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Gobierno de Martín Vizcarra

Administración presidencial

El gobierno del presidente Martín Vizcarra en el Perú empezó el 23 de marzo de 2018, en medio de una crisis política que trajo consigo la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y el ascenso de Vizcarra de primer vicepresidente a presidente de la República del Perú.[1][2]

Gobierno de Martín Vizcarra Cornejo
(2018)
Gran Sello de la República del Perú.svg
Martín Vizcarra Cornejo (cropped).png
Autoridades
Vicepresidenta Mercedes Aráoz Fernández
Presidente del Consejo de Ministros César Villanueva
Datos Generales
Elegido en Sucesión constitucional por elecciones generales de 2016
Toma de mando 23 de marzo de 2018
Gobierno anterior Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski

Índice

Toma de mando y reestructuración del Consejo de MinistrosEditar

Vizcarra se dirigió al Palacio de Torre Tagle, en donde la canciller Cayetana Aljovín le otorgó la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Collar y la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, en el grado de Gran Cruz Especial por su labor como Embajador del Perú en Canadá.[3]​ El vicepresidente esperó en la sede de la cancillería a la comisión de anuncio del congreso, la cual le invitó a la prestar juramento en la sesión solemne del Legislativo.

En el Congreso, Vizcarra fue recibido por una comisión especial y se dirigió al hemiciclo para asumir la presidencia. En su discurso, el nuevo mandatario definió las líneas políticas que marcarán su gobierno, el enfoque en la educación, el fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción.[4]

El nuevo gobierno heredó el gabinete ministerial del fenecido gobierno de Kuczynski, que encabezaba la vicepresidenta Mercedes Aráoz. Vizcarra anunció la renovación total del Consejo de Ministros, que sería presentado en un plazo de diez días; mientras tanto, el gabinete Aráoz continuaría en funciones.[5]

El 27 de marzo, Edmer Trujillo Mori juramentó como Ministro de Transportes y Comunicaciones, debido a que el titular en funciones (Bruno Giuffra) se encontraba cuestionado por supuestamente ofrecer obras a congresistas a cambio de que votaran en contra de la vacancia de Kuczynski.[6]

El 2 de abril juramentó el nuevo gabinete ministerial, en una ceremonia realizada en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno. Vizcarra designó como nuevo Presidente del Consejo de Ministros a César Villanueva, congresista de Alianza para el Progreso y ex ministro de Humala, que fuera el promotor del segundo pedido de vacancia contra Kuczynski.[7]​ Ello motivo algunas críticas, de quienes vieron que de esa manera Vizcarra recompensaba políticamente a Villanueva y de paso buscaba el apoyo de la mayoría fujimorista del Congreso. Lo cierto es que el nuevo gabinete ministerial obtuvo el voto de confianza del Congreso.

Aspecto políticoEditar

 
El presidente Vizcarra y su primer gabinete ministerial, luego de su juramentación el 2 de abril de 2018.

Renuncia del ministro Daniel CórdovaEditar

El 22 de abril de 2018, el programa dominical Panorama reveló que el Ministro de la Producción, Daniel Córdova Cayo negoció la salida del viceministro de Pesca para finalizar una huelga de pescadores artesanales. El programa televisivo difundió un vídeo en el cual se ve a los pescadores artesanales reunidos con el ministro Córdoba, quien les ofrece sacar al viceministro de su cargo, a cambio del levantamiento de la huelga.[8]​ Esto originó un severo cuestionamiento al ministro. El día 25 del mismo mes, César Villanueva anunció que Córdova dejaba su cargo tras haberse aceptado su renuncia.[9]

Otorgamiento de facultades legislativasEditar

El 2 de mayo de 2018 el Ejecutivo presentó ante el Congreso el pedido de facultades para legislar por 60 días en materia tributaria y financiera, de gestión económica y competitividad, de reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y servicios, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión del Estado. Un pedido similar se había dado en diciembre de 2017, cuando aún gobernaba Kuczynski, pero a raíz de la crisis política desatada entonces había quedado en suspenso la decisión del Congreso.[10]​ El día 25 de mayo, el primer ministro César Villanueva y el ministro de Economía David Tuesta Cárdenas se apersonaron ante la Comisión de Constitución del Congreso para sustentar dicho pedido.[11]​ Y finalmente, el 20 de junio, el Congreso en pleno aprobó el pedido por 83 votos a favor.[12]

Aumento del impuesto selectivo al consumoEditar

El 10 de mayo de 2018, mediante un Decreto Supremo, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó la modificación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para bebidas alcohólicas y altas en azúcar, así como para vehículos nuevos, cigarrillos y combustible,[13]​ lo cual generó un amplio debate político-social. A los pocos días, el ministro de Economía, David Tuesta Cárdenas, anunció que el gobierno no retrocedería en el aumento del impuesto.[14]​ Sin embargo, el presidente Martín Vizcarra anunció que evaluarían las medidas e indicó que si el aumento de los impuestos afecta al pueblo, su gobierno realizaría un ajuste.[15]

En medio de la polémica, el Consejo Nacional de Transporte Terrestre (CNTT), que agrupa a los trabajadores en transporte de carga y pasajeros, anunció un paro nacional en reacción al aumento de los combustibles. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones llegó a un acuerdo con el CNTT para la devolución del 53,6% del Impuesto Selectivo al Consumo, medida que evitó la realización del paro;[16]​ sin embargo, debido a la idas y vueltas del Ejecutivo con respecto a ese tema, el ministro Tuesta renunció a su cargo (4 de junio de 2018).[17]​ En su reemplazo fue nombrado Carlos Oliva, antiguo director del Banco Central de Reserva.[18]

Renuncia del ministro Salvador HeresiEditar

El 13 de julio de 2018, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú Salvador Heresi presentó su carta de renuncia debido a que en uno de los audios revelado en el caso de CNM Audios se le escuchaba conversando con el controvertido juez César Hinostroza. En su reemplazo fue nombrado el abogado y congresista Vicente Zeballos Salinas, que había sido miembro de la bancada parlamentaria de PPK.[19]

Primer mensaje presidencial por Fiestas PatriasEditar

El 28 de julio de 2018 el presidente Martín Vizcarra dio su primer mensaje a la Nación desde el Congreso por Fiestas Patrias, para hacer un recuento de su gestión, tal como lo manda la Constitución.[20]​ Lo más resaltante de su exposición fue su anuncio de que convocaría a un referéndum para consultar a la ciudadanía sobre la reforma judicial, la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, así como diversas reformas políticas: la reimplantación de un Congreso bicameral, la prohibición de la reelección de los congresistas y el financiamiento de los partidos políticos.[21]

Reuniones secretas de Vizcarra y Keiko FujimoriEditar

El 26 de julio de 2018, la bancada de Fuerza Popular se mostró a favor de una reunión entre el presidente Vizcarra, y su lideresa Keiko Fujimori. Sin embargo, un mes después Fujimori reveló que ya se había reunido secretamente con el mandatario, no una, sino dos veces. La primera en un departamento en San Isidro y la segunda en una casa, en Miraflores. Según la lideresa sobre el por qué fueron secretas dijo:

"Me hubiese gustado que sean públicas pero entendí que él (Vizcarra) quería mantener privacidad en ellas”.

