Diferencia entre revisiones de «Accidente de Metrovalencia de 2006»

Finalmente el juicio oral no se celebró porque el 23 de enero de 2020, cuatro días antes del inicio del juicio oral, se alcanzó un acuerdo entre las acusaciones y las defensas por el que cuatro de los ocho directivos de FGV acusados reconocieron su responsabilidad en el accidente y aceptaron la condena rebajada a 22 meses de prisión por 43 delitos de homicidio por imprudencia profesional grave, otros 37 delitos por lesiones y otro de omisión o cooperación necesaria contra el derecho de los trabajadores. Los condenados fueron el exjefe de la Línea 1 de FGV —donde volcó el metro—, Sebastián Argente; el exresponsable de Auditoría para la Seguridad y Circulación, Juan José Gimeno; el ex director adjunto de Explotación, Vicente Contreras; y el ex director técnico, Francisco García. Según el fallo, los cuatro conocían «las deficiencias de seguridad en el tramo subterráneo de esta línea, especialmente entre los tramos de Plaza de España y la estación de Jesús», donde el metro volcó cuando circulaba al doble de la velocidad permitida. A pesar de ello, «omitieron» su obligación de implementar medidas de seguridad tecnológica para controlar la velocidad en esta línea y «neutralizar» los riesgos de descarrilamiento y vuelco de los trenes, así como para resolver otras deficiencias relativas al «material móvil rodante» o la «formación y selección del personal para la tarea de maquinista». «Todos ellos eran conscientes de que tales deficiencias conllevaban un riesgo muy importante para la seguridad de los trabajadores y para los viajeros», concluye la resolución.<ref name=xyz></ref>

 

«Estamos muy satisfechos y orgullosos de haber peleado todo este tiempo. Por fin podemos pasar página»", declararon las víctimas el 27 de enero tras la confirmación por el juez del acuerdo que evitó la celebración del juicio oral y que condenó a los cuatro directivos de FGV. Rosa Garrote, presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (Avm-3J), valoró el acuerdo: «Estamos contentos y satisfechos porque este pacto reconoce ni más ni menos lo que venimos denunciando desde el primer momento y es que la responsabilidad no fue del conductor sino de las personas que tomaron las decisiones, de los directivos de FGV. Es verdad que cuatro de los imputados se quedan fuera de una responsabilidad penal, pero pensamos que el hecho de que se señale a la mala gestión de la empresa, señala también directamente a los ocho, incluida la exgerente de FGV, Marisa Gracia». Beatriz Garrote, hermana de la anterior, se refirió a la condena como «una mínima reparación judicial». «Queda demostrado que hubo una responsabilidad penal y esperamos que nuestro caso sirva para que en próximos accidentes la gestión de los responsables de las empresas, de los políticos y de la justicia, esté a la altura que las víctimas se merecen. Algo que no ha pasado en nuestro caso. Estamos muy satisfechos y orgullosos de haber peleado durante casi 14 años para lograrlo», se felicitó. Por su parte el abogado de la Avm-3J, Vicente Baeza, que actuó como acusación particular, subrayó que los afectados no buscaban «venganza sino justicia».<ref name=xyz></ref>