Diferencia entre revisiones de «Auditoría General de la República»

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La '''Auditoría General de la República de Colombia''' es un organismo de vigilancia de la gestión fiscal de [[Colombia]], dotado de autonomía jurídica, administrativa, contractual y presupuestal, el cual está a cargo del Auditor General de la República de que trata el artículo 274 de la Constitución Política,<ref name="Decreto 272 de 2000">{{cita web|autor=Presidencia de la República|título=Decreto 272 de 2000|url=http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9598|idioma=español}}</ref> por el cuál se determina que «''La vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República se ejercerá por un auditor elegido para períodos de dos años por el Consejo de Estado, de terna enviada por la [[Corte Suprema de Justicia de Colombia|Corte Suprema de Justicia]]. La ley determinará la manera de ejercer dicha vigilancia a nivel departamental, distrital y municipal.''»
 
Corresponde a la Auditoría General de la República ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de la [[Contraloría General de la República]] y de las contralorías departamentales, distritales y municipales. Su misión es coadyuvar a la transformación, depuración y modernización de los órganos instituidos para el control de la gestión fiscal, mediante la promoción de los principios, finalidades y cometidos de la función administrativa consagrados en la [http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 Constitución Política], el fomento de la cultura del autocontrol y el estímulo de la participación ciudadana en la lucha para erradicar la corrupción (artículo 3). La coadyuvancia en el control fiscal se entiende como la acción de colaborar, apoyar y acompañar a las contralorías, facilitando recursos y apoyo técnico, científico, académico o práctico que contribuya a los procesos de mejoramiento de las mismas.
 
== Funciones ==
La figura de la Auditoría General de la República nació en la constituyente de 1991 por medio de la asignación de un auditor para la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República. De esta forma, la Constitución Política se ocupó de garantizar la vigilancia de los órganos que ejercen control fiscal en el país facultando a una entidad especializada y autónoma para ello, con el fin de velar por la transparencia y eficacia del proceso.
 
Posteriormente, la Ley 106 de 1993 le dio por primera vez organización administrativa a la Auditoría y la adscribió al Despacho del Contralor General, acción que sería declarada inexequible en la Sentencia C-499 del 15 de septiembre de 1998<ref name="Sentencia C-499 de 1998">{{cita web|título=Sentencia C-499 de 1998|url=http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-499_1998.html}}</ref> , puesto que equivaldría una subordinación y dependencia de la Auditoría a la Contraloría que en este caso es el sujeto vigilado. Esta sentencia le devolvió la independencia a la entidad y por consiguiente la posibilidad de ejercer un control libre e imparcial de la función. Por lo anterior se dotó a la entidad de autonomía administrativa, presupuestal y jurídica.
 
 
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