El primer encuentro había sido difundida por la revista Somos, veinte días después de que Vizcarra asumiera el cargo de mandatario. No obstante, el 14 de mayo, dos días después de la publicación, el jefe de Estado negó la cita. El 9 de agosto, según Reuters, Vizcarra volvió a desmentir cualquier encuentro con Fujimori. La lideresa de la oposición precisó que en esos dos encuentros no hubo acuerdos y negó que Vizcarra le haya solicitado algún tipo de colaboración, y mucho menos conversaron sobre el referéndum planteado el 28 de julio.

En respuesta, el mandatario reconoció las reuniones como un error y aseguró que Fujimori pidió la renuncia de la ministra de Salud, Silvia Pessah, contrariando las versiones de la excandidata presidencial, quien negó haber pedido la renuncia de algún ministro. El primer ministro César Villanueva, justificó el silencio de Vizcarra y dijo “que se le puede haber olvidado” y por eso no lo mencionó, además de no ser en el Congreso de la República inesperadas las demás reacciones:

"¿Por qué el presidente Vizcarra negó, mintió respecto a esas reuniones? Ella manifestó que ha habido dos reuniones. Lo que corresponde es preguntar al presidente por qué mintió al país. Nuestra lideresa nunca ha manifestado que ella pidió reserva. Le hubiese gustado más que hubiese sido público”.

Congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril. Fuente: RPP Noticias

El congresista de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, señaló que Martín Vizcarra tenía el derecho a mantener algunas conversaciones en reserva, así como cuestionó a Keiko Fujimori, debido a que recién cuando tenía un dígito en las encuestas, revela las conversaciones que tuvo con el presidente.

"Creo que es de mal gusto utilizar este mecanismo de revelar una reunión que se supone que tiene discreción solo con el ánimo de perjudicar al presidente. Creo que es una actitud de despecho porque el Presidente no hace la que ella quiere."

Congresista de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput. Fuente: El Comercio

Debate de los proyectos de reforma constitucionalEditar

 
El primer ministro César Villanueva.

El 9 de agosto de 2018, el presidente Vizcarra, acompañado de su primer ministro César Villanueva, se presentó en el Congreso para entregar los proyectos de reforma constitucional, que incluían la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la vuelta a la bicameralidad en el Congreso, la prohibición de la reelección de los congresistas y sobre el financiamiento de los partidos políticos.[22]​ Los mismos que debían ser analizados, debatidos y aprobados por el Congreso, para ser luego sometidos a referéndum, el cual, según lo propuesto por el Ejecutivo, debía realizarse a más tardar en diciembre de 2018, coincidiendo con la segunda vuelta de las elecciones regionales. Los voceros de Fuerza Popular, el grupo parlamentario mayoritario (fujimorista), consideraron esto como una presión inadmisible al Congreso, pues el Ejecutivo le imponía plazos; también se señaló que los proyectos presentados por el gobierno tenían algunos errores e incongruencias. Muchos especialistas coincidieron también que algunas reformas precisaban de un debate más extenso, pues implicaban la modificación de varios artículos de la Constitución. El presidente del Congreso Daniel Salaverry dijo que la única reforma urgente era la del CNM, pues las demás reformas políticas recién se aplicarían a partir de 2021.[23]​ Sin embargo, Vizcarra insistió en la necesidad de apresurar la aprobación de todos los proyectos de reforma constitucional, pues según él, la ciudadanía así lo reclamaba; caso contrario, avisó que tomaría otras medidas, no descartando la recolección de firmas.[24]

Transcurrido mas de un mes del anuncio presidencial, el Congreso no daba señales de avanzar en el debate de los proyectos. Cuando por fin el 14 de septiembre se sometió en la Comisión de Justicia la aprobación del dictamen sobre la reforma del CNM, ella se frustró por la abstención de los representantes de Fuerza Popular. La fujimorista Úrsula Letona, miembro de la Comisión de Justicia, calificó el dictamen propuesto como un «mamarracho».[25]​ Esto fue lo que colmó la paciencia del Ejecutivo. En la noche del domingo 16 de setiembre, Vizcarra dio un mensaje a la Nación televisado, en el que anunció que plantearía cuestión de confianza, en vista de la demora del Congreso en aprobar los proyectos de reforma constitucional. Para tal efecto, dio una resolución suprema al día siguiente, convocando a una sesión extraordinaria del Congreso para el miércoles 19 de septiembre, en la que se presentaría el primer ministro para sustentar la cuestión de confianza. Según la interpretación del Ejecutivo, si se negaba la confianza al Consejo de Ministros se trataría de la segunda negativa pues la primera había ocurrido con el gabinete Zavala el año anterior, y por ende, el Ejecutivo podría disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones parlamentarias, tal como lo establece el artículo 134 de la Constitución.[26]

Los voceros de Fuerza Popular dijeron que no era cierto que estaban dilatando u obstruyendo el debate de los proyectos de reforma, y que en realidad lo tenían ya todo programado. Como para dar prueba de ello, el día lunes 17 la Comision de Justicia aprobó el primer dictamen, sobre la reforma del CNM,[27]​ que fue discutido y aprobado al día siguiente en el pleno del Congreso. Se cambió el nombre del CNM, que pasó a llamarse Junta Nacional de Justicia.[28]

El 19 de septiembre, el primer ministro César Villanueva se presentó ante el Congreso en pleno para sustentar la cuestión de confianza. Villanueva anunció que el gobierno no aceptaría una aprobación parcial de los proyectos de reforma constitucional, sino de todos en general. Luego de un debate de varias horas, se aprobó la confianza solicitada por el gobierno, con 82 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones. Quedó establecido el 5 de octubre como el plazo máximo para que el Congreso aprobase todos los proyectos de reforma constitucional.[29]

La comisión de Constitución del Congreso apresuró el debate y la aprobación de los tres dictámenes restantes. El 26 de septiembre, el Congreso en pleno aprobó la reforma sobre el financiamiento de los partidos políticos.[30]​ Y finalmente, el 3 de octubre, se aprobaron las dos reformas restantes: sobre el retorno de la bicameralidad y la no reelección parlamentaria. En cuanto a la primera, se acordó que el nuevo congreso bicameral se denominaría Parlamento Nacional, y que constaría de 130 diputados y 50 senadores (es decir, se aumentaría el número de parlamentarios de 130 a 180). En la madrugada del día 4, el Congreso acordó por votación abrumadora que las autógrafas de las cuatro reformas constitucionales planteadas por el Ejecutivo fuesen remitidas a la Presidencia de la República para que continuaran su trámite y pudieran someterse a referéndum.[31]​ Como dato anecdótico, el congresista Víctor Andrés García Belaunde planteó cuestión previa exigiendo la presencia de los ministros-congresistas César Villanueva y Vicente Zeballos, para que defendieran ante el pleno la posición del gobierno sobre las reformas planteadas. Y efectivamente, Villanueva y Zeballos se presentaron en el hemiciclo del Congreso ya cerca de la medianoche. De esa manera el Congreso cumplió con el plazo dado por el Ejecutivo.[32]

