Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria

Autoridad de Resolución Ejecutiva
(Redirigido desde «FROB»)

El FROB, Autoridad de Resolución Ejecutiva, (anteriormente, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria)[3]​ es la autoridad encargada de gestionar los procesos de resolución de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión en su fase ejecutiva en España.

FROB
FROB logo.png
Autoridad de Resolución Ejecutiva

Información general
Acrónimo FROB
Tipo Entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada para el desarrollo de sus fines[1]
Fundación 27 de junio de 2009[2]
País EspañaFlag of Spain.svg España
Sede Avda. General Perón, 38
Madrid, EspañaFlag of Spain.svg España
Organización
Presidente Jaime Ponce Huerta
Sitio web

Fue creado con motivo de la crisis financiera de 2008. En origen, tuvo por objeto gestionar los procesos de reestructuración del sistema financiero y contribuir a reforzar sus recursos propios en los procesos de integración entre entidades.

En la actualidad, y desde la aprobación de la Ley 11/2015, el FROB es la autoridad española de resolución ejecutiva, financiada exclusivamente con contribuciones privadas de las entidades y que se integra en la red europea de autoridades liderada desde Bruselas por la Junta Única de Resolución (JUR).

Desde el 17 de julio de 2015, el presidente del FROB es Jaime Ponce Huerta.[4]

Naturaleza jurídica, organización y financiaciónEditar

El FROB es una entidad de Derecho público que tiene por objeto gestionar los procesos de resolución de las entidades en su fase ejecutiva. El régimen jurídico bajo el que el FROB desarrolla su actividad es el contenido en la Ley 11/2015, de 18 de junio de 2015, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.

Está regido y administrado por una Comisión Rectora integrada por once miembros:

Asistirán, asimismo a las sesiones de la Comisión Rectora, con voz pero sin voto, un representante designado por el Interventor General de la Administración del Estado y otro por el Abogado General del Estado - Director del Servicio Jurídico del Estado.

Hasta 2015, el Presidente de la Comisión Rectora era el subgobernador del Banco de España.[5]​ De 2009 a 2012 el presidente fue Javier Aríztegui y de 2012 a 2015, Fernando Restoy. Desde la entrada en vigor de la Ley 11/2015, es nombrado y separado por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad.[6]​, oídas las autoridades de supervisión, y previa comparecencia ante la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados

El FROB fue dotado inicialmente con recursos públicos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado. La dotación inicial del FROB ascendió a 9.000 millones de euros, que se amplió en 6.000 millones adicionales conforme a la DA 4ª del Real Decreto Ley 2/2012. Asimismo, podría incrementar dichos fondos propios a través de la capitalización de préstamos, créditos o cualquier otra operación de endeudamiento en las que la Administración General del Estado figure como acreedora. Adicionalmente, para el cumplimiento de sus fines, el FROB ha captado financiación a través de emisiones de deuda con aval del Estado (actualmente amortizadas), y un préstamo del Estado en 2012 destinado a la ejecución del programa de asistencia europea para la recapitalización de las entidades de crédito españolas. El 3 de diciembre de 2012 el Estado español concedió al FROB un préstamo destinado a la ejecución del programa de asistencia financiera europea para la reestructuración del sistema financiero español por un total de 41.333M€. [7]​ Dicho préstamo permitió canalizar los fondos del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) al Reino de España y, posteriormente al FROB, hasta las entidades de crédito españolas. En 2013, 2017 y 2020 se acordaron, previa autorización del MEDE, conversiones parciales del préstamo en aportación patrimonial al FROB por importe agregado de 33.170 M€, siendo el saldo vivo actual de 7.456 M€[8]

La Ley 11/2015 introdujo la denominada “tasa por las actividades realizadas por el FROB como Autoridad de Resolución” [9]​ para la cobertura de los gastos de funcionamiento de la entidad y que es exigida a las entidades obligadas a contribuir bien al Fondo Único de Resolución bien al Fondo de Resolución Nacional. Por tanto, su financiación actual deriva exclusivamente de las contribuciones privadas de las entidades.

