Diferencia entre revisiones de «Corte Constitucional del Ecuador»

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m →‎Miembros de la Corte: Se inclinó nueva conformación de la Corte, de 2019, y renovación de sus miembros de 2022.
DKPS (discusión · contribs.)
→‎Antecedente Histórico: se ha incrementado información sobre sus antecedentes históricos que permitan ahondar en el rol de la Corte Constitucional
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La '''Corte Constitucional del Ecuador''', según lo establecido en la [[Constitución de Ecuador de 2008|Constitución de 2008]], es el máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional. Es un órgano autónomo e independiente de los demás órganos del poder público con jurisdicción a nivel nacional. Tiene su sede en la ciudad de [[Quito]].
 
La Corte Constitucional del Ecuador tiene la misión de garantizar la vigencia y supremacía de la Constitución así como el pleno ejercicio de los derechos constitucionales y garantías jurisdiccionales.<ref name=":0" />
 
Su accionar se basa en 5 ejes fundamentales:
 
# '''Transparencia e independencia'''
# '''Cero corrupción'''
# '''Celeridad'''
# '''Sentencias de calidad'''
# '''Continuidad de la institucionalidad'''<ref name=":0" />
 
== Antecedente Histórico ==
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=== Conformación 2019 ===
En agosto de 2018, durante el gobierno de [[Lenín Moreno]], se decidió destituir por medio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio a todos los miembros de la Corte Constitucional, los cuales fueron nombrados durante el período de [[Rafael Correa]], dejando por resolver un gran número de asuntos. A principios de 2019, todavía no se había nombrado a sustitutos.<ref name=":0">{{cita noticia|apellidos1=El Telégrafo|título=En la Corte Constitucional están pendientes 13.000 casos|url=https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/nueva-corte-constitucional-casos-represados|fechaacceso=27 de enero de 2019|fecha=28 de diciembre de 2018}}</ref>
 
En noviembre de 2019, el Presidente de la Corte, [[Hernán Salgado Pesantes|Hernán Salgado]], resolvió las acciones constitucionales acerca del Decreto Ejecutivo 813, que reformó el Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público que establece la compra de renuncia obligatoria.