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Gobierno de Martín Vizcarra

Administración presidencial

El gobierno del presidente Martín Vizcarra en el Perú empezó el 23 de marzo de 2018 en medio de una crisis política que trajo consigo la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y el ascenso de Vizcarra de primer vicepresidente a presidente de la República.[1][2]

Gobierno de Martín Vizcarra Cornejo
(2018)
Gran Sello de la República del Perú.svg
Martín Vizcarra Cornejo (cropped).png
Autoridades
Vicepresidenta Mercedes Aráoz Fernández
Presidente del Consejo de Ministros César Villanueva
Salvador del Solar
Datos Generales
Elegido en Sucesión constitucional por elecciones generales de 2016
Toma de mando 23 de marzo de 2018
Gobierno anterior Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski

Índice

Toma de mandoEditar

Vizcarra se dirigió al Palacio de Torre Tagle, en donde la canciller Cayetana Aljovín le otorgó la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Collar y la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, en el grado de Gran Cruz Especial por su labor como Embajador del Perú en Canadá.[3]​ El vicepresidente esperó en la sede de la cancillería a la comisión de anuncio del congreso, la cual le invitó a la prestar juramento en la sesión solemne del Legislativo.

En el Congreso, Vizcarra fue recibido por una comisión especial y se dirigió al hemiciclo para asumir la presidencia. En su discurso, el nuevo mandatario definió las líneas políticas que marcarán su gobierno, el enfoque en la educación, el fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción.[4]

El gobierno de Vizcarra heredó el gabinete ministerial del fenecido gobierno de Kuczynski, que encabezaba la vicepresidenta Mercedes Aráoz. Vizcarra anunció la renovación total del Consejo de Ministros, que sería presentado en un plazo de diez días; mientras tanto, el gabinete Aráoz continuaría en funciones.[5]

El 27 de marzo, Edmer Trujillo Mori juramentó como Ministro de Transportes y Comunicaciones, debido a que el titular en funciones (Bruno Giuffra) se encontraba cuestionado por supuestamente ofrecer obras a congresistas a cambio de que votaran en contra de la vacancia de Kuczynski.[6]

Consejos de MinistrosEditar

Gabinete VillanuevaEditar

 
El presidente Vizcarra y su primer gabinete ministerial, luego de su juramentación el 2 de abril de 2018.

JuramentaciónEditar

El 2 de abril de 2018 juramentó el nuevo gabinete ministerial, en una ceremonia realizada en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno. Vizcarra designó como nuevo Presidente del Consejo de Ministros a César Villanueva, congresista de Alianza para el Progreso y ex ministro de Humala, que fuera el promotor del segundo pedido de vacancia contra Kuczynski.[7]​ Ello motivo algunas críticas, de quienes vieron que de esa manera Vizcarra recompensaba políticamente a Villanueva y de paso buscaba el apoyo de la mayoría fujimorista del Congreso. Lo cierto es que el nuevo gabinete ministerial obtuvo el voto de confianza del Congreso.

Renuncia del ministro Daniel CórdovaEditar

El 22 de abril de 2018, el programa dominical Panorama reveló que el Ministro de la Producción, Daniel Córdova Cayo negoció la salida del viceministro de Pesca para finalizar una huelga de pescadores artesanales. El programa televisivo difundió un vídeo en el cual se ve a los pescadores artesanales reunidos con el ministro Córdoba, quien les ofrece sacar al viceministro de su cargo, a cambio del levantamiento de la huelga.[8]​ Esto originó un severo cuestionamiento al ministro. El día 25 del mismo mes, César Villanueva anunció que Córdova dejaba su cargo tras haberse aceptado su renuncia.[9]

Renuncia del ministro David TuestaEditar

El 10 de mayo de 2018, mediante un Decreto Supremo, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó la modificación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para bebidas alcohólicas y altas en azúcar, así como para vehículos nuevos, cigarrillos y combustible,[10]​ lo cual generó un amplio debate político-social. A los pocos días, el ministro de Economía, David Tuesta Cárdenas, anunció que el gobierno no retrocedería en el aumento del impuesto.[11]​ Sin embargo, el presidente Martín Vizcarra anunció que evaluarían las medidas e indicó que si el aumento de los impuestos afecta al pueblo, su gobierno realizaría un ajuste.[12]

En medio de la polémica, el Consejo Nacional de Transporte Terrestre (CNTT), que agrupa a los trabajadores en transporte de carga y pasajeros, anunció un paro nacional en reacción al aumento de los combustibles. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones llegó a un acuerdo con el CNTT para la devolución del 53,6% del Impuesto Selectivo al Consumo, medida que evitó la realización del paro;[13]​ sin embargo, debido a la idas y vueltas del Ejecutivo con respecto a ese tema, el ministro Tuesta renunció a su cargo (4 de junio de 2018).[14]​ En su reemplazo fue nombrado Carlos Oliva, antiguo director del Banco Central de Reserva.[15]

Renuncia del ministro Salvador HeresiEditar

El 13 de julio de 2018, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú Salvador Heresi presentó su carta de renuncia debido a que en uno de los audios revelado en el caso de CNM Audios se le escuchaba conversando con el controvertido juez César Hinostroza. En su reemplazo fue nombrado el abogado y congresista Vicente Zeballos Salinas, que había sido miembro de la bancada parlamentaria de PPK.[16]

Renuncia del ministro Mauro MedinaEditar

El 17 de octubre de 2018, Martín Vizcarra informó que había aceptado la decisión del ministro del Interior Mauro Medina de dar un paso al costado y presentar su renuncia. Ello se dio a consecuencia de la huida a España del juez César Hinostroza, sindicado como cabecilla de la organización Los Cuellos Blancos del Puerto, pese a que tenía impedimento de salida del país desde el 13 de julio.[17]

Al día siguiente se presentó ante el pleno Congreso el primer ministro César Villanueva y el ministro de Justicia Vicente Zeballos, para dar explicaciones sobre la fuga del exjuez. Villanueva hizo un mea culpa a nombre del Ejecutivo y anunció que ya se habían tomada acciones inmediatas para lograr la extradición de Hinostroza; en una parte de su alocución dijo que el Ejecutivo conocía de la fuga desde el 7 de octubre (es decir, el mismo día de producirse el hecho), pero luego se rectificó diciendo que en realidad fue desde el día 17, cuando se dio a conocer el suceso.[18]

Hubo quienes culparon al Congreso de la huida, por haber demorado en aprobar la denuncia constitucional contra Hinostroza, y una vez aprobada esta, por haber tardado doce días en enviar del expediente a la fiscalía. A diferencia del Ejecutivo, que reconoció parte de su responsabilidad, el presidente del Congreso Daniel Salaverry rechazó cualquier responsabilidad del Legislativo y la achacó toda a la fiscalía y al ministerio del Interior. La bancada aprista anunció que promovería una moción de censura contra Villanueva, aunque el fujimorismo anunció que no la apoyaría.[19]

El 19 de octubre juró como nuevo ministro del Interior el general PNP (r) Carlos Morán Soto, ex integrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que participó en la captura de Abimael Guzmán.[20]

Renuncia de la ministra Patricia BalbuenaEditar

El 25 de noviembre de 2018 el congresista de Fuerza Popular, Dalmiro Palomino, presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, denunció posibles actos de corrupción al interior del ministerio de Cultura. Ello, debido a la revelación de que la empresa Arqueo Andes SAC, del viceministro de esa cartera, Luis Villacorta Ostolaza, había ganado una adjudicación de casi 400 mil soles para hacer una supuesta evaluación arqueológica con fines de delimitación y elaboración de expedientes técnicos. A esto, la ministra de Cultura Patricia Balbuena anunció a través de un comunicado que en aras de asegurar la transparencia del proceso de investigación, el viceministro Villacorta renunciaba al cargo. Sin embargo, al día siguiente, la bancada del Partido Aprista Peruano decidió promover una moción de interpelación contra la ministra, ya que consideraba que había también responsabilidad de esta por haber nombrado al viceministro, y que debía estar al tanto de sus manejos.[21]

Al día siguiente, la ministra de Cultura dijo sentirse indignada ante las irregularidades detectadas en el exviceministro Villacorta, asegurando que hubo un abuso de confianza. Aclaró también no haber tenido en el pasado algún vínculo con Luis Villacorta y que su llegada al ministerio se debió a recomendación de especialistas.

El 30 de noviembre, Patricia Balbuena presentó su renuncia a su cargo de ministra, lo que fue aceptado por el presidente Vizcarra.[22]

Renuncia del ministro Christian SánchezEditar

El 8 de diciembre de 2018 se anunció que el ministro de Trabajo Christian Sánchez Reyes había renunciado a su cargo. Ello, al parecer, debido a su discrepancia con la reforma laboral planteada por el Ejecutivo. Era notorio que Sánchez no compartía la posición del presidente Vizcarra, que consideraba que una de las causas del elevado nivel de informalidad en el país era el «alto costo laboral no salarial» (aludiendo a pagos de gratificaciones y compensaciones de tiempo de servicio o CTS, entre otros derechos laborales).[23]

Cuestionamiento al ministro Carlos MoránEditar

Los congresistas de Fuerza Popular y el Apra presentaron una moción de interpelación contra el ministro del Interior Carlos Morán Soto, tras denunciarse un presunto "chuponeo" o interceptación telefónica contra Alan García, desde una camioneta policial que se hallaba cerca de la vivienda del expresidente, el día 5 de diciembre de 2018. El ministro acudió ante la Comisión de Defensa del Congreso, donde negó que se tratara de una práctica de chuponeo y explicó que el vehículo era de la Unidad de Inteligencia haciendo labor de resguardo. La moción de interpelación fue presentada oficialmente en la sesión del pleno del Congreso del día 17 de diciembre, y se dispuso que fuera puesta a consulta en la sesión siguiente, tal como lo dispone el reglamento.[24]

El 13 de febrero de 2019 se dio a conocer el peritaje solicitado por el Ministerio Público para determinar si hubo alguna interceptación telefónica ilegal contra Alan García. Se determinó que los equipos hallados dentro del vehículo policial no servían para hacer escuchas de este tipo de comunicaciones.[25]​ El 8 de marzo de 2019, el pleno del Congreso rechazó la moción para interpelar a Morán, por 29 votos a favor, 24 en contra y 21 abstenciones.[26]

Cambios ministeriales (diciembre de 2018)Editar

El 18 de diciembre de 2018 juramentaron tres nuevos ministros de Estado: Sylvia Cáceres juró como ministra de Trabajo y Promoción del Empleo; Rogers Valencia, hasta entonces titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, pasó a ser del Ministerio de Cultura; y Édgar Vásquez Vela, hasta entonces viceministro de Comercio Exterior, pasó a encabezar el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.[27]

Renuncia de la ministra Silvia PessahEditar

El 3 de enero de 2019, la ministra de Salud Silvia Pessah presentó su carta de renuncia a su cargo, aduciendo motivos personales. La renuncia se dio a conocer el 6 de enero.[28]​ En su reemplazo juró como nueva ministra de Salud Zulema Tomás Gonzáles, de profesión médico anestesióloga cardiovascular, que hasta ese momento se desempeñaba como directora del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja.[29]

Renuncia de César VillanuevaEditar

El 6 de marzo de 2019, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, presentó su carta de renuncia, la que fue aceptada por el presidente Vizcarra el día 8. Al ser interrogado sobre la razón de su renuncia, Villanueva dijo que simplemente había ya cumplido un ciclo, luego de casi un año de ocupar el cargo. Como lo establece la Constitución, al renunciar el primer ministro se produjo la crisis total del gabinete y todos los ministros pusieron sus cargos a disposición.[30]

Gabinete Del SolarEditar

JuramentaciónEditar

El 11 de marzo de 2019, se realizó la juramentación del nuevo gabinete de ministros, presidido por Salvador del Solar Labarthe, el abogado y actor que había sido ministro de Cultura en el gobierno de Kuczynski. Diez ministros permanecieron en su cargo; Fabiola Muñoz dejó Ambiente y pasó a Agricultura (convirtiéndose así en la primera mujer que ocupa dicha cartera); y juraron 7 nuevos ministros: Flor Pablo Medina (Educación), Rocío Barrios (Producción), Carlos Bruce (Vivienda, Construcción y Saneamiento), Gloria Montenegro Figueroa (Mujer y Poblaciones Vulnerables), Lucía Ruiz Ostoic (Ambiente), Ulla Holmquist (Cultura) y Paola Bustamante (Desarrollo e Inclusión Social).[31]

Hecho destacado es que, por segunda vez en la historia republicana, se conformara un gabinete paritario, es decir, de igual número de hombres y de mujeres (9 hombres y 9 mujeres, sin contar al primer ministro); la primera vez había ocurrido en el 2013, durante el gobierno de Ollanta Humala (gabinete Jiménez). Aunque el gabinete Del Solar si es el primer gabinete que con esa característica inicia su gestión (el gabinete Jiménez empezó con seis mujeres y posteriormente sumó tres más).[32]

Primera interpelación al ministro ZeballosEditar

El 14 de marzo de 2019, el pleno del Congreso aprobó la moción de interpelación contra el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, con 58 votos a favor, 24 en contra y una abstención. El pedido de moción había sido presentado el 1 de febrero por la tercera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Yeni Vilcatoma, junto a otro legisladores, quienes consideraron que el gobierno había presuntamente favorecido a la empresa Odebrecht a través de la Ley 30737, de marzo de 2018 (Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos), que se habría reflejado en la firma del acuerdo de colaboración eficaz con dicha empresa, que tendrá que pagar como reparación civil un monto considerado como ínfimo y seguirá participando en concursos públicos con el Estado.[33]

La interpelación se inició el 21 de marzo y se prolongó hasta el día siguiente. El ministro Zevallos respondió a las 21 preguntas que se le plantearon. Remarcó que el Poder Ejecutivo no tenía injerencia en la labor del Ministerio Público y la procuradoría, que son entes autónomos, siendo ellos los que firmaron el acuerdo de colaboración con Odebrecht. Además, señaló que la Ley 30737, que respalda al acuerdo, fue aprobada por el mismo Congreso, y que todos los poderes del Estado habían tenido participación en la aplicación de la ley para llegar a dicho acuerdo. Finalmente, reclamó más consenso y unidad en la lucha contra la corrupción.[34]

La percepción de la mayoría de la ciudadanía era que el fujimorismo, aliado con el aprismo, buscaba anular el acuerdo de colaboración con Odebrecht, para así lograr la impunidad de sus líderes, seriamente comprometidos con la corrupción. Pues de caerse el acuerdo, ninguna de las delaciones de Barata y otros colaboradores eficaces podrían usarse en los juicios, incluyendo las referidas a Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

Finalizada la interpelación, ninguna bancada planteó la moción de censura.

Mensaje presidencial por primer año de gobiernoEditar

El 23 de marzo de 2019, al cumplirse un año de su gestión presidencial, Vizcarra emitió un breve discurso a través de sus cuentas en redes sociales. «Poner al Perú primero por delante de todo ha sido y es siempre el objetivo de mi trabajo», dijo al iniciar su mensaje, en el que también agradeció a la ciudadanía por su respaldo a las propuestas brindadas este año. «Durante estos doce meses, y a pesar de todas las dificultades, el Perú no se detuvo», finalizó. [35]

Aprobación del voto de confianza al gabinete Del SolarEditar

 
Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros.

Previamente a su presentación ante el Congreso para solicitar el voto de confianza (no de investidura, como dicen algunos erróneamente), Del Solar se reunió con los dirigentes de los partidos políticos. El 4 de abril de 2019 se reunió el pleno del Congreso, ante el cual, Del Solar, acompañado de su gabinete ministerial, expuso los objetivos del gobierno, que giraban sobre cinco ejes: la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento institucional, el crecimiento económico, el desarrollo social y la descentralización. Luego se dio el debate parlamentario, que se prolongó durante 16 horas, culminando en la madrugada del día siguiente. Finalmente, el gabinete obtuvo el voto de confianza, con 42 votos a favor. En contra votaron 27 parlamentarios y se abstuvieron 21. Las bancadas izquierdistas de Frente Amplio y Nuevo Perú votaron en contra, aduciendo que Del Solar no había mencionado en su presentación el problema de Las Bambas. Mientras que la votación de Fuerza Popular se mostró dividida.[36]

El gabinete Del Solar obtuvo así el voto de confianza del Congreso, aunque sin generar entusiasmo. De hecho, es la votación de aprobación más baja registrada en los últimos 18 años.[37]

Renuncia de los ministros Carlos Bruce y Edmer TrujilloEditar

El 14 de abril de 2019, Del Solar anunció la renuncia de los ministros Carlos Bruce (Vivienda y Construcción) y Edmer Trujillo (Transporte y Comunicaciones), pero dijo que no tenía nada que ver con la caída en la popularidad del presidente, y se trataba de decisiones personales de cada uno de ellos. Trujillo es cuestionado por el incendio de un bus en el terminal informal de Fiori, en el que fallecieron 17 personas, mientras que Bruce afronta una pesquisa fiscal al ser involucrado en el caso de Los Temerarios del Crimen.[38]

Juramentación de los ministros María Jara y Miguel EstradaEditar

El 26 de abril de 2019, el presidente Vizcarra tomó juramento a nuevos ministros: María Jara Risco (Transportes y Comunicaciones) y Miguel Estrada Mendoza (Vivienda, Construcción y Saneamiento), luego de doce días de que se anunciara la salida de los anteriores titulares de dichas carteras.[39]​ Es la primera vez que un gabinete ministerial en el Perú tiene más ministras que ministros (10 contra 8).[40]

Interpelación a la ministra Flor PabloEditar

El 9 de mayo de 2019, la ministra de Educación Flor Pablo fue interpelada por el pleno del Congreso. En el pliego interpelatorio de 29 preguntas se cuestionan los errores en los libros del curso de Desarrollo, Ciudadanía y Cívica, especialmente la inclusión de un link de contenido sexual. En su presentación, la ministra enfatizó que la igualdad de género es una política de Estado, que propone igualdad entre hombres y mujeres.[41]

Fallecimiento del ministro de Defensa José HuertaEditar

El 24 de junio de 2019 falleció el ministro de Defensa José Huerta, cuando se dirigía a inspeccionar un puesto de vigilancia fronterizo en la región Amazonas. Testigos refirieron que en horas de la mañana sufrió un desvanecimiento, por lo que fue trasladado de emergencia al hospital de Santa María de Nieva, donde falleció a la 10 y 5 de la mañana, víctima de un infarto. El gobierno declaró dos días de duelo.[42]​ Desde el punto de vista histórico, no se producía el deceso de un ministro desde 1988 con Gonzalo Aspíllaga, quien ejercía funciones durante el primer gobierno aprista.

Juramentación de los ministros Jorge Moscoso y Luis Jaime CastilloEditar

El 8 de julio de 2019, el presidente Vizcarra, tomó el juramento de los nuevos ministros de Defensa y de Cultura: el almirante en retiro Jorge Moscoso Flores y Luis Jaime Castillo, respectivamente. Moscoso reemplazó al fallecido José Huerta, y Castillo a Ulla Holmquist Pachas, quien solicitó licencia por motivos de salud.[43]

Segunda interpelación al ministro ZeballosEditar

El 15 de agosto de 2019, el pleno del Congreso de la República admitió la moción de interpelación al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, para que responda sobre la excarcelación y la fuga del sicario apodado ‘Goro’ (implicado en el crimen del exconsejero regional de Áncash Ezequiel Nolasco, del caso del exgobernador César Álvarez). La congresista Yeni Vilcatoma sustentó la moción, al considerar que funcionarios del ministerio y del INPE cometieron algunas irregularidades.[44]​ En ese mismo pleno se discutió también la admisión de dos mociones de interpelación promovidas por las bancadas de izquierda, contra el ministro de Energía y Minas Francisco Ísmodes, para que respondiera sobre el sobre el abandono del proyecto del Gasoducto del Sur y sobre el conflicto de Tía María, pero no prosperaron.[45]

Enfrentamiento entre el Congreso y el Poder EjecutivoEditar

Otorgamiento de facultades legislativasEditar

El 2 de mayo de 2018 el Ejecutivo presentó ante el Congreso el pedido de facultades para legislar por 60 días en materia tributaria y financiera, de gestión económica y competitividad, de reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y servicios, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión del Estado. Un pedido similar se había dado en diciembre de 2017, cuando aún gobernaba Kuczynski, pero a raíz de la crisis política desatada entonces había quedado en suspenso la decisión del Congreso.[46]​ El día 25 de mayo, el primer ministro César Villanueva y el ministro de Economía David Tuesta Cárdenas se apersonaron ante la Comisión de Constitución del Congreso para sustentar dicho pedido.[47]​ Y finalmente, el 20 de junio, el Congreso en pleno aprobó el pedido por 83 votos a favor.[48]

Reuniones secretas de Vizcarra y Keiko FujimoriEditar

El 26 de julio de 2018, la bancada de Fuerza Popular se mostró a favor de una reunión entre el presidente Vizcarra, y su lideresa Keiko Fujimori. Sin embargo, un mes después Fujimori reveló que ya se había reunido secretamente con el mandatario, no una, sino dos veces. La primera en un departamento en San Isidro y la segunda en una casa, en Miraflores. Según Keiko, fue Vizcarra quien quiso que las reuniones se mantuvieran secretas.

El primer encuentro había sido difundida por la revista Somos, veinte días después de que Vizcarra asumiera el cargo de mandatario. No obstante, el 14 de mayo, dos días después de la publicación, el jefe de Estado negó la cita. El 9 de agosto, según Reuters, Vizcarra volvió a desmentir cualquier encuentro con Fujimori. La lideresa de la oposición precisó que en esos dos encuentros no hubo acuerdos y negó que Vizcarra le haya solicitado algún tipo de colaboración, y mucho menos conversaron sobre el referéndum planteado el 28 de julio.

En respuesta, el mandatario reconoció las reuniones como un error y aseguró que Fujimori pidió la renuncia de la ministra de Salud, Silvia Pessah, algo que negó Keiko. En el Congreso de la República no se hicieron esperar las críticas al mandatario:

"¿Por qué el presidente Vizcarra negó, mintió respecto a esas reuniones? Ella manifestó que ha habido dos reuniones. Lo que corresponde es preguntar al presidente por qué mintió al país. Nuestra lideresa nunca ha manifestado que ella pidió reserva. Le hubiese gustado más que hubiese sido público”.

Congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril. Fuente: RPP Noticias

Anulación del indulto a Alberto FujimoriEditar

Las víctimas de los casos Barrios Altos y la Cantuta solicitaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una revisión del indulto humanitario a Alberto Fujimori. La corte declaró que el Estado peruano no había cumplido con sus obligaciones internacionales y ordenó un control de convencionalidad que sería esto en el Poder Judicial peruano.

El 3 de octubre de 2018, el juez Hugo Núñez Julca, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, declaró como inaplicable el indulto humanitario que el presidente Kuczynski había concedido a Alberto Fujimori en diciembre del año anterior, y ordenó su regreso a un penal. Se ordenó la ubicación y captura del expresidente, que no bien se enteró de ello, se internó en la Clínica Centenario Peruano Japonesa, y a través de un video rogó a las autoridades para que no lo devolviesen a prisión, aduciendo su grave estado de salud.[49]

Los abogados del expresidente adujeron que por sus dolencias crónicas, Fujimori no podía retornar a un centro penitenciario, ya que las mismas podían recrudecerse. A solicitud de la Corte Suprema, una Junta Médica evaluó el estado de salud de Fujimori, la misma que declaró que el expresidente, de 80 años de edad, padecía de fibrilación auricular, enfermedad coronaria crónica, hipertensión arterial e insuficiencia venosa en tratamiento, además de síntomas de ansiedad controlados. Todo lo cual, según la Junta Médica, podía ser tratado de manera ambulatoria.[50]

El 21 de enero de 2019, tras más de cien días de la anulación del indulto, la Corte Suprema ordenó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a que determinara, en un plazo de 48 horas, el centro penitenciario donde debería volver a ser recluido Fujimori. El INPE dispuso que fuera en el penal de Barbadillo de la DIROES, donde ya había estado Fujimori recluido entre 2007 y 2017. .[51]​ El 23 de enero, Fujimori abandonó la clínica y regresó al penal bajo fuerte custodia policial.[52]

El 13 de febrero de 2019, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema confirmó la resolución emitida en octubre del 2018 por el juez Hugo Núñez Julca, que en la práctica declaraba nulo el indulto dado a Fujimori.[53]

Crisis de Fuerza PopularEditar

La situación de Keiko Fujimori, implicada seriamente en el caso Odebrecht por supuestamente haber recibido dinero ilícito para sus campañas electorales del 2011 y 2016, llevó a su partido Fuerza Popular a una crisis interna. Durante las audiencias judiciales para sustentar el pedido de prisión preventiva contra Keiko, el fiscal José Domingo Pérez dio una serie de argumentos para sustentar que en el seno del partido se había constituido una organización criminal.[54]​ IDL-Reporteros publicó una serie de conversaciones privadas provenientes del chat La Botica (grupo de Telegram conformado por congresistas y dirigentes de Fuerza Popular), donde se lee a miembros de la bancada fujimorista ponerse de acuerdo para desprestigiar al fiscal José Domingo Pérez, encargado de la investigación por lavado de activos contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Se sabe que dicho material fue proporcionado por uno de los testigos protegidos de la fiscalía (el congresista Rolando Reátegui).[55]​ En las encuestas de opinión pública, se refleja claramente el rechazo de la ciudadanía al accionar de los fujimoristas en el Congreso, lo que contrasta con el respaldo que tiene el presidente Vizcarra.