OrigenEditar

En paralelo a la crisis financiera internacional de 2008, pero con características singulares, se desencadenó en el sector bancario español una crisis de intensidad y efectos desconocidos en la historia reciente. En 2008, el foco minorista del modelo de negocio del sector financiero español parecía alejarlo inicialmente de los impactos derivados de la comercialización de los denominados [[activos tóxicos], procedentes de la estructuración y venta de productos complejos. Sin embargo, los problemas de confianza en los mercados interbancarios mundiales afectaron rápidamente a la capacidad de financiación del sistema.

Las medidas en España inicialmente se centraron en atajar los problemas de liquidez y fueron similares a las adoptadas en otros países de la UE. En octubre de 2008 se aprobaron una serie de decretos ley con medidas para:[10]

  • la adquisición pública de activos bancarios, mediante la creación del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros (Real Decreto Ley 6/2008, de 10 de octubre) con una dotación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, por un importe de 30.000 millones de euros, ampliable hasta un máximo de 50.000 millones de euros.
  • el otorgamiento de avales del Estado que favoreciesen las operaciones de financiación de las entidades de crédito (Real Decreto Ley 7/2008, de 13 de octubre).

En marzo de 2009 el Banco de España ordenó la primera intervención en una entidad de crédito, Caja Castilla-La Mancha, tras incumplir con el requisito de capital mínimo regulatorio exigido por el supervisor [11]​ .Su intervención se realizó con instrumentos que se pueden considerar estrictamente previos a la constitución del FROB: medidas de intervención y sustitución de administradores que podía acordar el Banco de España y actuación de los fondos de garantía de depósitos sectoriales. Sin embargo, este marco legal de gestión de crisis se manifestó como insuficiente ya en 2009, y con el Real Decreto Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito se dio un primer paso para la configuración de un nuevo modelo de gestión pública de las crisis bancarias, constituyendo el FROB[12]​.

El Real Decreto Ley 9/2009, estuvo vigente hasta el 31 de agosto de 2012, fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley 24/2012. A su vez, este último Real Decreto Ley fue derogado por la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito[13]​. En la actualidad, el régimen jurídico bajo el que el FROB desarrolla su actividad es el contenido en la Ley 11/2015, de 18 de junio de 2015, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.[14]


Evolución normativaEditar

Real Decreto Ley 9/2009Editar

El Real Decreto Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), para la gestión de los procesos de reestructuración de entidades y el reforzamiento de sus recursos propios cuando acometieran procesos de integración. El decreto diferenciaba entre «procesos de reestructuración», para aquellas entidades que presentasen debilidades en su situación económico-financiera que, en función de la evolución de los mercados, pudieran poner en peligro su viabilidad; y «procesos de integración», para aquellas entidades que, sin estar en las circunstancias anteriores, sí necesitaran reforzar sus recursos propios con la finalidad de llevar a cabo procesos de integración. En caso de que se contemplase la necesidad de reestructurar una entidad de crédito, siempre que no existiese una solución privada que permitiera por sí misma el reforzamiento de la solvencia, la entidad presentaría un plan de actuación, a aprobar por el Banco de España, concretando las acciones previstas para superar la situación (entre otras, reforzar su patrimonio y su solvencia; su fusión o absorción; o el traspaso total o parcial del negocio). El fondo de garantía de depósitos sectorial correspondiente debía apoyar el plan. Si la situación de debilidad persistía, se procedía a la reestructuración con intervención del FROB. En estos casos se sustituía a los gestores de la entidad afectada para la designación del FROB como administrador provisional. En el plazo de un mes, ampliable a seis, el FROB debía elaborar un informe sobre la situación patrimonial y viabilidad de la entidad y someter un plan de reestructuración a la aprobación del Banco de España. El plan debía tener por objeto bien la fusión de la entidad o bien el traspaso total o parcial de su negocio. Y, lo más importante, el plan podía contemplar medidas de apoyo financiero por parte del FROB, como la concesión de garantías, préstamos o la suscripción o adquisición de valores representativos de recursos propios. Asimismo, aquellas entidades que, sin encontrarse en una situación de debilidad que justificara su reestructuración tuvieran previsto acometer procesos de integración, podían contar con el apoyo financiero del FROB. Este se otorgaba bajo el entendimiento de que existía una insuperable dificultad de obtención de recursos en los mercados. Las integraciones incluyeron, además de las fusiones tradicionales, los denominados SIP, con efectos asimilables a los generados en un proceso de fusión, al exigir la mutualización de resultados, solvencia y liquidez, y su configuración en torno a una entidad de crédito central.