El 9 de octubre de 2018, Vizcarra promulgó el decreto para someter a consulta popular los cuatro proyectos de reforma constitucional, mediante un referéndum, que fue fijado para el 9 de diciembre del mismo año. Sin embargo, se mostró en desacuerdo con la cuarta consulta, sobre la bicameralidad, pues según su opinión, el Congreso había desnaturalizado el proyecto original, modificando los aspectos sobre paridad entre hombres y mujeres en las listas de candidatos para diputados y senadores, e incluyendo modificaciones a la cuestión de confianza para restar de prerrogativas al Ejecutivo.[33]

Anulación del indulto a Alberto FujimoriEditar

El 3 de octubre de 2018, el juez Hugo Núñez Julca, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, decidió anular el indulto humanitario que el presidente Kuczynski había concedido a Alberto Fujimori en diciembre del año anterior. Se ordenó la ubicación y captura del ex presidente, que no bien se enteró de ello, se internó en una clínica, y a través de un video rogó a las autoridades para que no lo devolviesen a prisión, aduciendo su grave estado de salud.[34]

Elecciones regionales y municipales de 2018Editar

El 7 de octubre de 2018 se realizaron en todo el país elecciones regionales y municipales. A las 4 de la tarde de ese día, por medio del sondeo a boca de urna fue confirmado como alcalde electo de toda la ciudad de Lima, de su área metropolitana y la provincia de régimen especial homónima, el alcalde miraflorino Jorge Muñoz Wells,[35]​ dejando en segundo lugar a Daniel Urresti del partido Podemos Perú y en tercer lugar a Renzo Reggiardo de Perú Patria Segura.[36]

Renuncia del ministro Mauro MedinaEditar

El 17 de octubre de 2018, Martín Vizcarra informó que había aceptado la decisión del ministro del Interior Mauro Medina de dar un paso al costado y presentar su renuncia. Ello se dio a consecuencia de la huida a España del juez César Hinostroza, sindicado como cabecilla de la organización Los Cuellos Blancos del Puerto, pese a que tenía impedimento de salida del país desde el 13 de julio.[37]

Al día siguiente se presentó ante el pleno Congreso el primer ministro César Villanueva y el ministro de Justicia Vicente Zeballos, para dar explicaciones sobre la fuga del exjuez. Villanueva hizo un mea culpa a nombre del Ejecutivo y anunció que ya se habían tomada acciones inmediatas para lograr la extradición de Hinostroza; en una parte de su alocución dijo que el Ejecutivo conocía de la fuga desde el 7 de octubre (es decir, el mismo día de producirse el hecho), pero luego se rectificó diciendo que en realidad fue desde el día 17, cuando se dio a conocer el suceso.[38]

Hubo quienes culparon al Congreso de la huida, por haber demorado en aprobar la denuncia constitucional contra Hinostroza, y una vez aprobada esta, por haber tardado doce días en enviar del expediente a la fiscalía. A diferencia del Ejecutivo, que reconoció parte de su responsabilidad, el presidente del Congreso Daniel Salaverry rechazó cualquier responsabilidad del Legislativo y la achacó toda a la fiscalía y al ministerio del Interior. La bancada aprista anunció que promovería una moción de censura contra Villanueva, aunque el fujimorismo anunció que no la apoyaría.[39]

El 19 de octubre juró como nuevo ministro del Interior el general PNP (r) Carlos Morán Soto, ex integrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que participó en la captura de Abimael Guzmán.[40]

Crisis de Fuerza PopularEditar

La situación de Keiko Fujimori, implicada seriamente en el caso Odebrecht por supuestamente haber recibido dinero ilícito para sus campañas electorales del 2011 y 2016, llevó a su partido Fuerza Popular a una crisis interna. Durante las audiencias judiciales para sustentar el pedido de prisión preventiva contra Keiko, el fiscal José Domingo Pérez dio una serie de argumentos para sustentar que en el seno del partido se había constituido una organización criminal.[41]​ IDL-Reporteros publicó también una serie de chats de conversaciones privadas (llamada La Botica) donde se lee a miembros de la bancada fujimorista ponerse de acuerdo para desprestigiar al fiscal, así como profiriendo insultos contra el presidente Vizcarra. Se sabe que dicho material fue proporcionado por uno de los testigos protegidos de la fiscalía.[42]​ En las encuestas de opinión pública, se refleja claramente el rechazo de la ciudadanía al accionar de los fujimoristas en el Congreso, lo que contrasta con el respaldo que tiene el presidente Vizcarra.

El congresista Francesco Petrozzi renunció a la bancada de Fuerza Popular. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, pidió licencia a su partido, pues consideraba que su alta investidura le obligaba a mantenerse al margen de la política partidaria. Se reveló que el congresista Rolando Reátegui de Fuerza Popular era uno de los testigos de la fiscalía en el caso Keiko Fujimori; decisión que tomó Reátegui, según él, al verse abandonado por la dirigencia de su partido, luego que fuera involucrado en la captación de «aportantes fantasmas» para la campaña de Keiko del 2011. José Chlimper Ackerman renunció a la secretaría general de Fuerza Popular, luego de que el gerente de RPP revelara al fiscal Pérez haber recibido de manos de Chlimper, 200 000 dólares en efectivo como pago de un contrato de publicidad en el 2011 (lo que sería un indicio de lavado de activos). Se anunció la reestructuración general del partido, nombrándose un Comité de Emergencia encabezado por el congresista Miguel Torres.[43]

La “criminalización” de la políticaEditar

Los congresistas fujimoristas y apristas reclamaron que desde el Ministerio Público y el Poder Judicial se intentaba “criminalizar” la política.[44]​ Ello, a raíz de que en el proceso por lavado de activos contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular, el fiscal José Domingo Pérez había sustentado que en el seno de dicho partido se había constituido una organización criminal. También se criticó que se aplicara desmesuradamente la prisión preventiva (de 18 y hasta de 36 meses) contra los políticos y empresarios involucrados en el caso Odebrecht.