El congresista Francesco Petrozzi renunció a la bancada de Fuerza Popular. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, pidió licencia a su partido, pues consideraba que su alta investidura le obligaba a mantenerse al margen de la política partidaria. Se reveló que el congresista Rolando Reátegui de Fuerza Popular era uno de los testigos de la fiscalía en el caso Keiko Fujimori; decisión que tomó Reátegui, según él, al verse abandonado por la dirigencia de su partido, luego que fuera involucrado en la captación de «aportantes fantasmas» para la campaña de Keiko del 2011. José Chlimper Ackerman renunció a la secretaría general de Fuerza Popular, luego de que el gerente de RPP revelara al fiscal Pérez haber recibido de manos de Chlimper, 200 000 dólares en efectivo como pago de un contrato de publicidad en el 2011 (lo que sería un indicio de lavado de activos). Se anunció la reestructuración general del partido, nombrándose un Comité de Emergencia encabezado por el congresista Miguel Torres.[56]

El 28 de noviembre de 2018, la congresista de Fuerza Popular Úrsula Letona renunció a su bancada, aduciendo que no quería ser dividir a la misma, a raíz de un enfrentamiento que tuvo con su colega Yeni Vilcatoma, que lo acusó de bloquear una propuesta para investigar, en la Comisión de Fiscalización, supuestas irregularidades detectadas en Prom-Perú.[57]

A principios del 2019, cuatro congresistas de Fuerza Popular renunciaron a su partido, tras la anunciada moción de censura contra el presidente del Congreso Salaverry. Ellos fueron: Miguel Castro, Rolando Reátegui, Yesenia Ponce y Glider Ushñahua. También Salaverry, quien en una sesión del pleno fue calificado de “traidor”, oficializó su renuncia al partido.[58]​ El 18 de enero de 2019, otro congresista de Fuerza Popular, Israel Lazo, presentó su renuncia irrevocable.[59]​ En junio de 2019, ocurrieron otras dos bajas: Nelly Cuadros y Francisco Villavicencio. De 73 congresistas que tuvo al principio, la bancada de Fuerza Popular quedó reducida a 53.[60]

De otro lado, dos congresistas de Fuerza Popular fueron suspendidos por 120 días sin goce de haber, por haber sido denunciados por tocamientos indebidos. Ellos fueronː Moisés Mamani, acusado por una aeromoza de la aerolínea Latam; y Luis López Vilela, acusado por la congresista Paloma Noceda. El Poder Judicial pidió al Congreso el levantamiento de la inmunidad a Mamani para procesarlo, lo que fue aprobado por el pleno del Congreso el 8 de marzo de 2019.[61]

El 26 de febrero de 2019, el congresista Héctor Becerril, antiguo vocero de la bancada fujimorista, solicitó licencia temporal a su bancada al verse involucrado en un presunto cobro de sobornos para intervenir a favor de una empresa en una licitación en Lambayeque, en la que también se hallan implicados sus hermanos. Ha sido denunciado ante la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, denuncias que están pendientes por resolver.[62]

La “criminalización” de la políticaEditar

Los congresistas fujimoristas y apristas reclamaron que desde el Ministerio Público y el Poder Judicial se intentaba “criminalizar” la política.[63]​ Ello, a raíz de que en el proceso por lavado de activos contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular, el fiscal José Domingo Pérez había sustentado que en el seno de dicho partido se había constituido una organización criminal. También se criticó la prisión preventiva (de 18 y hasta de 36 meses) contra los políticos y empresarios involucrados en el caso Odebrecht.

Pedido de asilo político del expresidente GarcíaEditar

El expresidente Alan García, sometido también a investigación por el caso Odebrecht, dijo que el gobierno orquestaba un golpe de Estado para copar los poderes públicos. «Chantajear al Congreso, forzar la renuncia del Fiscal, descabezar la Suprema, digitar a los fiscales, comprar opiniones, es un golpe, aunque no use tanques.¿Y todo por tapar Chinchero y que más?», escribió en su cuenta de twitter.[64]​ Algunos consideraron que García, con esas declaraciones, preparaba el campo para evadir a la justicia, argumentando ser un perseguido político.

El expresidente García, con residencia habitual en Madrid, llegó a Lima el 15 de noviembre de 2018 para asistir a una cita programada por la fiscalía por el caso Odebrecht, pero fue sorprendido con la orden de impedimento de salida del país por 18 meses, así como la revelación de nuevos indicios que le comprometían con la recepción de coimas, supuestamente bajo la apariencia de pagos por conferencias.[65]

El 18 de noviembre de 2018, la Cancillería peruana informó del ingreso de Alan García a la residencia del embajador de la República Oriental del Uruguay, Carlos Barros.[66][67]​ Una vez refugiado en la residencia del embajador uruguayo, García solicitó el asilo político al presidente uruguayo Tabaré Vázquez, ya que se consideraba un perseguido del gobierno peruano. Como sustento, acusó a la fiscalía de no llevar a cabo un debido proceso y de ser un instrumento del gobierno para acallar a los partidos políticos. Los congresistas apristas admitieron también que fue la misma dirigencia partidaria que le aconsejó tomar tal decisión, ya que se habían enterado de que el fiscal Pérez tenía preparada una orden de arresto preliminar, que se ejecutaría el día 20. Lo cual fue negado por la misma fiscalía, pues la investigación no se hallaba tan avanzada como para tomar tal medida.[68]

Vizcarra se pronunció sobre el pedido de asilo político y afirmó que en el Perú no existe la persecución política:

"No existe persecución política en el Perú, y todos los peruanos debemos allanarnos a la justicia, sin excepciones. Reafirmo nuestro compromiso con el respeto irrestricto de la división de poderes, la Constitución y los tratados internacionales".

Presidente de la República, Martín Vizcarra. Fuente: Vía Twitter

A esto una delegación de congresistas del Frente Amplio, representados por Marco Arana, Wilbert Rozas y Humberto Morales, llegó el 22 de noviembre a Montevideo, para expresar su preocupación ante el pedido de asilo diplomático de García.

El 3 de diciembre de 2018 el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció el rechazo al pedido de asilo de Alan García, al considerar que en el Perú funcionaban los tres poderes del Estado con libertad y no existía persecución política. Señaló también que no procedía el asilo político a alguien que estaba en pleno proceso judicial por un delito común. Poco antes de dicha declaración, Alan García ya se había retirado de la residencia del embajador de Uruguay y retornado a su domicilio ubicado en el distrito de Miraflores.[69]

Ley de financiamiento ilegal de los partidosEditar

El 5 de diciembre de 2018 el pleno del Congreso aprobó un dictamen que incorporaba el artículo 359-A al Código Penal, para tipificar el delito «de financiamiento de origen delictivo para las organizaciones políticas», diferenciándolo del delito de lavado de activos. A favor votaron congresistas de tres partidos: Fuerza Popular, el Apra y Peruanos por el Kambio.[70]

Muchos especialistas consideraron que dicha ley beneficiaba a los políticos investigados por lavado de activos, pues creaba otra figura delictiva que en esencia era el mismo delito, pero aplicando una sanción más benigna. También se señaló que podría afectar el curso de los procesos seguidos por lavado de activos en el caso Cócteles donde se hallaban precisamente involucrados los dirigentes de Fuerza Popular, uno de los partidos auspiciadores de la ley. Se cuestionó también la forma en que había sido aprobado por el Congreso, de manera apresurada. La bancada de Nuevo Perú planteó la reconsideración de la votación.[71]

El presidente Vizcarra dijo que observaría la ley pues, a su ver, afectaba la lucha contra la corrupción.[72]​ El mismo presidente del Congreso Daniel Salaverry (que se había retirado del hemiciclo el día de la votación del dictamen) consideró nefasta dicha ley, anunciando que no firmaría la autógrafa y que sometería a votación la reconsideración planteada.[73]

Autorización para formar nuevas bancadas en el CongresoEditar

 
El presidente del Congreso Daniel Salaverry.

El 19 de diciembre de 2018, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, autorizó la conformación de los nuevas bancadas o grupos parlamentarios, atendiendo el fallo que dio el Tribunal Constitucional (TC) en julio de ese año, que dejó sin efecto parte de la ley que castigaba el transfuguismo, ley impuesta por la mayoría fujimorista de Fuerza Popular en el 2016, la misma que impedía que los llamados “tránsfugas” conformaran nuevas bancadas, con lo que se les impedía participar en la Mesa Directiva y en las diversas comisiones del Congreso, entre otros. El TC determinó que los parlamentarios renunciantes por diferencias de conciencias ─debidamente fundamentadas─ podían conformar nuevas agrupaciones.[74]

La decisión de Salaverry desató las críticas de los congresistas de Fuerza Popular. En el Consejo Directivo del Congreso se dio un debate, produciéndose incidentes verbales entre Salaverry y algunos congresistas de Fuerza Popular.[75]​ Los fujimoristas pedían que se siguiera el procedimiento regular y que el tema vuelva a la Comisión de Constitución, pero Salaverry, luego de cuatro horas de debate, levantó la sesión, aduciendo que había cumplido el reglamento y no había nada más que discutir.[76]

Se anunció que se conformarían dos nuevas bancadas con los congresistas No Agrupados: la bancada de Cambio 21, integrada por nueve congresistas que renunciaron a Fuerza Popular en febrero de 2018 tras la expulsión de Kenji Fujimori (exceptuando a Bienvenido Ramírez, Guillermo Bocángel y el mismo Kenji, todos ellos suspendidos). Y la Bancada Liberal, con Francesco Petrozzi (antes de Fuerza Popular), Guido Lombardi, Vicente Zeballos Salinas, Alberto de Belaunde, y Gino Costa (todos ellos ex oficialistas).[77]

Posteriormente, el 20 de enero de 2019, se anunció la creación de una nueva bancada parlamentaria: la Bancada Unidos por la República, conformada por Patricia Donayre, Glider Ushñahua, Israel Lazo, Rolando Reátegui y Miguel Castro, todos los cuales habían formado parte de Fuerza Popular. En total eran ya diez bancadas en el Congreso.[78]

La creación de nuevas bancadas dio paso a la incorporación de nuevos miembros a la Junta de Portavoces, que fue el comienzo para amenguar el predominio del fujimorismo en el Congreso.

El 30 de enero de 2019 se anunció la creación de otra bancada parlamentaria, denominada Acción Republicana, integrada por Pedro Olaechea, Jorge Castro, Julio Rosas, Marita Herrera y Salvador Heresi. Pero se cuestionó su inscripción, pues uno de sus miembros, Heresi, seguía siendo oficialmente miembro de Peruanos por el Kambio, y el reglamento no permitía que un miembro de un partido con bancada pertenezca a una bancada distinta.[79]

Al producirse la crisis del partido PpK y el cambio de su nombre por el de Contigo, los congresistas militantes de PpK Gilbert Violeta y Juan Sheput abandonaron su bancada, al no lograr que el resto de sus colegas congresistas (en su mayoría invitados al partido), aceptaran dicho cambio. Violeta, Sheput y Heresi, ya como militantes de Contigo, se juntaron con algunos miembros de Acción Republicana: Pedro Olaechea, Jorge Castro y Julio Rosas, y anunciaron la conformación de una nueva bancada, que se denominaría Concertación Parlamentaria (20 de marzo de 2019).[80]​ Luego se sumarían Marita Herrera y Sonia Echevarría, provenientes de Cambio 21. Sin embargo, surgieron diferencias entre los congresistas de Contigo y el resto de los integrantes de la bancada, por lo que estos últimos, a excepción de Jorge Castro, decidieron conformar una nueva bancada, relanzando el nombre de Acción Republicana. Lo integran: Pedro Olaechea, Julio Rosas, Nelly Cuadros, Marita Herrera y Sonia Echevarría. La bancada de Concertación Parlamentaria se disolvió al quedarse sin el número mínimo requerido (4 de junio de 2019).[81]

Mientras que los congresistas de Contigo (Gilbert Violeta, Salvador Heresi y Juan Sheput), quedaron por el momento como congresistas no agrupados, hasta que el 20 de julio de 2019 se produjo la renuncia de los congresistas Janet Sánchez y Moisés Guía a la bancada de PpK. Los dos anunciaron su unión al grupo de Contigo, para conformar una nueva bancada, que es la 12º del Congreso.[82]

De modo que, de las seis bancadas que existían al iniciarse el periodo del Congreso en el 2016, para el 2019 se habían duplicado en número.

Recomposición de las fuerzas políticas en el CongresoEditar

La creación de tres nuevas bancadas en el Congreso y la recomposición de la Junta de Portavoces, anunció el inicio de la pérdida de la hegemonía de Fuerza Popular en el Congreso. El 27 de enero de 2019, la Junta de Portavoces acordó por mayoría recomponer el Consejo Directivo del Congreso. Este Consejo es un organismo clave, pues aprueba la agenda de cada sesión del pleno y define los proyectos que se tratarán en el mismo. Está constituido por 28 miembros: 24 congresistas de todas las bancadas, en representación proporcional, y los 4 miembros de la Mesa Directiva. Fuerza Popular, que hasta entonces tenía 13 miembros en el Consejo Directivo (sin contar los miembros de la Mesa Directiva), pasó a tener 10, con lo que se acabó su mayoría absoluta. El 29 de enero, la Junta de Portavoces acordó también la modificación del número de integrantes por grupo parlamentario de la Comisión Permanente y del resto de las Comisiones del Congreso.[83]

Luego de un intento frustrado, el 30 de enero de 2019 se reunió el Consejo Directivo, presidido por Daniel Salaverry. Su tarea era debatir la recomposición de la Comisión Permanente y el resto de las comisiones, según lo acordado en la Junta de Portavoces. Se produjeron incidentes verbales entre Salaverry y los representantes de Fuerza Popular, quienes querían 11 miembros en la Junta Directiva. Salaverry rechazó el pedido pues en la Junta de Portavoces se había acordado que fueran 10. Los tres miembros fujimoristas de la Mesa Directiva (Yeni Vilcatoma, Segundo Tapia y Leyla Chihuán) se retiraron como protesta, junto con los representantes de Fuerza Popular y el Apra, con lo que dejaron sin quórum la sesión (pues del total de 28 congresistas, el quórum mínimo es de 15 asistentes). Pero luego se reincorporó Vilcatoma, con lo que se logró el quórum mínimo; los demás miembros de la Mesa Directiva, así como Mauricio Mulder del Apra, se reincorporaron en los minutos siguientes, con lo que prosiguió el debate. Se aprobó finalmente por mayoría a que se proceda a recomponer las comisiones parlamentarias, incluyendo a la Comisión Permanente, tal como lo planteó la Junta de Portavoces. Fuerza Popular dejará así de tener mayoría absoluta en comisiones importantes, y por ende podría perder la presidencia de las mismas.[84]

La «alianza estratégica fujiaprista»Editar

El congresista aprista Javier Velásquez Quesquén admitió que, si bien no hubo nunca una alianza política entre el Apra y Fuerza Popular, existía una «alianza estratégica» dentro del Congreso, lo que explicaba que hubieran compartido la Mesa Directiva en dos legislaturas seguidas, y que coincidieran en las votaciones del pleno y de las comisiones.[85]​ Sin embargo, otros miembros del aprismo y de Fuerza Popular rechazaron de plano la existencia de dicha alianza, aunque los hechos dicen otra cosa. Un estudio da cuenta de que, durante los plenos, las posiciones mayoritarias de Fuerza Popular y la bancada del Apra coincidieron en un 90.2% de las veces en lo que va del actual periodo congresal; es decir, en 782 de las 867 votaciones, Fuerza Popular y el Apra fueron de la mano.[86]

Crisis en Peruanos Por el KambioEditar

Peruanos Por el Kambio (PpK), el partido que había llevado a la presidencia a Pedro Pablo Kuczynski en el 2016, y que en teoría, ejercía como el partido oficialista del gobierno de Vizcarra, se declaró en reorganización. El mismo Kuczynski presentó su renuncia irrevocable a la presidencia del partido, el 4 de febrero de 2019.[87]

La bancada de PpK en el Congreso, que inicialmente era de 17 miembros, se había reducido a 11. El primer congresista en salir de la bancada fue Roberto Vieira, que fue expulsado por faltar a la ética interna. Luego renunciaron a la bancada Alberto de Belaunde, Gino Costa, Vicente Zeballos, Pedro Olaechea, Guido Lombardi, Salvador Heresi y Patricia Donayre (quien provenía de Fuerza Popular). Otros miembros de la bancada, Gilbert Violeta (a la vez dirigente de PpK) y Juan Sheput (hasta entonces solo invitado al partido) tuvieron roces con Martín Vizcarra, dando a entender que había un distanciamiento entre el partido y el gobierno.[88]​ Hay que señalar que Vizcarra, al igual que un buen número de los miembros de la bancada PpK, solo fue un invitado del partido y nunca militante del mismo.

Se entreveía que en la bancada de PpK se habían formado dos facciones: una mayoritaria, encabezada por Mercedes Araoz y Carlos Bruce, que querían continuar apoyando con condiciones al gobierno; y otra, comandada por Gilbert Violeta y Juan Sheput, apoyados en lo que quedaba del partido, que apuntaba a romper con Vizcarra.[89]

El distanciamiento de Vizcarra con el partido PpK se agravó más a raíz de la revelación de que el Club de la construcción había aportado cien mil dólares para la campaña de Kuczynki del 2016. Los dirigentes del partido (Violeta, Heresi y el secretario general de PpK Jorge Villacorta), acordaron responsabilizar a Vizcarra del control del financiamiento de la campaña, tal como se revela en unas conversaciones en Whatsapp filtradas a la prensa.[90]​ Al no estar de acuerdo con esta posición, tres congresistas de PpK anunciaron su renuncia al partido: Jorge Meléndez (vocero de la bancada), Alberto Oliva y Janet Sánchez, aunque sin afectar su permanencia en la bancada de PpK.[91]

El 2 de marzo de 2019, la asamblea del partido PpK acordó cambiar su nombre por el de Contigo. También oficializó la admisión al partido de Juan Sheput, que hasta entonces solo había sido invitado.[92]

La dirigencia de Contigo dijo que el partido apoyaba a Vizcarra «al 100%» y consideró que la bancada de PpK en el Congreso debía también cambiar su nombre. Pero los congresistas de PpK, en su mayoría, acordaron mantener el nombre original. Violeta y Sheput pidieron entonces una licencia temporal a la bancada, pero esta no aceptó e incluso abrió un proceso disciplinario contra ellos. Ante ello, ambos congresistas decidieron renunciar a la bancada, que quedó así reducida a nueve miembros (6 de marzo de 2019).[93]​ Ninguno de esos nueve miembros de la bancada de PpK, entre los que se contaban Mercedes Araoz y Carlos Bruce, era militante del partido; el último militante, Clemente Flores, renunció a Contigo ese mismo día.[94]

El 20 de julio del 2019, los congresistas Janet Sánchez (entonces presidenta de la Comisión de Ética) y Moisés Guía, anunciaron su separación de la bancada de Peruanos por el Kambio. De modo que la bancada de PpK quedó reducida a 7 miembros.[95]

El 15 de agosto de 2019, Mercedes Araoz, Carlos Bruce y Ana María Choquehuanca renunciaron a bancada PpK. Adujeron como razón que se había quebrado la democracia dentro del partido. Este alejamiento de tres importantes miembros del oficialismo fue un duro golpe para el gobierno. La bancada de PpK quedaba así reducida a cuatro miembros, por lo que al no tener el mínimo requerido (cinco), perdía su condición de bancada y debía disolverse. Pero los de PpK salvaron el paso admitiendo a su bancada a la congresista Yesenia Ponce, ex de Fuerza Popular y de Cambio 21.[96]​ El premier Del Solar advirtió que el gobierno no respaldaba dicha incorporación, ya que no era congruente, pues Yesenia Ponce nunca había respaldado los lineamientos del gobierno. También criticó a Araoz, Bruce y Choquehuanca, pues habían estado a poco de dejar a PpK sin bancada y sin la presidencia de la única Comisión que tenían, la de Economía, poco después de organizarse las comisiones, por lo que consideró que había de su parte un calculado intento de afectar al gobierno.[97]

Denuncia contra el presidente del Congreso Daniel SalaverryEditar

Daniel Salaverry, elegido presidente del Congreso para la legislatura 2018-2019 con el apoyo de su entonces bancada de Fuerza Popular, protagonizó una serie de enfrentamientos con sus correligionarios, marcada por una serie de calificativos, intentos de censuras y acusaciones, que lo llevaron distanciarse de Fuerza Popular y acercarse al presidente Vizcarra, que lo vio como un aliado para frenar el predominio del fujimorismo en el Congreso. Ello le valió sufrir las represalias de sus excompañeros de bancada. Una investigación del programa televisivo Panorama denunció que Salaverry habría presentado reiteradamente datos falsos en sus informes de la semana de representación (una obligación que tienen los congresistas de visitar las provincias a las que representan, para escuchar las demandas de sus electores), que incluían fotos de otros eventos.[98]

El 3 de junio de 2019, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó un informe que recomienda suspender a Salaverry por 120 días por la presunta adulteración de informes de semana de representación. Ello a menos de dos meses de que concluya el periodo de Salaverry en la presidencia del Congreso. En respuesta, Salaverry presentó un recurso de amparo ante un juzgado de Trujillo, aduciendo que existía una vulneración a sus derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la imparcialidad y a un debido proceso. El juzgado admitió a trámite el pedido de Salaverry, que ha recibido críticas de quienes consideran algo insólito llevar al Poder Judicial un asunto que debía tratarse solo en el ámbito parlamentario. Ninguno de los congresistas en la misma situación había hasta entonces recurrido al Poder Judicial para anular un proceso de suspensión.[99]​ Cuando en una reunión del pleno, la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, requirió a Salaverry que él mismo priorizara su caso de suspensión, respondió que ello se vería «en el momento oportuno».[100]

Elección de la Mesa Directiva del Congreso para el periodo 2019-2020Editar

El 27 de julio de 2019, el Congreso eligió a su nueva Mesa Directiva para el periodo 2019-2020. Ganó la lista encabezada por Pedro Olaechea, apoyada por Fuerza Popular, el Apra, Contigo y Cambio 21, que venció a la lista encabezada por Daniel Salaverry, que buscaba su reelección con el apoyo de los demás grupos políticos. El resultado fue 66 votos a favor de Olaechea, 47 a favor de Salaverry y 2 votos en blanco. Pedro Olaechea, economista y empresario de profesión, había sido electo congresista por PpK, pero luego se separó de su bancada e impulsó la creación de otra, denominada Concertación Parlamentaria, para luego iniciar otra con el nombre de Acción Republicana. Aunque se autodenomina independiente, Olaechea, a lo largo de su trayectoria parlamentaria se ha caracterizado por votar siempre en la línea del fujimorismo. Le acompañan en la Mesa Directiva: Karina Beteta (Fuerza Popular) en la primera vicepresidencia; Salvador Heresi (Contigo) en la segunda vicepresidencia; y Marvin Palma (Cambio 21) en la tercera vicepresidencia.[101]

Reorganización de las comisiones del Congreso para la Legislatura 2019-2020Editar

Al empezar el gobierno de PPK existían seis bancadas en el Congreso. Para el 2019 este número se duplicó. En la distribución de las presidencias de las comisiones para la legislatura 2019-2020, Fuerza Popular conservó diez presidencias de las 14 que había tenido. Causó polémica que se reeligiera a Rosa Bartra en la Comisión de Constitución y se eligiera a Tamar Arimborgo (tenaz opositora del llamado «enfoque de género») en la de Educación. De otro lado, la bancada de PpK perdió la presidencia de dos comisiones y conservó solo una, la de Economía.[102]

Bancadas del Congreso y número de Comisiones que presiden
  • Fuerza Popular (10)
  • Alianza para el Progreso (2)
  • Nuevo Perú (2)
  • Frente Amplio (2)
  • Cambio 21 (1)
  • Peruanos por el Kambio (1)
  • Acción Popular (1)
  • Apra (1)
  • Bancada Liberal (1)
  • Acción Republicana (1)
  • Unidos por la República (1)
  • Contigo (1)

Reforma judicialEditar

 
Palacio de Justicia de Lima, sede de la Corte Suprema y símbolo del poder judicial.

La comisión de reforma judicialEditar

El 11 de julio de 2018, tras el estallido del escándalo de Lava Juez o CNM Audios (ver más adelante), el presidente Vizcarra anunció la creación de una comisión para reformar el Poder Judicial, presidida por Allan Wagner Tizón. Ese mismo día, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia Duberlí Rodríguez anuncio una crisis en el sistema judicial.[103]

Cambios en el Poder Judicial y el Ministerio PúblicoEditar

El 19 de julio Duberlí Rodríguez renunció a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y pasó a presidir una de las salas de la Corte.[104]

 
La juramentación de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación, el 20 de julio de 2018. Desde el principio, su gestión se caracterizó por un continúo enfrentamiento con el Poder Ejecutivo, e incluso con algunos miembros del mismo Ministerio Público, al ser sindicado como miembro de Los Cuellos Blancos del Puerto.

El 20 de julio de 2018 juró como nuevo Fiscal de la Nación Pedro Chávarry para el periodo 2018-2021, pese a que el día anterior se había difundido un audio en el que se le escuchaba hablando con el juez Hinostroza, quien le pedía ayuda en los procesos que tenía por enriquecimiento ilícito. Ello, para algunos, era una prueba que involucraba a Chávarry en la organización criminal de los Cuellos Blancos del Puerto. No obstante, Chávarry se negó a dar un paso al costado, pese a que la opinión pública así lo demandaba.[105]

El 25 de julio, Víctor Prado fue elegido como presidente de la Corte Suprema,[106]​ para concluir el periodo de Duberly Rodríguez. A fines de año fue elegido nuevo presidente de la Corte José Lecaros, que juró el 2 de enero de 2019.[107]

Primer mensaje presidencial por Fiestas Patrias. Anuncio del referendumEditar

El 28 de julio de 2018 el presidente Martín Vizcarra dio su primer mensaje a la Nación desde el Congreso por Fiestas Patrias, para hacer un recuento de su gestión, tal como lo manda la Constitución.[108]​ Lo más resaltante de su exposición fue su anuncio de que convocaría a un referéndum para consultar a la ciudadanía sobre la reforma judicial, la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, así como diversas reformas políticas: la reimplantación de un Congreso bicameral, la prohibición de la reelección de los congresistas y el financiamiento de los partidos políticos.[109]

Entrega al Congreso de los proyectos de reforma constitucionalEditar

 
El primer ministro César Villanueva.

El 9 de agosto de 2018, el presidente Vizcarra, acompañado de su primer ministro César Villanueva, se presentó en el Congreso para entregar los proyectos de reforma constitucional, que incluíanː[110]

  • La reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
  • El retorno del sistema bicameral en el Congreso.
  • La prohibición de la reelección de los congresistas.
  • La reglamentación del financiamiento de los partidos políticos.