Ley 9/2012Editar

El 31 de agosto de 2012 se aprobó y entró en vigor el Real Decreto Ley 24/2012, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que posteriormente sería transformado por el Congreso de los Diputados en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. La norma estableció una serie de objetivos que deberían perseguir los procesos de reestructuración y resolución ordenada de las entidades de crédito, entre los que destacan: asegurar la continuidad de las funciones esenciales de las entidades; evitar efectos perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero y asegurar la utilización más eficiente de los recursos públicos, minimizando los apoyos financieros. El nuevo régimen de resolución suponía la existencia de tres niveles de gestión. Estos llevaban asociados medidas de diversa intensidad que los poderes públicos podían aplicar en función de la gravedad de las dificultades que atravesasen las entidades de crédito:

  1. Actuación temprana: en esta fase se trataba de atajar la situación de aquellas entidades en dificultades transitorias, pero con capacidad de retornar por sus medios al cumplimiento de requerimientos regulatorios básicos.
  2. Reestructuración: se previó para entidades que requerían apoyo financiero público para garantizar su viabilidad. Era imprescindible que se dieran elementos objetivos que hicieran razonablemente previsible que dicho apoyo fuera reembolsado o recuperado en un plazo máximo de 5 años, con una posible prórroga de 2 años adicionales.
  3. Resolución: aplicable a las entidades de crédito en las que concurrieran simultáneamente las dos circunstancias siguientes:
    1. la entidad era inviable o era razonablemente previsible que fuera a serlo en un futuro próximo.
    2. por razones de interés público, resultaba necesario o conveniente acometer la resolución de la entidad para alcanzar alguno de los objetivos de la resolución.

Uno de los aspectos más relevantes que introdujo la Ley 9/2012 fue el fortalecimiento de los poderes de intervención del FROB y una clarificación de sus responsabilidades para gestionar los procesos de reestructuración y resolución de las entidades de crédito. El FROB estaría facultado para determinar el valor económico de la entidad o sus activos y pasivos; requerir a cualquier persona información necesaria para la preparación o adopción de cualquier medida o instrumento de reestructuración o resolución; ordenar la transmisión de instrumentos representativos del capital; aumentar o reducir capital; realizar acciones de gestión de híbridos; determinar los instrumentos en que se concreten las medidas o disponer el traspaso de valores depositados en una entidad. Uno de los instrumentos de reestructuración y resolución más destacados que preveía la ley era el relativo a la utilización de las llamadas sociedades de gestión de activos (para más detalle, ver 4.4 Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb).

Ley 11/2015Editar

A nivel europeo, la puesta en marcha del proyecto de la Unión Bancaria en 2012 se vio impulsado en noviembre de 2014 con el establecimiento del Mecanismo Único de Supervisión, y la entrada en funcionamiento del Mecanismo Único de Resolución en enero de 2015. En España, la adaptación al nuevo marco legislativo que supuso la Unión Bancaria se acometió mediante la aprobación de la vigente Ley 11/2015, de 18 de junio. Esta ley supone una continuación de los principios e instrumentos de resolución presentes en la legislación previa a la vez que incorpora novedades importantes:

  • establece la fase preventiva y de planificación de la resolución, que se atribuye al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
  • constituye el Fondo Único de Resolución (FUR) como instrumento que, financiado previamente por los propios bancos, debe ser empleado para evitar la utilización de recursos públicos
  • articula la participación española en el nuevo marco institucional al objeto de cumplir con el principio previsto en la Directiva de Resolución de separación entre funciones supervisoras y de resolución. (Para más detalle ver 5. El FROB dentro de la Unión Bancaria: 2015 hasta la actualidad)


Actuaciones (2009-2014)Editar

Primera ronda de actuaciones (FROB I)Editar

El FROB inició el proceso para la prestación de apoyos financieros en marzo de 2010. En este ejercicio intervino en siete procesos de integración y en un proceso de reestructuración, concediendo apoyo financiero solicitado por las entidades en forma de participaciones preferentes convertibles para facilitar las fusiones de las cajas de ahorros. Este conjunto de actuaciones en 2010 se conoce como FROB I y en él se concedieron 9.674 millones de euros en participaciones preferentes convertibles en 7 procesos diferentes de integración:[15]