El expresidente Alan García, sometido también a investigación por el caso Odebrecht, dijo que el gobierno orquestaba un golpe de Estado para copar los poderes públicos. «Chantajear al Congreso, forzar la renuncia del Fiscal, descabezar la Suprema, digitar a los fiscales, comprar opiniones, es un golpe, aunque no use tanques.¿Y todo por tapar Chinchero y que más?», escribió en su cuenta de twitter.[45]​ Algunos consideraron que García, con esas declaraciones, preparaba el campo para evadir a la justicia, argumentando ser un perseguido político.

Pedido de asilo político del expresidente GarcíaEditar

El expresidente García, con residencia habitual en Madrid, llegó a Lima el 15 de noviembre de 2018 para asistir a una cita programada por la fiscalía por el caso Odebrecht, pero fue sorprendido con la orden de impedimento de salida del país por 18 meses, así como la revelación de nuevos indicios que le comprometían con la recepción de coimas, supuestamente bajo la apariencia de pagos por conferencias.[46]

El 18 de noviembre de 2018, la Cancillería peruana informó del ingreso de Alan García a la residencia del embajador de la República Oriental del Uruguay, Carlos Barros.[47][48]​ Una vez refugiado en la residencia del embajador uruguayo, García solicitó el asilo político al presidente uruguayo Tabaré Vázquez, ya que se consideraba un perseguido del gobierno peruano. Como sustento, acusó a la fiscalía de no llevar a cabo un debido proceso y de ser un instrumento del gobierno para acallar a los partidos políticos. Los congresistas apristas admitieron también que fue la misma dirigencia partidaria que le aconsejó tomar tal decisión, ya que se habían enterado de que el fiscal Pérez tenía preparada una orden de arresto preliminar, que se ejecutaría el día 20. Lo cual fue negado por la misma fiscalía, pues la investigación no se hallaba tan avanzada como para tomar tal medida.[49]

Vizcarra se pronunció sobre el pedido de asilo político y afirmó que en el Perú no existe la persecución política:

"No existe persecución política en el Perú, y todos los peruanos debemos allanarnos a la justicia, sin excepciones. Reafirmo nuestro compromiso con el respeto irrestricto de la división de poderes, la Constitución y los tratados internacionales".

Presidente de la República, Martín Vizcarra. Fuente: Vía Twitter

A esto una delegación de congresistas del Frente Amplio, representados por Marco Arana, Wilbert Rozas y Humberto Morales, llegó el 22 de noviembre a Montevideo, para expresar su preocupación ante el pedido de asilo diplomático de García.

El 3 de diciembre de 2018 el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció el rechazo al pedido de asilo de Alan García, al considerar que en el Perú funcionaban los tres poderes del Estado con libertad y no existía persecución política. Señaló también que no procedía el asilo político a alguien que estaba en pleno proceso judicial por un delito común. Poco antes de dicha declaración, Alan García ya se había retirado de la residencia del embajador de Uruguay y retornado a su domicilio ubicado en el distrito de Miraflores.[50]

Renuncia de la ministra Patricia BalbuenaEditar

El 25 de noviembre de 2018 el congresista de Fuerza Popular, Dalmiro Palomino, presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, denunció posibles actos de corrupción al interior del ministerio de Cultura. Ello, debido a la revelación de que la empresa Arqueo Andes SAC, del viceministro de esa cartera, Luis Villacorta Ostolaza, había ganado una adjudicación de casi 400 mil soles para hacer una supuesta evaluación arqueológica con fines de delimitación y elaboración de expedientes técnicos. A esto, la ministra de Cultura Patricia Balbuena anunció a través de un comunicado que en aras de asegurar la transparencia del proceso de investigación, el viceministro Villacorta renunciaba al cargo. Sin embargo, al día siguiente, la bancada del Partido Aprista Peruano decidió promover una moción de interpelación contra la ministra, ya que consideraba que había también responsabilidad de esta por haber nombrado al viceministro, y que debía estar al tanto de sus manejos.[51]

Al día siguiente, la ministra de Cultura dijo sentirse indignada ante las irregularidades detectadas en el exviceministro Villacorta, asegurando que hubo un abuso de confianza. Aclaró también no haber tenido en el pasado algún vínculo con Luis Villacorta y que su llegada al ministerio se debió a recomendación de especialistas.

El 30 de noviembre, Patricia Balbuena presentó su renuncia a su cargo de ministra, lo que fue aceptado por el presidente Vizcarra.[52]

Ley de financiamiento ilegal de los partidosEditar

El 5 de diciembre de 2018 el pleno del Congreso aprobó un dictamen que incorporaba el artículo 359-A al Código Penal, para tipificar el delito «de financiamiento de origen delictivo para las organizaciones políticas», diferenciándolo del delito de lavado de activos. A favor votaron congresistas de tres partidos: Fuerza Popular, el Apra y Peruanos por el Kambio.[53]

Muchos especialistas consideraron que dicha ley beneficiaba a los políticos investigados por lavado de activos, pues creaba otra figura delictiva que en esencia era el mismo delito, pero aplicando una sanción más benigna. También se señaló que podría afectar el curso de los procesos seguidos por lavado de activos en el caso Cócteles donde se hallaban precisamente involucrados los dirigentes de Fuerza Popular, uno de los partidos auspiciadores de la ley. Se cuestionó también la forma en que había sido aprobado por el Congreso, de manera apresurada. La bancada de Nuevo Perú planteó la reconsideración de la votación.[54]

El presidente Vizcarra dijo que observaría la ley pues, a su ver, afectaba la lucha contra la corrupción.[55]​ El mismo presidente del Congreso Daniel Salaverry (que se había retirado del hemiciclo el día de la votación del dictamen) consideró nefasta dicha ley, anunciando que no firmaría la autógrafa y que sometería a votación la reconsideración planteada.[56]

Renuncia del ministro Christian SánchezEditar

El 8 de diciembre de 2018 se anunció que el ministro de Trabajo Christian Sánchez Reyes había renunciado a su cargo. Ello, al parecer, debido a su discrepancia con la reforma laboral planteada por el Ejecutivo. Era notorio que Sánchez no compartía la posición del presidente Vizcarra, que consideraba que una de las causas del elevado nivel de informalidad en el país era el «alto costo laboral no salarial» (aludiendo a pagos de gratificaciones y compensaciones de tiempo de servicio o CTS, entre otros derechos laborales).[57]

Referéndum 2018 y segunda vuelta de las elecciones regionalesEditar

El 9 de diciembre de 2018 se realizó el referéndum por las reformas constitucionales y la segunda vuelta de las elecciones regionales en 15 regiones.

Las cuatro preguntas claves del referéndum obtuvieron los siguientes resultados, al 95,76% de actas contabilizadas:[58]

1. ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia (antes Consejo Nacional de la Magistratura)?

Sí: 78,49% No: 12,14% Blanco: 3,91% Nulo: 5,46%

2. ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas?

Sí: 78,14% No: 12,90% Blanco: 4,13% Nulo: 4,83%

3. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República?

