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*[[Caso Terán]]
*[[Informe Terán]]
 
El '''Caso Terán''' fue un [[escándalo]] de [[corrupción política]] ocurrido en el municipio [[España|español]] de [[Sanlúcar de Barrameda]] denunciado el [[7 de julio]] de [[1998]] y consistente, entre otros, en delitos de [[falsedad en documento oficial]] y [[malversación de caudales públicos]], cometidos por parte de algunos miembros del [[Anexo:Composición del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda|Ayuntamiento del municipio]] y de sus familiares entre [[1991]] y [[1993]], durante el mandato del alcalde [[Manuel Vital Gordillo]], del [[PSOE]]. FueSu nombre se debe a que los hechos fueron denunciados por [[Rafael Terán Hidalgo]], funcionario del Ayuntamiento de dicho municipio. un
 
Los hechos denunciados fueron los siguientes:
denuncia del funcionario Rafael Terán Hidalgo en [[1998]] por, entre otros delitos, [[falsedad documental]] y [[malversación de fondos]].
 
*el hecho de queQue el [[IVA]] ingresado al Ayuntamientoayuntamiento por particulares encomo lasconsecuencia de operaciones de ventasventa de terrenos y solares, no se declaraba ni se liquidaba a la Hacienda Pública.
Se denunció:
*queQue todos los presupuestos anuales desde [[1988]] a 1991 se liquidabanhabían liquidado con superávits[[superávit]]s ficticios.
*Pagos ficticios por valor de más de 47.000 y más 9.000 [[euro]]s, por la compra de material y prestación de servicios inexistentes.
 
Las personas denunciadas fueron:
*una serie de pagos por la compra de material informático inexistente,
*el hecho de que el IVA ingresado al Ayuntamiento por particulares en las operaciones de ventas de terrenos y solares no se declaraba ni se liquidaba a la Hacienda Pública
*que todos los presupuestos anuales desde 1988 a 1991 se liquidaban con superávits ficticios
*etc.
 
*'''[[Agustín Cuevas Batista]]''', que en los años que sucedieron los hechos denunciados era concejal delegado de Fomento, fue acusado de abonarse más de 9.000 euros procedentes de un falso convenio, que dotaba con esa cuantía a una escuela taller municipal, en virtud de un supuesto convenio entre la [[Mancomunidad del Municipios del Bajo Guadalquivir]] y la empresa fantasma Nueva Ebanistería [[Bajo de Guía]]. En el documento de este falso pago, además de la firma de Cuevas, figuraban las del alcalde Manuel Vital Gordillo y la del interventor municipal Juan Manuel Castillo Fagúndez.
demanda del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda contra
*[[Manuel Vital Gordillo]]
*[[Agustín Cuevas Batista]]
*[[Ángel Mora Bayón]], primer teniente de alcalde
*[[Juan Manuel Castillo Fagúndez]], interventor municipal
 
*'''[[Manuel Vital Gordillo]]''', alcalde de Sanlúcar, que posteriormente quedó exonerado de cargos judiciales que le imputaton originalmente, gracias a informes caligráficos efectuados por peritos de la [[Guardia Civil]], que certificaron que su firma en los documentos de operaciones bajo sospecha habían sido falsificadas.
*[[2003]] demanda con ellos desestimada por la sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por haber prescrito la acción. En el fallo de la sentencia, se explica que la decisión se toma "en razón del transcurso de más de cinco años entre las fechas en que tuvieron lugar y aquellas en las que los demandados fueron informados de la existencia de un procedimiento instruido contra ellos".
 
*'''[[Juan Manuel Castillo Fagúndez]]''', por entonces interventor municipal, fue acusado de suscribir
==Tribunal de Cuentas==
varios pagos ficticios por la compra de material y por la prestación de servicios de asesoramiento informático, por importe de más de 47.000 euros. Estos pagos se hiceron a varios familiares suyos, con el fin de embolsarse él el dinero.
 