Entidad Importe Formato de ayudas Fecha del acuerdo
Caja España-Duero 525 millones Participaciones preferentes convertibles Marzo de 2010
CatalunyaCaixa 1250 millones Participaciones preferentes convertibles Marzo de 2010
Banco Financiero y de Ahorros (BFA) 4.465 millones Participaciones preferentes convertibles Junio de 2010
Banco Mare Nostrum (BMN) 915 millones Participaciones preferentes convertibles Junio de 2010
Novacaixagalicia 1.162 millones Participaciones preferentes convertibles Junio de 2010
Unnim Caixa 380 millones Participaciones preferentes convertibles Marzo de 2010
Banca Cívica 977 millones Participaciones preferentes convertibles Diciembre de 2010

Adicionalmente, en el marco del proceso de reestructuración de CajaSur, el FROB suscribió 800 millones en cuotas participativas que fueron amortizadas en el mismo año.[15]

Segunda ronda de actuaciones (FROB II)Editar

Con el paso del tiempo, se puso de manifiesto que este primer apoyo solicitado por las entidades no había sido suficiente, ya que se identificaban problemas de solvencia en el sector. Como resultado de ello, se incrementaron los requisitos de capital a la banca, y en paralelo, para contribuir a que algunos de los grupos pudieran cumplir con esos nuevos requisitos, el FROB suscribió acciones por importe de 5.181M€ a través del programa FROB II. Este nuevo programa de recapitalización de entidades estuvo muy vinculado al proceso de «bancarización» de las cajas de ahorros.

Las entidades en las que el FROB inyectó capital fueron: [15]

Entidad Importe Fecha del acuerdo
Catalunya Banc (Caixes d'Estalvis de Catalunya, Tarragona y Manresa) 1.718 millones Septiembre de 2011
NCG Banco (Caixa Galicia y CaixaNova) 2.465 millones Septiembre de 2011
Banco de Valencia 998 millones Junio de 2012
Unnim Banc Caixes d'Estalvis Comarcal de Manlleu, Sabadell y Terrassa)

Si bien el FROB procedió a la suscripción de 568 millones de euros en septiembre de 2011, el coste final de esta ayuda fue asumido por el FGD

568 millones Septiembre de 2011

Tercera ronda de actuaciones (FROB III)Editar

La tercera ronda de actuaciones hace referencia a las ayudas posteriores a la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. Fueron en total 39.078 millones de euros (37.943 millones de aportaciones de capital más 1.135 millones de CoCos). De ellos, 38.833 millones fueron aportados en el marco del Programa de Asistencia Financiera (los 245 millones de aportación de capital a a Banco Gallego no procedieron de fondos del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

Las entidades afectadas fueron:[15]

Entidad Importe Formato de ayudas Fecha del acuerdo
Banco de Valencia 4.500 millones Capital Diciembre de 2012
Banco Financiero y de Ahorros (BFA)-Bankia 17.959 millones Capital Diciembre de 2012
Catalunya Banc (heredero de CatalunyaCaixa) 9.084 millones Capital Diciembre de 2012
NCG Banco (heredero de NovaCaixaGalicia) 5.425 millones Capital Diciembre de 2012
Banco CEISS (heredero de Caja España-Duero) 604 millones CoCos Diciembre de 2012
Banco Mare Nostrum (BMN) 730 millones Capital Diciembre de 2012
Caja3 407 millones CoCos Diciembre de 2012
Liberbank 124 millones CoCos Diciembre de 2012
Banco Gallego 245 millones Capital Abril de 2013

En diciembre de 2014, los 124 millones de euros de obligaciones obligatoriamente convertibles fueron amortizados anticipadamente por Liberbank.

La amortización, por parte de Ibercaja Banco, de las obligaciones obligatoriamente convertibles que recibió Caja3 se realizó de la siguiente manera: 20,4 millones de euros en marzo de 2016, 163 millones de euros en diciembre de 2016 y 223,6 millones de euros en marzo de 2017.

En agosto de 2017, Unicaja Banco devolvió la totalidad de los 604 millones de euros de ayudas públicas recibidas en forma de capital como obligaciones contingentes convertibles por EspañaDuero.