Junto con el proyecto de reforma constitucional del CNM se incluyó un paquete de seis proyectos de ley para reformar el sistema judicial, que debían ser aprobados a nivel legislativo. Estos proyectos buscaban:

  • La creación de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Ministerio Público y el Poder Judicial.
  • La eliminación de la participación del Ministerio Público en los procesos contenciosos-administrativos, a fin de agilizar los procesos.
  • La transparencia en el sistema de justicia, facilitando el acceso a la información y hoja de vida de los jueces y fiscales.
  • Incentivar la probidad de los abogados, sancionando las trangresiones a los principios éticos.
  • La creación de un sistema de fiscales especializados en delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios, lavado de activos y delitos conexos.
  • La creación del Consejo para la reforma del sistema de justicia.

Por el momento, tenían más prioridad las cuatro reformas constitucionales, las mismas que debían ser analizadas, debatidas y aprobadas por el Congreso, para ser luego sometidos a referéndum, el cual, según lo propuesto por el Ejecutivo, debía realizarse a más tardar en diciembre de 2018, coincidiendo con la segunda vuelta de las elecciones regionales. Los voceros de Fuerza Popular, el grupo parlamentario mayoritario (fujimorista), consideraron esto como una presión inadmisible al Congreso, pues el Ejecutivo le imponía plazos; también se señaló que los proyectos presentados por el gobierno tenían algunos errores e incongruencias. Muchos especialistas coincidieron también que algunas reformas precisaban de un debate más extenso, pues implicaban la modificación de varios artículos de la Constitución. El presidente del Congreso Daniel Salaverry dijo que la única reforma urgente era la del CNM, pues las demás reformas políticas recién se aplicarían a partir de 2021.[111]​ Sin embargo, Vizcarra insistió en la necesidad de apresurar la aprobación de todos los proyectos de reforma constitucional, pues según él, la ciudadanía así lo reclamaba; caso contrario, avisó que tomaría otras medidas, no descartando la recolección de firmas.[112]

Roces entre Ejecutivo y Legislativo por el asunto del juez HinostrozaEditar

Hubo también roces entre el Ejecutivo y el Legislativo, por el asunto del juez Hinostroza y el fiscal Chávarry. Los voceros del gobierno, así como las demás bancadas del Congreso, acusaron a la bancada fujimorista de “blindar” a Hinostroza, debido a que no agilizaban su destitución e inhabilitación como juez supremo, algo que la opinión pública demandaba. También hubo la impresión de que el fiscal de la Nación Pedro Chávarry (que ya desde agosto de 2018 fue incluido en un informe de la fiscalía del Callao como parte integrante de Los Cuellos Blancos del Puerto), recibía el respaldo del fujimorismo en el Congreso.[113]

El tema de Hinostroza pasó por la Comisión Permanente del Congreso, donde, si bien hubo votación favorable para su destitución e inhabilitación por diez años, no ocurrió lo mismo en la votación para denunciarlo como cabecilla de una organización criminal. Los 18 congresistas fujimoristas integrantes de la Comisión (que constituían una mayoría frente al resto de 8 congresistas integrantes de otras fuerzas políticas) votaron en contra y según algunos analistas fue una manera de “blindar” al juez para que no respondiera ante la Fiscalía. Ellos fueron: Leyla Chihuán, Segundo Tapia, Yeni Vilcatoma, Percy Alcalá Mateo, Alejandra Aramayo, Tamar Arimborgo, Rosa Bartra, Karina Beteta, Úrsula Letona, Milagros Salazar, Freddy Sarmiento, César Segura, Milagros Takayama, Miguel Castro Grández, Nelly Cuadros, Carlos Dominguez, Mártires Lizana y Mario Mantilla (28 de septiembre de 2018).[114]​ Unas entregas del chat La Botica revelaron precisamente la manera en que los congresistas fujimoristas se ponían de acuerdo para hacer dicho blindaje.[115]

El pretendido “blindaje” al juez Hinostroza causó indignación en la ciudadanía y los congresistas fujimoristas fueron blanco de las críticas. Hubo presión para que se rectificaran en la votación a realizarse en el pleno del Congreso. Efectivamente, el 5 de octubre de 2018, el Congreso en pleno, luego de escuchar la defensa del mismo Hinostroza, aprobó destituirlo e inhabilitarlo de toda función pública por 10 años, así como acusarlo de cuatro delitos: patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y pertenencia a una organización criminal. La votación fue unánime. También los miembros del CNM fueron destituidos y acusados de diversos cargos, aunque no el de pertenecer a una organización criminal.[116]

En cuanto al fiscal Chávarry, siguió aferrándose a su cargo de Fiscal de la Nación, aduciendo que el Ministerio Público era un ente autónomo; incluso, al ser criticado por el mismo presidente Vizcarra, le amenazó con investigarlo y hacer tramitar las 46 denuncias que tenía (43 de ellas cuando fue gobernador de Moquegua).[117]

El congresista oficialista Juan Sheput presentó ante al Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso un informe contra el fiscal Chávarry, recomendando su destitución e inhabilitación por diez años. El informe fue rechazado por una mayoría conformada por fujimoristas y apristas. Se justificó esa decisión arguyendo que el informe mostraba falencias (11 de octubre de 2018).[118]​ También se rechazó un pedido para suspender e inhabilitar al congresista fujimorista Héctor Becerril, involucrado en algunos audios.[119]

Debate en el Congreso de los proyectos de reforma constitucionalEditar

Transcurrido más de un mes del anuncio presidencial del 28 de julio de 2018, el Congreso no daba señales de avanzar en el debate de los proyectos de reforma constitucional. Cuando por fin el 14 de septiembre se sometió en la Comisión de Justicia la aprobación del dictamen sobre la reforma del CNM, ella se frustró por la abstención de los representantes de Fuerza Popular. La fujimorista Úrsula Letona, miembro de la Comisión de Justicia, calificó el dictamen propuesto como un «mamarracho».[120]​ Esto fue lo que colmó la paciencia del Ejecutivo. En la noche del domingo 16 de setiembre, Vizcarra dio un mensaje a la Nación televisado, en el que anunció que plantearía cuestión de confianza, en vista de la demora del Congreso en aprobar los proyectos de reforma constitucional. Para tal efecto, dio una resolución suprema al día siguiente, convocando a una sesión extraordinaria del Congreso para el miércoles 19 de septiembre, en la que se presentaría el primer ministro para sustentar la cuestión de confianza. Según la interpretación del Ejecutivo, si se negaba la confianza al Consejo de Ministros se trataría de la segunda negativa pues la primera había ocurrido con el gabinete Zavala el año anterior, y por ende, el Ejecutivo podría disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones parlamentarias, tal como lo establece el artículo 134 de la Constitución.[121]

Los voceros de Fuerza Popular dijeron que no era cierto que estaban dilatando u obstruyendo el debate de los proyectos de reforma, y que en realidad lo tenían ya todo programado. Como para dar prueba de ello, el día lunes 17 la Comision de Justicia aprobó el primer dictamen, sobre la reforma del CNM,[122]​ que fue discutido y aprobado al día siguiente en el pleno del Congreso. Se cambió el nombre del CNM, que pasó a llamarse Junta Nacional de Justicia.[123]

El 19 de septiembre, el primer ministro César Villanueva se presentó ante el Congreso en pleno para sustentar la cuestión de confianza. Villanueva anunció que el gobierno no aceptaría una aprobación parcial de los proyectos de reforma constitucional, sino de todos en general. Luego de un debate de varias horas, se aprobó la confianza solicitada por el gobierno, con 82 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones. Quedó establecido el 5 de octubre como el plazo máximo para que el Congreso aprobase todos los proyectos de reforma constitucional.[124]

La comisión de Constitución del Congreso apresuró el debate y la aprobación de los tres dictámenes restantes. El 26 de septiembre, el Congreso en pleno aprobó la reforma sobre el financiamiento de los partidos políticos.[125]​ Y finalmente, el 3 de octubre, se aprobaron las dos reformas restantes: sobre el retorno de la bicameralidad y la no reelección parlamentaria. En cuanto a la primera, se acordó que el nuevo congreso bicameral se denominaría Parlamento Nacional, y que constaría de 130 diputados y 50 senadores (es decir, se aumentaría el número de parlamentarios de 130 a 180). En la madrugada del día 4, el Congreso acordó por votación abrumadora que las autógrafas de las cuatro reformas constitucionales planteadas por el Ejecutivo fuesen remitidas a la Presidencia de la República para que continuaran su trámite y pudieran someterse a referéndum.[126]​ Como dato anecdótico, el congresista Víctor Andrés García Belaunde planteó cuestión previa exigiendo la presencia de los ministros-congresistas César Villanueva y Vicente Zeballos, para que defendieran ante el pleno la posición del gobierno sobre las reformas planteadas. Y efectivamente, Villanueva y Zeballos se presentaron en el hemiciclo del Congreso ya cerca de la medianoche. De esa manera el Congreso cumplió con el plazo dado por el Ejecutivo.[127]

Promulgación del decreto para el referendumEditar

El 9 de octubre de 2018, Vizcarra promulgó el decreto para someter a consulta popular los cuatro proyectos de reforma constitucional, mediante un referéndum, que fue fijado para el 9 de diciembre del mismo año. Sin embargo, se mostró en desacuerdo con la cuarta consulta, sobre la bicameralidad, pues según su opinión, el Congreso había desnaturalizado el proyecto original, modificando los aspectos sobre paridad entre hombres y mujeres en las listas de candidatos para diputados y senadores, e incluyendo modificaciones a la cuestión de confianza para restar de prerrogativas al Ejecutivo.[128]

Referéndum 2018Editar

El 9 de diciembre de 2018 se realizó el referéndum por las reformas constitucionales y la segunda vuelta de las elecciones regionales en 15 regiones.

Las cuatro preguntas claves del referéndum obtuvieron los siguientes resultados, al 95,76% de actas contabilizadas:[129]

1. ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia (antes Consejo Nacional de la Magistratura)?

Sí: 78,49% No: 12,14% Blanco: 3,91% Nulo: 5,46%

2. ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas?

Sí: 78,14% No: 12,90% Blanco: 4,13% Nulo: 4,83%

3. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República?

Sí: 77,77% No: 12,81% Blanco: 4,41% Nulo: 5,01%

4. ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República?

Sí: 8,33% No: 79,73% Blanco: 5,75% Nulo: 6,19%

Las tres primeras preguntas obtuvieron pues, un abrumador apoyo, mientras que la última, referida a la creación de un Congreso Bicameral, fue rechazada mayoritariamente, todo lo cual se interpretó como un triunfo del gobierno. En la noche del 12 de diciembre, el presidente Vizcarra dio un mensaje televisado a la Nación, que duró treinta minutos. Hizo un balance del resultado del referendum y dijo ya tener en manos el proyecto de ley orgánica para la implementación de la Junta Nacional de Justicia, (redactado por la Comisión de Reforma Judicial y aprobado en el Consejo de Ministros), que sería remitido al Congreso para su debate y aprobación. Exhortó al Congreso para agilizar la reforma judicial, así como la aprobación de siete proyectos de ley complementarios que estaban en compás de espera en las Comisiones del Congreso. Anunció también la creación de una comisión de alto nivel cuya finalidad sería presentar al Congreso de la República propuestas para la reforma política, que se sumaría así a la reforma judicial. Hizo finalmente un recuento de su gestión por sectores. El presidente del Congreso Daniel Salaverry anunció que la legislatura se extendería hasta el 30 de enero del 2019 para atender los casos pendientes, entre ellas la implementación de la reforma judicial.[130]

Aprobación de la ley orgánica de la Junta Nacional de JusticiaEditar

Luego de que en el referéndum del 8 de diciembre de 2018 se aprobara la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ, antes Consejo Nacional de la Magistratura), el gobierno envió el proyecto de ley orgánica para la implementación de dicha Junta, redactado por la Comisión de Reforma Judicial. Se instó al Congreso a que diera prioridad a su debate y aprobación, pedido al que accedió el presidente del Congreso Daniel Salaverry, quien extendió la legislatura hasta enero de 2019.

El debate se dio en primer lugar en las Comisiones de Constitución y Justicia, rechazándose el pedido de que ambos grupos de trabajo sesionaran juntos para agilizar el trámite. En la Comisión de Justicia, presidida por Alberto Oliva (de Peruanos Por el Kambio) el dictamen se aprobó el 18 de enero;[131]​ en la Comisión de Constitución, presidida por Rosa Bartra (de Fuerza Popular), se aprobó el 29 de enero. [132]​ Se sometió luego al pleno el 30 de enero, pero surgió un desacuerdo que impidió la aprobación: el dictamen de la Comisión de Constitución no recogía la propuesta original del Ejecutivo acerca de la paridad de género en la selección de los siete miembros de la JNJ, mientras que si lo hacía el de la Comisión de Justicia, que establecía como mínimo tres mujeres. Ello motivo que hubieran varios parlamentarios renuentes a dar su aprobación (como los de Nuevo Perú y Frente Amplio) y no se llegara a los 66 votos requeridos como mínimo.[133]​ Salaverry instó entonces a los presidentes de ambas comisiones, Bartra y Oliva, para consensuar en el punto en disputa, y convocó al pleno para el día 1 de febrero, al haberse ya cumplido el plazo de la legislatura. Finalmente se acordó que no habría discriminación de ningún tipo en la selección de miembros del JNJ, primando la meritocracia.[134]​ Una vez superado el inconveniente, el pleno del Congreso aprobó la Ley Orgánica de la creación del JNJ, con 80 votos a favor y 16 en contra.[135]​ En la escena final, Salaverry felicitó a Oliva y Bartra, diciendo que se acababa de demostrar que los objetivos se logran mediante el diálogo y consenso. Se cerró asimismo la legislatura, hasta el mes de marzo.[136]

Promulgación de la ley orgánica de la JNJEditar

El 18 de febrero de 2019, el presidente Vizcarra promulgó la Ley N° 30916 o Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por lo que se creaba oficialmente dicho organismo.[137]

La JNJ estará conformado por siete miembros, elegidos por concurso público y por un periodo de cinco años, sin reelección inmediata. Los requisitos para ser miembro del JNJ son: «ser abogado mayor de 45 años, con experiencia profesional no menor de 25 años o haber ejercido la cátedra universitaria por ese mismo tiempo o la investigación en materia jurídica por al menos 15 años, así como tener reconocida trayectoria profesional y solvencia e idoneidad moral, y no contar con sentencia condenatoria firme por delito doloso». Las funciones de la JNJ serán nombrar, ratificar, realizar evaluaciones parciales y procesos disciplinarios a jueces y fiscales.

Una Comisión Especial es la encargada de elegir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Dicha Comisión empezó a reunirse el 5 de febrero de 2019 y la integran el presidente del Poder Judicial, José Lecaros; el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume; el contralor Nelson Shack; la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; y un representante de las universidades públicas y otro de las privadas,[138]​ siendo designados como tales los rectores de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Jorge Alva Hurtado, y de la Universidad de Piura, Antonio Abruña Puyol.[139]

El Congreso demora la aprobación del resto de proyectos de reforma judicialEditar

La creación de Junta Nacional de Justicia (ratificada por referendum) era solo una de los ocho proyectos de reforma judicial que en agosto de 2018, tras el escándalo de los CNM Audios, el gobierno había presentado al Congreso para su discusión y aprobación. Para abril de 2019, es decir, ocho meses después, solo la mitad de ellos habían sido aprobados, uno había sido observado y los otros tres seguían pendientes de definirse en el pleno del Congreso.[140]

Dificultades en la elección de los miembros del JNJEditar

La Comisión Especial, a fines de abril de 2019, realizó la convocatoria pública para elegir a los siete miembros de la primera Junta Nacional de Justicia. El proceso evidenció desde el principio una lentitud preocupante. Se inscribieron finalmente 104 candidatos. La primera evaluación fue de conocimientos, en la cual solo tres postulantes la superaron: David Dumet Delfín, Víctor Cubas Villanueva y Pedro Patrón Bedoya. Siendo siete los miembros que debían integrar la JNJ, este resultado acarreó una crisis en el interior de la Comisión Especial, ya que el plazo de dicha elección se iba venciendo. La última etapa de evaluación consistía en entrevistas personales; de los tres postulantes, solo Patrón logró pasarla.[141]

Al menos ya se contaba con un miembro de la JNJ, pero estando ya programada la juramentación de Patrón, se suspendió la ceremonia, al conocerse que este tenía pendiente un proceso judicial por presunta falsedad ideológica en agravio del Jurado Nacional de Elecciones por haber cobrado de manera irregular sus pensiones como jubilado. Patrón consideró esto como un agravio hacia su persona y renunció irrevocablemente a formar parte del JNJ (26 de junio de 2019).[142]

Crisis del Ministerio PúblicoEditar

Enfrentamiento entre el fiscal Chávarry y el Equipo Lava JatoEditar

El fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry (sindicado como miembro de Los Cuellos Blancos del Puerto) se enfrentó abiertamente con el Equipo Especial del Caso Lava Jato, encabezado por el fiscal Rafael Vela Barba y conformado por los fiscales José Domingo Pérez, Germán Juárez y Norma Mori, los cuales, según la opinión popular, venían haciendo una destacada labor en el caso Odebrecht (especialmente en los casos de Keiko Fujimori-Fuerza Popular y Alan García). Chávarry cuestionó la labor profesional de dichos fiscales, en especial del fiscal Pérez, encargado de los casos García, Fuerza Popular-Keiko Fujimori y Kuczysnki.[143]​ Hubo quienes conjeturaron que Chávarry pretendía sabotear el avance del caso Odebrecht, en colusión con el fujimorismo y el aprismo, cuyos líderes estaban severamente comprometidos en las investigaciones de Lava Jato.

A su vez, el fiscal Pérez dio reiteradas declaraciones a la prensa cuestionando la presencia de Chávarry en la cabeza de la Fiscalía. Incluso llegó a hacer un pedido para que se denuncie a Chávarry por presunto encubrimiento en la investigación del Caso Cócteles. De otro lado, se abrieron numerosos procesos disciplinarios contra Pérez, que se interpretaron como represalias.[144]​ Por su parte, el fiscal Vela Barba llegó a afirmar que su equipo sufría de constante hostigamiento, desde dentro del mismo Ministerio Público.[145]

Retiro de los fiscales Pérez y Vela del Equipo Lava JatoEditar

El 31 de diciembre de 2018, a pocas horas antes de celebrarse el Año Nuevo, el fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry anunció que no ratificaría a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez como integrantes del Equipo Especial del Caso Lava Jato. La resolución se oficializó al día siguiente a través del diario El Peruano. Las razones dadas para tal decisión que ambos fiscales habían atentado constantemente contra el principio de jerarquía dentro del Ministerio Público; que habían vulnerado el principio de reserva de la investigación del caso Odebrecht; y que ante el pedido de Chávarry de ser informado sobre los avances de las investigaciones, no dieron respuesta o solo la dieron de manera incompleta.[146]

El equipo del Caso Lava Jato convocó a una conferencia pública en la que anunció que apelaría la decisión del Chávarry ante la junta de fiscales supremos, aduciendo que las razones expuestas para la remoción de Vela y Pérez eran falsas y que su verdadera intención era sabotear la firma final del acuerdo de colaboración con Odebrecht y el develamiento de nueva información que comprometan a políticos y funcionarios en la corrupción. De hecho, la firma de dicho acuerdo en Brasil, programado para ese mismo mes de enero, quedó suspendido.[147]​ De otro lado, los fiscales designados como sucesores de Vela y Pérez, Marcial Páucar y Frank Almanza, declinaron ser parte del equipo Lava Jato.[148]

Proyecto para declarar en emergencia al Ministerio PúblicoEditar

El 31 de diciembre de 2018, el presidente Vizcarra, que se hallaba en Brasil para asistir a la toma de mando del presidente Jair Bolsonaro, adelantó su regreso al Perú al enterarse de la decisión del fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry de remover de sus cargos a los fiscales del Equipo Especial del Caso Lava Jato. Vizcarra anunció que tomaría medidas al respecto, aunque respetando la autonomía de poderes.[149]​ En efecto, el Consejo de Ministros se reunió de emergencia para redactar un proyecto de ley que declaraba en emergencia al Ministerio Público,[150]​ proyecto que fue llevado al Congreso por el mismo presidente Vizcarra, para que fuera sometido a su discusión y aprobación. En el recorrido de Palacio de Gobierno hacia la sede del Congreso, Vizcarra recibió el apoyo multitudinario de la población; en ese trayecto se enteró que el fiscal Chávarry dejaba sin efecto su resolución y reponía a los fiscales Vela y Pérez.[151]

De todos modos, Vizcarra llegó al Congreso y presentó su iniciativa legislativa, pues consideró que era necesario declarar en emergencia el Ministerio Público. El proyecto contemplaba declarar en suspensión las funciones del fiscal de la Nación Pedro Chávarry y de los otros cinco miembros de la Junta de Fiscales Supremos; así como la creación de una Junta Transitoria de Fiscales Supremos, compuesta por los fiscales supremos adjuntos titulares. Esta Junta se encargaría de nombrar a un fiscal de la Nación transitorio, así como tendría la facultad para elaborar y aprobar un plan de reestructuración y reorganización del Ministerio Público. Otra de sus atribuciones sería remover a todos aquellos fiscales implicados en la red de los Cuellos Blancos del Puerto, así como en otros actos dolosos. La emergencia duraría hasta que la Junta Nacional de Justicia (aún sin funcionar, pues su creación había sido aprobada en el referéndum de 2018) resolviera la situación de los fiscales supremos.[152]​ Algunos juristas consideraron que el proyecto del ley presentado por Vizcarra era anticonstitucional.[153]

Renuncia del fiscal de la Nación Pedro ChávarryEditar

En Lima y en otras ciudades del país se produjeron multitudinarias marchas de la población para exigir la renuncia del fiscal Chávarry, no bien se supo de la remoción de los fiscales Vela y Pérez, es decir, pocas horas antes del Año Nuevo de 2019. En Lima, el día 3 de enero de 2019 se realizó una concentración nutrida de manifestantes en la Plaza San Martín, que luego se trasladaron al frente de la sede del Ministerio Público, en la avenida Abancay, ocurriendo algunos enfrentamientos con las fuerzas del orden.[154]​ Fue esta inesperada reacción de la ciudadanía lo que obligó a Chávarry a reponer a los fiscales Vela y Barba en el Equipo Lava Jato, aunque él arguyó que lo hizo al ver que la autonomía del Ministerio Público estaba en peligro y que el mismo desarrollo de la diligencias del caso Lava Jato se veía amenazado, a raíz del proyecto de ley presentado por Vizcarra.

Chávarry se vio obligado a convocar a la Junta de Fiscales Supremos, quienes le solicitaron que renunciara a su cargo de Fiscal de la Nación para superar la crisis (4 de enero de 2019). Chávarry respondió que reflexionaría sobre el asunto y daría a conocer su decisión a más tardar en dos días. En efecto, el 7 de enero anunció que presentaría su renuncia ante la Junta de Fiscales Supremos, como en efecto lo hizo.[155]​ En su reemplazo juró como nueva Fiscal de la Nación la doctora Zoraida Ávalos.[156]

El deslacrado de la oficina del asesor de ChávarryEditar

 
El fiscal de la nación Pedro Chávarry.

Chávarry fue involucrado en el deslacrado del despacho de su asesor Juan Duarte y el retiro ilegal de documentos. Dicha oficina, cercana a la de Chávarry, había sido intervenida por el fiscal Pérez bajo la presunción de guardar documentos que comprometían a Keiko Fujimori y otros personajes en lavado de activos (caso Cócteles). Pero las cámaras de seguridad registraron que Rosa Venegas, asesora de Chávarry, el día sábado 5 de enero (es decir, cuando Chávarry era todavía fiscal de la Nación) ingresó a la oficina y sustrajo documentos; otras tomas de las cámaras demostraron que el mismo Chávarry se hallaba en su despacho ese mismo día y hora de ocurrido el suceso. Por ese motivo, al haber una presunción de encubrimiento real, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ordenó contra Chávarry nueve meses de impedimento de salida del país.[157]​ Rosa Venegas, que al principio dijo que había actuado por cuenta propia y que solo extrajo documentos personales, luego se rectificó y dijo haber actuado por presión del mismo Chávarry y su equipo de trabajo, que se hallaban desesperados por retirar documentación que les comprometía con Fuerza Popular.[158]

Debate en el Congreso sobre los temas del Ministerio PúblicoEditar

Atendiendo el pedido del presidente Vizcarra, el pleno del Congreso se reunió el día 7 de enero de 2019, bajo la presidencia de Daniel Salaverry, para evaluar la situación del Ministerio Público. Previamente se convocó a reunión a la Junta de Portavoces para agilizar el debate, pero ello no se concretó debido que no asistieron los representantes de Fuerza Popular y el Apra (ya que estos partidos no estaban de acuerdo en la conformación de las nuevas bancadas y con la presencia de sus voceros en la Junta de Portavoces). Empezado el debate en el pleno, ocurrieron incidentes iniciados por el congresista Alberto de Belaunde, quien afirmó que Fuerza Popular tenía un pacto de impunidad con el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Los congresistas de Fuerza Popular pidieron que Belaunde retirara sus palabras, pero este se negó. Ante tal situación, los fujimoristas pidieron a Salaverry que, siguiendo con el reglamento, suspendiera momentáneamente el debate y convocara a Junta de Portavoces para reportar la falta de Belaunde, pero este pedido no prosperó. Los fujimoristas reclamaron también que el Consejo Directivo debía proponer la agenda del debate del pleno y no el presidente de Congreso, y que los temas a discutir se desarrollaran en las comisiones antes de pasar al pleno. Finalmente, al ver que ninguna de sus demandas eran atendidas, acusaron a Salaverry de no conducir el debate ciñendose al reglamento y decidieron abandonar el pleno. Ante ello, se levantó la sesión por falta de quórum. Salaverry lamentó que Fuerza Popular se dedicara a boicotear el debate del proyecto.[159]

La bancada de Fuerza Popular anunció que presentaría una moción de censura contra Salaverry. Poco después, cuatro congresistas de dicha bancada (Miguel Castro, Rolando Reátegui, Yesenia Ponce y Glider Ushñahua) presentaron su renuncia a Fuerza Popular, con lo que esta quedaba con 56 representantes. El mismo Salaverry oficializó su renuncia a dicho partido. Finalmente, la bancada fujimorista anunció el retiro de la moción de censura contra Salaverry, según ellos para no afectar la labor del Congreso; según otros, al constatar que la censura no prosperaría al carecer del número de votos para lograrla, pues las demás fuerzas políticas habían anunciado que no los apoyarían.[160]

Reforma políticaEditar

Creación de la Comisión de Alto Nivel de Reformas PolíticasEditar

Tal como lo había anunciado en su mensaje a la Nación del 12 de diciembre, el presidente Vizcarra oficializó la conformación de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Estaba integrada por el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, como coordinador, y los académicos Paula Valeria Muñoz Chirinos, Milagros Campos Ramos, Jessica Violeta Bensa Morales y Ricardo Martin Tanaka Dongo (Resolución Suprema Nº 228-2018-PCM de 21 de diciembre de 2018).[161]​ Se instaló el 5 de enero de 2019. Trabajó con total independencia y se reunió con los representantes de todas las bancadas del Congreso, que expusieron sus puntas de vista sobre las reformas que consideraban necesarias.

