La inscripción o registro de comerciantes es obligatorio para toda persona jurídica o administrativa que se dedique a ejercer el comercio.
Los registros públicos se suelen clasificar en dos grandes grupos, o categorías, que se conocen cómo ''registros jurídicos'' y ''registros administrativos''. Los primeros (registros jurídicos) son aquellos capaces de crear presunciones jurídicas, ya sean [[iuris tantum]] (admiten prueba en contra) o lo sean [[iuris et de iure]] (presunciones indestructibles). Los segundos (registros administrativos) únicamente ejercen funciones divulgativas, cognoscitivas o de transparencia.