*Como consecuencia de esto último, varios '''familiares de Castillo''' también fueron acusados.
El caso, en Juzgados sanluqueños por la vía penal aunque con menos causas de las originalmente denunciadas,
 
*'''[[Ángel Mora Bayón]]''', primer teniente de alcalde.
fue  elevado al Tribunal de Cuentas en la última legislatura del  socialista Agustín Cuevas, por acuerdo plenario. Se le notificó al  consejero de cuentas, sin embargo, el 17 de julio de 2000. 
 
==Vía contable. Tribunal de Cuentas==
14 hechos denunciados aparecen como hechos probados en la sentencia del Tribunal de Cuentas, hecha pública en noviembre del 2003, aunque fechada el 28 de mayo
 
Por acuerdo plenario, la demanda fue elevada, por la [[vía contable]], al [[Tribunal de Cuentas]] en la última legislatura del alcalde Agustín Cuevas, que terminó en [[1999]]. Sin embargo los demandados no fueron informados hasta el [[27 de abril]] de [[2000]] y el [[Consejero de Cuentas]] no lo fue hasta el [[17 de julio]] de ese mismo año.
Hechos ocurrieron entre los años 1991, 1992 y 1993
 
En [[2003]] este tribunal emitió sentencia sobre el caso fechada el [[28 de mayo]], pero que no se hizo pública hasta noviembre de ese mismo año. En ella, 14 de los hechos denunciados aparecen como hechos probados. No obstante la demanda fue desestimada por la sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por haber prescrito los actos. De este modo la sentencia explica que, entre el momento en que ocurriron los hechos denunciados y la información a los procesados de la existencia de un procedimiento instruido contra ellos, transcurrieron más de cinco años, por lo que los hechos habían prescrito. El tribunal eximió al demandante, el Ayuntamiento, del pago de las costas procesales, teniendo en cuenta que los hechos, aunque prescritos, habían sido probados. Asimismo, en la sentencia fueron desestimadas las alegaciones que los imputados había realizado ante el tribunal:
el conocimiento formal de la existencia de un procedimiento instruido a su nombre por parte de los demandados data del 27 de abril de 2000. Esta diferencia temporal es la que los ha exculpado. 
 
En los fundamentos de Derecho, en cualquier caso, se rebate las alegaciones por parte de los demandados. *'''Agustín Cuevas seBatista''' refirióhabía aalegado la falta de jurisdicción y competencia del Tribunal de Cuentas, loen queel caso, segúnlo la sentencia,cual no procede, puesporque la [[Constitución Española]] establece  ala estecompetencia tribunalde competenciaese tribunal para el enjuiciamiento de las responsabilidades contables. 
 
*'''Manuel Vital Gordillo''' había alegado que el procedimiento debía paralizarse por existir un procedimiento penal abierto por el mismo caso, lo que fue rebatido al existir legalmente compatibilidad entre la jurisdicción contable y la penal.
En cuanto a la alegación de Vital Gordillo de que debía  paralizarse al existir un procedimiento penal, también se rebate  legalmenteal existir compatibilidad entre la jurisdicción contable y  la penal. Por último, "por las especiales circunstancias que concurren  en la litis", no se estima procedente la condena en costas del  demandante, es decir, del Ayuntamiento.
 
==Vía penal. Juzgado de Sanlúcar de Barrameda y Audiencia Provincial de Cádiz==
Denuncian que el Consistorio mantiene al ex interventor procesado por el caso 'Terán'
CC OO afirma que el PP y Alternativa Sanluqueña tiene ahora a Juan Manuel Castillo de director de la Oficina Municipal de Fomento Económico
 
Por la [[vía penal]], el Caso Terán fue instruido en el juzgado de Sanlúcar, aunque con menos causas que las denunciadas por la vía contable. En este caso la acusación particular fue ejercida por Rafael Terán, no por el Ayuntamiento.
P.A/ LA VOZ/SANLÚCAR
 
Los procesados en esta causa por esta vía fueron:
La sombra de la corrupción política vuelve a planear sobre el Ayuntamiento de Sanlúcar. Así, la Unión Local de CC OO emitió un comunicado en el que expresaba su «más profunda indignación por el hecho de que el Gobierno del PP y Alternativa Sanluqueña mantenga como cargo con competencias económicas al ex interventor del Ayuntamiento Juan Manuel Castillo, procesado por malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial a causa del conocido como Informe Terán».
 