El 20 de marzo de 2019, la Comisión presentó su informe final ante el Consejo de Ministros presidido por Salvador del Solar. Este informe constaba de 12 proyectos de ley, cuatro de los cuales son reformas constitucionales.[162]

Los doce proyectos de reforma políticaEditar

Basándose en el informe de la Comisión de Alto Nivel de Reformas Políticas, el gobierno presentó doce propuestas de reforma política ante el Congreso, tres de reforma constitucional y nueve proyectos de ley. Excluyó el tema de la bicameralidad, por haber sido recientemente rechazado en el referendum (11 de abril de 2019).[163]

Entre los tres proyectos de reforma constitucional se encuentra el que busca el equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo con el objetivo de establecer contrapesos entre ambos; la reforma que modifica los impedimentos para ser candidato a cualquier cargo de elección popular, a fin de mejorar la idoneidad de los postulantes; y la reforma que busca ampliar el mandato regional y municipal a cinco años, para que coincidan con las elecciones generales.[163]

Para el Poder Legislativo, se plantea que la elección de los congresistas se realice en la segunda vuelta presidencial; se propone la eliminación el voto preferencial y se establece la paridad y alternancia en la lista de candidatos. De otro lado, para los partidos políticos, se busca promover la democracia interna y la participación ciudadana en la selección de candidatos, estableciendo elecciones internas, abiertas, simultaneas y obligatorias organizadas por la ONPE. Otras reformas se refieren a la inscripción y cancelación en el registro de las organizaciones políticas, y los requisitos para mantener la inscripción vigente, así como la regulación del financiamiento de organizaciones políticas, para evitar la corrupción. Otra propuesta es que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria no sea competencia del Congreso, sino de la Corte Suprema de Justicia.[163]

Mensaje a la Nación del 11 de abril de 2019Editar

En la noche del 11 de abril de 2019, el presidente Vizcarra dio un mensaje a la Nación, en el que afirmó que la decisión de su gobierno de impulsar reformas políticas, judiciales y tributarias habían ocasionado ataques sistemáticos de «grandes intereses y grupos de poder» contra él y su gobierno. Anunció que había presentado al Congreso doce proyectos de reforma con el fin de tener partidos más representativos y transparentes, así como un ajuste al mecanismo de la inmunidad parlamentaria para evitar «pactos de complicidad».[164]​ Sus críticos, sin embargo, dijeron que, una vez pasada la euforia mediática y popular desatada por la reforma judicial y la lucha anticorrupción, Vizcarra buscaba nuevamente confrontar con el Congreso, a fin de ganar puntos en las encuestas de popularidad, ya que a partir de enero había empezado su bajada.

El Ejecutivo acusa al Congreso de no priorizar la reforma políticaEditar

El 7 de mayo de 2019, la Comisión de Constitución del Congreso, dirigida por Rosa Bartra, aprobó con los votos de Fuerza Popular y el Apra un cronograma para el debate de la reforma política y electoral, pero sin priorizar los 12 proyectos que el Ejecutivo había entregado al Congreso el mes anterior. Esta medida fue criticada por el presidente Vizcarra y su primer ministro Del Solar, así como otros grupos políticos del Congreso, que acusaron a la oposición de no querer que se apruebe a tiempo la reforma política. En respuesta, Bartra afirmó que la comisión desde tiempo atrás había acordado que la organización sobre la reforma estaría alrededor del código electoral. En ese sentido, su grupo había presentado una propuesta que dividía 138 proyectos, entre reformas constitucionales, leyes orgánicas y leyes ordinarias, en 17 grandes bloques.[165]​ Se teme que, a ese paso, las reformas políticas planteadas por el Ejecutivo no logren estar expeditas para las elecciones generales de 2021, ya que los plazos se vencerían: se necesitan dos legislaturas para hacer las reformas constitucionales, a lo que se suma que, según la ley electoral, solo se deben hacerse cambios hasta un año antes de las elecciones.

Acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso para atender las reformas políticasEditar

El 15 de mayo de 2019, el presidente Martín Vizcarra, el jefe del Gabinete, Salvador del Solar, y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, se reunieron en Palacio de Gobierno con representantes de las bancadas del Congreso para dialogar sobre la reforma política propuesta por el Gobierno.[166]​ La reunión rindió frutos al llegarse como consenso la necesidad de priorizar la reforma política. Fuerza Popular presentó un cronograma alternativo para revisar los proyectos de reforma política del Ejecutivo. Del Solar señaló que el Ejecutivo no espera que se aprueben los proyectos tal como están planteados, sino que el Congreso tiene la facultad de debatirlos y hacer las modificaciones que crea conveniente.[167]​ Aunque el plazo parece corto, se espera que el cronograma alternativo permita revisar las reformas constitucionales en una primera legislatura para ser ratificadas en una segunda. En cuanto al resto de los proyectos de ley, no necesitan de tal trámite. Y para comenzar, el 16 de mayo de 2019, la Comisión de Constitución mandó al archivo el proyecto que proponía que el levantamiento de inmunidad parlamentaria sea decisión de la Corte Suprema y no del mismo Congreso. Al actuar así, la oposición adujo defender los fueros del Congreso.[168]

Nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y el CongresoEditar

 
La fujimorista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, se dedicó a “blindar” a los funcionarios involucrados en corrupción y relacionados con el fujimorismo y el aprismo, por una «cuestión de supervivencia», como aparece diciendo en el chat de La Botica.

En la mañana del 21 de mayo de 2019, el presidente Vizcarra, el primer ministro Salvador del Solar y el ministro de Justicia Vicente Zevallos, fueron al Congreso de la República. Los ministros habían sido citados ese día ante la Comisión de Constitución para sustentar la reforma política. Pero Vizcarra anunció que sus ministros no acudirían a la Comisión, pues consideraba que no estaban dadas las condiciones para la reforma política, como lo demostraba el hecho que la Comisión, tras un corto debate, archivara el proyecto sobre la inmunidad parlamentaria, sin esperar que los ministros fueran a la Comisión a sustentar dicha reforma y las otras. Según Vizcarra, el Congreso no estaba cumpliendo el acuerdo que había hecho con el Ejecutivo de debatir en el pleno cada una de los proyectos.[169]

Vizcarra plantea cuestión de confianza por la reforma políticaEditar

El 29 de mayo de 2019, desde el Gran Comedor de Palacio de Gobierno, el presidente Vizcarra dio un mensaje a la Nación, en el que anunció su decisión de plantear la cuestión de confianza ante el Congreso en respaldo a la reforma política. Ello, luego que la Comisión de Constitución, con mayoría fujimorista, enviara al archivo el proyecto sobre la inmunidad parlamentaria, y la Comisión Permanente, también con mayoría del fujimorismo, archivara prácticamente todas las denuncias que pesan sobre el controvertido fiscal Chávarry. El presidente, acompañado por los miembros de su gabinete ministerial y los gobernadores regionales, manifestó que la cuestión de confianza se sustentaría en la aprobación, sin vulnerar su esencia, de seis de los proyectos de ley de reforma política, considerados los más medulares, a saber:[170]

  • Cambios en la inmunidad parlamentaria, para que no se convierta en impunidad.
  • Las personas condenadas no podrán ser candidatos.
  • Cualquier ciudadano deberá participar en la selección de candidatos de las organizaciones políticas, a través de elecciones primarias internas.
  • Eliminar el voto preferencial y que sea la población la que lo defina en esa previa selección.
  • Garantizar la participación política de las mujeres con paridad y alternancia.
  • Prohibir el uso de dinero sucio de las campañas electorales.

La decisión de Vizcarra fue bien recibida por la ciudadanía, ya que existía la posibilidad de que, en caso de que el Congreso negase la confianza al Consejo de Ministros, sería la segunda vez que lo haría (la anterior fue al gabinete Zavala del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, pues se consideraba al mandato de Vizcarra como parte del mismo gobierno), por lo cual, según la Constitución, frente a dos negativas, el presidente estaría facultado (no obligado) a cerrar el Congreso y convocar a nuevas elecciones parlamentarias en un plazo de cuatro meses.

Al día siguiente, el primer ministro Salvador del Solar se presentó ante el Congreso para entregar el oficio en el que solicita que se fije hora y fecha de la sesión plenaria en la que sustentará la cuestión de confianza. En dicho documento, Del Solar indicó que plantearía que el plazo máximo para la aprobación de las seis reformas políticas sea al finalizar la legislatura vigente (15 de junio); caso contrario, consideraría que el Congreso negaba la confianza al gabinete ministerial.[171]​ Atendiendo al pedido, el presidente del Congreso Daniel Salaverry convocó al pleno para el 4 de junio para atender el pedido de confianza del Ejecutivo.[172]

Los seis proyectos de reforma política quedaron definidos así:[173]

  • Reforma constitucional que plantea que las personas condenadas en primera instancia no podrán ser candidatos.
  • Reforma legislativa sobre la democracia interna, que busca que los ciudadanos participen en la selección de candidatos de las organizaciones políticas, a través de elecciones primarias internas.
  • Reforma legislativa que busca garantizar la participación política de las mujeres, con paridad y alternancia, así como eliminar el voto preferencial.
  • Reforma legislativa sobre inscripción y cancelación de partidos políticos y organizaciones políticas regionales.
  • Reforma legislativa que busca prohibir el uso de dinero ilegal en las campañas electorales.
  • Reforma constitucional para hacer cambios en el proceso del levantamiento de la inmunidad parlamentaria, para que no se convierta en impunidad.

La Comisión de Constitución invitó a los juristas Raúl Ferrero Costa, Natale Amprimo, Ernesto Álvarez, Aníbal Quiroga y Óscar Urviola para recoger sus apreciaciones sobre el planteamiento del Ejecutivo y la constitucionalidad del planteamiento.

El Congreso aprueba la cuestión de confianzaEditar

El 4 de junio de 2019, Salvador del Solar se presentó en el Pleno del Congreso para exponer y solicitar la cuestión de confianza ante la representación nacional. Previamente, se rechazó una cuestión previa para evaluar la constitucionalidad del pedido de confianza. Varias voces en el Congreso consideraron que imponer un plazo a la aprobación de las reformas constitucionales y obligar a que se respetara su esencia, era anticonstitucional, ya que las reformas de ese tipo eran atribución exclusiva del Congreso y el Ejecutivo carecía de la facultad de observarlas. Debido a estas críticas, Del Solar, en su exposición, aligeró esa parte de su exigencia. Dijo que el Congreso estaba facultado a ampliar la legislatura si fuera necesario, y que no estaba obligado a aprobar los proyectos al pie de la letra, sino que podía enriquecerlos, aunque insistiendo que no debía alterar su esencia. «Esta cuestión de confianza no es una amenaza», concluyó.[174]

Terminada la exposición del primer ministro, se inició el debate parlamentario, que tuvo que ser extendido hasta el día siguiente. Finalmente, al mediodía del 5 de junio de 2019 se realizó la votación. La cuestión fue aprobada con 77 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones. Los miembros de las bancadas de izquierda (Frente Amplio y Nuevo Perú) y del Apra votaron en contra, mientras que los de Fuerza Popular lo hicieron de manera dividida (33 a favor, 16 en contra y 2 abstenciones).[175]

Nuevo cronograma para el debate de las reformas políticasEditar

El mismo día en que se aprobó la cuestión de confianza, la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, anunció que su grupo de trabajo había acordado por unanimidad hacer un nuevo cronograma para priorizar los seis proyectos de reforma política. El nuevo cronograma, según detalló, comenzará a implementarse el 7 de junio, y atenderá en el siguiente orden los proyectos de reforma política:[176]

  • Los impedimentos para poder ejercer cargos políticos.
  • Inscripción y cancelación de partidos políticos.
  • Participación ciudadana en las elecciones internas de los partidos.
  • Financiamiento indebido de las organizaciones políticas.
  • La paridad y alternancia en la lista de candidatos.
  • La inmunidad parlamentaria.

Dos de ellos (sobre la inmunidad parlamentaria y el impedimento para ejercer cargos políticos) son de carácter constitucional y necesitan su aprobación en dos legislaturas del pleno del Congreso, con un mínimo de 87 votos en cada votación.

Por su parte, el presidente del Congreso Daniel Salaverry anunció que se ampliaría la legislatura hasta el 25 de julio de 2019, con “agenda fija”.[177]

Aprobación de los dictamenes de los proyectos de reforma política en la Comisión de ConstituciónEditar

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el primer dictamen de la reforma política planteada por el Ejecutivo: la modificación del artículo 34 de la Constitución, para prohibir que personas sentenciadas en primera instancia por delito doloso puedan postular a un cargo de elección popular. También amplió por iniciativa propia la prohibición a los funcionarios públicos de confianza, a través de la modificación del artículo 39 de la Constitución.[178]

El 26 de junio de 2019, la Comisión de Constitución aprobó el segundo dictamen, referido a la inscripción y cancelación de partidos políticos. Se modificaron artículos de la Ley de Organizaciones Políticas, uno de cuyos puntos es que solo se permitirán las alianzas electorales entre partidos políticos nacionales (y no de un partido con movimientos regionales).[179]​ También se eliminó la exigencia de que los partidos políticos presenten un porcentaje de firmas como requisito para lograr su inscripción. En su lugar, deberán presentar una lista de unos 20 mil afiliados, equivalente al 0,1 % de los ciudadanos que figuran en el padrón electoral. Hasta entonces, se exigían 750 000 firmas de ciudadanos para lograr la inscripción de un partido, cifra muy alta que obligaba a estos a recurrir a acciones dolosas como la “fábrica de firmas”.[180]​ Este segundo dictamen pasó al pleno del Congreso, siendo aprobado en primera votación (se necesitan dos votaciones).

El 8 de julio de 2019, la Comisión de Constitución aprobó el tercer dictamen, sobre la participación ciudadana en las elecciones internas de los partidos. La propuesta del Ejecutivo era que todos los ciudadanos, afiliados y no afiliados a partidos políticos, participen obligatoriamente en las elecciones internas o primarias. Pero en la Comisión se acordó que, antes de las elecciones generales de 2021, y por única vez, los partidos políticos ya inscritos hagan las elecciones internas solo con sus afiliados, mientras que los partidos que se inscriban luego de la entrada de vigencia de la ley estarán obligados a realizar las elecciones universales, es decir, con afiliados y no afiliados.[181]

El 15 de julio de 2019 la Comisión de Constitución inició la discusión para aprobar el predictamen sobre el proyecto de ley que tipifica el delito de financiamiento indebido de las organizaciones políticas. Fue aprobada el 20 de julio. La propuesta plantea incorporar en el Código Penal el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas con un castigo que oscila entre los 2 y 8 años de prisión.[182]

El 19 de julio de 2019, se aprobó el quinto dictamen, sobre la paridad y alternancia. La propuesta del gobierno era que las listas de candidatos al Congreso incluyan 50% de mujeres y 50% de hombres, ubicados de manera alternada, a partir las elecciones de 2021. Pero la Comisión de Constitución acogió la propuesta del congresista Miguel Torres, que establece que las listas de candidatos al Congreso para 2021 incluyan un 40% de hombres y mujeres y que aumente progresivamente en las dos siguientes elecciones generales: 45% en 2026 y 50% para 2031.[183]

El 20 de julio de 2019, se discutió el sexto y último dictamen, sobre el levantamiento de inmunidad de los parlamentarios. La Comisión de Constitución, por mayoría de 9 contra 5, rechazó la propuesta del Ejecutivo de que sea la Corte Suprema la encargada de levantar la inmunidad a los congresistas, disponiendo que el Congreso siga conservando esa prerrogativa. La única variante es que propone plazos definidos para que el Congreso levante la inmunidad una vez que el Poder Judicial haga el pedido respectivo. Además, se plantea que el pedido se dé solo cuando exista sentencia firme.[184]

Consultado el primer ministro Salvador del Solar sobre los dictamenes aprobados, consideró que solo cinco respetaban el espíritu de las reformas planteadas por el Ejecutivo, y que el último, sobre la inmunidad parlamentaria, significaba un retroceso, pues no respetaba la cuestión de confianza, que había surgido precisamente cuando la Comisión de Constitución mandó al archivo el proyecto. [185]

Hasta ese momento, de los seis dictamenes, solo uno, el del referido a la inscripción y cancelación de organizaciones políticas, había sido aprobado en el pleno del Congreso, en primera votación. Ya con el plazo a punto de vencerse, el lunes 22 de julio se iniciaron los debates y aprobaciones pendientes de la reforma política.

Debate y aprobación de los proyectos de reforma política en el pleno del CongresoEditar

El 22 de julio de 2019 empezó en el pleno del Congreso el debate y aprobación de los seis proyectos de reforma política, cuyo plazo dado por el Ejecutivo vencía el 25 de julio. El primer día la sesión se vio plagada por incidentes, principalmente entre el presidente del Congreso Daniel Salaverry y los congresistas de Fuerza Popular. Salaverry quiso incluir en agenda un pedido para el retorno de los suspendidos congresistas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, el cual fue rechazado. Los fujimoristas y miembros de otras bancadas lo acusaron de conducción «personalista y autoritaria», así como de estar sometido a la voluntad del Poder Ejecutivo, esto último en alusión a la revelación de la congresista Janet Sánchez de la supuesta injerencia del premier Del Solar en la denuncia que Salaverry tenía en la Comisión de Ética. Se promovieron dos mociones de censura contra Salaverry, pero al día siguiente, Salaverry anunció que en la Junta de Portavoces se habían limado las asperezas y dadas las satisfacciones del caso, por lo que las mociones habían sido retiradas.[186]

El 22 de julio, el pleno del Congreso debatió el proyecto referido a la inscripción y cancelación de organizaciones políticas, que había sido aprobado en primera votación. Debido a que se hicieron algunos cambios, se volvió a votar, lográndose nuevamente su aprobación. Fue exonerada de segunda votación.[187]​ Sobre este proyecto, el pleno aceptó la propuesta de bajar la valla para la inscripción de un partido de 700.000 firmas, a solo las de 20.000 militantes, y si un partido no alcanza los 280.000 votos en unas elecciones, quedaría fuera de la contienda; todo eso se parecía a la propuesta del gobierno.

Sobre la democracia interna o las primarias electorales, el 23 de julio el pleno del Congreso ratificó lo acordado en la Comisión de Constitución, con algunos retoques. Con 70 votos a favor, 23 votos en contra y 16 abstenciones.Fue exonerada de segunda votación. La medida solo alcanzaría a las nuevas agrupaciones que se presenten en las elecciones de 2021 y no a todos los 24 partidos ya inscritos. Solo a partir de 2026 todos los partidos estarían obligados a realizar elecciones primarias a nivel nacional, con voto secreto y obligatorio.[188]

Ese mismo 23 de julio, el Congreso aprobó el proyecto sobre el financiamiento de las organizaciones políticas, que incorpora sanciones penales para los candidatos que reciban aportes de origen ilícito. Con 81 votos a favor, 11 en contra y 12 abstenciones. Fue exonerada de segunda votación. La controversia es que excluyó la tipificación penal de organización criminal y las rendiciones de cuenta durante las campañas e impidió la cobranza coactiva de multas y la supervisión de las cuentas bancarias de los partidos por parte de la ONPE, tal como la había planteado el Ejecutivo. De esa manera, no se respetaba la esencia de esta reforma, que estaba en las sanciones penales.[189]​ También ese mismo día, el pleno del Congreso aprobó en primera votación, con 81 votos a favor, 17 en contra y 2 abstenciones, la reforma política que propone que los condenados en primera instancia no puedan postular a cargos de elección popular. Se acordó que la segunda votación se realizará en la siguiente legislatura.[190]

En el último día del plazo, 25 de julio, se debatieron los últimos proyectos: el de paridad y alternancia, y el de la inmunidad parlamentaria, que fueron los que más confrontación ocasionaron entre los congresistas. Se llegó finalmente a un consenso sobre la propuesta de paridad y alternancia, siendo aprobado con 106 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones. Fue exonerada de segunda votación. La controversia es que se aplicaría la paridad de manera gradual: 40% en 2021, 45% en 2026 y 50% en 2031. En cuanto a la alternancia, si bien se aprobó que en una lista de candidatos al Congreso se alternaran hombre y mujer, contradictoriamente se mantuvo el voto preferencial para el 2021. Todo lo cual venía a distorsionar la propuesta del Ejecutivo.[191]

De igual manera, se aprobó el proyecto de inmunidad parlamentaria. Una primera votación no sobrepasó los 87 votos (necesarios por tratarse de una reforma constitucional), por lo que, según el reglamento, debía ir a un referéndum para su aprobación. Ante este panorama, los congresistas lograron que se reconsiderara la votación, se presentó un texto sustitutorio y superaron finalmente los votos necesarios: 94 a favor y 23 en contra. Como se trata de una reforma constitucional, necesitará la aprobación en una segunda legislatura. La controversia es que lo aprobado ignoraba totalmente la propuesta del Ejecutivo de que sea un ente ajeno al parlamento (como el Poder Judicial) el encargado de levantar dicha inmunidad, y se mantiene al Congreso con dicha atribución. Se agregó como supuesta concesión, de que si en un plazo de 45 días hábiles el Congreso no respondía a un pedido de levantamiento de inmunidad, la Corte Suprema podía solicitar la intervención del Tribunal Constitucional para que resolviera la petición.[192]

Hay que señalar que estas seis reformas, si bien han sido aprobadas en el pleno del Congreso, no están en vigencia, pues no tienen todavía carácter de autógrafas. El Ejecutivo puede incluso observarlas, a excepción de las reformas de tipo constitucional, sobre las que no tiene ningún derecho a veto. Las reformas constitucionales (que, a saber, son sobre la inmunidad parlamentaria y el impedimento para ejercer cargos públicos) necesitan además de otra legislatura del Congreso para su aprobación.

Mensaje a la Nación del presidente Vizcarra del 28 de julio de 2019Editar

En su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias del 28 de julio de 2019, Vizcarra, luego del recuento de su labor en la presidencia, señaló que, en vista que el Congreso había desnaturalizado el proyecto de reforma política sobre la inmunidad parlamentaria, consideraba que no le habían dado la confianza, y por tanto, anunciaba la presentación de un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales para el 2020, es decir un año antes de 2021 en que culminaba su periodo. Se renovarían tanto el Ejecutivo como el Legislativo. «Con esta acción se reforzarán los cimientos de la República, aunque ello implique que todos nos tengamos que ir», apuntó el mandatario.[193]

Por tratarse de una reforma constitucional y en vista de que el plazo disponible es muy corto, el adelanto de la fecha de las elecciones generales solo puede proceder si el Congreso, en la presente legislatura, aprueba la realización de un referendum, para que la ciudadanía decida al respecto. Esta aprobación de parte del Congreso solo necesita de una mayoría simple del voto de los parlamentarios.

Reacciones ante el anuncio del presidente del adelanto de elecciones generalesEditar

El anuncio de Vizcarra tomó de sorpresa a la ciudadanía, que esperaba que el gobierno cerrara el Congreso en vista del fracaso de la reforma política tal como la había planteado el gobierno. Para algunos analistas, el anuncio del presidente es una buena salida política, pues el cierre del Congreso, arguyendo que se le negaba la confianza, era un camino arriesgado, si se tiene en cuenta que existe una consulta ante el Tribunal Constitucional (promovida por la oposición) de que si la cuestión de confianza procede o no cuando se trata de una reforma constitucional (tipo de reforma que solo es potestad del Congreso, y sobre la cual el Ejecutivo no tiene derecho a observación). Pese a que en el momento de dar el anuncio, el presidente blandía en sus manos la carpeta donde se hallaba supuestamente el proyecto, la mesa directiva del Congreso advirtió que no llegó a recibir el documento. Finalmente, el ministro de Justicia Vicente Zeballos dio detalles del proyecto y anunció que se enviaría al Congreso el día miércoles 31 de julio, el primer día laborable luego del largo feriado. Negó también la posibilidad de que el presidente Vizcarra y la vicepresidenta Mercedes Araoz vayan a renunciar, tal como el fujimorismo empezaba a plantear.[194]

Por su parte, Mercedes Araoz dijo que se enteró del proyecto durante el mensaje a la Nación del presidente, lamentando que no se le hubiera consultado de una decisión tan trascendente en la que tenía injerencia por ser la segunda vicepresidenta. Mostró su disconformidad con el proyecto, pues consideraba que se debía cumplir el periodo por el cual fueron elegidos ambos.[195]​ También hubo un cuestionamiento promovido por el aprista Jorge del Castillo, sobre si en realidad el Consejo de Ministros había aprobado el proyecto de adelanto de elecciones antes de que el presidente diera su mensaje a la Nación. La duda se disipó al mostrarse el acta de la sesión del gabinete ministerial del 24 de julio,[196]​ aunque Del Castillo insistió en pedir más pruebas, en busca de una presunta «infracción constitucional».