Sí: 77,77% No: 12,81% Blanco: 4,41% Nulo: 5,01%

4. ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República?

Sí: 8,33% No: 79,73% Blanco: 5,75% Nulo: 6,19%

En la noche del 12 de diciembre, el presidente Vizcarra dio un mensaje televisado a la Nación, que duró treinta minutos. Hizo un balance del resultado del referendum y dijo ya tener en manos el proyecto de ley orgánica para la implementación de la Junta Nacional de Justicia, (redactado por la Comisión de Reforma Judicial y aprobado en el Consejo de Ministros), que sería remitido al Congreso para su debate y aprobación. Exhortó al Congreso para agilizar la reforma judicial, así como la aprobación de seis proyectos de ley complementarios. Anunció también la creación de una comisión de alto nivel cuya finalidad sería presentar al Congreso de la República propuestas para la reforma política, que se sumaría así a la reforma judicial. Hizo finalmente un recuento de su gestión por sectores. El presidente del Congreso Daniel Salaverry anunció que la legislatura se extendería hasta el 30 de enero del 2019 para atender los casos pendientes, entre ellas la implementación de la reforma judicial.[59]

Pedido de interpelación al ministro Carlos MoránEditar

Los congresistas de Fuerza Popular y el Apra presentaron una moción de interpelación contra el ministro del Interior Carlos Morán Soto, tras denunciarse un presunto "chuponeo" o interceptación telefónica contra Alan García, desde una camioneta policial que se hallaba cerca de la vivienda del expresidente, el día 5 de diciembre de 20018. El ministro negó que se tratara de una práctica de chuponeo y explicó que el vehículo era de la Unidad de Inteligencia haciendo labor de resguardo. La moción de interpelación se verá en el Congreso el lunes 17 de diciembre.[60]

Aspecto económicoEditar

Los retos del gobiernoEditar

Al momento de asumir Martín Vizcarra la presidencia del Perú, los retos en materia económica eran principalmente reactivar el crecimiento, generar empleo y cerrar el déficit fiscal; para esto último los especialistas coincidían en que era necesario hacer una urgente reforma tributaria a fin de elevar la recaudación.[61]

Dos acontecimientos han impactado negativamente en la economía: el escándalo de corrupción pública revelado en el caso Odebrecht (iniciado en el gobierno anterior), y el caso de corrupción judicial o CNM Audios, con la consiguiente crisis política que han desatado. Dicha crisis, empezada bajo Kuczynski, se prolonga hasta ya finalizado el 2018 con el gobierno de Vizcarra. Como resultado, el Perú empezó a perder puntos en el ranking de competitividad.[62]​ La pobreza se incrementó ligeramente, algo que no ocurría desde la década de 1990. El año 2017 se cerró con un 2.5 % de crecimiento económico; para el final de 2018 se avizora un 4 % de crecimiento.

Como consecuencia también de los escándalos de corrupción o del ruido político, grandes obras públicas o megaproyectos como el Aeropuerto Internacional de Chinchero, la línea 2 del Metro de Lima, Olmos y el gasoducto del Sur se hallaban paralizadas o avanzando a paso lento.[63]

No obstante, ha llamado la atención de los especialistas el hecho que pese a las vicisitudes adversas en el plano político-social, en el plano macroeconómico el Perú se ha mantenido firme, con un óptimo control de la inflación (no rebasa el 2 %) y un buen manejo de la deuda pública.[62]

El 19 de junio de 2018, el Congreso delegó al Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, financiera, gestión económica y otras. Luego de seis meses de gestión, Vizcarra anunció en septiembre de 2018 que su gobierno había sentado las bases para lograr un crecimiento económico equitativo. Destacó la reducción del déficit fiscal y el repunte de la inversión pública y privada.[64]

Política tributariaEditar

El 10 de mayo de 2018 se aprobó la modificación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para bebidas alcohólicas y altas en azúcar, así como para vehículos nuevos, cigarrillos y combustible, lo cual generó un amplio debate político-social. Las marchas y contramarchas mostradas por el Ejecutivo en este asunto, originaron la renuncia del ministro de Economía David Tuesta Cárdenas.

El gobierno continuó la política de masificar el uso de los comprobantes de pagos por vía electrónica, a fin de transparentar las transacciones económicas, reducir los costos de cumplimiento y desalentar la evasión. Se estima que para el 2021 la facturación debe ser electrónica al 100 %.

Reactivación de los megaproyectosEditar

Para generar la inversión, uno de los motores del crecimiento económico, el gobierno consideró necesario poner en marcha o acelerar diversos megaproyectos, como la construcción del aeropuerto de Chinchero, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, la reanudación del proyecto Chavimochic y del gasoducto del sur, la modernización de la infraestructura portuaria de San Juan de Marcona, la segunda etapa de Majes-Siguas y el corredor ferroviario Ilo-Desaguadero. También en continuar de manera más dinámica la Reconstrucción con cambios o reconstrucción de la infraestructura dañada o destruida por el Niño Costero de 2016-2017.[65]

El 30 de noviembre de 2018, en la ceremonia de clausura de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), el presidente Vizcarra anunció el inicio de la construcción del aeropuerto de Chinchero, megaproyecto paralizado a raíz del escándalo de la adenda al contrato de Chinchero, ocurrido bajo el gobierno de PPK. También señaló que no existía persecución empresarial, tal como había dicho el presidente de la CONFIEP, Roque Benavides Ganoza.[66]

Caso CNM AudiosEditar

Destape del escándalo de corrupción judicialEditar

 
Palacio de Justicia de Lima, sede de la Corte Suprema y símbolo del poder judicial.

El 7 de julio de 2018 el portal IDL-Reporteros liderado por el periodista Gustavo Gorriti difundió una serie de audios a través del programa periodístico Panorama. Se destapó así un grave escándalo de corrupción denominado CNM Audios o caso Corte y Corrupción. Se trata de escuchas telefónicas en los que se revelan supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias que involucran directamente a jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). En los audios se escucha a César José Hinostroza Pariachi (juez supremo), a Iván Noguera Ramos (consejero), a Julio Gutiérrez (consejero) y a Walter Ríos (presidente de la Corte Superior del Callao), negociando y utilizando su influencia personal en ámbitos de gobierno, a través de conexiones con personas, y con el fin de obtener favores y tratamiento preferencial.[67]​ Estos polémicos audios habían sido filtrados por los periodistas de una investigación aprobada por la fiscal Rocío Sánchez Saavedra para interceptar las llamadas telefónicas de números incautados por la policía a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas (Las castañuelas de Richport), que operaba en el puerto del Callao. Esos números telefónicos pertenecían a los abogados de dicha organización que se contactaban con las autoridades judiciales, y fue así, de esa manera accidental, como se destapó el escándalo que ha llevado a la crisis a todo el sistema judicial del Perú.[68][69]

A todos los involucrados en el caso CNM Audios se les consideró como miembros de una organización criminal, que fue denominada como Los Cuellos Blancos del Puerto.

