Diferencia entre revisiones de «Estado de Occidente»

El 12 de septiembre quedó instalado el Congreso, que se dio a la tarea de redactar la constitución que regiría la estructura y el funcionamiento del Estado Interno de Occidente. Uno de sus primeros actos fue declarar la extinción de las antiguas instituciones, como la [[Intendencia_de_Arizpe#La_diputación_provincial_de_Arizpe|diputación provincial]], y el cese de las funciones de los jefes políticos de ambas provincias. También nombró gobernador provisional a Juan Miguel Riesgo y a [[Francisco de Iriarte]] vicegobernador. El primero había sido funcionario del gobierno virreinal y diputado por la intendencia de Arizpe al primer Congreso constituyente de la nación; el vicegobernador era la cabeza del grupo de ''notables'' de Cosalá. La organización política del estado se estableció conforme a la Constitución federal de los [[Estados Unidos Mexicanos]], sancionada por el Congreso nacional el 4 de octubre de 1824; por tanto, incluía la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, el establecimiento del régimen municipal y la designación de los funcionarios públicos por medio de elecciones indirectas y con el voto restringido a los ciudadanos que supieran leer y escribir. El territorio quedó dividido en distritos y partidos como se indica en el mapa y en la tabla de abajo.

En el periodo 1824-1830 empezó a formarse un nuevo sector de la élite: el de los comerciantes extranjeros establecidos en [[Guaymas]] y en [[Mazatlán]], que, si bien no participaron en la política del Estado Interno de Occidente, después lo hicieron gracias al poder económico de las casas comerciales que representaban. Algunos se integraron a la sociedad local por lazos familiares, otros permanecieron como extranjeros y formaron grupos de presión económica y política, como veremos. Así, la élite de la sociedad del Estado Interno de Occidente se transformó gracias al reacomodo de sus sectores, un reacomodo que originó rivalidades y fracturas entre las familias de ''los notables''.

La política reformadora de los borbones, a partir de la expulsión de los [[jesuitas]], había afectado a los indígenas. En este periodo, los nuevos dirigentes mantuvieron la misma política, y con menos tacto que los funcionarios de la corona española. Los notables del norte y del centro del estado interno de Occidente compartían la ideología liberal borbónica de [[José de Gálvez y Gallardo]] (''"liberal"'', porque tenía elementos de lo que más tarde sería [[Liberalismo en el México independiente|el liberalismo mexicano]], como por ejemplo la imposición de la [[propiedad privada]] de la tierra y la eliminación de la propiedad corporativa). Esta política se mostró en las leyes expedidas por la legislatura local, cuya aplicación provocó graves conflictos. Examinemos sus aspectos principales, uno referente a las misiones y otro a la privatización de la tenencia de la tierra.

Ni la constitución federal de 1824 ni la del estadoEstado internoInterno de Occidente reconocían explícitamente la propiedad colectiva de la tierra ni la personalidad jurídica de las comunidades indígenas. Los indios eran ciudadanos con derecho a la propiedad privada y debían establecerse en pueblos, según el régimen municipal, sin distinción entre indios y no indios. Como la constitución federal dejó en manos de los estados lo relativo a la propiedad de la tierra, los notables de SinaloaSonora y SonoraSinaloa pudieron actuar libremente para continuar con la privatización de la tenencia de la tierra.

El Congreso del estadoEstado legisló sobre la adjudicación de predios urbanos en las [[Pueblo de misión|poblaciones que fueron misiones]] y también sobre el reparto de las tierras comunes de las antiguas misiones y la adjudicación de tierras baldías. La legislación de predios urbanos tenía por objeto legalizar la propiedad de los solares que ocupaban los que sin ser indígenas se habían avecindado en las antiguas misiones y en los pueblos de misión administrados por los religiosos [[franciscanos]]. La repartición de las tierras de comunidad pretendía eliminar la propiedad colectiva y socavar las bases de las comunidades indígenas; la adjudicación de tierras baldías buscaba entregar a los notables las grandes extensiones de terrenos que había, sobre todo, en el norte del estado. Es evidente queEstado; éstos hicieron leyes que los beneficiaban abiertamente, pues para obtener los predios se requería una buena cantidad de dinero, a fin de pagar el precio de la tierra, los derechos de traslado de dominio y cubrir los onerosos gastos de ejecución de los trámites administrativos.