El 5 de julio de 2019, el gobierno inició una ronda de dialogos con las fuerzas políticas, para exponer su proyecto del adelanto de las elecciones. Ese día el premier Del Solar se reunió en el Congreso con los representantes de Fuerza Popular.[197]

Aspecto económicoEditar

Los retos del gobiernoEditar

Al momento de asumir Martín Vizcarra la presidencia del Perú, los retos en materia económica eran principalmente reactivar el crecimiento, generar empleo y cerrar el déficit fiscal; para esto último los especialistas coincidían en que era necesario hacer una urgente reforma tributaria a fin de elevar la recaudación.[198]

Dos acontecimientos han impactado negativamente en la economía: el escándalo de corrupción pública revelado en el caso Odebrecht (iniciado en el periodo de Kuczynski), y el caso de corrupción judicial o CNM Audios, con la consiguiente crisis política que han desatado. Dicha crisis, empezada bajo Kuczynski, se prolonga en lo que va del gobierno de Vizcarra. Como resultado, el Perú empezó a perder puntos en el ranking de competitividad.[199]​ La pobreza se incrementó ligeramente, algo que no ocurría desde la década de 1990. El año 2017 se cerró con un 2.5 % de crecimiento económico; para el final de 2018 se avizora un 4 % de crecimiento.

Como consecuencia también de los escándalos de corrupción o del ruido político, grandes obras públicas o megaproyectos como el Aeropuerto Internacional de Chinchero, la línea 2 del Metro de Lima, Olmos y el gasoducto del Sur se hallaban paralizadas o avanzando a paso lento.[200]

No obstante, ha llamado la atención de los especialistas el hecho que pese a las vicisitudes adversas en el plano político-social, en el plano macroeconómico el Perú se ha mantenido firme, con un óptimo control de la inflación (no rebasa el 2 %) y un buen manejo de la deuda pública.[199]

El 19 de junio de 2018, el Congreso delegó al Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, financiera, gestión económica y otras. Luego de seis meses de gestión, Vizcarra anunció en septiembre de 2018 que su gobierno había sentado las bases para lograr un crecimiento económico equitativo. Destacó la reducción del déficit fiscal y el repunte de la inversión pública y privada.[201]

Política tributariaEditar

El 10 de mayo de 2018 se aprobó la modificación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para bebidas alcohólicas y altas en azúcar, así como para vehículos nuevos, cigarrillos y combustible, lo cual generó un amplio debate político-social. Las marchas y contramarchas mostradas por el Ejecutivo en este asunto, originaron la renuncia del ministro de Economía David Tuesta Cárdenas.

El gobierno continuó la política de masificar el uso de los comprobantes de pagos por vía electrónica, a fin de transparentar las transacciones económicas, reducir los costos de cumplimiento y desalentar la evasión. Se estima que para el 2021 la facturación debe ser electrónica al 100 %.

El 6 de mayo de 2019, el gobierno publicó el decreto supremo N° 145-2019-PE que establece los «Parámetros de fondo y forma para la aplicación de la Norma Antielusiva General (NAG) contenida en la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario», que permiten poner en operación una herramienta para desalentar el uso de mecanismos de elusión tributaria.[202]

Reactivación de los megaproyectosEditar

Para generar la inversión, uno de los motores del crecimiento económico, el gobierno consideró necesario poner en marcha o acelerar diversos megaproyectos, como la construcción del aeropuerto de Chinchero, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, la reanudación del proyecto Chavimochic y del gasoducto del sur, la modernización de la infraestructura portuaria de San Juan de Marcona, la segunda etapa de Majes-Siguas y el corredor ferroviario Ilo-Desaguadero. También en continuar de manera más dinámica la Reconstrucción con cambios o reconstrucción de la infraestructura dañada o destruida por el Niño Costero de 2016-2017.[203]

El 30 de noviembre de 2018, en la ceremonia de clausura de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), el presidente Vizcarra anunció el inicio de la construcción del aeropuerto de Chinchero, megaproyecto paralizado a raíz del escándalo de la adenda al contrato de Chinchero, ocurrido bajo el gobierno de PPK. También señaló que no existía persecución empresarial, tal como había dicho el presidente de la CONFIEP, Roque Benavides Ganoza.[204]

El proyecto Tía MaríaEditar

El 9 de julio de 2019, el gobierno confirmó el otorgamiento de la licencia de construcción del proyecto minero Tía María, a cargo de la empresa Southern Perú Copper Corporation, que contempla la explotación de dos grandes minas de cobre en la provincia de Islay del departamento de Arequipa. Con una calculada inversión de US$ 1400 millones, se trata de uno de los más grandes proyectos mineros del Perú de los últimos años, con un proyectado canon anual de US$ 270 millones. No obstante lo cual, una parte de la población de la zona, secundada por sus autoridades regionales, se oponen al proyecto, ya que temen que afecten la provisión del agua en una zona que es mayormente agropecuaria. Vista esta situación, la empresa y el gobierno se han comprometido a no poner en marcha el proyecto, hasta que no se logre la «licencia social», es decir, se llegue a un entendimiento con la población.[205][206]

Lucha anticorrupciónEditar

Caso Lava Juez o CNM AudiosEditar

Estallido del escándaloEditar

El 7 de julio de 2018 el portal IDL-Reporteros liderado por el periodista Gustavo Gorriti difundió una serie de audios a través del programa periodístico Panorama. Se destapó así un grave escándalo de corrupción denominado CNM Audios o caso Corte y Corrupción. Se trata de escuchas telefónicas en los que se revelan supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias que involucran directamente a jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). En los audios se escucha a César José Hinostroza Pariachi (juez supremo), a Iván Noguera Ramos (consejero), a Julio Gutiérrez (consejero) y a Walter Ríos (presidente de la Corte Superior del Callao), negociando y utilizando su influencia personal en ámbitos de gobierno, a través de conexiones con personas, y con el fin de obtener favores y tratamiento preferencial.[207]​ Estos polémicos audios habían sido filtrados por los periodistas de una investigación aprobada por la fiscal Rocío Sánchez Saavedra para interceptar las llamadas telefónicas de números incautados por la policía a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas (Las castañuelas de Richport), que operaba en el puerto del Callao. Esos números telefónicos pertenecían a los abogados de dicha organización que se contactaban con las autoridades judiciales, y fue así, de esa manera accidental, como se destapó el escándalo que ha llevado a la crisis a todo el sistema judicial del Perú.[208][209]

A todos los involucrados en el caso CNM Audios se les consideró como miembros de una organización criminal, que fue denominada como Los Cuellos Blancos del Puerto.

De otro lado, el fiscal supremo de Control Interno, Víctor Raúl Rodríguez Monteza, dio un plazo de tres días a IDL-Reporteros y al programa Panorama para entregar los audios y sus fuentes.[210][211]​ Sin embargo, esto no se concretó debido a que las escuchas telefónicas se habían dado de manera legal; y porque los periodistas no están obligados a revelar sus fuentes por su derecho a la confidencialidad. En los días siguientes se dieron a conocer más audios que involucraban a personajes de todos los ámbitos, no solo de la política. Uno de ellos involucraba al ministro de Justicia Salvador Heresi, por lo que se vio obligado a presentar su renuncia.

Acciones judicialesEditar

El 16 de julio, el juez Walter Ríos fue detenido y puesto a 36 meses de prisión preventiva. El empresario Antonio Camayo también fue detenido y llevado a la cárcel por 36 meses al igual que otros funcionarios de la Corte de Justicia del Callao y empresarios vinculados a estos audios. Los miembros del CNM fueron sometidos a un proceso de vacancia. Se pidió impedimento de salida del país para 4 ex consejeros. En cuanto al juez César Hinostroza, fue solo suspendido, ya que por ser un juez supremo correspondía al Congreso su destitución. Mientras que el fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarry, pese a que un audio lo comprometía con Los Cuellos Blancos del Puerto, juró como Fiscal de la Nación el 20 de julio de 2018.

Fuga de César HinostrozaEditar

 
César Hinostroza, cuando era juez supremo; luego fue sindicado como cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

El 4 de octubre de 2018 se aprobó en el Congreso la destitución e inhabilitación del juez César Hinostroza. Pero recién el 16 de octubre, doce días después, se transfirieron los expedientes respectivos a la Fiscalía.[212]​ En el ínterin, Hinostroza huyó del Perú, pese a que estaba con impedimento de salida desde el 13 de julio. Ello ocurrió el 7 de octubre, en la madrugada, el mismo día de las elecciones municipales y regionales. El 17 de octubre el gobierno confirmó su salida del país a través de la frontera con el Ecuador, por el control binacional de Huaquillas, donde una empleada de Migraciones lo dejó pasar. Se supo que desde Guayaquil había tomado un avión hacia Europa para luego ingresar a Madrid, donde se le reunió su esposa.[213]​ El ministro del Interior, Mauro Medina, puso ese mismo día su cargo a disposición, renuncia que fue aceptada por el presidente Vizcarra. El Poder Judicial ordenó la captura nacional e internacional del prófugo exjuez. Dos días después, el presidente Vizcarra anunció la captura de Hinostroza en Madrid, hecha en coordinación con la policía española y la INTERPOL-Perú. Hinostroza pidió asilo en España, aduciendo ser un perseguido político (lo que fue rechazado).[214]​ La justicia española ordenó prisión provisional sin fianza para Hinostroza «por los presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios». Por su parte, la fiscalía peruana pidió 36 meses de prisión preventiva para Hinostroza y solicitó al Poder Judicial iniciar el trámite para su extradición, que le fue concedido.[215]

A Hinostroza se le negó dos solicitudes de liberación que hizo ante la justicia de España. Insistiendo en su pedido, argumentó que se había refugiado en España pues en el Perú su vida corría peligro. El 11 de abril de 2019, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España dispuso darle libertad provisional, mientras dure su proceso de extradición, bajo el argumento de que el riesgo de su fuga había disminuido.[216]

El 13 de mayo de 2019, la justicia española aceptó el pedido de extradición de César Hinostroza por tres delitos: tráfico de influencias, patrocinio ilegal y negociación incompatible, pero no por pertenecer a una organización criminal, ya que consideró que esto último no había sido debidamente sustentado. De otro lado, el tribunal rechazó el argumento de persecución política esgrimido por Hinostroza, ya que, a su ver, solo se trataba de una sospecha y no de un hecho comprobado.[217]

El cuestionado fiscal Pedro ChávarryEditar

Ya desde agosto de 2018, un informe de la fiscal provincial del Callao Sandra Castro, incluyó al fiscal de la Nación Pedro Chávarry como parte de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. En diciembre de ese mismo año, el fiscal supremo Pablo Sánchez, encargado de los casos de los exmagistrados involucrados en el caso CNM Audios, dijo que aún no había respuesta formal de Chávarry sobre su eventual inhibición y la posibilidad de que sea investigado, pese a haberle llegado a sus manos dicho informe. «No existe al momento el inicio de una investigación a Chavarry sobre su presunta pertenencia a la organización cuellos blancos, únicamente porque él no lo permite», dijo. Por su parte, Chávarry negó que el informe de la fiscal Castro haya llegado a su despacho y que en realidad lo tendría el mismo Sánchez.[218]

Luego de que removiera de sus cargos a los fiscales del Caso Lava Jato, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, y la consiguiente reacción de la ciudadanía que lo obligó a anular dicha decisión, Chávarry presentó su renuncia a la fiscalía de la Nación (9 de enero del 2019). Fue reemplazado por la fiscal suprema Zoraida Ávalos. No obstante, Chávarry continúa siendo fiscal supremo, siendo el Congreso el único que puede destituirle de su cargo.[219]

El 28 de mayo de 2019, la Comisión Permanente del Congresó evaluó el informe que recomendaba la destitución e inhabilitación por 10 años de los fiscales Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, por presuntas infracciones a la Constitución. Chavarry acudió a la sesión para defenderse, y en su alegato, se dedicó a criticar al presidente Vizcarra y en descalificar el trabajo del Equipo especial de Fiscales de Lava Jato con respecto a los casos de Keiko Fujimori y Alan García. Como era de esperarse, la mayoría fujimorista mandó al archivo las denuncias, a excepción del delito de encubrimiento real contra Chávarry, con respecto a su decisión de remover a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo Lava Jato.[220]

Congresistas de Fuerza Popular serían parte de Los Cuellos Blancos del PuertoEditar

En una entrevista dada al programa televisivo Panorama (2 de junio de 2019), la fiscal del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, Sandra Castro, aseveró que existe un testimonio de un “colaborador estrella” de la fiscalía, que probaría que dicha organización criminal involucraría a la mayoría de los congresistas de Fuerza Popular. Ello explicaría la persistencia de dicha bancada, sumada a la del Apra, en “blindar” al fiscal Chávarry y en exonerar de responsabilidad en organización criminal a los exconsejeros del CNM. Para la fiscal, resulta inconcebible que una mayoría congresal rechace el trabajo especializado de la fiscalía, arguyendo que no hay “pruebas suficientes”, máxime cuando solo se está pidiendo al Congreso facilitar la labor de investigación, siendo el Poder Judicial la única instancia que determinará la culpabilidad o inocencia de los imputados.[221]

El Chat La Botica como evidenciaEditar

Evidencias de que la bancada fujimorista del Congreso está orientada a proteger a los implicados en corrupción en el sistema judicial serían las conversaciones del chat La Botica (grupo de Telegram conformado por congresistas y dirigentes de Fuerza Popular), los mismos que fueron filtradas por un testigo protegido de la fiscalía. En una de esas entregas, fechada en julio de 2018, se lee que la congresista Úrsula Letona, entonces vocera de Fuerza Popular, pedía a sus colegas «garantizar» que Pedro Chávarry asuma el cargo de fiscal de la Nación y que en el Poder Judicial no asuma el juez supremo César San Martín Castro, ya que este quería reorganizar dicho poder.[222]

Más elocuente aparece Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, quien pide a su bancada defender a Chávarry por un «asunto de supervivencia».[223]

La misma líderesa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (investigada por el Caso Odebrecht), se halla precisamente en prisión preventiva, por obstaculizar la labor judicial usando su influencia política. Ha trascendido que un colaborador eficaz lo ha sindicado de presionar a los consejeros del antiguo CNM (entre ellos Guido Aguila e Iván Noguera) para redireccionar a los jueces que iban a ver su caso. Todo ello, sumado a la campaña de desprestigio orquestada por el fujimorismo contra el Equipo Especial de Fiscales de Lava Jato, han dado motivos para que la Fiscalía lo acuse de obstrucción a la justicia.

Siguiendo la misma línea política, desde el Congreso, la bancada fujimorista, en alianza con el aprismo, continua archivando las denuncias constitucionales contra miembros del Ministerio Público y el Poder Judicial sindicados como miembros de Los Cuellos Blancos del Puerto. Entre estos, además del ya conocido fiscal supremo Pedro Chávarry, están los fiscales supremos Tomás Gálvez y Víctor Raúl Rodríguez Monteza, todos los cuales todavía forman parte de la Junta de Fiscales Supremos, formando una mayoría frente a los dos fiscales supremos restantes: Zoraida Ávalos (Fiscal de la Nación) y Pablo Sánchez Velarde.[224]

Creación de un Equipo Especial de Fiscales para el casoEditar

El 6 de julio de 2019, el Ministerio Público anunció la creación de un equipo especial encargado exclusivamente de investigar a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, debido a alta complejidad del caso. Se dispuso también que el despacho de la fiscal Rocío Sánchez Saavedra se sume al equipo, así como la fiscal Sandra Castro Castillo, ambas de la fiscalía provincial del Callao que sacó a la luz dicho caso. Anteriormente, ambas fiscales enviaban la información base a diversas fiscalías, por lo que el trabajo se disgregaba; a partir de ahora, se centralizará y unificará el trabajo de investigación. A diferencia del Equipo Especial de Fiscales de Lava Jato, este equipo también un fiscal supremo, y donde sea necesario, al despacho de la Fiscalía de la Nación.[225]

El equipo también estará integrado por el fiscal superior provisional transitorio Víctor Tullume Pisfil y los fiscales adjuntos superiores provisionales transitorios Christian Arturo Gamarra Paucas y Óscar Chávez Ayvar. Contarán también con un grupo de fiscales adjuntos y personal administrativo.[226]

Caso Lava JatoEditar

Por Lava Jato se conoce a los casos de corrupción que involucran a diversas empresas constructoras acusadas de pagar coimas a funcionarios públicos para ganar licitaciones de obras públicas, empresas en las que destacan las brasileñas Odebrecht, OAS, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, aunque también incluyen a empresas del Perú, como Graña y Montero, JJC, Obrainsa, y otras, que actuaron como socias de las brasileñas. El llamado caso Odebrecht es el que, para 2019, se halla más avanzado, con respecto a los otros casos.

Informe final de la Comisión Lava Jato del CongresoEditar

El 5 de noviembre de 2018, la Comisión Lava Jato del Congreso, presidida por Rosa Bartra, y encargada de investigar los presuntos actos de corrupción del caso Lava Jato, presentó su informe final ante el pleno del Congreso. Dos días duró la sustentación y tres fueron de debate. El informe señalaba responsabilidades en tres expresidentes: Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.[227]​ Pero, pese a las evidencias existentes, exculpaba de responsabilidad a Keiko Fujimori y a Alan García, por lo que fue apodada como Comisión Lava Keiko o Lava Alan.[228]

El congresista Humberto Morales, de Frente Amplio, presentó un informe en minoría en donde se hallaban responsabilidades en García y Fujimori, pero fue rechazado por la mayoría. En el debate se produjeron incidentes verbales entre los miembros de la bancada del Apra y de Frente Amplio. No está demás recordar que el informe final es solo de carácter político y no tiene connotación judicial.[229]

Caso OdebrechtEditar

Preacuerdo de colaboración con OdebrechtEditar
 
Local de Odebrecht en el distrito financiero de San Isidro, esta empresa ha sido acusada de haber sobornado a los principales líderes políticos del Perú.

Los acuerdos iniciales de colaboración entre la Fiscalía peruana y la empresa Odebrecht habían permitido que esta diera informaciones puntuales de algunos casos, como el de la carretera interoceánica con Toledo y la línea 1 del Metro de Lima, pero faltaba un acuerdo más amplio. Un pre-acuerdo de colaboración eficaz de ese tipo se celebró el 8 de diciembre de 2018, entre miembros del Ministerio Público del Perú, la empresa Odebrecht y la procuraduría ad hoc (esta última encargada del cobro de las reparaciones civiles). El acuerdo permitía la cooperación de la empresa Odebrecht para la entrega de la información extraída de los servidores My Web Day y Drousys, empleados por el Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE) de dicha empresa para el pago de las coimas y sobornos. A cambio, la constructora Odebrecht y sus exdirectivos, encabezados por Barata, quedaban excluidos en el Perú de toda sanción legal.[230]

Acuerdo de Beneficios y Colaboración EficazEditar

El 15 de febrero de 2019, se firmó el acuerdo de Colaboración Eficaz y Beneficios en la sede del consulado del Perú en Sao Paulo. Por el Perú, firmaron los fiscales Rafael Vela Barba (coordinador del Equipo Lava Jato) y José Domingo Pérez, así como el procurador ad hoc Jorge Ramírez (este último en presentación del Estado peruano para el pago de las reparaciones civiles). Por Odebrecht firmaron Jorge Barata, ex representante de la empresa en el Perú; Carlos Nostre, ex director de contratos de Odebrecht en casos Línea 1 e Interoceánica; Renato Ribeiro Bortoletti, representante del consorcio Vías de Cusco; Ricardo Boleira, ex superintendente de Odebrecht; y el representante legal de la constructora, Ricardo Machado Weyll.[231]

El monto de la reparación civil acordado es de S/610 millones, más los intereses legales, que ascenderán a S/150 millones. El dinero será pagado en un plazo de 15 años con una garantía de un fideicomiso. La cifra de 610 millones es solo la mitad de lo que la Procuraduría ha calculado como reparación; la otra mitad deben pagarla los funcionarios y el resto de los empresarios nacionales participantes de la corrupción. Como era de esperarse, se desataron críticas de parte de quienes consideraban como un monto ínfimo dicho pago, así como al hecho de que se dejara a la empresa seguir laborando en el Perú para solventar ese pago. Sin embargo, otras voces consideraron que lo más importante es que la empresa delate a todos las autoridades y funcionarios corruptos. De no haberse formalizado dicho acuerdo, no solo ya no se habrían seguido dando más revelaciones, sino que las declaraciones que hasta entonces habían dado Barata y Odebrecht no podrían ser usadas en los procesos.

La información que dará Odebrecht, respaldada por documentación, será con respecto a cuatro proyectos en las que ha admitido haber dado coimas:[231]

  • Corredor Vial Interocéanico Sur (tramos 2 y 3).
  • Línea 1 del Metro de Lima (tramos 1 y 2).
  • Vía Evitamiento del Cusco
  • Proyecto Vía Costa Verde-tramo Callao.

El 19 de junio de 2019, el fiscal Rafael Vela anunció que el Poder Judicial validó (homologó) el acuerdo de beneficios y colaboración eficaz, sin ninguna restricción y conforme a los términos expuestos por el Ministerio Público.[232]

Interrogatorios a los directivos de Odebrecht (2019)Editar

Entre el 18 y 22 de febrero de 2019 se realizaron en Curitiba los interrogatorios de parte del Equipo Lava Jato a los directivos y funcionarios de la empresa brasileña, comprometidos a revelar todos los actos de corrupción en los que hayan participado o que tengan conocimiento.[233]

El interrogatorio a Jorge Barata, que debía realizarse en Curitiba entre el 12 y 14 de marzo, fue postergado para 23 a 26 de abril. Un interrogatorio que había sido muy esperado por las precisiones o aclaraciones que Barata debía hacer, especialmente en el caso relacionado a Alan García, quien días antes se había suicidado al conocer la orden de detención preliminar en su contra. En el balance final, Barata confirmó sus anteriores declaraciones y dio detalles contundentes. Confirmó que Alan García había utilizado como testaferros para recibir las coimas del Metro de Lima y la Interoceánica Sur a Luis Nava Guibert y a Miguel Atala. Sobre Toledo, dijo que el monto de la coima que recibió por la Interoceánica Sur fue de US$ 31 millones y no US$ 20 millones como había dicho antes.[234]

En julio de 2019, estalló la polémica en torno a la devolución del dinero a la constructora Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla (S/ 524 millones). El mismo presidente Vizcarra intervino diciendo que ese dinero debía constituir un fondo para un cobro futuro de las reparaciones civiles.[235]

Entre el 6 y 8 de agosto de 2019 se realizaron interrogatorios a Jorge Barata y Ricardo Boleira. Esta vez, la expectativa se concentró en las identidades de los 33 codinomes o seudónimos que aparecen en las planillas albergadas en los sistemas Drousys y My Web Day, relacionados con pagos ilícitos sobre varias obras, principalmente del Gasoducto del Sur, así como de Olmos, Rutas de Lima, Chavimochic, etc. Se reveló que Bigode sería el codinome de Martín Bustamante, ex funcionario del alcalde Castañeda; Careca sería la exalcaldesa Villarán, Almohadinha sería el ex árbitro comercial Horacio Cánepa, etc. También Barata declaró que Odebrecht hizo dos pagos de US$30 mil a César Villanueva (cuyo codinome sería Currículum Vita), cuando fue presidente regional de San Martín, como soborno para adjudicarse la carretera Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa.[236]​ Se revelaron también la identidad de varios periodistas (aunque más bien comentaristas políticos y lobbistas). Asimismo, se confirmó la entrega de dinero a las campañas de Keiko Fujimori en 2011, a Lourdes Flores en 2014, a la campaña en contra de la revocatoria y a la reelección municipal de Susana Villarán, al árbitro Horacio Cánepa.

Caso Keiko Fujimori y Fuerza PopularEditar
 
Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, se halla en prisión preventiva desde el 31 de octubre de 2018, en el marco de las investigaciones del Caso Odebrecht por lavado de activos. La prisión preventiva es por obstaculizar la justicia usando su influencia política; la sentencia por el caso de lavado de activos todavía está pendiente.

El 10 de octubre del 2018, el juez Richard Concepción Carhuancho, a pedido del fiscal José Domingo Pérez, ordenó la detención preliminar por diez días de Keiko Fujimori, junto a otras 19 personas relacionadas con su partido Fuerza Popular, en el marco de las investigaciones por lavado de activos presuntamente ocurrido en la campaña electoral del 2011 (Caso Cócteles). Según la tesis de la fiscalía, uno de esos presuntos aportes de dinero ilegal provenían de Odebrecht, que se había tratado de justificar como si fueran los aportes minoritarios de miles de simpatizantes a través de cócteles y rifas. Se justificó esa detención, aduciendo que había un grave de peligro de fuga de parte de Keiko Fujimori, que quedó sometida bajo la ley de crimen organizado.[237]​ Meses atrás, se había revelado una grabación del caso CNM Audios, donde se escuchaba al juez supremo César Hinostroza coordinando con un tercero no identificado sobre una reunión con una «señora K… de la fuerza número 1». Para algunos se trataría de una alusión a Keiko y su partido Fuerza Popular, que presuntamente habría estado así buscando favores precisamente en el proceso que seguía sobre lavado de activos. De esta manera se enlazarían ambos casos de corrupción.[207]

Keiko Fujimori y los demás detenidos apelaron ante la Segunda Sala de Apelaciones del Poder Judicial, que luego de oír los argumentos de las partes, el 17 de octubre de 2018 dictaminó la anulación de la detención preliminar, aduciendo que no había sido debidamente sustentada.[238]

Sin embargo, a los pocos días, el fiscal Pérez formalizó la investigación preparatoria y solicitó 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori y otras once personas involucradas por presunto lavado de activos.[239]​ El fiscal Pérez dio una serie de argumentos para sustentar que en el seno de Fuerza Popular se había constituido una organización criminal, y que había un serio peligro de que Keiko, estando en libertad, obstaculizara la labor judicial, debido a las influencias políticas con que contaba. Las audiencias duraron varios días y fueron trasmitidas por televisión, generando gran audiencia.[240]​ El pedido del fiscal fue aprobado el 31 de octubre por el juez Concepción[241]​ quien alegó los antecedentes de obstaculización y entorpecimiento del proceso orquestados por Fujimori, los miembros de su bancada en el Congreso y personajes afines a ésta en el aparato judicial. Tras la lectura del auto fue trasladada a la carceleta del Palacio de Justicia y el día siguiente, 1 de noviembre, al establecimiento penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos. Un pedido de apelación que hizo Keiko para que se le revocara la prisión preventiva, fue rechazado por la sala de apelaciones, en enero de 2019.[242]

Los otros once inculpados en el caso Cócteles tuvieron diversos fallos. A algunos se les dio prisión preventiva y a otros solo impedimento de salida del país. En cuanto a Jaime Yoshiyama (que se hallaba en los Estados Unidos, por motivos de salud), se le aplicó también la prisión preventiva por 36 meses y se activó su captura internacional a través de la Interpol. El abogado de Jaime Yoshiyama presentó una recusación contra el juez Richard Concepción Carhuancho, a raíz de unas declaraciones que este dio a un medio informativo, las mismas que intepretó como un indicativo de falta de imparcialidad en el caso. La Segunda Sala de Apelaciones, presidida por César Sahuanay, le dio la razón a Yoshiyama y apartó a Concepción del caso Cócteles (15 de enero de 2019).[243]​ El 11 de marzo de 2018, Jaime Yoshiyama regresó a Lima y se puso a disposición de la justicia. Fue trasladado al penal Castro Castro para cumplir los 36 meses de prisión preventiva que le había impuesto el juez Concepción.[244]

Como nueva jueza para el caso Cócteles fue designada Elizabeth Arias, pero esta se inhibió. Se procedió entonces a elegir a otro juez a través del sistema aleatorio (por sorteo), siendo elegido el juez Víctor Zúñiga.[245]

Keiko Fujimori presentó un recurso de casación ante el Poder Judicial, para anular su prisión preventiva. El 9 de agosto de 2019 se realizó la audiencia de en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. No se llegó a un acuerdo entre los cinco miembros de la Sala: dos de ellos declararon infundado el pedido, y otros tres se mostraron a favor en parte, pero solo en reducir el tiempo de la prisión preventiva de 36 a 18 meses (es de destacar que ninguno de ellos se mostró a favor de la libertad de los encausados). Como se necesitan 4 votos concordantes para dar una sentencia sobre la casación, esta quedó pendiente, pues se debía recurrir a un juez dirimente.[246]

Caso Alan GarcíaEditar
 
Alan García, expresidente del Perú, se suicidó el 17 de abril de 2019, al enterarse de que existía una orden de prisión preliminar en su contra. Las pruebas y delaciones contundentes en su contra revelados en el caso Odebrecht lo obligaron a tomar tal decisión.