La comisión de reforma judicialEditar

El 11 de julio de 2018, el presidente Vizcarra anunció la creación de una comisión para reformar el Poder Judicial (presidida por Allan Wagner Tizón) y ese mismo día el Presidente de la Corte Suprema de Justicia Duberlí Rodríguez anuncio una crisis en el sistema judicial.[70]​ De otro lado, el fiscal supremo de Control Interno, Víctor Raúl Rodríguez Monteza, dio un plazo de tres días a IDL-Reporteros y al programa Panorama para entregar los audios y sus fuentes.[71][72]​ Sin embargo, esto no se concretó debido a que las escuchas telefónicas se habían dado de manera legal; y porque los periodistas no están obligados a revelar sus fuentes por su derecho a la confidencialidad. En los días siguientes se dieron a conocer más audios que involucraban a personajes de todos los ámbitos, no solo de la política. Uno de ellos involucraba al ministro de Justicia Salvador Heresi, por lo que se vio obligado a presentar su renuncia.

Cambios en el Poder Judicial y el Ministerio PúblicoEditar

 
El fiscal de la nación Pedro Chávarry.

El 16 de julio, el juez Walter Ríos fue detenido y puesto a 36 meses de prisión preventiva. Los miembros del CNM fueron sometidos a un proceso de vacancia. En cuanto al juez César Hinostroza, fue solo suspendido, ya que por ser un juez supremo correspondía al Congreso su destitución. El 19 de julio Duberlí Rodríguez renunció a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y pasó a presidir una de las salas de la Corte.[73]

El 20 de julio de 2018 juró como nuevo Fiscal de la Nación Pedro Chávarry para el periodo 2018-2021, pese a que el día anterior se había difundido un audio en el que se le escuchaba hablando con el juez Hinostroza, quien le pedía ayuda en los procesos que tenía por enriquecimiento ilícito. Ello, para algunos, era una prueba que involucraba a Chávarry en la organización criminal de los Cuellos Blancos del Puerto. No obstante, Chávarry se negó a dar un paso al costado, pese a que la opinión pública así lo demandaba.[74]

El 25 de julio, Víctor Prado fue elegido como nuevo presidente de la Corte Suprema.[75]

El intento de blindaje de Fuerza Popular al juez HinostrozaEditar

Hubo roces entre el Ejecutivo y el Legislativo, por el asunto del juez Hinostroza y el fiscal Chávarry. Debido a que el Congreso de mayoría fujimorista demoraba en destituir e inhabilitar a Hinostroza, voceros del gobierno lo acusaron a la bancada fujimorista de querer blindar al controvertido juez. También causó polémica el hecho que Chávarry fuera respaldado por varios parlamentarios fujimoristas.

El tema de Hinostroza pasó por la Comisión Permanente del Congreso, donde, si bien hubo votación favorable para su destitución e inhabilitación por diez años, no ocurrió lo mismo en la votación para denunciarlo como cabecilla de una organización criminal. Los 18 congresistas fujimoristas integrantes de la Comisión (que constituían una mayoría frente al resto de 8 congresistas integrantes de otras fuerzas políticas) votaron en contra y pretendieron de esa manera “blindar” al juez para que no respondiera ante la Fiscalía. Ellos fueron: Leyla Chihuán, Segundo Tapia, Yeni Vilcatoma, Percy Alcalá Mateo, Alejandra Aramayo, Tamar Arimborgo, Rosa Bartra, Karina Beteta, Úrsula Letona, Milagros Salazar, Freddy Sarmiento, César Segura, Milagros Takayama, Miguel Castro Grández, Nelly Cuadros, Carlos Dominguez, Mártires Lizana y Mario Mantilla (28 de septiembre de 2018).[76]

El pretendido “blindaje” al juez Hinostroza causó indignación en la ciudadanía y los congresistas fujimoristas fueron blanco de las críticas. Hubo presión para que se rectificaran en la votación a realizarse en el pleno del Congreso. Efectivamente, el 5 de octubre de 2018, el Congreso en pleno, luego de escuchar la defensa del mismo Hinostroza, aprobó destituirlo e inhabilitarlo de toda función pública por 10 años, así como acusarlo de cuatro delitos: patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y pertenencia a una organización criminal. La votación fue unánime. También los miembros del CNM fueron destituidos y acusados de diversos cargos, aunque no el de pertenecer a una organización criminal.[77]

En cuanto al fiscal Chávarry, siguió aferrándose a su cargo de Fiscal de la Nación, aduciendo que el Ministerio Público era un ente autónomo; incluso, al ser criticado por el mismo presidente Vizcarra, le amenazó con investigarlo y hacer tramitar las 46 denuncias que tenía (43 de ellas cuando fue gobernador de Moquegua).[78]

El congresista oficialista Juan Sheput presentó ante al Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso un informe contra el fiscal Chávarry, recomendando su destitución e inhabilitación por diez años. El informe fue rechazado por una mayoría conformada por fujimoristas y apristas. Se justificó esa decisión arguyendo que el informe mostraba falencias (11 de octubre de 2018).[79]​ También se rechazó un pedido para suspender e inhabilitar al congresista fujimorista Héctor Becerril, involucrado en algunos audios.[80]

Fuga de César HinostrozaEditar

 
César Hinostroza, cuando era juez supremo; luego fue sindicado como cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Pese a que el 4 de octubre de 2018 se había aprobado en el Congreso la destitución e inhabilitación del juez César Hinostroza, recién el 16 de octubre, doce días después, se transfirieron los expedientes respectivos a la Fiscalía.[81]​ En el ínterin, Hinostroza huyó del Perú, pese a que estaba con impedimento de salida desde el 13 de julio. Ello ocurrió el 7 de octubre, en la madrugada, el mismo día de las elecciones municipales y regionales. El 17 de octubre el gobierno confirmó su salida del país a través de la frontera con el Ecuador, por el control binacional de Huaquillas, donde una empleada de Migraciones lo dejó pasar. Se supo que desde Guayaquil había tomado un avión hacia Europa para luego ingresar a Madrid, donde se le reunió su esposa.[82]​ El ministro del Interior, Mauro Medina, puso ese mismo día su cargo a disposición, renuncia que fue aceptada por el presidente Vizcarra. El Poder Judicial ordenó la captura nacional e internacional del prófugo ex juez. Dos días después, el presidente Vizcarra anunció la captura de Hinostroza en Madrid, hecha en coordinación con la policía española y la INTERPOL-Perú. Hinostroza pidió asilo en España, aduciendo ser un perseguido político (lo que fue rechazado).[83]​ La justicia española ordenó prisión provisional sin fianza para Hinostroza «por los presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios». Por su parte, la fiscalía peruana pidió 36 meses de prisión preventiva para Hinostroza y solicitó al Poder Judicial iniciar el trámite para su extradición.[84]