Garantías concedidasEditar

En el marco de los procesos de venta o integración de entidades, el FROB otorgó además garantías con el objetivo de maximizar el precio de venta. Las garantías cubrían contingencias muy diferentes. Algunas estaban dirigidas a acotar el volumen de pérdidas respecto de ciertas carteras de préstamos; otras tenían como objetivo bien evitar ciertos riesgos al comprador, bien compartir con él el coste de determinados litigios o contingencias.

A 31 de diciembre de 2019, la estimación del coste de las garantías era el siguiente: 831 millones de euros por los Esquemas de Protección de Activos (EPA) (439 correspondientes a Banco de Valencia y 392 a CajaSur) y 1.495 millones de euros por las otras garantías otorgadas (547 correspondientes a Catalunya Banc, 430 a Banco CEISS, 352 a NCG Banco y 166 a Banco de Valencia). Se debe tener en cuenta que, en dicha fecha, algunas garantías continuaban vivas. Por tanto, hasta que no finalicen todas las garantías no se podrá conocer el coste definitivo total.

Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb)Editar

Una de las principales dificultades a las que se enfrentaba el sector financiero en el ejercicio 2012 era la elevada exposición al sector inmobiliario y su correcta valoración. Sareb fue creado para facilitar la gestión de los activos inmobiliarios especialmente dañados. Su cometido fundamental era permitir la concentración en una sociedad de esos activos especialmente dañados o cuya permanencia en los balances de las cedentes se considerase perjudicial para la viabilidad de estas, a efectos de facilitar su gestión especializada y logrando que, desde su transmisión, se produjese una traslación efectiva de los riesgos vinculados a estos activos.[16]

FROB suscribió capital y deuda subordinada de la sociedad por valor de 2.192 millones de euros. A la Sareb se traspasaron alrededor de 200.000 activos inmobiliarios problemáticos, a un precio de transferencia de 50.700 millones de euros y con un horizonte temporal de 15 años para su liquidación. El uso de esta herramienta permitió reducir las necesidades de recapitalización del sector financiero en 1.300 millones de euros y saneó sus balances, gracias a lo cual se recuperó la confianza en las entidades y permitió a sus gestores recuperar la atención y los esfuerzos en el negocio ordinario. La deuda sénior emitida por la Sareb, por 50.700 millones de euros, contó con el aval del Tesoro Público

TotalesEditar

Las ayudas financieras aportadas a las entidades por el FROB para su recapitalización, bien mediante aportaciones al capital o bien a través de la suscripción de instrumentos híbridos (participaciones preferentes, instrumentos contingentemente convertibles-CoCos- o cuotas participativas) desde 2009 ascienden a 56.545 millones de euros

Desglose de las ayudas por conceptos y entidades:[17]

 

 

Millones

Ayudas

RECAPITALIZACIÓN

GARANTÍAS

 

 

TOTAL

 

Capital

 

Híbridos

 

Total

 

EPA

 

Otras garantías

 

Total

BFA-

Bankia

 

17.959

 

4.465

 

22.424

 

-

 

-

 

-

 

22.424

CX

10.802

1.250

12.052

-

547

547

12.599

CAM*

-

-

-

-

-

-

-

NCG

7.890

1.162

9.052

-

352

352

9.404

B. Valencia

5.498

-

5.498

439

166

605

6.103

Unnim*

-

-

-

-

-

-

-

BMN

730

915

1.645

-

-

-

1.645

Ceiss

-

1.129

1.129

-

430

430

1.559

CajaSur

-

800

800

392

-

392

1.192

B. Cívica

-

977

977

-

-

-

977

Caja3

-

407

407

-

-

-

407

B. Gallego

245

-

245

-

-

-

245

Liberbank

-

124

124

-

-

-

124

Sareb

540

1.652

2.192

-

-

-

2.192

 

TOTAL

 

43.664

 

12.881

 

56.545

 

831

 

1.495

 

2.326

 