Estas leyes provocaron violentas reacciones de los indígenas. Los ópatas[[ópata]]s del centro de Sonora, que se habían rebelado contra el gobierno español en [[1820]], ahora, en [[1824]], se sublevaron contra el estadoEstado internoInterno de Occidente y propusieron la creación de un gobierno indígena independiente del de los blancos.

En el mismo año, las autoridades estatales quisieron obligar a los yaquis a pagar impuestos y a repartir sus tierras. Los indígenas se negaron y presentaron su inconformidad. La respuesta del gobierno fue enviar tropas al [[Río Yaqui]] y fusilar a los representantes de las demandas de la comunidad. Los yaquis se lanzaron entonces a la guerra contra los ''yoris'' (hombres blancos) capitaneados por Juan Banderas, quien logró establecer alianzas con los ópatas y su caudillo Dolores Gutiérrez, y también con los mayos de los ríos Mayo y Fuerte. Las guerrillas indígenas atacaban y saqueaban ranchos y pueblos de ''yoris'' en una amplia zona que abarcaba desde Horcasitas y Oposura por el norte, hasta El Fuerte por el sur. La capital del estado y su gobierno se trasladaron a [[Cosalá]] mientras pasaba el peligro. Las milicias sonorenses recibieron refuerzos de [[Chihuahua]] y de otros estados, con los que lograron contener a los sublevados, mas no lograron vencerlos. En [[1827]] los indígenas y el gobierno llegaron a un arreglo por el que los primeros deponían las armas y el gobierno reconocía la autonomía —de hecho— de sus comunidades; sin embargo, sólo fue una tregua temporal, porque el gobierno no cejó en su propósito de repartir las tierras de los indios y sólo cambió de táctica.

Como parte del proyecto de privatización de la tenencia de la tierra, los notables de Sonora y Sinaloa también impulsaron una campaña de restricciones al régimen misional con la intención de [[Laico (religión)|secularizar]] las pocas misiones restantes; sólo querían conservar las de la [[Pimería Alta]] (actual estado de Arizona) porque eran útiles para controlar a los indios pimas[[pima]]s, los que a su vez eran la mejor defensa del estado en contra de los apaches[[apache]]s que venían del norte. A la destrucción de las misiones ayudó la ley de expulsión de españoles expedida por el gobierno federal en diciembre de 1827, que afectaba a la mayoría de los misioneros franciscanos. En el estadoEstado internoInterno de Occidente la ley se aplicó de manera selectiva; se obligó a salir del estado a los españoles que podían estorbar los planes de ''los notables'', pero no se molestó a aquellos cuya presencia les era útil. De los 18 misioneros que quedaban en Sonora, 14 salieron del país y dejaron las misiones de los ópatas en completo abandono o en manos de comisarios gubernamentales; este golpe significó, de hecho, la secularización de las misiones de la opatería. Los cuatro franciscanos que quedaron en el estado se concentraron en la Pimería Alta para prolongar, por dos décadas más, la agonía del sistema misional del noroeste mexicano.

En cuanto al grupo de los mestizos y mulatos, aunque legalmente fueran ciudadanos, habitualmente eran excluidos de la propiedad de los bienes raíces y tenían que ganarse la vida con el trabajo manual, ya como asalariados, como sirvientes o como artesanos. Para este grupo, ni las reformas borbónicas ni la independencia significaron alguna mejoría en sus condiciones de vida., Peropero su número aumentaba a medida que desaparecían las comunidades y los indios perdían la propiedad de la tierra.<ref name=bhs_orteganoriega></ref>

