Guerra entre vicuñas y vascongados

guerra civil entre vascongados y otros españoles en la Bolivia del siglo XVII

La guerra entre vicuñas y vascongados fue un conflicto social, político y bélico en el Alto Perú, actual Bolivia, que se extendió entre junio de 1622 y marzo de 1625 y que vio enfrentarse a una serie de grupos de poder o redes clientelares, agrupadas en función de su origen étnico o geográfico. Así, se contaban «los vascos», «los andaluces», «los castellanos», «los extremeños» y otros grupos menos numerosos o menos organizados e influyentes, pero estas denominaciones no designan al conjunto de las poblaciones originarias de cada lugar y residentes en la ciudad del Potosí, sino a redes clientelares y grupos de sicarios formadas en torno a personajes destacados que pugnaban por el control político y económico de la ciudad y sus minas de plata. La banda o facción de los vascos alcanzó poco a poco mayor predominio en Potosí, de modo que las restantes bandas –castellanos, andaluces, extremeños y otras– tuvieron que coaligarse para evitar ser barridas. Los coaligados fueron denominados «los vicuñas» —un término informal con origen en el hábito de vestir sombreros hechos de piel de vicuña—.[1][2]

Potosí en la Parte primera de la Crónica del Perú (1553), de Pedro Cieza de León.

A principios del siglo XVII ambas facciones, vascos y vicuñas, se enfrentaban por el control de las minas de plata del Cerro Rico de Potosí, Lípez y Chichas.[2]​ Los vicuñas emplearon en un primer momento medidas legales y políticas para intentar bloquear los esfuerzos vascongados de monopolizar el Cabildo de Potosí y el sector minero, pero éstas resultaron infructuosas. La tensión aumentó dentro del asentamiento y desde 1615 se sucedieron los incidentes violentos, que se intensificaron en 1622 después del asesinato de un vasco en plena calle.[3][4]

Antonio Xeldres dirigía a los vicuñas,[5][6]​ junto a los que se alinearon en gran medida los criollos, los mestizos y las poblaciones indígenas.[2]​ Sin embargo, los mismos vicuñas no se encontraban siempre en concordia, y de hecho sufrieron riñas internas entre andaluces por un lado y castellanos y extremeños por otro, provocando que el primer grupo acabase por retirar su apoyo a la rebelión.[1]

La guerra dividió también a los miembros de la administración virreinal, ya que algunos eran partidarios de la hegemonía vascongada mientras otros mantenían un enfoque conciliador respecto a las reivindicaciones de los insurrectos. Las personalidades involucradas en el conflicto incluían al presidente y los oidores de la Real Audiencia de Charcas, los funcionarios de la tesorería, el corregidor de Potosí y el visitador.[1]

Los insurgentes vicuñas habían matado a 64 hombres antes de marzo de 1624, pero no consiguieron resquebrajar el dominio vascongado sobre la villa y las minas. Los dirigentes vascos imploraron la intervención del rey Felipe IV, que ordenó al virrey del Perú Diego Fernández de Córdoba proceder con determinación contra los vicuñas.[4]​ Entre 1624 y 1625, las autoridades virreinales lograron capturar a varios de los cabecillas más importantes entre los rebeldes, ejecutando a cuarenta de ellos.[1]

La contienda había durado cuatro años, y no concluyó por la victoria decisiva de uno de los bandos, sino más bien por resultado del agotamiento mutuo.[3]​ En el acuerdo que puso fin a las hostilidades se arregló un matrimonio entre la progenie de dos de los líderes de ambas facciones, el hijo del vasco Francisco Oyanume y la hija del general vicuña Francisco Castillo.[4][5]​ En abril de 1625 fue emitido un real decreto concediendo el perdón a todos los combatientes vicuñas, exceptuando a los que hubieran cometido delitos de sangre.[4]​ Algunos vicuñas continuaron las actividades de bandolerismo en los años siguientes, pero ya sin las connotaciones étnicas o políticas que habían tenido durante la guerra contra los vascos.[5]​ La rivalidad entre ambos bandos proseguiría, sin embargo, durante un siglo más.[2]

El 15 de marzo de 1626, los ingenios de Potosí fueron arrasados por una inundación a gran escala, en un evento que fue interpretado como un castigo divino por las pasadas violencias.[1]

La historiografía contemporánea ha querido enfatizar las contradicciones socioeconómicas como un catalizador del conflicto, enmarcándolo como una lucha de clases.[1]

Referencias editar

  1. a b c d e f Domínguez, Nicanor J. (2006). Rebels of Laicacota: Spaniards, Indians, and Andean Mestizos in Southern Peru During the Mid-Colonial Crisis of 1650-1680 (tesis doctoral) (en inglés) (67–11). Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. p. 137. ISBN 0-5429-8830-5. 
  2. a b c d González Moscoso, René (1989). Breve historia de las ideas políticas en el mundo y en Bolivia (2.ª edición). Sucre: Editorial Tupac Katari. pp. 119-20. OCLC 9622200. 
  3. a b Cole, Jeffrey A. (1985). The Potosí Mita, 1573–1700: Compulsory Indian Labor in the Andes (en inglés). Stanford University Press. p. 50. ISBN 0-8047-6579-0. 
  4. a b c d Azcona Pastor, José Manuel; Douglass, William A. (2004). Possible Paradises: Basque Emigration to Latin America (en inglés). Reno: University of Nevada Press. pp. 208-9. ISBN 0-8741-7444-9. 
  5. a b c Douglass, William A.; Bilbao, Jon (2005). Amerikanuak: Basques in the New World (en inglés). Reno: University of Nevada Press. pp. 82-83. ISBN 0-8741-7625-5. 
  6. Navarro Viola, Miguel; Quesada, Vicente G. (1865). La Revista de Buenos Aires: historia americana, literatura y derecho. Periódico destinado á la República Argentina, la Oriental del Uruguay y la del Paraguay 7. Buenos Aires: Imprenta de Mayo. p. 347. 

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