El expresidente Alan García, con residencia habitual en Madrid, solía venir al Perú cuando la fiscalía le llamaba para responder en el marco de la investigación por el caso de la Línea 1 del Metro de Lima. El 16 de noviembre de 2018 llegó a Lima para asistir a la que creía sería una de las rutinarias diligencias, pero el fiscal Pérez suspendió la misma y solicitó al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción la orden de impedimento de salida por 18 meses para Alan García, que le fue concedido.[247]

Simultáneamente, IDL-Reporteros reveló que la empresa Odebrecht, a través de un operador (convertido en delator premiado), había pagado 100 000 dólares a García por una conferencia que éste dio en Brasil en 2012, dinero que había salido de la Caja 2 de la división de operaciones estructuradas de la empresa, la misma que era usada para el pago de coimas. La tesis acogida por el fiscal Pérez era que los pagos por conferencias a García eran la coartada usada por Odebrecht para pagar la coima por la obra del Metro de Lima.[248]

La reacción de García fue buscar asilo en la residencia del embajador de Uruguay aduciendo ser un perseguido político, contando con el respaldo de su partido, el APRA.[249]​ Pero el gobierno uruguayo rechazó su solicitud y el expresidente debió retornar a su casa. Dos días después, García entregó su pasaporte, certificado de trabajo y una constancia de domicilio ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez, como gesto de ponerse a disposición de la justicia.[250]

En abril de 2019, el fiscal José Domingo Pérez amplió la investigación del Metro de Lima a Luis Nava Guibert (ex secretario de la presidencia de Alan García y ex ministro de la Producción) y su hijo José Antonio Nava Mendiola (gerente de transportes "Don Reyna"), por supuestamente recibir de Odebrecht US$ 4.5 millones y casi medio millón, respectivamente, a cuenta del Metro de Lima; también se incluyó a Miguel Atala (exvicepresidente de Petroperú) por recibir de Odebrecht US$ 1.3 millones en su cuenta de Andorra, y a su hijo Samir Atala Nemi, a cuya cuenta transfirió parte del dinero. Según la tesis de la fiscalía, todo esos dineros serían en realidad de Alan Garcia. Es decir, tanto los Nava como los Atala, así como otros no identificados aún, serían los testaferros del expresidente.[251]

El 16 de abril de 2019, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar por diez días de Alan García, junto con otras ocho personas, entre ellas los Atala, los Nava, el ex ministro Enrique Cornejo y otros ex funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Todos ellos fueron sindicados de haber realizado labores de captación de dineros ilícitos integrando una organización criminal, cuya cabeza sería el expresidente García.[252]

En la mañana del 17 de abril de 2019, cuando un fiscal y un grupo de agentes de la policía llegaron a la casa de Alan García para cumplir la orden judicial, este se encerró en su habitación y se disparó un tiro en la cabeza. Llevado de emergencia al Hospital Casimiro Ulloa, fue declarado muerto a las 10:05 am. después de sufrir una hemorragia cerebral y tres paros cardiorrespiratorios.[253]​ Su muerte significó el archivamiento de su caso, aunque las investigaciones a los demás implicados continúan. Poco después, Miguel Atala confesó que el dinero de su cuenta de Andorra era en realidad de Alan García, al que fue transfiriendo en partes fraccionadas entre el 2010 y 2018.[254]

Caso KuczynskiEditar

Tras su renuncia a la presidencia de la República en marzo de 2018, Pedro Pablo Kuczynski quedó impedido de salir del país por 18 meses y continuó siendo investigado por la fiscalía por lavado de activos y por presuntos pagos ilícitos que recibió de parte de la empresa Odebrecht. El 11 de septiembre de 2018, el poder judicial ordenó el congelamiento de su vivienda de San Isidro, a fin de que no pueda vender o transferir el inmueble y de esa manera se asegure el eventual pago de una reparación civil futura.[255]

El 10 de abril de 2019, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, a pedido del fiscal José Domingo Pérez, ordenó la detención preliminar de Kuczynski por 10 días, por un presunto delito de lavado de dinero, en la modalidad de conversión, transferencia y ocultamiento, cuando fue ministro de Estado en el gobierno de Toledo. De acuerdo a la tesis de la fiscalía, en su calidad de ministro, PPK habría favorecido el acuerdo ilícito entre Barata y Toledo en la concesión de la obra de la carretera Interoceánica Sur, mediante la firma de decretos supremos y haciendo arreglos técnicos políticos que facilitaron tal concesión, así como en otra obra, el Proyecto Olmos. La fiscalía allanó también su vivienda. Kuczynsky cumplió su detención preliminar en la carceleta de la Prefectura de Lima.[256]

El 19 de abril de 2019 se dictó la prisión preventiva por 36 meses para Kuczynski.[257]​ Sin embargo, debido a la afección cardíaca que padece, y que lo llevó a ser operado de emergencia en la clínica Angloamericana, se le cambió por la detención domiciliaria (27 de abril de 2019).[258]

Caso Ollanta Humala-Nadine Heredia (aportes al Nacionalismo)Editar

La expareja presidencial, Ollanta Humala y Nadine Heredia, están acusados de haber recibido de Odebrecht tres millones de dólares para financiar la campaña electoral de 2011, lo que configuraría lavado de activos. Estuvieron once meses en prisión preventiva, siendo puestos en libertad el 27 de abril de 2018, al considerarse que no hubo una adecuada fundamentación para que el juez dictara la prisión preventiva. Quedaron bajo comparecencia restringida.[259]​ Los exdirectivos de Odebrecht, en los interrogatorios a los que fueron sometidos por el Equipo Especial de Fiscales de Lava Jato, confirmaron la entrega de los tres millones de dólares a la pareja Humala-Heredia.

El 7 de mayo de 2019, luego de cuatro años de investigación (pues se remonta al caso de las agendas de Nadine), el fiscal Germán Juárez formalizó la acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos en organización criminal. Pidió 20 años de prisión efectiva para Ollanta y 26 años para Nadine. Se incluyó también en la acusación a amigos y allegados a la pareja. Causó controversia que el fiscal solicitara también la disolución del Partido Nacionalista, por haber sido “instrumentalizado” para realizar el lavado de activos.[260]

Caso Gasoducto del SurEditar

Existen también indicios de corrupción en la construcción del Gasoducto del Sur, obra ejecutada por el consorcio integrado por Odebrecht y la española Enagás, durante el gobierno de Ollanta Humala, por un valor de más de US$ 7 mil millones. Ya desde 2017 se halla abierta en la fiscalía una investigación por este caso, que involucra a Nadine Heredia y su entorno (Humala queda por el momento excluido debido a que por ser ex mandatario tiene inmunidad en los cinco años posteriores a su mandato). Este caso no mostraba avances, hasta que en junio de 2019 se reactivó luego que la prensa diera a conocer archivos provenientes del sistema informático de la Caja 2 de Odebrecht, que registraban pagos por US$ 3 millones vinculados al Gasoducto Sur, fechados entre septiembre y noviembre de 2014.[261]

El caso está a cargo de la fiscal Geovana Mori. El 9 de julio de 2019, en el marco de la investigación preliminar, se realizó el allanamiento con descerraje de 26 inmuebles que pertenecen a 23 personas naturales y a 3 estudios de abogados de Lima. Entre esos inmuebles estaba la casa de Nadine Heredia, que fue la que mayor interés mediático provocó; otras pertenecían a ex ministros, viceministros y funcionarios del Ministerio de Energía y Minas de los gobiernos de García y Humala, entre ellos Eleodoro Mayorga.[262]

El fiscal Rafael Vela anunció que Odebrecht ha reconocido pagos ilícitos en la obra del Gasoducto. Todo ello arreció más las críticas sobre el acuerdo de colaboración con beneficios, por no incluir dicho caso; sin embargo, un cláusula del mismo permite ampliarlo con más casos, siempre en cuando Odebrecht reconozca su culpabilidad en ellos.

Caso Alejandro ToledoEditar
 
El ex presidente Alejandro Toledo, se hallaba prófugo desde el 2017, en los Estados Unidos. Acusado de recibir una coima de US$ 35 millones por la Interoceánica Sur, se inició el trámite para su extradición. La justicia estadounidense ordenó su prisión el 16 de julio de 2019, hasta que se resuelva el pedido de extradición.

El expresidente Alejandro Toledo, se halla prófugo desde el 2017, luego que la justicia peruana diera dos órdenes de prisión preventiva en su contra: la primera por el caso de la Interoceánica Sur, por haber recibido presuntamente una coima de US$ 20 millones de la empresa Odebrecht (luego se dijo que fueron US$ 35 millones); y la segunda por el caso Ecoteva, bajo la acusación de lavado de activos al descubrirse propiedades cuyo valor no correspondía con sus ingresos (una de ellas a nombre de su suegra). Ahora existe la presunción de que ambos casos se hallan conectados. Al testimonio reiterado del colaborador eficaz en el caso Odebrecht, Jorge Barata, se ha sumado el de Josef Maiman, empresario israelí que había oficiado de testaferro de Toledo. Se trata de uno de los casos más sólidos que tiene la fiscalía.[263]

Ubicado Toledo en los Estados Unidos, se inició el trámite de extradición, por el caso Odebrecht. El 16 de julio de 2019 la justicia estadounidense ordenó su detención preliminar. El 19 de julio de 2019 se realizó la audiencia presidida por el juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, para determinar su situación legal. Se esperaba que fuera liberado previo pago de una fianza, para que siguiera el proceso de extradición en libertad, pero el juez determinó que permaneciera en prisión al haber peligro de fuga. Uno de los argumentos a favor de esta decisión fue el haberse hallado en poder de Toledo un maletín con US$ 40 000, lo que hacía sospechar que se estaba preparando para salir del país.[264]​ Se trata del primer paso en el proceso de extradición del ex mandatario, cuyo veredicto final se calcula que pueda tardar de seis meses a un año.

Caso OASEditar

En marzo de 2019, los fiscales del Equipo Lava Jato, junto con la procuradoría del Perú, suscribieron en Sao Paulo un acta de acogimiento a beneficios por colaboración eficaz con los representantes de la constructora OAS. Se trata del primer paso para un acuerdo de colaboración eficaz con dicha empresa, involucrada también en el Caso Lava Jato. OAS se comprometió a dar información sobre los presuntos aportes irregulares a la campaña del No y de la reelección de Susana Villarán, sus posibles vínculos con Luis Castañeda Lossio y el expresidente Ollanta Humala; así como con respecto al denominado Club de la Construcción.[265]

El Equipo Especial de Fiscales de Lava Jato, aprovechando su viaje a Curitiba para interrogar a Jorge Barata, interrogaron a Léo Pinheiro, expresidente de OAS, que se halla en prisión por el caso Lava Jato de Brasil. La diligencia fue reservada (27 de abril de 2019), aunque en las semanas posteriores la prensa fue revelando las declaraciones.[266]

Caso Susana VillaránEditar

La ex alcaldesa Susana Villarán, que ya llevaba una investigación abierta por haber recibido presuntamente de la empresa Odebrecht US$ 3 millones para su campaña por el No a la revocatoria del 2013, fue también sindicada por Pinheiro de haber recibido US$ 3 millones de parte de OAS, para esa misma campaña, y US$ 4 millones para su campaña de reelección del 2014. La tesis de la fiscalía es que Villarán, usando como intermediario a su gerente municipal José Miguel Castro, recibió esos dineros a cambio de beneficiar a dichas empresas en la concesión de los proyectos viales más importantes de la capital: Vías Nuevas de Lima o Rutas de Lima (Odebrecht) y Línea Amarilla-Vía Parque Rímac (OAS).[267]​ Los cargos que se le imputan a Villarán son cohecho pasivo, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. La Fiscalía solicitó su prisión preventiva por 36 meses, lo que concedió el juez, pero rebajandola a 18 meses, pues consideró que el caso estaba ya bastante avanzando como para prorrogarlo más (14 de mayo de 2019).[268]​ También fue sometido a prisión preventiva por 18 meses el ex gerente municipal José Miguel Castro. El sustento para la prisión preventiva de ambos (que no es todavía una sentencia condenatoria), fue que había peligro de que fugaran y obstaculizaran el proceso.

Villarán y Castro apelaron para revertir su prisión preventiva, pero la Sala Penal Anticorrupción confirmó la misma, aumentándola de 18 a 24 meses, aduciendo la complejidad del caso.[269]

Caso Luis CastañedaEditar

Ya desde mucho antes que estallara el caso Lava Jato en el Perú, existía la sospecha de turbios manejos en la administración municipal de Luis Castañeda (2003-2010 y 2015-2018) como el llamado caso Comunicore, del que el ex alcalde se vio sospechosamente muy bien librado. El 12 de noviembre de 2009, la gestión municipal de Castañeda firmó con OAS el contrato de concesión por 30 años de Línea Amarilla, un importante proyecto vial de Lima, cuya renta proviene de los peajes. OAS se vio sospechosamente favorecida en todas las etapas del proceso que llevaron a dicha firma. Cuando esta empresa vendió todas sus acciones de Línea Amarilla a la empresa francesa Vinci Highways, Castañeda no hizo nada para evitarlo, pese a que en el Brasil ya había estallado el escándalo Lava Jato. Otro asunto controvertido es el proyecto Vías Nuevas de Lima o Rutas de Lima, concedido a Odebrecht, sobre la que también hay sospechas de manejos dolosos.

No fue sino hasta los interrogatorios de los fiscales del Equipo Lava Jato que sometieron a Pinheiro y a otros directivos de OAS acogidos a la colaboración eficaz, que empezaron a revelarse hechos que comprometían seriamente a Castañeda. En mayo de 2019, la prensa reveló que Pinheiro había declarado que Castañeda recibió de OAS US$ 100 mil para campaña electoral del 2014.[270]

Otros casosEditar

El Club de la ConstrucciónEditar

Las investigaciones de la Fiscalía, en base a las confesiones de colaboradores eficaces, determinaron la existencia de un denominado Club de la Construcción, que se trataría de un grupo de empresas constructoras (entre nacionales y extranjeras)[271]​ que presuntamente se coludieron para pagar sobornos con el fin de ganar licitaciones de obras en Pro Vías del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú. Ello ocurrió durante el gobierno de Ollanta Humala, aunque existe la presunción de que dicho “Club” ya existía de mucho antes y solo se reactivó en dicho gobierno. Las empresas en cuestión serían más de 25, entre las que se cuentan las nacionales Graña y Montero, JJC, ICCGSA, JOHE SA, Grupo Plaza, Cosapi, Constructora San Martín, Málaga, H & H Casa; y las brasileñas Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao, Mota-Engil.[272]

El caso está en manos del fiscal Germán Juárez Atoche y entre los investigados está el ex ministro de Transportes y Comunicaciones Carlos Paredes, uno de los hombres fuertes de Humala, que estuvo en dicho despacho entre 2011 y 2014, y que habría usado a su hermano Pepe Paredes como intermediario de las coimas.[273]​ En mayo de 2019, se dictó contra Carlos Paredes impedimento de salida de país por ocho meses, así como prisión preventiva para su hermano.[274]

En 2019, la empresa constructora Graña y Montero inició el proceso para acogerse a la colaboración eficaz con la Fiscalía, siendo la primera empresa peruana implicada en el caso Lava Jato en hacerlo. La colaboración se ha hecho a título corporativo y no alcanza a los ex directivos de la empresa.[275]

Caso Los Temerarios del CrimenEditar

En abril de 2019, la fiscalía abrió una investigación preliminar contra el congresista y ministro de Vivienda y Construcción, Carlos Bruce y los congresistas Marvin Palma (Cambio 21), Javier Velásquez Quesquén (Apra), César Vásquez (APP) y Clemente Flores (PpK), por el caso Los Temerarios del Crimen. Todos ellos por presunto delito de corrupción, vinculada a la organización criminal encabezada por el ex alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, actualmente preso, quien promovía la obtención de proyectos estatales a cambio de la entrega de sobornos. El congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular), que también se haya vinculado al caso, no fue incluido en esta investigación, pues ya está incluido en otra, la que se le sigue por haber recibido presuntamente una coima de una empresaria de Trujillo, para favorecerla en una licitación.[276]

Gobiernos regionales y localesEditar

Elecciones regionales y municipales de 2018Editar

El 7 de octubre de 2018 se realizaron en todo el país elecciones regionales y municipales. A las 4 de la tarde de ese día, por medio del sondeo a boca de urna fue confirmado como alcalde electo de toda la ciudad de Lima, de su área metropolitana y la provincia de régimen especial homónima, el alcalde miraflorino Jorge Muñoz Wells,[277]​ dejando en segundo lugar a Daniel Urresti del partido Podemos Perú y en tercer lugar a Renzo Reggiardo de Perú Patria Segura.[278]

Aspecto socialEditar

Lucha contra la violencia a la mujerEditar

El caso Eyvi ÁgredaEditar

La asunción al poder del presidente Vizcarra implicaba adoptar medidas rápidas para el freno de los consecutivos asesinatos a mujeres en altos grados, alarmantes a la sociedad peruana. Un caso en específico fue el de Eyvi Ágreda Marchena, una joven peruana de 22 años víctima de la violencia de género en Lima.[279]​ Fue atacada el 24 de abril de 2018 por un individuo, quien le roció combustible y le prendió fuego cuando se encontraba dentro de un bus en el distrito de Miraflores en Lima, Perú. Otras diez personas resultaron heridas.[280]​ Fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Guillermo Almenara donde pasó 38 días. Falleció, tras varias intervenciones quirúrgicas, el 1 de junio de 2018.[281]​ Su caso fue especialmente denunciando en la marchas contra la violencia hacia las mujeres con el lema "Mujeres x Justicia" celebradas en Perú el 11 de agosto de 2018. El agresor, Carlos Hualpa, fue capturado y apresado, siendo posteriormente condenado a 35 años de prisión por el delito de feminicidio agravado consumado.[282]

Tras el incremento de los feminicidios y las agresiones contra la mujer, Vizcarra anunció que el Gobierno tomaría cinco inmediatas medidas para luchar contra dicho flagelo. Estas eran:

1. Constituir una Comisión de Emergencia, a cargo del primer ministro e integrada por los ministros de los sectores involucrados. Participarán los máximos representantes del Ministerio Público y el Poder Judicial, y delegados de las entidades y organizaciones de la sociedad civil, quienes se encargarán de elaborar el plan de trabajo para implementar una política pública que brinde protección, prevención y atención en los casos de violencia hacia las mujeres.

2. Declarar en alerta permanente todas las comisarías del país, para que las 24 horas del día reciban las denuncias de las mujeres y les brinden la protección adecuada.

3. Realizar un trabajo articulado y multisectorial para la prevención de la violencia contra las mujeres desde todos los programas y servicios sociales que ofrece el Estado.

4. Creación del programa “Hombres por la igualdad”: con el fin de involucrar y garantizar que todos los varones accedan a información necesaria que les permita desarrollar relaciones respetuosas e igualitarias con las mujeres.

Como última medida, Vizcarra solicitó al Congreso la delegación de facultades para legislar en materia de lucha contra la violencia hacia las mujeres, que incluye una propuesta normativa para sancionar el acoso en espacios públicos y privados.

Campaña de los "mandiles rosados"Editar

En junio de 2019, las Fuerzas Armadas se sumaron a la campaña Fuerza sin violencia, que tiene con gesto simbólico el uso de mandiles rosados, cuya intención es concientizar a la población de que no existen oficios puramente viriles o exclusivamente femeninos. Todo ello en el marco de la lucha contra la violencia contra la mujer. Lo que algunos han criticado por «mancillar» el uniforme militar al estar bajo un mandil rosado, lo cual —para algunos— no deja de ser sino una crítica superficial.[283]

La inmigración venezolanaEditar

La inmigración venezolana en el Perú, empezó a incrementarse paulatinamente en 2017, bajo el gobierno presidente Pedro Pablo Kuczynski, que otorgó facilidades a los inmigrantes, pidiéndoles solo como requisito la presentación del carnet de identidad y otorgándoles el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) por un año, documento que les permite trabajar en el país de manera legal.

El gobierno de Vizcarra, ante el reclamo de la ciudadanía por actos delictivos y antisociales de algunos inmigrantes, dispuso ejercer un mayor control en su ingreso, exigiendo la presentación del pasaporte a partir del 25 de agosto de 2018.[284]​ Ello, sumado a una medida similar tomado por el Ecuador, produjo el mayor flujo de inmigrantes hacia el Perú, que ingresaban en número de hasta 5000 por día a través de la frontera peruano-ecuatoriana, antes de que entrara en vigencia el requisito del pasaporte. Los medios informativos cubrieron la gran marcha a Perú, que se realizaba vía terrestre desde Venezuela, atravesando Colombia y Ecuador.[285]​ Para ese entonces la cantidad de venezolanos en todo el país se contabilizaba ya en 450 000, siendo la ola migratoria más importante del Perú en toda su historia republicana. Es de resaltar también que el Perú es el segundo país del mundo que alberga la mayor cantidad de venezolanos inmigrantes, después de Colombia. Para noviembre de 2018 sobrepasaron los 600 000.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos interpuso un habeas corpus ante el Poder Judicial contra la resolución de la Superintendencia Nacional de Migraciones que exigía la presentación del pasaporte a los inmigrantes. El 5 de octubre de 2018 una jueza declaró fundado el habeas corpus y se revocó la exigencia del pasaporte; pero Migraciones y el Ministerio del Interior apelaron y el 11 de octubre se suspendió la decisión judicial, hasta que un juez superior confirme o anule la misma.[286]

Sin embargo, a los venezolanos que no cuentan con pasaporte se les permite ingresar al Perú si solicitan refugio, otorgándoseles en la frontera peruano-ecuatoriana la Tarjeta Andina de Migración (TAM) válida por 90 días, con la que podían tramitar el PTP, aunque esto último quedó limitado a quienes ingresaron antes del 31 de octubre de 2018.[287]​ Para principios de 2019, las solicitudes de refugio llegaron a 164 000, de las que solo se aprobaron una ínfima cantidad. Para ese entonces se calculaba en 680 000 los inmigrantes venezolanos en el Perú, proyectándose en un millón para fines del año, ante el recrudecimiento de la situación política, social y económica en Venezuela.