En el estadoEstado internoInterno de Occidente la actividad política estaba en manos de ''los notables'', quienes ejercían plenos poderes en sus territorios de influencia, pero que chocaban contra los intereses de otros en cuanto salían. Así, podemos observar que los ayuntamientos funcionaron sin disensiones internas, como cuerpos homogéneos y disciplinados, a través de los cuales los distintos grupos de poder hacían oír su voz y defendían su [[Derecho de autodeterminación|autodeterminación]]. No sucedió lo mismo con el Congreso local, porque ninguno de los grupos de notables tuvo la capacidad necesaria para controlar la mayoría absoluta de los votos, de aquí que en el seno de la legislatura predominaran los desacuerdos y las alianzas precarias. Por las mismas razones, el Ejecutivo estatal era muy inestable y mantuvo continuas pugnas con la legislatura. Otro elemento de discordia era la presencia del comandante general del estado, nombrado por el gobierno federal pero inmerso en la dinámica de la política local, en la que podía ser un apoyo para el gobernador o bien un obstáculo para el ejercicio de su autoridad. Así, en [[1825]], estaba el gobernador [[Simón Elías González]] en pláticas con los jefes yaquis[[yaqui]]s en busca de una solución al conflicto, cuando se presentó el comandante general, José Figueroa, y a despecho de la orden del gobernador emprendió la campaña contra esos indígenas y desató la rebelión.

A consecuencia de esta revuelta la capital del estado se trasladó interinamente a Cosalá, donde Francisco Iriarte tomó posesión de la gubernatura en noviembre de [[1826]]. Al tratar el punto de la ciudad que sería asiento de los poderes estatales se manifestó la profunda división que había entre los diputados de la primera legislatura, pues unos pedían la vuelta a [[El Fuerte (Sinaloa)|El Fuerte]] y otros proponían la ciudad de [[Culiacán]]. La legislatura quedó bloqueada varios meses porque tres de los diputados la abandonaron dejándola sin el ''[[Cuórum|quorum]]'' legal. En septiembre de [[1827]], la legislatura entró en conflicto con el gobernador Iriarte y huyó al real de [[El Rosario (Sinaloa)|El Rosario]] para evitar las presiones del ejecutivo. Luego, decretó que [Álamos (Sonora)|Álamos]] sería la capital del estado y allí se estableció con la protección militar del comandante, coronel [[Mariano Paredes dey Arrillaga]], quien depuso a Iriarte de la gubernatura. La primera legislatura concedió a El Rosario el título de "ciudad asilo de El Rosario" porque ofreció protección a los legisladores.

El conflicto entre los poderes legislativo y ejecutivo hizo crisis en junio de [[1829]], estando ya en funciones la segunda legislatura constitucional (1828-1830), cuando las milicias de Culiacán, en apoyo del depuesto gobernador, se enfrentaron a los militares fieles a la legislatura en elEl Palmito, lugar cercano a Culiacán. Los legisladores prometieron reinstalar a Iriarte en su puesto si los sublevados deponían las armas, como en efecto sucedió.

Los diputados de la legislatura hicieron ostentación de su filiación a la [[Francmasonería_en_México#El_Rito_York|masonería yorkina]], pues, como testifica Eustaquio Buelna en sus ''Apuntes para la historia de Sinaloa''<ref>{{cita libro|apellidos1=Buelna|nombre1=Eustaquio|título=Apuntes para la historia de Sinaloa 1821-1882|fecha=1966|editorial=Universidad Autónoma de Sinaloa|ubicación=Culiacán, Sinaloa|edición=Segunda edición|url=https://ahgs.gob.mx/apuntes-para-la-historia-de-sinaloa/|fechaacceso=28 de octubre de 2019}}</ref>, cambiaron el nombre tradicional de varias poblaciones y les impusieron el de sus respectivas logias. De esta manera, el 5 de septiembre de 1828, la villa de San Sebastián pasó a ser [[Concordia (Sinaloa)|Ciudad Concordia]]; el día 11 el presidio de Mazatlán recibió el nombre de [[Villa Unión (Sinaloa)|Villa de la Unión]], y al pueblo de Chametla se le denominó [[Municipio de Rosario (Sinaloa)|Villa de Diana]]. Este hecho, aunque parece trivial, nos confirma la idea de que la organización masónica estaba firmemente establecida en Sinaloa y que pudo ser el soporte de la actuación política de los notables; sin embargo, esta apreciación deberá ser sustentada en una investigación documental. En la provincia de Sonora también hubo cambios de nomenclatura: Nacameri se convirtió en [[Rayón (Sonora)|Rayón]], [[Altar (Sonora)|Altar]] en Figueroa, Oposura en [[Moctezuma (Sonora)|Moctezuma]] y Pitic en [[Hermosillo]].