Revelaciones del chat La BoticaEditar

IDL-Reporteros publicó una serie de conversaciones privadas provenientes del chat La Botica (grupo de Telegram conformado por congresistas y dirigentes de Fuerza Popular), donde se lee a miembros de la bancada fujimorista ponerse de acuerdo para desprestigiar al fiscal José Domingo Pérez, encargado de la investigación por lavado de activos contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Se sabe que dicho material fue proporcionado por uno de los testigos protegidos de la fiscalía. Otras entregas del chat La Botica revelan la manera en que los congresistas fujimoristas se ponían de acuerdo para blindar al juez Hinostroza en la Comisión Permanente, a fin de que no fuera investigado por la fiscalía por el caso CNM Audios.[85]

Caso OdebrechtEditar

Nuevo acuerdo de colaboraciónEditar

 
Local de Odebrecht en el distrito financiero de San Isidro, esta empresa ha sido acusada de haber sobornado a los principales líderes políticos del Perú.

Tras unos meses de estar suspendidas la colaboración entre la justicia brasileña y el Ministerio Público del Perú (que había permitido las declaraciones de Jorge Barata y Marcelo Odebrecht que comprometían a políticos, funcionarios y empresarios en casos de corrupción), el 2 de agosto de 2018 se firmó un nuevo acuerdo de colaboración. La empresa Odebrecht reafirmó su colaboración sin restricciones con la justicia peruana, a cambio de que la fiscalía peruana archivara las investigaciones judiciales en contra suya y de sus funcionarios o ex funcionarios, y se comprometiera a no abrir otras investigaciones.[86]

Un nuevo acuerdo de colaboración eficaz más completo se celebró el 8 de diciembre de 2018, entre miembros del Ministerio Público del Perú, la empresa Odebrecht y la procuraduría ad hoc (esta última encargada del cobro de las reparaciones civiles). El acuerdo permitía la cooperación de la empresa Odebrecht para la entrega de la información extraída de los servidores My Web Day y Drousys, empleados por el Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE) de dicha empresa para el pago de las coimas y sobornos. A cambio, la constructora Odebrecht y sus exdirectivos, encabezados por Barata, quedaban excluidos en el Perú de toda sanción legal.[87]​ Asimismo, la empresa brasileña se comprometía a pagar al Estado peruano una reparación civil de 610 millones de soles, que algunos consideraron irrisoria; otros consideraron que lo más importante era que la empresa diera la información completa y detallada sobre los funcionarios y políticos corrompidos, así como las rutas del dinero de las coimas, con su debido sustento. Odebrecht reconocía haber pagado coimas en cuatro grandes obras en el Perú (Línea 1 del Metro de Lima, Carretera Interoceánica, Vía Evitamiento-Cusco y Proyecto Vía Costa Verde, tramo Callao).[88]

Caso Keiko Fujimori y Fuerza PopularEditar

El 10 de octubre del 2018, el juez Richard Concepción Carhuancho, a pedido del fiscal José Domingo Pérez, ordenó la detención preliminar por diez días de Keiko Fujimori, junto a otras 19 personas (entre ellas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya), en el marco de las investigaciones por lavado de activos presuntamente ocurrido en la campaña electoral del 2011. Según la tesis de la fiscalía, uno de esos presuntos aportes de dinero ilegal provenían de Odebrecht, que se había tratado de justificar como si fueran los aportes minoritarios de miles de simpatizantes a través de cócteles y rifas. Se justificó esa detención, aduciendo que había un grave de peligro de fuga de parte de Keiko Fujimori, que quedó sometida bajo la ley de crimen organizado.[89]​ Meses atrás, se había revelado una grabación del caso CNM Audios, donde se escuchaba al juez supremo César Hinostroza coordinando con un tercero no identificado sobre una reunión con una «señora K… de la fuerza número 1». Para algunos se trataría de una alusión a Keiko y su partido Fuerza Popular, que presuntamente habría estado así buscando favores precisamente en el proceso que seguía sobre lavado de activos. De esta manera se enlazarían ambos casos de corrupción.[67]

Keiko Fujimori y los demás detenidos apelaron ante la Segunda Sala de Apelaciones del Poder Judicial, que luego de oír los argumentos de las partes, el 17 de octubre de 2018 dictaminó la anulación de la detención preliminar, aduciendo que no había sido sustentada debidamente.[90]​ Sin embargo, a los pocos días, el fiscal Pérez formalizó la investigación preparatoria y solicitó 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori y otras once personas involucradas por presunto lavado de activos, petición que viene siendo evaluada por el mismo juez Concepción Carhuancho.[91]​ El fiscal Pérez dio una serie de argumentos para sustentar que en el seno de Fuerza Popular se había constituido una organización criminal.[92]​ Dicho pedido fue aprobado el 31 de octubre a las 5:34 p. m. por el juez Concepción[93]​ quien alegó los antecedentes de obstaculización y entorpecimiento del proceso orquestados por Fujimori, los miembros de su bancada en el Congreso y personajes afines a ésta en el aparato judicial. Tras la lectura del auto fue trasladada a la carceleta del Palacio de Justicia y el día siguiente, 1 de noviembre, al establecimiento penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos.

Los otros diez inculpados en el caso Cócteles fueron también sometidos a 36 meses de prisión preventiva, a excepción de Jorge Yoshiyama Sasaki, que, por haber aceptado los cargos en su contra y colaborado con la investigación, le dieron solo comparecencia restringida; y de Augusto Bedoya, que se le dio impedimento de salida del país por 18 meses. En cuanto a Jaime Yoshiyama (que se hallaba en los Estados Unidos, por motivos de salud), se le aplicó igualmente los 36 meses de prisión preventiva y se dispuso activar su captura internacional a través de la Interpol.