*[['''Agustín Cuevas Batista]]'''.
Este sindicato lamentó mediante este escrito que el equipo de Gobierno tuviera a este técnico como interventor del Ayuntamiento después de haber estallado este caso y que, en fechas posteriores, le asignara el puesto de director de la Oficina Municipal de Fomento Económico, donde actualmente sigue manejando dinero público.
*'''Juan Manuel Castillo Fagúndez'''.
*''Eusebio Moreira, funcionario municipal'''.
*''4 familiares del interventor Castillo'''. 2 de ellos fueron exculpados por auto de la Audiencia Provincial de febrero de [[2005]], que dictaminó que sus datos personales habían sido usados para malversar fondos sin su conocimiento.
 
Tras 10 años de instrucción, el juicio por el caso estaba previsto que comenzara en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz el [[7 de julio]] de [[2008]]. Las peticiones del fiscal eran las siguientes:
Al mismo tiempo, la Unión Local de CC OO manifestó en este comunicado «su razonada sospecha de que este caso es sólo la punta del iceberg de una práctica generalizada de irregularidades económicas del equipo de Gobierno». «No en vano, el mandato del PP y Alternativa Sanluqueña ha desembocado en un conflicto laboral sin precedentes en la plantilla del Ayuntamiento que comenzó hace ya más de dos años», recordó CC OO arguyendo a las malas relaciones entre los sindicatos y el Consistorio.
 
* Para '''Agustín Cuevas Batista''', 9 años de prisión por la comisión de delitos de falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos, en operación económica de más 9.000 en el año 1993.
Por todo ello, la Unión Local de CC OO pidió públicamente a los técnicos municipales con competencias en la gestión del dinero de todos los ciudadanos de Sanlúcar «que denuncien las supuestas irregularidades económicas que está promoviendo el equipo de Gobierno, al igual que hizo en su momento de manera ejemplar el funcionario que difundió el Informe Terán, que dio lugar al referido proceso judicial». «Sirva de patético ejemplo de las irresponsabilidades legales del Ayuntamiento con la aprobación todavía pendiente de las cuentas generales del Consistorio correspondientes a los años 2003, 2004, 2005 y 2006», concluyó el comunicado.
 
*Para '''Juan Manuel Castillo Fagúndez''', 20 años y 6 meses de cárcel por comisión de delitos de falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos en la operación anteriormente citada y en operaciones más realizadas en [[connivencia]] con otro empleado municipal, Eusebio Moreira, y dos familiares de Castillo.
El juicio del caso Terán comenzará en la Audiencia Provincial el 7 de julio El fiscal pide para el ex alcalde de Sanlúcar Agustín Cuevas nueve años de prisión. F. Javier Franco / Sanlúcar | Actualizado 22.04.2008 - 11:32
El lunes 7 de julio comenzará en la Audiencia Provincial el juicio del conocido como caso Terán, cuyo fiscal pide para el ex alcalde socialista de Sanlúcar Agustín Cuevas nueve años de prisión por la supuesta comisión de sendos delitos de falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos en una operación económica valorada en algo más de 9.000 euros cuando era concejal delegado de Fomento, en el año 1993.
 