En el breve lapso de seis años hubo muchas pugnas políticas en el estadoEstado internoInterno de Occidente, y sólo hemos señalado los más sobresalientes por el encono de los beligerantes, que llegó hasta las armas. En lo general, esta etapa de la historia de las provincias del noroeste fue muy conflictiva en el aspecto político, pues las disensiones ocurrieron en el seno de la legislatura y enfrentaron al Congreso contra el gobernador. Si observamos la lista de gobernadores constatamos que ninguno pudo completar su periodo constitucional, que era de cuatro años. El gobernador que tuvo mayor continuidad fue Francisco Iriarte, pero sólo ejerció sus funciones durante 12 meses continuos. Los principales puntos en disputa fueron tres: quién debía ocupar la gubernatura, dónde debía estar la capital del estado y si debían convertirse las provincias de Sinaloa y Sonora en estados independientes. En el trasfondo de estas pugnas podemos ver las luchas entre los grupos de notables por impulsar sus intereses económicos y estorbar los de los otros. El grupo que llegaba a la gubernatura podía controlar los puestos de la administración estatal e influir sobre el poder judicial, lo que le daba una ventaja apreciable sobre sus rivales. Si la capital del estado se ubicaba en la zona de influencia de ciertos notables, mayores eran sus posibilidades de adelantar en sus negocios. El desplazamiento de la capital del estado de El Fuerte a Cosalá, luego a Culiacán y por último a Álamos expresa, pues, también la intensa lucha entre las facciones. El tercer punto del diferendo, la división del estado, fue el que mayores consecuencias tuvo en el proceso histórico del noroeste, por lo que lo examinaremos con más detenimiento.<ref name=bhs_orteganoriega></ref>

Establecidos el estado internoEstado de Occidente y su primera legislatura constitucional (1826-1828) en el mes de mayo de [[1826]], los diputados ya debatían sobre la división del estado y los medios para lograrla, pero la rebelión de Juan Banderas impidió la continuación del debate. En enero de 1827 la legislatura acordó solicitar el parecer de los ayuntamientos, que en su mayor parte opinaron en favor de la separación. La segunda legislatura (1828-1830) dedicó casi todos sus esfuerzos a pelear con el gobernador Iriarte, quien era uno de los más activos partidarios de la división de Sinaloa y Sonora, razón por la cual la legislatura no apoyó el proyecto separatista; sin embargo, después de la acción militar delde El Palmito, declaró que no se opondría a la separación de las provincias si la mayoría de los ayuntamientos la pedía. Cuando la tercera legislatura entró en funciones en marzo de 1830, el clamor de los ayuntamientos por la división del estado era casi unánime, por lo que los diputados pidieron al Congreso nacional que aprobara la separación de las provincias para formar los estados de Sinaloa y Sonora. Aunque éste apoyó la solicitud de los diputados locales, no podía decretar la separación porque la [[Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824|Constitución federal de 1824]] prohibía todo cambio a la misma antes de completar seis años de vigencia, plazo que se cumpliría el [[4 de octubre]] de [[1830]].

Los argumentos que adujeron los ayuntamientos y los diputados locales para justificar la división del estadoEstado internoInterno de Occidente se reducían a uno solo: la incompatibilidad de los intereses de ambas provincias. Se decía que eran diferentes los climas, "los genios y las costumbres" de sus habitantes, los productos de la tierra y las actividades económicas; tan diferentes, que lo que beneficiaba a una provincia era perjudicial para la otra y viceversa; por tanto, se decía, no era posible que se rigieran por las mismas leyes; por ejemplo, en Sonora debía haber milicias numerosas y bien armadas para defender al pueblo de los indios rebeldes y de los apaches, problema que no existía en Sinaloa, por lo que resultaba ''injusto'' obligar a los sinaloenses a pagar los gastos militares de Sonora. Quienes abogaban por la unión de ambas provincias recordaban que desde hacía un siglo (1733) se habían regido por un mismo gobierno, que sus productos eran complementarios y que lo que faltaba a una lo suplía la otra., Entoncesentonces, era conveniente que siguieran unidas.