58.871

Recuperaciones

A fecha 2019, se han recuperado un total de 5.917 M€, que se desglosan como sigue: importes recuperados de los procesos mediante la amortización de las participaciones preferentes, cuotas participativas y CoCos, que ascienden a 2.912 millones de euros; importes obtenidos por ventas de entidades participadas, a 1.565 millones de euros y remuneración por intereses de los instrumentos de deuda suscritos y por comisiones, por un total de 1.440 millones. Las ayudas definitivamente recuperadas dependerán de la evolución y desinversión final de las participadas (BFA-Bankia y Sareb). Estas cifras no incluyen los importes obtenidos por la venta de un 7,5% de Bankia en febrero de 2014 y de un 7% en diciembre de 2017 (2.122 M €), ni los dividendos de los ejercicios 2014 a 2019, en tanto que permanecen en BFA, matriz de la entidad.[17]


 

Amortizaciones   Instrumentos híbridos

Ventas de Acciones

Intereses y comisiones

TOTAL

BFA-

Bankia

 

-

 

-

 

346

 

346

CX

-

782

99

881

CAM*

-

-

34

34

NCG

-

783

90

873

B. Valencia

-

-

42

42

Unnim*

-

-

34

34

BMN

-

-

143

143

Ceiss

604

-

322

926

CajaSur

800

-

3

803

B. Cívica

977

-

165

1.142

Caja3

407

-

143

550

B. Gallego

-

-

-

-

Liberbank

124

-

19

143

Sareb

-

-

-

-

 

TOTAL

 

2.912

 

1.565

 

1.440

 

5.917

El FROB dentro de la Unión Bancaria: 2015 hasta la actualidadEditar

En 2014, el marco institucional de la Unión Bancaria inició oficialmente su andadura con la puesta en marcha del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) y el diseño definitivo del Mecanismo Único de Resolución (MUR), del que el FROB forma parte.

En España, la adaptación a este nuevo marco se acometió mediante la aprobación de la vigente Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.

El MUR[18]​ consiste en un sistema de resolución centralizado, conformado por las autoridades nacionales de resolución y una autoridad única, la Junta Única de Resolución[19]​ (JUR), agencia europea a la que se cedieron buena parte de las competencias de los Estados miembros en materia de resolución. A dichas autoridades se unen el Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea y el Consejo en los términos establecidos en el Reglamento del MUR. Asimismo, el MUR cuenta con un Fondo Único de Resolución (FUR)[20]​ recaudado y gestionado por la JUR con contribuciones de todas las entidades de la Unión Bancaria para ser empleado en caso de resolución.

Desde la creación de la JUR, es esta la encargada del funcionamiento eficaz del Mecanismo y la responsable directa de la resolución de las entidades significativas de la zona del euro[21]​:.

En España, la Ley 11/2015 configuró un nuevo marco institucional que cumpliera con el principio previsto en la Directiva de Resolución de separación entre funciones supervisoras y de resolución. El modelo español distingue entre dos tipos de autoridades de resolución nacionales: las autoridades de resolución preventiva, responsables de la fase preventiva de la resolución, y la autoridad de resolución ejecutiva, responsable de la fase de ejecución. Son tres las autoridades de resolución nacionales:

  • Una autoridad de resolución ejecutiva, el FROB, que se encarga de la ejecución de las decisiones de resolución adoptadas por la JUR para las entidades significativas y del ejercicio directo de estas competencias para las entidades diferentes de las anteriores. Además, ejerce la representación española en la Junta y es la autoridad de contacto y de coordinación a escala internacional. El FROB también recauda las contribuciones de todas las entidades españolas al FUR y gestiona el Fondo Nacional de Resolución, nutrido con las contribuciones de las empresas de servicios de inversión no incluidas en grupos de entidades de crédito.
  • Dos autoridades de resolución preventiva, el Banco de España y la CNMV, que son responsables de la elaboración de los planes de resolución de las entidades de crédito menos significativas y de las empresas de servicios de inversión, respectivamente. El Banco de España también colabora con la JUR en la elaboración de los planes de resolución de las entidades significativas[22]​.

El marco institucional español lo completa el Fondo de Garantía de Depósitos, que tiene una función vital en caso de inviabilidad de aquellas entidades de crédito que, por no afectar a la estabilidad financiera, entran naturalmente en un proceso concursal común. Su cometido es garantizar la cobertura de hasta 100.000 euros en los depósitos minoristas.

Adicionalmente a sus funciones dentro del MUR, en la actualidad el FROB mantiene la gestión de las actividades relacionadas con el seguimiento de los procesos previos de reestructuración derivados de la reestructuración del sistema financiero, y gestiona garantías y participaciones relacionadas con procesos de resolución anteriores.