Aumento de la delincuenciaEditar

Ante el reclamo de la ciudadanía, sensibilizada por los continuos actos delicuenciales protagonizados por inmigrantes venezolanos, el gobierno emprendió la tarea de identificar a aquellos inmigrantes con antecedentes policiales y que ingresaron al Perú falseando información migratoria. En abril de 2019, un primer grupo de 50 venezolanos fueron identificados y expulsados del país.[288]

Durante una rueda de prensa realizada el 26 de mayo de 2019, el ministro del Interior Carlos Morán Soto reconoció que los índices de delincuencia en la ciudad de Lima subieron tras la ola migratoria venezolana.[289]

Exigencia de visa y pasaporteEditar

El 6 de junio de 2019, el presidente Vizcarra anunció que desde el 15 de junio, los ciudadanos venezolanos solo entrarían con pasaporte y visa debidamente reglamentados. Este anuncio lo hizo junto con su ministro del Interior, Carlos Morán, al momento de supervisar una tercera expulsión de venezolanos que habían ingresado falseando sus datos. Precisó que los venezolanos podrán tramitar de manera extraordinaria una visado humanitario en los consulados peruanos de Venezuela (Caracas y Puerto Ordaz), en los de Colombia (Medellín y Leticia) y en los de Ecuador (Cuenca, Guayaquil, Quito, Machala y Loja). La población vulnerable (niños, ancianos y mujeres embarazadas) estarán exoneradas del requisito de visa y pasaporte.[290]

Como era de esperarse, en los días previos al vencimiento del plazo, el puesto fronterizo de Tumbes se vio colapsado de inmigrantes venezolanos que solicitaban su ingreso. El día 14 de junio ingresaron 9000, la más alta cifra registrada hasta entonces en un solo día.[291]

Sabotajes en el Oleoducto NorperuanoEditar

El 27 de noviembre de 2018, miembros de la comunidad nativa de Mayuriaga, en el distrito de Morona, provincia del Datem del Marañón en el departamento de Loreto, sabotearon el oleoducto Norperuano a la altura del km 193 en el ramal norte. Acto seguido, bloquearon la zona y no dejaron reparar la rotura del ducto, produciéndose un derrame cuantioso de petróleo, ocasionando millones de soles en pérdidas, así como un atentado al medio ambiente. Luego de 90 días, aceptaron finalmente un acuerdo con el gobierno, representado por el primer ministro César Villanueva, comprometiéndose los mismos pobladores en reparar el ducto, mientras que el gobierno se comprometía a mejorar las condiciones de la comunidad en salud, educación y otros rubros (26 de febrero de 2019).[292]

Para algunos analistas, este episodio resultó un mal precedente y una prueba más de la claudicación del gobierno frente al chantaje camuflado bajo reclamo social. El 19 de junio de 2019 se reportó otra rotura del oleoducto norperuano a la altura del kilómetro 237, en la comunidad nativa Nuevo Progreso, distrito de Manseriche, a 35 km de Mayuriaga. Aunque Petroperú informó que se trataba de otro acto delincuencial, la comunidad negó ser responsable, achacando el hecho al mal estado del ducto, que es muy antiguo.[293]

Sin embargo, se sabe que de todos los derrames de petróleo ocurridos en los últimos cinco años, el 64% fueron sabotajes, es decir, provocados por personas de la zona que buscan lucrar ya sea robando el combustible o bien para que Petroperú los contrate como operarios en la labor de reparación, habida cuenta que un jornal es de S/ 150.[294]

El 9 de julio de 2019, Petroperú informó de un nuevo sabotaje al Oleoducto Norperuano. Ocurrió a la altura del km 371+734 del tramo 2 del oleoducto, en la comunidad de Tayuntsa, provincia de Bagua, Región Amazonas, cerca del río Nieva. No obstante, el daño no ha sido mayor porque el bombeo de crudo se encuentra paralizado a raíz de la medida de fuerza que han iniciado las federaciones indígenas en Loreto el 5 de julio y que generó la toma de la Estación 5 en Loreto. Estas poblaciones se consideran afectadas por la actividad petrolera.[295]

Paro de transportistas de carga pesadaEditar

Los gremios de transportistas de carga pesada realizaron en febrero de 2019 un paro en distintas regiones, que afectó no solo a los camioneros sino a turistas y comerciantes, ya que los huelguistas bloquearon diversos puntos de alto tránsito. El 23 de febrero, tras sostener reuniones con el premier César Villanueva y el ministro del sector Edmer Trujillo, los gremios levantaron el paro, al lograr una rebaja de S/ 0.59 por galón de diésel en planta a cargo de Petroperú, así como la suspensión del peaje de Yauca (Arequipa) por cinco meses.[296]

Conflicto en Las BambasEditar

El 4 de febrero de 2019, pobladores de la comunidad de Nueva Fuerabamba (Challhuahuacho,Cotabambas, Apurímac) empezaron a bloquear un tramo del corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa, que conduce hacia la mina Las Bambas, interrumpiendo así el traslado del mineral de cobre al puerto de Matarani. Los comuneros exigían a la empresa minera MMG Las Bambas el pago de 100 millones de soles por el uso de la vía, la cual pasaba por un predio de su propiedad, en Yavi Yavi (Chumbivilcas, Cusco). Aducían que el paso de los camiones de carga pesada generaba una tremenda polvareda que contaminaba el medio ambiente, así como reclamaban que no se les hubiera consultado la construcción de la carretera.

El 21 de marzo se iniciaron las negociaciones entre el gobierno, los representantes de la empresa minera y los dirigentes de la comunidad.[297]​ Estando en ello, el día 23 de marzo, el presidente de la comunidad Gregorio Rojas Paniura y cuatro abogados, que estaban entre los negociadores, fueron apresados y detenidos preliminarmente, acusados de crimen organizado y extorsión en agravio de la empresa minera, sobre un proceso iniciado de oficio en 2017. Unos audios revelaron que dos de los abogados, los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo (los Chavelos), habían azuzado a los líderes de la comunidad a exigir demandas millonarias a la empresa minera, exigiendo para ellos el 30% del monto a cobrarse.[298]

Los comuneros de Cotabambas se solidarizaron con los de Fuerabamba y bloquearon dos accesos a la mina, agravando así el conflicto. El 27 de marzo, una comitiva del gobierno, formada por los ministros de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo; Salud, Zulema Tomás; e Inclusión Social, Paola Bustamante, fue a Yavi Yavi para dialogar con los comuneros, un grupo de los cuales arrojaron piedras al helicóptero que trasladaba a la comitiva ministerial. Los comuneros de Fuerabamba condicionaron el reinicio del diálogo a la liberación de su presidente y de sus asesores legales. El gobierno respondió que ello era un asunto judicial en el que no podía intervenir, pues existía la separación de los poderes del Estado.[299]

El 29 de marzo, el gobierno declaró en emergencia al distrito de Challhuahuacho, y amplió el estado de emergencia declarado en parte del Corredor Vial Apurímac-Cusco-Arequipa.[300]​ El 30 de marzo fue liberado el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, dándosele comparecencia restringida. Se esperaba que con ello se reiniciara el diálogo, pero Rojas condicionó el mismo a la liberación de los abogados de la comunidad. También fue detenido el vicepresidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas Huamanga, por atropellar a dos efectivos de la policía, aunque fue puesto en libertad pocas horas después.[301]​ Luego, Gregorio Rojas pidió reunión con el presidente Vizcarra para solucionar el conflicto, mientras que Edison Vargas continuó condicionando el reinicio del diálogo con la liberación de sus asesores legales.

El 6 de abril de 2019 se retomó el diálogo para solucionar el conflicto, contando con la mediación de la Iglesia Católica. Participaron el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar; el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho; el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas; y representantes de la minera Las Bambas. Como intermediario participó monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, de la Conferencia Episcopal Peruana. La reunión se realizó en la sede de esta institución, situada en Jesús María (Lima). Se firmó un acuerdo, por el cual, la minera y los comuneros acordaban una solución económica que dejaba conforme a ambas partes. Gregorio Rojas, a nombre de su comunidad, se comprometió a levantar temporalmente los bloqueos en la ruta de Yavi Yavi, así como a convencer a los demás comuneros de Challhuahuacho a que finalizen con el bloqueo de los accesos de la mina. Mientras que el gobierno se comprometía a levantar el estado de emergencia en el distrito y en el corredor minero. Se acordó también que el primer ministro y un grupo de ministros fueran a Challhuahuacho para dialogar con la misma comunidad.[302]​ En cuanto a los hermanos Chávez, se les dio prisión preventiva por 36 meses y fueron trasladados a un centro penitenciario del Cusco.

El 11 de abril de 2019 se realizó la mesa de diálogo en Challhuahuacho, con la presencia del presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar y tres ministros de Estado, y la participación de representantes de las 38 comunidades del distrito.[303]

Paro agrario de 2019Editar

El 13 de mayo de 2019 se realizó un paro nacional agrario, convocado por la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) y la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú (JNUDRP). La razón que invocaron estos gremios para tomar tal medida fue que el gobierno carecía de políticas y programas que defiendan los intereses de los más de tres millones de productores agropecuarios. Entre otro pedidos, reclaman la Ley de la Agricultura Familiar (AF) y la implementación de medidas inmediatas para defender a la producción nacional de la competencia desleal y de las importaciones subsidiadas, así como la creación de políticas que permitan impulsar la producción agropecuaria del país.[304]

Protestas contra el enfoque de géneroEditar

Pese a que el poder judicial había desestimado la petición del colectivo Con mis hijos no te metas de obligar al gobierno a retirar el llamado enfoque de género en el currículum nacional de educación, dicho colectivo insistió en su reclamo y preparó nuevas movilizaciones. Esta vez apuntó sus críticas a la ministra de Educación Flor Pablo, interpelada en el Congreso por el asunto del link de contenido sexual explícito en los textos escolares destinados a profesores. Es de destacar que, según una encuesta de opinión nacional, el 82% de la ciudadanía respalda la inclusión del enfoque de género en el currículum nacional.[305]

El colectivo realizó una marcha nacional el 24 de mayo de 2019. En Lima, los manifestantes se concentraron en las plazas Acho, Dos de Mayo y Manco Cápac. Luego se movilizaron al Congreso, donde fueron recibidos por el congresista Julio Rosas (pastor evangélico y antiguo fujimorista), dejándoseles ingresar en la Plaza Bolívar para hacer su manifestación, hecho que fue considerado insólito, pero que se explica por la cercanía ideológica del fujimorismo hacia dicho colectivo. Luego se dirigieron hacia Palacio de Gobierno, para entregar una carta al presidente Vizcarra, no sin realizar antes algunos disturbios.[306]

Paro General de la CGTP del 20 de junio de 2019Editar

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) convocó un paro nacional de 24 horas, que se desarrolló el 20 de junio de 2019. Su objetivo era rechazar el quinto objetivo de la Política Nacional de Competitividad y Productividad, promulgada por el gobierno el 31 de diciembre del 2018. Se produjeron violentos enfrentamientos en Iquitos y en Arequipa.[307]

Huelga de nativos de LoretoEditar

El 5 de julio de 2019, cincuentaicuatro (54) federaciones indígenas de Loreto, encabezadas por sus líderes, declararon una huelga indefinida en protesta contra la actividad petrolera que venía causando estragos en su territorio a raíz de los continuos derrames del oleoducto norperuano. Ellos niegan que esto sea producto del sabotaje y lo atribuyen al mal estado del ducto; en todo caso, admiten que puede ser obra delincuentes que no tienen nada que ver con las comunidades. Seiscientos (600) nativos armados con lanzas tomaron la Estación 5 de Petroperú, ubicada en el distrito de Manseriche, y bloquearon los principales ríos. Exigían la presencia del premier Salvador del Solar y del ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, para iniciar un diálogo en la que expondrían sus pedidos. El 17 de julio decidieron levantar la medida de fuerza, como gesto político, para que el gobierno dialogue con las comunidades indígenas directamente afectadas por el derrame del crudo.[308]

Protestas contra el proyecto Tía MaríaEditar

Luego que el gobierno anunciara haber otorgado la licencia de construcción del Proyecto Tía María a la empresa Southern Copper, los dirigentes del valle del Tambo (Arequipa) anunciaron un paro indefinido a partir del 15 de julio de 2019.[309]

Aunque el gobierno ha dicho que no se pondrá en marcha el proyecto hasta que haya un entendimiento con la población de la zona afectada (la llamada «licencia social»), el gobernador regional de Arequipa Elmer Cáceres Llica fue enfático al declarar que no habrá diálogo con el gobierno hasta que no se suspenda la licencia de construcción. Consideró lo hecho por el gobierno como una traición al pueblo. Llegó incluso a poner un plazo de 72 horas para que el gobierno anule la licencia de construcción.[310]

El 15 de julio empezó la huelga indefinida. Los pobladores del valle del Tambo bloquearon la Panamericana Sur. Congresistas de Frente Amplio y Nuevo Perú (izquierda) apoyaron las protestas. Los pobladores, con el lema de «Agro si, mina no», exigieron que se derogue la licencia de construcción.[311]​ El gobierno respondió que acceder a eso sería ilegal, pues la empresa había cumplido todos los requisitos exigidos para obtener dicha licencia, no obstante lo cual había aceptado no iniciar el proyecto hasta obtener la «licencia social» de la población. Esta, mayormente dedicada a la actividad agropecuaria, rechaza el proyecto pues teme que afecte la provisión de agua de la zona y desconfían de la empresa, que tiene antecedentes de incumplimientos en otros proyectos que ha realizado en la región sur del Perú.

El 5 de agosto de 2019, se inició en la región Arequipa un paro indefinido, promovido por el gobierno regional en apoyo a los manifestantes del valle del Tambo. Más de 30 organizaciones sociales se sumaron al paro. Las clases escolares se suspendieron.[312]

El 9 de agosto, el Consejo Nacional de Minería suspendió por 120 días la licencia de construcción otorgada a la empresa Southern Peru Copper Corporation para la ejecución del proyecto. El gobierno dijo que se trataba de una decisión autónoma de dicho ente, vista la conflictividad que se había desatado en el valle del Tambo. Al día siguiente, diversos medios de comunicación difundieron un audio grabado el día 24 de julio de una reunión del presidente Martín Vizcarra con los gobernadores de la macrorregión sur, alcaldes y dirigentes del valle de Tambo. En el audio, Vizcarra les explicaba que el recurso de revisión, presentado por el Gobierno Regional de Arequipa al Ministerio de Energía y Minas para anular la licencia, no podía ser respondido de forma inmediata. De la misma manera, les expresaba que la licencia no se puede revocar de manera inmediata y que prepararía un argumento para la cancelación.[313][314]​ A los pocos días, medios de comunicación difundieron más partes de las grabaciones en las cuales el jefe de Estado plantea que el gobierno no quiere imponer proyectos mineros y lo que se debe hacer es revertir la licencia de construcción administrativamente, incluso se compromete a dar soporte junto a los técnicos y les dice a las autoridades regionales que si en el plazo de un mes no cumple, se tomen medidas radicales.[315][316][317]

Yo no podría ahorita salir y decir voy a cancelar, ¿bajo qué argumento?, tengo que preparar el argumento. [...] Quiero que me comprendan, yo no soy el enemigo
(...)Si en un mes ven que yo no cumplo, ahí hagan una medida radical y todo (…) Lo que hay que hacer es revertir, pero revertirlo administrativamente, ¿con qué?: con las medidas que presenta el gobernador (...)
(...) No queremos imponer proyectos mineros, queremos hacer el proceso para que finalmente la posición que ustedes tienen se revierta y finalmente se caiga [la licencia de construcción]
(...) Yo mismo, con los técnicos, les vamos a dar el soporte (...) El gobernador ha presentado unas consideraciones técnicas y legales. Perfecto, comencemos, démosle contenido a esa posición. (...) Yo me pongo con ustedes a buscar contenido a esa justificación y solitos vamos a encontrar la justificación (...)

Martín Vizcarra en conversación con autoridades de Arequipa

Protestas contra el proyecto minero de QuellavecoEditar

El 12 de agosto de 2019, Moquegua, instigada por su gobernador Zenón Cuevas, inició un paro indefinido en contra de la construcción de proyecto cuprífero de Quellaveco a cargo de la empresa Anglo American. La población acusaba a esta empresa de haber incumplido su compromiso de contratar 80% de mano de obra no calificada de la región, y que solo había contratado a 40%, mientras que el resto de trabajadores serían foráneos. Sin embargo la empresa negó ello y aseguró que el 95% de sus trabajadores contratados eran de la zona.[318]​ Los pobladores bloquearon la carretera binacional, afectando especialmente al transporte de carga de Bolivia. El gobernador Zenón Cuevas viajó a Lima para solicitar una reunión con el presidente Vizcarra con el fin de buscar una salida al conflicto.[319]

Política educativaEditar

  • Al inicio de su gestión transfirió 1300 millones de soles a los gobiernos locales y regionales para concluir la construcción de 2000 escuelas, y bajo la modalidad de asociación pública-privada, por 1100 millones de soles para la construcción de locales escolares, así como su operación y mantenimiento.
  • En 2019 el presupuesto para el sector Educación se incrementó en 11 % en relación a 2018.[320]
  • Se insistió en mantener el enfoque de género en el currículo nacional de educación, al considerarse que se trataba de una herramienta para igualar en oportunidades a hombres y mujeres, pese a los reclamos del colectivo Con mis hijos no te metas. El 3 de abril de 2019, el Poder Judicial declaró infundado el reclamo de esos grupos conservadores.[321]
  • Al revelarse que los textos de tercer año de secundaria contenía un link con contenido sexual, la ministra de Educación Pública Flor Pablo pidió disculpas por el error y anunció que esos libros serían retirados. Sin embargo, la pérdida económica que ello implicaba motivó que desde el Congreso, el partido Fuerza Popular promoviera una moción de interpelación contra la ministra, para que de explicaciones del asunto.[322]
  • La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) emprendió la tarea de otorgar licenciamientos a las universidades del país, exigiendo las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), indispensables para ofrecer el servicio educativo de nivel universitario. Hasta mediados de 2019, la SUNEDU ha denegado la licencia a diez universidades que no han alcanzado las CBC, las cuales han iniciado un proceso ordenado y progresivo de cese de actividades.[323]​ Entre ellas se encuentran la Universidad Privada Telesup y la Universidad Privada Simón Bolívar.[324]

Política sanitariaEditar

  • Se empezó el mejoramiento del Hospital Arzobispo Loayza, destinándose una partida de 800 millones de soles para convertirlo en un moderno hospital de referencia nacional.
  • Se lanzó la campaña Amor de Hierro para combatir la anemia infantil, que según un estudio se había incrementado en el país.[325]
  • En enero de 2019, al ocurrir un severo aniego en el distrito de San Juan de Lurigancho debido a la rotura de una tubería troncal de desagüe, el gobierno, en coordinación con la autoridad municipal, se hizo presente para ayudar a los damnificados, que se contabilizaron en unas 2000 personas. Una vez que se puso en resguardo a los habitantes, se procedieron a las tareas de limpieza y fumigación.[326]
  • En junio de 2019, el Ministerio de Salud declaró en emergencia sanitaria por 90 días a los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad, Junín y Lima ante el incremento inusual de casos del síndrome de Guillain-Barré.[327]​ También garantizó el tratamiento gratuito para los pacientes afectados por el mal.[328]
  • En el marco de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, se estableció que todos los alimentos industrializados que se vendan en el Perú estarán obligados a partir del 17 de junio de 2019 a llevar octógonos de advertencia que informen que su contenido excede los parámetros establecidos para el sodio, azúcar, grasas saturadas o grasas trans.[329]
  • Entre los días 22 y 23 de junio de 2019, el Ministerio de Salud realizó una campaña de vacunación casa por casa contra el sarampión, rubeola y polio, principalmente a niños menores de 5 años. Ello debido al peligro de que puedan rebrotar dichas enfermedades, que si bien han sido históricamente superadas, siempre existe el peligro de su reaparición, teniendo en cuenta la visita de ciudadanos de países vecinos donde todavía circulan esos males. Por ejemplo, el sarampión, que ya había sido erradicado desde décadas atrás, volvió a presentar dos casos en el Perú en el 2018, siendo controlado con éxito.[330]

Política medioambientalEditar

  • El Perú, considerado el tercer país más vulnerable del mundo al cambio climático, se convirtió en el primer país de Latinoamérica en tener una Ley Marco del Cambio Climático, en línea con los compromisos del Acuerdo de París suscrito en 2015 por 193 Estados. Dicha ley, aprobada por el Congreso en marzo de 2018, fue promulgada el 17 de abril de 2018.[331]
  • El 19 de febrero de 2019, patrullas conjuntas de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas iniciaron la operación Mercurio 2019, dirigida contra la minería ilegal en la zona conocida como La Pampa, en la región Madre de Dios.[332]

Política culturalEditar

  • Se llevan a cabo una serie de acciones para garantizar los derechos de las poblaciones indígenas y afroperuanas. Una de ellas consiste en certificar servidores públicos bilingües en diversas regiones. En ese sentido también se continúa impulsando la presencia de programas de radio y televisión hablados en las tres importantes lenguas originarias del Perú: quechua, aimara y ashaninka.
  • El 20 de julio de 2018, el presidente Vizcarra se convirtió en el primer presidente del Perú en inaugurar una Feria del Libro (FIL Lima 2018).[333]
  • El 10 de noviembre de 2018 se lanzó el Plan Bicentenario, simultáneamente en 20 ciudades del país, con miras a las celebraciones del Bicentenario de la Independencia del Perú en 2021. El presidente Vizcarra lo anunció personalmente en la ciudad de Ayacucho, junto con la ministra de Cultura Patricia Balbuena. La meta es llegar a esa fecha como una nación unida.[334]

Desastres naturalesEditar

Inundaciones en el centro y sur del PerúEditar

En el verano de 2019 se produjeron intensas lluvias, granizadas y nevadas en la sierra central y sur del Perú, que causaron deslizamientos de tierras e inundaciones (huaycos) que afectaron a muchas poblaciones. También se desataron lluvias en la costa central y sur. Todo ello a consecuencia de la presencia de un Niño débil, rezago del Niño Costero del 2016-2017.

El 6 de febrero se produjo en Barranca una inusual lluvia torrencial acompañada de tormentas eléctricas.[335]​ El 7 de febrero, la inundación de un río afectó la provincia de Pomabamba, afectando viviendas, vías de comunicación y redes de agua potable.[336]

En el departamento de Arequipa, el 7 de febrero se registraron cinco huaycos en el distrito de Aplao, que dejaron un saldo de tres personas muertas, así como la destrucción de viviendas.[337]

En el departamento de Tacna, luego de un record histórico de lluvias, se colapsó la red de alcantarillado de la ciudad de Tacna y otros distritos, produciéndose aniegos.[338]​ Los huaycos afectaron también los distritos de Ilabaya, Calana, Pachía y Pocollay. En Ilaya, el poblado de Mirave, asentado en la desembocadura de una quebrada, quedó severamente afectado, a tal punto que se contempló la necesidad de reubicarlo a otro lugar.[339]

En el departamento de Moquegua, la crecida del río Tumilaca a consecuencia de las lluvias causó inundaciones que afectaron viviendas, carreteras y áreas verdes. El desborde del río Moquegua o Tambapalla, (continuación del Tumilaca), afectó a la capital del departamento. El puente Montalvo (en la Panamericana, que conecta Moquegua y Tacna) colapsó y fue arrastrado por la corriente.[340]

La respuesta de las autoridades fue rápida. El presidente Vizcarra viajó al sur para inspeccionar las zonas afectadas. El 9 de febrero estuvo en Aplao. Por decretos supremos se declaró en emergencia por 60 días diversos distritos de las regiones de Arequipa, Moquegua, Pasco, Áncash, La Libertad y Lima, algunos de ellos en prevención ante la inminente llegada de las inundaciones.[341]

El presidente Vizcarra asignó a un ministro por cada región afectada por las inundaciones, los cuales deberán estar pendiente y en coordinación permanente con las autoridades locales de la zona.[342]

Lluvias e inundaciones en el norte del PerúEditar

En febrero de 2019 se produjeron también intensas lluvias en la costa y sierra norte del Perú. Desde principios del verano, se había registrado el mismo fenómeno en la Amazonia peruana. En la costa norte, las lluvias se originan debido al trasvase de nubes cargadas que llegan desde la región amazónica, y se teme que, de llegar a la costa una corriente marina cálida (algo que se ha pronosticado para marzo), las lluvias alcancen valores por encima de los normales, como ocurrió durante el Niño Costero de 2017.

El 16 de febrero de 2019 el gobierno declaró en emergencia por 60 días a 183 distritos de las regiones de Tumbes,Piura, Lambayeque, Cajamarca y La Libertad.[343]

El 1 de marzo de 2019, Vizcarra regresó de su gira a Portugal y España, y se trasladó de inmediato a Piura para inspeccionar los trabajos realizados en las zonas afectadas y vulnerables. Prometió que se reconstruirían todos los puentes caídos antes del 2021, incluidos los que se remontaban a los años 1980.[344]

Terremoto de Loreto de 2019Editar

El 26 de mayo de 2019, a las 02:41 de la madrugada, ocurrió un movimiento sísmico en el nororiente del Perú, con epicentro a 75 km al sureste de Lagunas, Provincia de Alto Amazonas, en el departamento de Loreto. Con una magnitud de 8.0 grados en la escala de Richter, es el más potente registrado en el Perú en el presente siglo, junto con el terremoto de Pisco de 2007, pero por haberse dado a una profundidad de 109.9 km no produjo una devastación mayor. Afectó mayormente a las localidades peruanas de Yurimaguas y Tarapoto, y se percibió también en Ecuador y Colombia, y en los estados brasileños de Amazonas y Acre. Se registraron 2 muertos y 16 heridos en el Perú, así como más de 200 viviendas afectadas.

El presidente Vizcarra, que ese mismo día iba a recibir a los presidentes de la Comunidad Andina en Lima, se trasladó de inmediato a Yurimaguas para coordinar directamente la ayuda a los damnificados; se activó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), y los ministros de las diversas carteras se apersonaron a las principales zonas afectadas.[345]

Erupción del volcán UbinasEditar

 
Volcán Ubinas visto desde la EEI.

A fines de junio de 2019, el volcán Ubinas (Moquegua), el de más actividad de todo el arco volcánico del Perú, empezó un nuevo proceso eruptivo, expulsando rocas incandescentes y cenizas. Los especialistas consideran que se trata de la mayor actividad del Ubinas registrada en los últimos tiempos. El gobierno ordenó la evacuación de la población del distrito de Ubinas, debido al peligro que significaba el incremento de la actividad volcánica, que se calcula durará dos años. La evacuación empezó el 26 de julio de 2019, calculándose en más de mil los damnificados.[346]

Política exteriorEditar

Adopción del Pacto Migratorio MundialEditar

El Perú, junto con otras 155 naciones, adoptó el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, en el marco de la Conferencia Intergubernamental convocada por la ONU y realizada entre el 10 y el 11 de diciembre de 2018, en Marrakech, Marruecos. Este documento fue negociado durante más de un año y medio, y es un llamado global para coordinar políticas y establecer un marco de cooperación internacional sobre asuntos migratorios. Cabe destacar que el pacto no tiene carácter vinculante, y que países como Estados Unidos y Chile no lo firmaron.[347]

Posición del Grupo de Lima con respecto a VenezuelaEditar

El 4 de enero de 2019, los cancilleres del Grupo de Lima, conformado por doce países latinoamericanos (entre ellos el Perú) y el Canadá, se reunieron en Lima para tratar el asunto de Venezuela. Acordaron instar al presidente de dicho país, Nicolas Maduro, a abstenerse de prestar juramento para un segundo mandato y a ceder el poder a la Asamblea Nacional de Venezuela hasta la celebración de nuevas elecciones, considerando que esa era la única manera de restaurar la democracia en dicho país. La declaración la firmaron todos los representantes de los 13 países, a excepción de México.[348]

Al consumarse la posesión del mando de Maduro, el canciller peruano Néstor Popolizio anunció cuatro medidas adoptadas contra dicho régimen, una de ellas era prohibir el ingreso a territorio peruano de Maduro, sus familiares y allegados.[349]​ Maduro calificó de “estupidez” dicha prohibición y se refirió despectivamente del presidente Vizcarra, de quien dijo no saber ni cómo se llamaba y de cómo había llegado al poder.[350]​ Consultado por la prensa, Vizcarra declaró que el gobierno de Maduro era «ilegítimo y dictatorial».

