miembros de las [[Fuerzas Armadas argentinas]] de diversas violaciones a los derechos humanos, pero se vio beneficiado por la [[ley de Punto Final]] promulgada durante el gobierno de [[Raúl Alfonsín]]. Se habían labrado en su contra más de 800 causas por [[privación ilegítima de la libertad]], [[tormento (tortura)|tormento]], [[homicidio]] y falsificación de documentos.
 
En [[1987]] se presentó como cabeza de lista por un viejo partido de corte [[conservadurismo|conservador]], [[Defensa Provincial- Bandera Blanca]], llevado por el político tucumano Ävila Gallo quien lo llevó como cabeza de lista; ante la sorpresa de la clase política, recabó cerca del 18 % de los sufragios, y se constituyó en un referente político importante.En esas elecciones, el naciente bussismo como fenómeno político obtuvo un número respetable de electores en el Colegio Electoral que debía elegir al sucesor del gobernador peronista [[Pedro Fernando Riera]]. Su irrupción política y la división existente en el peronismo entre los "renovadores" y los "cirnigliaristas" ( una división conyuntural del peronismo tucumano) impidieron que el radical [[Rubén Edgardo Chebaia]] fuera electo gobernador, a pesar de ser el candidato con mayor número de votos en toda la provincia.
 
A medida que la crisis política tucumana adquiría ribetes endémicos, el bussismo cobró mayor impulso y aceptación entre la sociedad tucumana. En noviembre de 1989 se realizaron las elecciones provinciales para elegir convencionales constituyentes, quienes dictarían una nueva constitución que reemplazara la vigente de 1907. En esas elecciones, los candidatos de Domingo Antonio Bussi triunfaron por más del 55 % de los votos, levantándose con la mayoría de la Convención Constituyente. La nueva constitución votada por Fuerza Republicana e inspirada por el convencional bussista [[Fernando Justo López de Zavalía]], avalada por las minorías de la UCR, y la UCD, luego del retiro de los convencionales justicialistas, introdujo como novedades la unicameralidad de la legislatura, la prohibición de reelección en todos los cargos ejecutivos y legislativos, y la creación de un futuro Tribunal Constitucional, elegido por todos los jueces del Poder Judicial con facultades de declarar la inconstitucionalidad, con alcance general, de las leyes votadas por la legislatura provincial.