*Para '''Eusebio Moreira''' y '''los 2 familiares de Castillo''', 9 años y 8 meses de prisión.
Lo ha anunciado el Bloque de Progreso, partido al que pertenece actualmente Rafael Terán, el funcionario municipal que en julio de 1998 denunció ciertas irregularidades de la gestión económica del Ayuntamiento sanluqueño en la primera mitad de la década de los noventa, cuando era alcalde Manuel Vital (PSOE). El ex interventor del Consistorio de la ciudad Juan Manuel Castillo se enfrenta a una solicitud del fiscal de veinte años y seis meses de cárcel por la presunta comisión de los mismos delitos que Cuevas en ésa y varias operaciones más realizadas durante tales años "en connivencia" con otro empleado municipal y dos familiares del aludido. Las peticiones de prisión para esos tres procesados son de nueve años y ocho meses. En cuanto a Vital, quedó en su día exonerado de cargos judiciales, habida cuenta de que informes periciales caligráficos efectuados por la Guardia Civil certificaron que sus rúbricas en las operaciones bajo sospecha fueron falsificadas.
 
Sin embargo la vista oral no llegó a celebrarse nunca, porque los abogados defensores de los procesados alcanzaron con el fiscal un acuerdo, por el cual todos los procesados aceptaron en la audiencia su culpabilidad por haberse apropiado de caudales públicos. La acusación tenía en contra que el proceso había sufrido un gran retraso en su intrucción, lo que supondría que en la sentencia se aplicaría la atenuante muy cualificada por dilaciones indebidas, que reduciría las penas finales.
Este proceso judicial se centra, por un lado, en el abono de algo más de 9.000 euros a Cuevas, en aquel momento edil de Fomento, con destino a una escuela taller en virtud de un supuesto convenio de la Mancomunidad del Municipios del Bajo Guadalquivir y la empresa fantasma Nueva Ebanistería Bajo de Guía, figurando su firma junto a las de Vital y Castillo. Este acuerdo y el consiguiente mandato de pago para justificar "no respondían a subvención alguna realizada por el Ayuntamiento, sino que fueron confeccionados por los mismos procesados para dar cobertura a su actuación ilícita", según explica el escrito de calificación del fiscal refiriéndose a Cuevas y Castillo. Por otro lado, el entonces interventor municipal suscribió presuntamente varios pagos con un importe total superior a los 47.000 euros "por la compra de material y por la prestación de asesoramiento informático inexistentes", de tal manera que "incorporó las cantidades definitivamente a su propio patrimonio".
 
De esta manera las penas solicitadas por el fiscal, que iban de 9 a 20 años de prisión, quedaron en la [[sentencia de conformidad]] de la siguiente manera:
El Bloque de Progreso manifestó ayer su "satisfacción por el hecho de que tras diez años de espera se vaya a celebrar el juicio", destacando que "se acumula el trabajo para los abogados defensores de Agustín Cuevas después de su reciente revés en el llamado caso Sanlúcar". De acuerdo con la versión de la formación política en la que milita el funcionario que denunció los hechos, "cuando el PP y el PA pasaron a gobernar en Sanlúcar a partir de 1999 mantuvieron la confianza en Juan Manuel Castillo". "Hay que recordar que el todavía concejal del PP Marco Antonio Caballero incluso llegó a defenderlo públicamente", critica en un comunicado antes de apostillar que "quizá ahora quieran rectificar". Actualmente, gobernando en coalición el PSOE y Ciudadanos Independientes de Sanlúcar (CISanlúcar), Castillo trabaja en la Delegación Especial de La Jara del Ayuntamiento, cuya concejala responsable es la también diputada provincial del PSOE María José Valencia.
 