El Grupo de Lima se volvió a reunir el 4 de febrero de 2019 en Canadá para tratar sobre la crisis venezolana y el apoyo al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, a quien varios países reconocen como gobernante interino de Venezuela, considerando a Maduro como un usurpador. En una declaración suscrita por 11 de sus 14 integrantes, el Grupo de Lima abogó por un cambio de gobierno en Venezuela, «sin uso de la fuerza», y llamó a los militares a desconocer a Maduro y reconocer a Guaidó.[351]

El gobierno peruano reconoció a Carlos Scull, enviado del presidente encargado Juan Guaidó, como embajador de Venezuela en el Perú. El viceministro de Relaciones Exteriores del Perú, Hugo de Zela, asistió a una nueva cumbre del Grupo de Lima, realizada el 25 de febrero de 2019 en Bogotá, para tomar medidas conjuntas en torno a la Crisis presidencial de Venezuela de 2019.[352]​ Zela abogó por la solución pacífica de dicha crisis. Anunció también la decisión del Perú de no reconocer como miembros de la embajada venezolana en Lima a los diplomáticos del gobierno de Maduro, y les dio un plazo de 15 días, a partir del 22 de febrero, para que abandonen el país.[353]

Visitas oficiales del presidente Vizcarra al exteriorEditar

El 23 de julio de 2018, el presidente Vizcarra viajó a México para asistir a la XIII Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico, en lo que constituyó su primer viaje autorizado al exterior en su calidad de Presidente de la República. Dicho evento duró hasta el día 25 y Vizcarra recibió la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico (periodo 2018-2019).[354]

El 3 de septiembre de 2018, el presidente Vizcarra, junto con algunos miembros de su gabinete ministerial, viajó a Cobija, Bolivia, para asistir al IV Gabinete Binacional Perú-Bolivia, ocasión en la que se reunió con el presidente boliviano Evo Morales. Se trató sobre diversos temas, como el saneamiento del lago Titicaca, la seguridad y defensa en la frontera común y el proyecto del tren bioceánico.[355]

El 23 de septiembre de 2018, Vizcarra viajó a Nueva York, para participar en el 73º periodo ordinario de Asamblea General de las Naciones Unidas. El día 25 dio su discurso que empezaba diciendo que su gobierno había logrado la tan ansiada estabilidad democrática en el Perú. En los días siguientes entabló encuentros bilaterales con algunos homólogos, y participó en diversas actividades oficiales.[356]

De 25 a 26 de octubre de 2018, el presidente Vizcarra realizó una visita de Estado al Ecuador, reuniéndose con el presidente de dicha nación, Lenin Moreno en Quito. Ambos presidieron el XII Gabinete Binacional Perú-Ecuador, con reunión plenaria de los ministros de Estado de ambas naciones. Todo ello se realizó en el marco de la celebración del vigésimo aniversario de la firma de la paz entre Ecuador y Perú.[357]

El 27 de noviembre de 2018, Vizcarra arribó a Chile, para participar de un encuentro presidencial con su par Sebastián Piñera, así como del II Gabinete Binacional Perú-Chile.[358]

El 1 de diciembre de 2018 el presidente Vizcarra asistió a la ceremonia de la toma de mando del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, realizada en el Congreso de dicho país.[359]

El 31 de diciembre de 2018, Vizcarra viajó a Brasil para asistir a la toma de mando del presidente electo Jair Bolsonaro, pero adelantó su retorno al enterarse de la remoción de los fiscales del Equipo Lava Jato, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez.

 
Vizcarra junto a Pedro Sánchez en la visita del primero a España en febrero de 2019

El 25 de febrero de 2019, Vizcarra inició una gira por Portugal y España. Con este último país firmó siete acuerdos de cooperación. Esta visita oficial estaba programada hasta el 3 de marzo, pero a raíz de las críticas que se desataron en Perú (donde varias regiones se hallaban en emergencia por las lluvias e inundaciones), Vizcarra adelantó su retorno el 1 de marzo.[360]

El 21 de marzo de 2019, Vizcarra viajó a Santiago de Chile, para participar en el Encuentro de Presidentes de América del Sur 2019, cuyo fin es poner en marcha un nuevo proyecto de integración regional, el Prosur, en reemplazo de Unasur. Participaron también en este encuentro Mauricio Macri (Argentina), Iván Duque (Colombia), Jair Bolsonaro (Brasil), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Lenin Moreno (Ecuador) y el presidente del país anfitrión, Sebastián Piñera. Todos ellos firmaron la Declaración sobre la Renovación y el Fortalecimiento de la Integración de América del Sur (22 de marzo de 2019).[361]

El 30 de junio de 2019, Vizcarra asistió a una cena oficial ofrecida por el presidente panameño Juan Carlos Varela en el Palacio de Las Garzas. Al día siguiente, 1 de julio, presenció la toma de posesión de mando de Laurentino Cortizo como nuevo mandatario del país centroaméricano.[362]

Visitas de jefes de Estado al PerúEditar

El 2 de octubre de 2018 el presidente Vizcarra recibió en Palacio de Gobierno al emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Zani, en visita oficial.[363]

El 14 de octubre de 2018 el presidente boliviano Evo Morales visitó el Terminal Portuario de Ilo para participar del arribo de una nave procedente de China con mercancías para Bolivia. Ello, luego del fallo adverso para Bolivia de su demanda marítima contra Chile en la corte de La Haya, y en el marco de su política para acelerar los proyectos alternativos de su comercio de ultramar, muy dependiente de los puertos del norte chileno.[364]

Entre el 12 y 14 de noviembre de 2018, los reyes de España Felipe VI y Letizia realizaron una visita de Estado al Perú, participando en diversas actividades oficiales, entre ellas un encuentro con el presidente Vizcarra en Palacio de Gobierno.[365]

Entre el 25 y 26 de junio de 2019, se realizó en la ciudad de Ilo el V Gabinete Binacional Perú-Bolivia, que contó con la presencia del presidente boliviano Evo Morales. Entre los ejes temáticos de este encuentro están la cooperación energética (importación del gas boliviano) y el intercambio comercial a través de Ilo.[366]

Cumbre de las Américas 2018Editar

 
Foto oficial de la VIII Cumbre de las Américas.

De 13 a 14 de abril de 2018 se realizó en Lima la VIII Cumbre de las Américas. Vizcarra presidió como anfitrión la ceremonia inaugural donde participaron jefes de Estado de todos los países del continente. La prensa resaltó las ausencias de los presidentes Donald Trump y Nicolás Maduro. El tema del mencionado foro internacional fue «Gobernabilidad democrática frente a la corrupción», tópico que el mandatario peruano abordó en varias ocasiones en su discurso de aproximadamente diez minutos. Desde las 6:00 p.m. (hora nacional), el mandatario peruano se dio cita en el Gran Teatro Nacional del Perú, donde recibió a sus homológos y representantes de las delegaciones participantes, entre ellos Sebastián Piñera de Chile, Enrique Peña Nieto de México, Justin Trudeau de Canadá, Mike Pence de Estados Unidos, Mauricio Macri de Argentina, entre otros. Finalmente se firmó el Compromiso de Lima, que recogió medidas concretas para fortalecer la lucha contra la corrupción y la cooperación regional.[367]

En ese mismo mes de abril de 2018, el Perú asumió la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU.[368]

Cumbre en Lima de Comunidad Andina de NacionesEditar

El 26 de mayo de 2019 se realizó en Lima la 19º Cumbre de los presidentes de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), fecha en la que se celebraba sus 50 años de fundación. Habían transcurrido 8 años de la última cumbre. El presidente Vizcarra ofició de anfitrión de los presidentes Ivan Duque de Colombia, Lenin Moreno de Ecuador, y Evo Morales de Bolivia. Los presidentes mostraron su firme propósito de relanzar el bloque y fortalecer la integración en puntos concretos, entre ellos el energético, las comunicaciones, la lucha contra la corrupción y la igualdad de género. El Perú transfirió la presidencia pro tempore a Bolivia, y se espera que el próximo año se realice otra cumbre en este país.[369]

Cumbre en Lima de la Alianza del PacíficoEditar

Entre el 5 y 6 de julio de 2019 se realizó en Lima la XIV Cumbre de la Alianza del Pacífico, que contó con la presencia de los presidentes Sebastián Piñera (Chile), Ivan Duque (Colombia), además de Martín Vizcarra, como presidente del país anfitrión. Como representante de México estuvo el canciller Marcelo Ebrard, y como invitado especial el presidente Lenin Moreno, del Ecuador, país que ha iniciado las gestiones para integrar dicho bloque regional. Los representantes de los cuatro gobiernos suscribieron la Declaración de Lima, asumiendo diversos compromisos para impulsar políticas y estrategias más globales y regionales para promover la gestión sostenible de los plásticos, además del reciclaje y la economía circular. La presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico fue transferida al presidente de Chile Sebastián Piñera.[370]

AcontecimientosEditar

ControversiasEditar

Intentos de involucrar a Vizcarra con la corrupciónEditar

En enero de 2019, el programa televisivo Panorama señaló que la empresa de Vizcarra había sido proveedora del consorcio CONIRSA, grupo del que también formaba parte la constructora Odebrecht, entre 2006 y 2009. Aunque ello no tuviera ninguna connotación delictiva, algunos cuestionaron el hecho de que Vizcarra negara inicialmente haber tenido relación con Odebrecht.[377]

En febrero de 2019, se dio a conocer el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz, según el cual, Kuczynski recibió un aporte de cien mil dólares de parte del Club de la Construcción para financiar su campaña electoral del 2016. En la reunión para la entrega del dinero habrían estado presentes Martín Vizcarra como jefe de campaña, Kuczynski como presidente del partido y Alfonso Grados Carraro como secretario de economía.[378]​ Consultado el presidente Vizcarra sobre dicha revelación, respondió que solo se trataba de una patraña, que su participación en la campaña de 2016 fue solo política, y que no intervino para nada en las finanzas del partido. Mas bien, adujo, que el había sido el primero en denunciar y combatir al Club de la Construcción, cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones en el 2016-2017.[379]

También Panorama reveló que Obrainsa, una de las empresas integrantes del Club de la construcción, ganó millonarios contratos mientras Vizcarra fue ministro de Transportes y Comunicaciones en 2016-2017. Resaltó el hecho de que, entre 2007 y 2009, la empresa de Vizcarra había conformado con Obrainsa el consorcio Colca.[380]

Algunos analistas consideran que estas revelaciones, que estarían presuntamente promovidas por la oposición, apuntan a buscar la vacancia del presidente, tal como ocurrió con PPK.

Niveles de aprobaciónEditar

Fecha Porcentaje Fecha Porcentaje
04/2018 57 % 04/2019 44 %
05/2018 52 % 05/2019 42 %
06/2018 37 % 06/2019 50 %
07/2018 35 % 07/2019 44 %
08/2018 46 %
09/2018 45 %
10/2018 61 %
11/2018 65 %
12/2018 66 %
01/2019 63 %
02/2019 58 %
03/2019 56 %

Fuente: Ipsos Perú.[381]

Poderes del EstadoEditar

Poder LegislativoEditar

Ejercieron el cargo de Presidente del Congreso de la República del Perú:

Presidente del Congreso Periodo
Luis Fernando Galarreta Velarde 26 de julio de 2017 -
26 de julio de 2018
Daniel Enrique Salaverry Villa 26 de julio de 2018 -
27 de julio de 2019
Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón 27 de julio de 2019 -

Poder JudicialEditar

Ejercieron el cargo de Presidente de la Corte Suprema del Perú:

Presidente de la Corte Suprema Periodo
Duberlí Rodríguez Tineo 2 de enero de 2017 -
19 de julio de 2018
Víctor Prado Saldarriaga 25 de julio de 2018 -
02 de enero de 2019
José Luis Lecaros Cornejo 2 de enero de 2019 -

Instituciones PúblicasEditar

Institución Pública Presidente Inicio de Periodo
Tribunal Constitucional Ernesto Blume 1 de diciembre de 2017
Ministerio Público Pablo Sánchez Velarde
Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos
Zoraida Ávalos Rivera
5 de julio de 2015-7 de junio de 2018
7 de junio de 2018 - 08 de enero de 2019
08 de enero de 2019 -
Defensoría del Pueblo Walter Gutiérrez Camacho 08 de septiembre de 2016
Jurado Nacional de Elecciones Víctor Ticona Postigo 15 de noviembre de 2016

Poder EjecutivoEditar

VicepresidenteEditar

Vicepresidencia Nombre
Vicepresidenta Mercedes Aráoz Fernández

Ministros de EstadoEditar

Consejo de Ministros del Gobierno de Martín Vizcarra Cornejo
Ministerio Titular Período
Presidencia del Consejo de Ministros Mercedes Aráoz Fernández*
César Villanueva Arévalo
Salvador del Solar Labarthe
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 - 8 de marzo de 2019
11 de marzo de 2019 -
Relaciones Exteriores Cayetana Aljovín Gazzani*
Néstor Popolizio Bardales
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 -
Defensa Jorge Kisic Wagner*
José Modesto Huerta Torres
Jorge Moscoso Flores
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 - 24 de junio de 2019
8 de julio de 2019-
Economía y Finanzas Claudia Cooper Fort*
David Tuesta Cárdenas
Carlos Oliva Neyra
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 - 4 de junio de 2018
7 de junio de 2018 -
Interior Vicente Romero Fernández*
Mauro Medina Guimaraes
Carlos Morán Soto
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 - 17 de octubre de 2018
19 de octubre de 2018 -
Justicia y Derechos Humanos Enrique Mendoza Ramírez*
Salvador Heresi Chicoma
Vicente Zeballos Salinas
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 - 13 de julio de 2018
20 de julio de 2018 -
Educación Idel Vexler Talledo*
Daniel Alfaro Paredes
Flor Pablo Medina
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 - 11 de marzo de 2019
11 de marzo de 2019 -
Salud Abel Salinas Rivas*
Silvia Pessah Eljay
Zulema Tomás Gonzáles
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 - 5 de enero de 2019
7 de enero de 2019
Agricultura y Riego José Arista Arbildo*
Gustavo Mostajo Ocola
Fabiola Muñoz Dodero
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 - 11 de marzo de 2019
11 de marzo de 2019 -
Trabajo y Promoción del Empleo Javier Barreda Jara*
Christian Sánchez Reyes
Sylvia Cáceres Pizarro
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 - 7 de diciembre de 2018
18 de diciembre de 2018 -
Producción Lieneke Schol Calle*
Daniel Córdova Cayo
Raúl Pérez-Reyes Espejo
Rocío Barrios Alvarado
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 - 25 de abril de 2018
30 de abril de 2018 - 11 de marzo de 2019
11 de marzo de 2019 -
Comercio Exterior y Turismo Eduardo Ferreyros Küppers*
Rogers Martín Valencia Espinoza
Edgar Manuel Vásquez Vela
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 - 18 de diciembre de 2018
18 de diciembre de 2018 -
Energía y Minas Ángela Grossheim Barrientos*
Francisco Ísmodes Mezzano
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 -
Transportes y Comunicaciones Bruno Giuffra Monteverde*
Edmer Trujillo Mori
María Jara Risco
23 de marzo - 28 de marzo de 2018
28 de marzo de 2018 - 14 de abril de 2019
26 de abril de 2019
Vivienda, Construcción y Saneamiento Carlos Bruce Montes de Oca*
Javier Piqué del Pozo
Carlos Bruce Montes de Oca
Miguel Estrada Mendoza
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 - 11 de marzo de 2019
11 de marzo de 2019 - 14 de abril de 2019
26 de abril de 2019
Mujer y Poblaciones Vulnerables Ana María Choquehuanca*
Ana María Mendieta Trefogli
Gloria Montenegro Figueroa
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 - 11 de marzo de 2019
11 de marzo de 2019 -
Ambiente Elsa Galarza Contreras*
Fabiola Muñoz Dodero*
Lucía Ruiz Ostoic
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 - 11 de marzo de 2019
11 de marzo de 2019 -
Cultura Alejandro Neyra Sánchez*
Patricia Balbuena Palacios
Rogers Martín Valencia Espinoza
Ulla Holmquist Pachas
Luis Jaime Castillo Butters
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 - 30 de noviembre de 2018
18 de diciembre de 2018 - 11 de marzo de 2019
11 de marzo de 2019 - 8 de julio de 2019
8 de julio de 2019
Desarrollo e Inclusión Social Jorge Meléndez Celis*
Liliana La Rosa Huertas
Paola Bustamante Suárez
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 - 11 de marzo de 2019
11 de marzo de 2019 -
* Ministros en funciones nombrados en el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
Ministro fallecido durante sus funciones.

ReferenciasEditar

  1. Martín Vizcarra asume la presidencia del Perú
  2. Vizcarra, el sucesor de Pedro Pablo Kuczynski
  3. «Martín Vizcarra fue condecorado por la Cancillería antes de asumir la presidencia». La República (Lima). 23 de marzo de 2018. 
  4. «Vizcarra y las 5 claves de su primer mensaje presidencial». El Comercio (Lima). 23 de marzo de 2018. 
  5. «Martín Vizcarra anunció renovación total del Gabinete Ministerial». El Comercio (Lima). 23 de marzo de 2018. 
  6. «Oficializan salida de Giuffra y retorno de Trujillo al Ejecutivo». El Comercio (Lima). 28 de marzo de 2018. 
  7. «¿Quiénes integrarán el gabinete ministerial de César Villanueva?». El Comercio (Lima). 2 de abril de 2018. 
  8. «Daniel Córdova ofreció 'cabeza' de viceministro para finalizar huelga de pescadores». Gestión (Lima). 22 de abril de 2018. 
  9. «Ejecutivo acepta renuncia de Daniel Córdova al Produce tras polémica con viceministro». Gestión (Lima). 25 de abril de 2018. 
  10. «MEF aumenta impuesto para bebidas con alto contenido de azúcar, alcohol, tabaco y combustible». La República (Lima). 10 de mayo de 2018. 
  11. «Tuesta: "El gobierno no va a retroceder con el ISC"». El Comercio (Lima). 28 de mayo de 2018. 
  12. «Vizcarra aclara sobre ISC: “Evaluamos todas nuestras medidas”». El Comercio (Lima). 29 de mayo de 2018. 
  13. «Paro de transportistas anunciado para hoy fue cancelado». El Comercio (Lima). 5 de junio de 2018. 
  14. «David Tuesta renunció al Ministerio de Economía tras dos meses». El Comercio (Lima). 4 de junio de 2018. 
  15. «Carlos Oliva juró como nuevo ministro de Economía y Finanzas». El Comercio (Lima). 7 de junio de 2018. 
  16. «Vicente Zeballos juró como nuevo ministro de Justicia». El Comercio (Lima). 21 de julio de 2018. 
  17. «Martín Vizcarra aceptó renuncia del titular del Mininter tras fuga de César Hinostroza». El Comercio (Lima). 17 de octubre de 2018. 
  18. «Premier César Villanueva se corrige y aclara que el gobierno supo de la fuga de Hinostroza el 17 de octubre». Perú 21 (Lima). 19 de octubre de 2018. 
  19. «Partido Aprista anuncia moción de censura contra César Villanueva». El Comercio (Lima). 20 de octubre de 2018. 
  20. «Carlos Morán juró como nuevo ministro del Interior». El Comercio (Lima). 19 de octubre de 2018. 
  21. «Patricia Balbuena afirma que en cuestionada licitación hubo "abuso de confianza"». El Comercio (Lima). 27 de noviembre de 2018. 
  22. RPP Noticias (30 de noviembre de 2018). «Patricia Balbuena presentó su renuncia al Ministerio de Cultura». www.rpp.pe. Consultado el 1 de diciembre de 2018. 
  23. «Christian Sánchez renuncia al Ministerio de Trabajo». El Comercio (Lima). 8 de diciembre de 2018. 
  24. «Carlos Morán: dieron cuenta de moción de interpelación contra titular del Mininter». El Comercio (Lima). 17 de diciembre de 2018. 
  25. «Alan García: Peritaje determinó que no hubo interceptación telefónica contra ex presidente». El Comercio (Lima). 13 de febrero de 2019. 
  26. «Congreso rechaza interpelar a ministro Morán por supuesto chuponeo a Alan García». El Comercio (Lima). 8 de marzo de 2019. 
  27. «Martín Vizcarra tomó juramento a tres nuevos ministros en Palacio de Gobierno». Gestión (Lima). 18 de diciembre de 2018. 
  28. «Silvia Pessah renuncia al Ministerio de Salud». El Comercio (Lima). 6 de enero de 2019. 
  29. «Zulema Tomas juró como nueva ministra de Salud en reemplazo de Silvia Pessah». El Comercio (Lima). 7 de enero de 2019. 
  30. «César Villanueva renunció a la presidencia del Consejo de Ministros». El Comercio (Lima). 8 de marzo de 2019. 
  31. «Salvador del Solar y su gabinete juraron ante Martín Vizcarra». El Comercio (Lima). 11 de marzo de 2019. 
  32. Josefina Miró Quesada / Martín Hidalgo (12 de marzo de 2019). «Gabinete paritario: Especialistas resaltan capacidades de las ministras designadas». El Comercio (Lima). 
  33. «Pleno del Congreso aprobó interpelar a ministro Vicente Zeballos». Correo. 14 de marzo de 2019. 
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  35. «Martín Vizcarra: “Durante estos doce meses, a pesar de las dificultades, el Perú no se detuvo”». El Comercio. 23 de marzo de 2019. 
  36. «Gabinete de Salvador del Solar recibe el voto de confianza del Congreso». El Comercio. 5 de abril de 2019. 
  37. «Voto de confianza: gabinete de Salvador Del Solar es el de menor respaldo en el pleno en los últimos 18 años». El Comercio. 5 de abril de 2019. 
  38. «Carlos Bruce y Edmer Trujillo son las primeras bajas del Gabinete Del Solar». El Comercio. 15 de abril de 2019. 
  39. «Martín Vizcarra tomó juramento a nuevos ministros de Transportes y de Vivienda». El Comercio (Lima). 26 de abril de 2019. 
  40. Mario Mejía Huaraca (27 de abril de 2019). «Gabinete Ministerial completo». El Comercio (Lima). 
  41. «Ministra de Educación es interpelada por textos escolares». El Comercio (Lima). 9 de mayo de 2019. 
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  45. «Pleno rechaza mociones para interpelar a ministro Ísmodes». El Peruano (Lima). 16 de agosto de 2019. 
  46. «César Villanueva y las facultades legislativas que pidió en 5 claves». El Comercio (Lima). 4 de mayo de 2018. 
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  49. Rocío La Rosa Vásquez (4 de octubre de 2018). «Anulan el indulto humanitario al ex presidente Alberto Fujimori». El Comercio (Lima). 
  50. «Alberto Fujimori: PJ dará 48 horas al INPE para que determine penal donde donde será recluido». El Comercio (Lima). 19 de enero de 2019. 
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  54. Karem Barboza Quiroz (24 de octubre de 2018). «Keiko Fujimori afronta hoy pedido de 36 meses de prisión preventiva». El Comercio (Lima). 
  55. «Milagros Salazar dice que escribió insultos contra Martín Vizcarra ‘con el hígado’». El Comercio (Lima). 24 de octubre de 2018. 
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  71. «Buscan que dinero ilegal en partidos no se investigue como crimen organizado». La República (Lima). 9 de diciembre de 2018. 
  72. «Martín Vizcarra anuncia que observará ley de financiamiento ilegal de partidos». El Comercio (Lima). 6 de diciembre de 2018. 
  73. «Daniel Salaverry califica de “nefasta” la ley de financiamiento ilícito de partidos». El Comercio (Lima). 7 de diciembre de 2018. 
  74. «Daniel Salaverry autoriza formación de nuevas bancadas en marco de fallo de TC». El Comercio (Lima). 19 de diciembre de 2018. 
  75. «Daniel Salaverry recordó a Salgado que el Congreso no es el local de Fuerza Popular». Correo (Lima). 21 de diciembre de 2018. 
  76. «Daniel Salaverry levantó sesión del Consejo Directivo y así reaccionaron congresistas». El Comercio (Lima). 21 de diciembre de 2018. 
  77. «Daniel Salaverry golpea al fujimorismo: acepta la formación de nuevas bancadas». Correo (Lima). 20 de diciembre de 2018. 
  78. «Congresista Patricia Donayre crea nueva bancada llamada “Unidos por la República”». Ojo (Lima). 20 de enero de 2019. 
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  100. «Daniel Salaverry dice que informe que plantea suspenderlo se verá “en momento oportuno”». El Comercio (Lima). 15 de junio de 2019. 
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  108. «Mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra EN VIVO por 28 de julio en el Congreso del Perú». La República (Lima). 28 de julio de 2018. 
  109. «Mensaje de Martín Vizcarra_ ¿en qué consiste la convocatoria a referéndum?». El Comercio (Lima). 28 de julio de 2018. 
  110. «Vizcarra presentó tres proyectos al Congreso, incluye reelección y financiamiento de partidos». Gestión (Lima). 9 de agosto de 2018. 
  111. «Daniel Salaverry: Hay tiempo para tratar reforma política». El Comercio (Lima). 2 de septiembre de 2018. 
  112. «Vizcarra sobre referéndum: “Si hay demoras exageradas, recolectaremos firmas”». El Comercio (Lima). 2 de septiembre de 2018. 
  113. «Nuevo Perú: Con blindaje a César Hinostroza el más beneficiado es Pedro Chávarry». La República (Lima). 28 de septiembre de 2018. 
  114. «César Hinostroza: los 18 congresistas fujimoristas que votaron para no investigar a suspendido juez supremo en caso Los cuellos blancos del puerto». La República (Lima). 18 de octubre de 2018. 
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