Primera resolución bancaria europea. Banco Popular

En 2017 el FROB ejecutó el mandato de la JUR para poner en marcha la primera resolución bancaria a nivel europeo. Ante el continuo agravamiento de la situación del Banco Popular durante 2017 y tras la declaración formal de inviabilidad de la entidad por parte del BCE el día 6 de junio, dada la existencia de un claro interés público, la resolución fue la opción elegida por la JUR. Se trataba de evitar las consecuencias que la declaración de concurso ordinario del banco, cotizado en bolsa, podría tener tanto para sus depositantes, sus clientes, sus empleados, como para la estabilidad financiera de España y de la Unión Bancaria. La JUR aprobó el dispositivo de resolución con las medidas específicas a aplicar sobre Banco Popular y tras la refrenda formal del mismo por parte de la Comisión Europea, el FROB aprobó una resolución por la que se procedía a la ejecución del dispositivo de resolución aprobado por la JUR. Las medidas específicas a aplicar sobre Banco Popular consistieron en la venta de la entidad, previo ejercicio de las facultades de amortización de las acciones y los instrumentos de capital adicional de nivel 1 y la conversión en acciones de los instrumentos de capital de nivel 2 que fueron vendidas a Banco Santander como adjudicatario del proceso competitivo de venta de la entidad llevada a cabo conforme a las normas de procedimiento e instrucciones acordadas por la JUR[23]​:.

ParticipacionesEditar

A 31 de marzo de 2020, el FROB tenía participación en las siguientes entidades:[24]

Entidad Participación
Banco Financiero y de Ahorros (BFA)[25] 100%
Bankia 61,398% (participación indirecta, a través de BFA)
Sareb 45,9%

OrganizaciónEditar

Presidentes

Véase tambiénEditar

ReferenciasEditar

  1. Artículo 52.2 Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.
  2. Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito.
  3. La denominación legal del FROB ha sido modificada. Si hasta la entrada en vigor de la Ley 11/2015 «FROB» fue el acrónimo de Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, desde entonces «FROB» se ha convertido en el nombre propio de la actual Autoridad de Resolución Ejecutiva española, pero ya sin referirse al concepto anterior. «Informe “10 años del FROB 2009-2019. Una década por la estabilidad financiera”». 
  4. «Real Decreto 696/2015, de 17 de julio, por el que se nombra Presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a don Jaime Ponce Huerta.». BOE.es. 18 de julio de 2015. Consultado el 3 de enero de 2017. 
  5. Artículo 3 de la Ley 9/2012: «[...] Uno de los miembros nombrados a propuesta del Banco de España será su Subgobernador, que ostentará la Presidencia de la Comisión Rectora. [...]»
  6. Artículo 55 «Presidente» de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión
  7. Memoria de actividades del FROB 2018, pág 45.
  8. El Mundo. «El Gobierno sale al 'rescate' del fondo de rescate bancario con una inyección de 3.000 millones». 20 de junio de 2017
  9. Artículo 53.4 Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión
  10. Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de Medidas Urgentes en Materia Económico-Financiera en relación con el Plan de Acción Concertada de los Países de la Zona Euro.
  11. Banco de España "El Banco de España sustituye a los administradores de Caja Castilla La Mancha"
  12. El Real Decreto Ley 9/2009, de 26 de junio en su preámbulo desarrolla ampliamente los motivos que condujeron a la creación del fondo.
  13. Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.
  14. Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.
  15. a b c d Nota informativa sobre ayudas públicas en el proceso de reestructuración del sistema bancario español (2009-2018)
  16. ¿Qué es Sareb?
  17. a b 10 años del FROB. Una década por la estabilidad financiera.
  18. Revista de Estabilidad Financiera. El Mecanismo Único de Resolución Bancaria
  19. Junta Única de Resolución
  20. Fondo Único de Resolución
  21. Who supervises my bank? ECB
  22. Revista de Estabilidad Financiera. Papel de la supervisión del Banco de España en el marco de recuperación y resolución de entidades de crédito.
  23. Resolución de Banco Popular. JUR.
  24. Presentación corporativa FROB.
  25. BFA Tenedora de Acciones, Informe Financiero Anual 2018

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