*Para cada uno de los 5 imputados se establecían penas de 1 año y 10 meses de cárcel por los delitos de malversación y falsedad en documento oficial.
El partido denunciante, que carece de representación municipal, cree que "hay que acabar de una vez por todas con la corrupción en el Ayuntamiento". En este sentido, el Bloque de Progreso añade que "por eso hay que investigar las escandalosas presuntas prácticas ilegales que hayan podido cometer determinados políticos, en algunos casos incluso con la connivencia de ciertos técnicos municipales, al objeto de depurar las correspondientes responsabilidades".
*Inhabilitación de 3 años para Castillo y de 2 años para los otros 4 procesados.
Penas mínimas cierran el caso Terán diez años después de la denuncia
*Pago solidario de una indemnización de cerca de 60.000 euros al Ayuntamiento de Sanlúcar por parte de los imputados.
El ex alcalde de Sanlúcar Agustín Cuevas, el ex interventor municipal Castillo, dos familiares de éste y otro funcionario del Ayuntamiento aceptan en la Audiencia que se apropiaron de caudales públicos
*Abono solidario de las costas derivadas de la acusación popular, ejercida por Rafael Terán.
T. Ramos/F.J. Franco / Cádiz | Actualizado 08.07.2008 - 05:01
 
Estas penas permitieron a 4 de los 5 procesados eludir la entrada en prisión, por no superar los 2 años de cárcel y por carecer de antecedentes penales. En cambio sobre Agustín Cuevas Batista pesaba la sentencia firme por el [[Caso Sanlúcar]], que ya le había ocndenado a 1 año y medio de prisión. De esta manera terminó el Caso Terán, diez años después de la denuncia, con penas mínimas para los culpables.
El caso Terán, el asunto de apropiación de caudales públicos en el Ayuntamiento de Sanlúcar, finalizó ayer en la Audiencia Provincial de Cádiz, diez años después de la denuncia, con penas mínimas para los cinco procesados: el ex alcalde sanluqueño (PSOE) Agustín Cuevas, el ex interventor municipal Juan Manuel Castillo, el funcionario Eusebio Moreira y dos familiares de Castillo. Todos ellos aceptaron el acuerdo alcanzado por sus abogados con el fiscal y evitaron así un juicio en el que se enfrentaban a peticiones que iban de 9 a 20 años de prisión. Muy lejos de esas penas, cada uno será condenado ahora a un año y diez meses de cárcel por los delitos de malversación y falsedad en documento oficial. La sentencia aplicará una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
 
==Enlaces externos==
Las penas, que incluyen el pago de una indemnización de cerca de 60.000 euros al Ayuntamiento de Sanlúcar, permitirán a cuatro procesados eludir la entrada en prisión. No superan los dos años de cárcel y carecen de antecedentes penales. Agustín Cuevas se enfrenta en cambio a una situación que puede llevarle a la cárcel, ya que cuenta con una condena firme del Tribunal Supremo por el caso Sanlúcar, el soborno a un concejal del PP con el que intentó frenar una moción de censura.
 
*[16-10-2003. ''El Tribunal de Cuentas exculpa a dos ex alcaldes de Sanlúcar por el Caso Terán al prescribir los hechos.'']
Cuevas era concejal de Fomento cuando ocurrieron los hechos que dieron lugar al caso Terán. Esa denominación hace referencia a Rafael Terán, el funcionario del Ayuntamiento de Sanlúcar que en 1998, casualmente también un 7 de julio, denunció una serie de irregularidades que había detectado en la gestión económica del Consistorio. Entre otras, que el entonces interventor, Juan Manuel Castillo, firmaba pagos del Ayuntamiento a familiares suyos por compra de material y por prestaciones inexistentes y luego se embolsaba él el dinero (más de 47.000 euros). Terán también descubrió y denunció que el concejal de Fomento, Agustín Cuevas, había cobrado algo más de 9.000 euros que iban destinados a una escuela taller y que fueron justificados con un convenio ficticio.
*[22-04-2008 . FRANCO, F. Javier. ''El juicio del caso Terán comenzará en la Audiencia Provincial el 7 de julio. El fiscal pide para el ex alcalde de Sanlúcar Agustín Cuevas nueve años de prisión. F. Javier Franco / Sanlúcar | Actualizado 22.04.2008 - 11:32''
 