Detrás de esta polémica se observa la lucha de ''los notables'' por sus intereses económicos. En términos generales, la división del estado convenía a todos estos grupos porque disminuirían las tensiones de la competencia entre ellos, aumentarían las posibilidades de controlar los poderes locales y de llevar la capital a su propio territorio; sin embargo, en Álamos, el poderoso grupo de los Almada y Salido prefería mantener unidos los territorios si la capital del estado permanecía en su ciudad. En esta contienda, los notables prefirieron presionar por medio de los ayuntamientos a la legislatura para definir su posición. La manifestación de los ayuntamientos del estado en favor de la separación fue muy clara, pues sólo optaron por la unión los de [[Álamos (Sonora)|Álamos]], [[Navojoa]] y [[Huatabampo|Santa Cruz del Mayo]], todos en la zona de influencia de los alamenses. En abril de [[1830]] pidieron por unanimidad la separación, hecho que podemos entender como el resultado de una negociación entre los grupos para delimitar sus esferas de poder, ya que la experiencia les había mostrado que eran incapaces de concertar sus intereses comerciales divergentes.<ref name=bhs_orteganoriega></ref>

La tercera legislatura del estadoEstado internoInterno de Occidente envió una iniciativa al Congreso nacional para que se aceptara su división en dos entidades. El 22 de julio de 1830 la Cámara de Diputados aprobó la ley respectiva y el 7 de septiembre lo hizo la de senadores; sin embargo, la ley no fue publicada hasta el 18 de octubre para respetar el plazo estipulado por la Constitución general de la república.

El 18 de octubre de 1830, Anastacio[[Anastasio Bustamante]] y [[Lucas Alamán]] expidieron el decreto por el que se dio oficialmente la división del Estado de Occidente en los actuales estados de [[Sonora]] y [[Sinaloa]].

Los ''notables'' más afectados por la división del estado eran los de Álamos porque, según la ley, la línea divisoria de ambos estados sería el [[Río Mayo]], por ser el límite entre los distritos de El Fuerte y Horcasitas. El campo de influencia de los notables alamenses se extendía en buena parte del distrito de Horcasitas, su comercio se movía preferentemente por el puerto de [[Guaymas]] y empleaban a los [[yaquis]] como mano de obra; con semejante división quedarían privados de estas ventajas y tendrían que enfrentar al poderoso grupo de notables de Culiacán, cuya fuerza iba en aumento. Para afrontar estos problemas, pidieron al Congreso del estadoEstado internoInterno de Occidente —como vecinos y miembros del ayuntamiento— que segregara su partido del distrito de El Fuerte y lo anexara al de Horcasitas, para que cuando se promulgara la ley de separación quedara Álamos como parte del estado de [[Sonora]]. Los diputados favorables a la petición de los alamenses lograron la mayoría en la legislatura, y el [[30 de septiembre]] de [[1830]] se emitió el ''decreto 169'' por el cual se segregaba el partido de Álamos del distrito de El Fuerte y se anexaba al de Horcasitas. Trece días después se promulgó la ley de separación y el partido de Álamos se perdió para Sinaloa y quedó integrado a Sonora.

La primera legislatura del estado de Sinaloa pidió al Congreso nacional la anulación del ''decreto 169'' del congreso local del estadoEstado internoInterno de Occidente, con base en que la división de los territorios era facultad del Congreso constituyente y no de una legislatura constitucional; alegaba también el empleo de medios "poco decorosos" para la aprobación del decreto. Consta en las actas del Congreso de la nación que el punto se debatió el 13 de enero de 1832 y que hubo argumentos en favor y en contra de la petición de los sinaloenses; sin embargo, la iniciativa no fue votada y el ''decreto 169'' siguió vigente. Así se cumplió la voluntad de los poderosos Almada y Salido para que Álamos fuera parte de Sonora.<ref name=bhs_orteganoriega></ref>