Diferencia entre revisiones de «Fueros de Aragón»

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=== La prohibición de la tortura y la "manifestación de personas" ===
En el [[Reino de Aragón]] la [[Tortura en España|tortura]] de personas aforadas fue prohibida en 1325 por la ''[[Privilegio General|Declaratio Privilegii generalis]]'' aprobada por el rey [[Jaime II de Aragón|Jaime II]] en las [[Cortes de Aragón]] reunidas en Zaragoza, con la única excepción del delito de falsificación de moneda siempre que fuera cometido por «personas estranyasestrañas del reynoreino de Aragón, o vagabundos del regnoreino, que algunos bienes en el regnoreino no ayanhayan, o en hombre de vil condición de vida o de fama, y no en otros algunos». Como destacó el jurista [[Miguel de Molino]] en 1513: «Et ista est una de magnibus libertatibus Aragoniae».{{sfn|Tomás y Valiente|2000|pp=210-211}}
 
La prohibición fue realmente efectiva gracias al derecho que poseían los aforados aragoneses (ricos hombres, mesnaderos, caballeros, infanzones, ciudadanos y hombres de villas honrados){{sfn|Savall y Dronda|Penén y Debesa|1866|loc=Lib. I, pp. 16-20}} denominado "[[Manifestación de personas]]", anterior al [[Habeas Corpus]] del derecho inglés al que se asemeja, y que perseguía, según el jurista del siglo XVIII [[Juan Francisco La Ripa]], «librar a la persona detenida en sus cárceles [en las de los jueces reales] de la opresión que padeciese con tortura o [de] alguna prisión inmoderada». El derecho consistía en que el Justicia de Aragón podía ordenar a un juez o a cualquier otra autoridad que le entregara —«manifestara»— a un aforado detenido con el fin de que no se cometiera ninguna violencia contra él antes de dictarse la sentencia, y sólo tras dictarse ésta y haberse cerciorado de que la misma no estaba viciada, el Justicia devolvía al reo para que cumpliera su castigo. El juez u otra autoridad que se negaran a ''manifestar'' al preso incurrían en [[contrafuero]]. De esta forma se evitaba que el reo fuera torturado. {{sfn|Tomás y Valiente|2000|pp=211-212}} Este derecho no se aplicaba a los siervos de los señores aragoneses, sobre los que sus amos tenían una jurisdicción absoluta.{{sfn|Sarasa Sánchez|1988|pp=334-335}}
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