*[08-07-2008. RAMOS, T. y FRANCO, F.J. El ex alcalde de Sanlúcar Agustín Cuevas, el ex interventor municipal Castillo, dos familiares de éste y otro funcionario del Ayuntamiento aceptan en la Audiencia que se apropiaron de caudales públicos.]
La sentencia que elaborará la Sección Cuarta de la Audiencia incluirá en la condena la inhabilitación absoluta de los procesados: a dos años a cuatro y a tres años a Castillo. Los cinco acusados tendrán que abonar las costas de la acusación popular, ejercida por un vecino de Sanlúcar. El Ayuntamiento sanluqueño no se personó en la parte penal de este asunto, que tuvo otra causa ante el Tribunal de Cuentas. Ese procedimiento terminó con el archivo de la denuncia porque el tribunal estimó que había prescrito.
*[El ex alcalde de Sanlúcar, Agustín Cuevas, reconoce que malversó caudales públicos .]
 
En el caso Terán también estuvieron procesados el entonces alcalde de Sanlúcar, Manuel Vital, y otros dos familiares del ex interventor Castillo. Los tres quedaron exculpados. Vital porque su firma fue falsificada en el convenio ficticio que permitió a Cuevas embolsarse los 9.000 euros. Los dos familiares de Castillo porque la Audiencia Provincial consideró en un auto, dictado en febrero de 2005, que sus datos personales habían sido usados para malversar fondos sin su conocimiento.
 
Los cinco procesados le dijeron al tribunal ayer que aceptaban la condena, el acuerdo alcanzado por sus abogados con el fiscal. La única mujer acusada, familiar de Juan Manuel Castillo, lloraba mientras se producía ese trámite en la sala de vistas. Al poco, al salir al pasillo, sufrió una crisis nerviosa.
El ex alcalde de Sanlúcar, Agustín Cuevas, reconoce que malversó caudales públicos
La situación jurídica del ex alcalde socialista de Sanlúcar, Agustín Cuevas, se complica después de llegar a una sentencia de conformidad por la cual acepta una pena de un año y diez meses por malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial. Se trata del caso Terán, nombre con el que se bautizó a la denuncia realizada por un funcionario del Consistorio sanluqueño, que en 1998 detectó irregularidades en la contabilidad de las arcas municipales.
 
La situación de Cuevas se complica porque a este fallo, que en principio no le obligaría a entrar en la cárcel, se suma al año y medio que le cayó por el caso Sanlúcar; otro escándalo político que sacó a la luz el intento de soborno a un concejal del Partido Popular, en una maniobra desesperada por impedir una moción de censura contra él mismo.
 
Esta semana estaba previsto que Cuevas y otros cuatro procesados más fueran enjuiciados por la Audiencia, pero un acuerdo previo entre las defensas y el fiscal hizo que la vista oral se suspendiera definitivamente. La conformidad alcanzada es ventajosa para los acusados, que se enfrentaban a penas de prisión que iban de los nueve a los veinte años. Pero la acusación tenía una circunstancia que jugaba en contra. El proceso había sufrido un gran retraso -han trascurrido diez años- que se iba a cristalizar en la aplicación de la atenuante muy cualificada que reduciría las penas finales. El fallo definitivo, donde se plasmara el acuerdo entre las partes, recogerá esa circunstancia.
 
Los otros procesados que han aceptado la misma pena que el ex alcalde socialista son: un funcionario, un ex interventor municipal y dos familiares de este último.
 
En 1998, cuando Agustín Cuevas era edil de Fomento, un funcionario denunció irregularidades en la gestión municipal. En el caso del ex regidor, el denunciante descubrió que se había embolsado 9.000 euros procedentes de un falso convenio que iba a dotar con esta cuantía a una escuela taller. También demostró que el interventor condenado firmó la compra municipal de una serie de equipamentos y material, cuando en realidad se hacía él con el dinero. Para cerrar el engaño, los compradores eran familiares suyos.
 
==Enlaces externos==
 
{{DEFAULTSORT:Caso Terán}}
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