Caso Alan GarcíaEditar

El ex presidente Alan García, con residencia habitual en Madrid, solía venir al Perú cuando la fiscalía le llamaba para responder en el marco de la investigación por el caso de la Línea 1 del Metro de Lima. El 16 de noviembre de 2018 llegó a Lima para asistir a la que creía sería una de las rutinarias diligencias, pero el fiscal Pérez suspendió la misma y solicitó al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción la orden de impedimento de salida por 18 meses para Alan García, que le fue concedido.[94]

Simultáneamente, IDL-Reporteros reveló que la empresa Odebrecht, a través de un operador (convertido en delator premiado), había pagado 100 000 dólares a García por una conferencia que éste dio en Brasil en 2012, dinero que había salido de la Caja 2 de la división de operaciones estructuradas de la empresa, la misma que era usada para el pago de coimas. La tesis acogida por el fiscal Pérez era que los pagos por conferencias a García eran la coartada usada por Odebrecht para pagar la coima por la obra del Metro de Lima.[95]

La reacción de García fue buscar asilo en la residencia del embajador de Uruguay aduciendo ser un perseguido político, contando con el respaldo de su partido, el APRA.[96]​ Pero el gobierno uruguayo rechazó su solicitud y el expresidente debió retornar a su casa. Dos días después, García entregó su pasaporte, certificado de trabajo y una constancia de domicilio ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez, como gesto de ponerse a disposición de la justicia. Aseguró también que no volvería a pedir asilo político.[97]

Aspecto socialEditar

Feminicidios y caso Eyvi ÁgredaEditar

La asunción al poder del presidente Vizcarra implicaba adoptar medidas rápidas para el freno de los consecutivos asesinatos a mujeres en altos grados, alarmantes a la sociedad peruana. Un caso en específico fue el de Eyvi Ágreda Marchena, una joven peruana de 22 años víctima de la violencia de género en Lima.[98][99]​ Fue atacada el 24 de abril de 2018 por un individuo, quien le roció combustible y le prendió fuego cuando se encontraba dentro de un bus en el distrito de Miraflores en Lima, Perú. Otras diez personas resultaron heridas.[100][101]​ Fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Guillermo Almenara donde pasó 38 días. Falleció, tras varias intervenciones quirúrgicas, el 1 de junio de 2018.[102]​ Su caso fue especialmente denunciando en la marchas contra la violencia hacia las mujeres con el lema "Mujeres x Justicia" celebradas en Perú el 11 de agosto de 2018. El agresor se halla en prisión preventiva a la espera de su condena, que sería por el delito de feminicidio consumado.

Tras el incremento de los feminicidios y las agresiones contra la mujer, Vizcarra anunció que el Gobierno tomaría cinco inmediatas medidas para luchar contra dicho flagelo. Estas eran:

1. Constituir una Comisión de Emergencia, a cargo del primer ministro e integrada por los ministros de los sectores involucrados. Participarán los máximos representantes del Ministerio Público y el Poder Judicial, y delegados de las entidades y organizaciones de la sociedad civil, quienes se encargarán de elaborar el plan de trabajo para implementar una política pública que brinde protección, prevención y atención en los casos de violencia hacia las mujeres.

2. Declarar en alerta permanente todas las comisarías del país, para que las 24 horas del día reciban las denuncias de las mujeres y les brinden la protección adecuada.

3. Realizar un trabajo articulado y multisectorial para la prevención de la violencia contra las mujeres desde todos los programas y servicios sociales que ofrece el Estado.

4. Creación del programa “Hombres por la igualdad”: con el fin de involucrar y garantizar que todos los varones accedan a información necesaria que les permita desarrollar relaciones respetuosas e igualitarias con las mujeres.

Como última medida, Vizcarra solicitó al Congreso la delegación de facultades para legislar en materia de lucha contra la violencia hacia las mujeres, que incluye una propuesta normativa para sancionar el acoso en espacios públicos y privados.

La inmigración venezolanaEditar

La inmigración venezolana en el Perú, empezó a incrementarse paulatinamente en 2017, bajo el gobierno presidente Pedro Pablo Kuczynski, que otorgó facilidades a los inmigrantes, pidiéndoles solo como requisito la presentación del carnet de identidad y otorgándoles el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) por un año, documento que les permite trabajar en el país de manera legal.

El gobierno de Vizcarra, ante el reclamo de la ciudadanía por actos delictivos y antisociales de algunos inmigrantes, dispuso ejercer un mayor control en su ingreso, exigiendo la presentación del pasaporte a partir del 25 de agosto de 2018.[103]​ Ello, sumado a una medida similar tomado por el Ecuador, produjo el mayor flujo de inmigrantes hacia el Perú, que ingresaban en número de hasta 5000 por día a través de la frontera peruano-ecuatoriana, antes de que entrara en vigencia el requisito del pasaporte. Los medios informativos cubrieron la gran marcha a Perú, que se realizaba vía terrestre desde Venezuela, atravesando Colombia y Ecuador.[104]​ Para ese entonces la cantidad de venezolanos en todo el país se contabilizaba ya en 450 000, siendo la ola migratoria más importante del Perú en toda su historia republicana. Es de resaltar también que el Perú es el segundo país del mundo que alberga la mayor cantidad de venezolanos inmigrantes, después de Colombia. Para noviembre de 2018 sobrepasaron los 600 000.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos interpuso un habeas corpus ante el Poder Judicial contra la resolución de la Superintendencia Nacional de Migraciones que exigía la presentación del pasaporte a los inmigrantes. El 5 de octubre de 2018 una jueza declaró fundado el habeas corpus y se revocó la exigencia del pasaporte; pero Migraciones y el Ministerio del Interior apelaron y el 11 de octubre se suspendió la decisión judicial, hasta que un juez superior confirme o anule la misma.[105]

Sin embargo, a los venezolanos que no cuentan con pasaporte se les permite ingresar al Perú si solicitan refugio, otorgándoseles en la frontera peruano-ecuatoriana la Tarjeta Andina de Migración (TAM) válida por 90 días, con la que se pueden tramitar el PTP, aunque esto último solo lo podrán hacer quienes han ingresado antes del 31 de octubre de 2018.[106]

Política sanitariaEditar

  • Se empezó el mejoramiento del Hospital Arzobispo Loayza, en el cual se destinó una partida de 800 millones de soles para convertirlo en un moderno hospital de referencia nacional.
  • Se lanzó la campaña Amor de Hierro para combatir la anemia infantil, que según un estudio se había incrementado en el país.[107]

Política exteriorEditar

Cumbre de las Américas 2018Editar

 
Foto oficial de la VIII Cumbre de las Américas.

De 13 a 14 de abril de 2018 se realizó en Lima la VIII Cumbre de las Américas. Vizcarra presidió como anfitrión la ceremonia inaugural donde participaron jefes de Estado de todos los países del continente. La prensa resaltó las ausencias de los presidentes Donald Trump y Nicolás Maduro. El tema del mencionado foro internacional fue «Gobernabilidad democrática frente a la corrupción», tópico que el mandatario peruano abordó en varias ocasiones en su discurso de aproximadamente diez minutos. Desde las 6:00 p.m. (hora nacional), el mandatario peruano se dio cita en el Gran Teatro Nacional del Perú, donde recibió a sus homológos y representantes de las delegaciones participantes, entre ellos Sebastián Piñera de Chile, Enrique Peña Nieto de México, Justin Trudeau de Canadá, Mike Pence de Estados Unidos, Mauricio Macri de Argentina, entre otros. Finalmente se firmó el Compromiso de Lima, que recogió medidas concretas para fortalecer la lucha contra la corrupción y la cooperación regional.[108]

En ese mismo mes de abril de 2018, el Perú asumió la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU.[109]

Adopción del Pacto Migratorio MundialEditar

El Perú, junto con otras 155 naciones, adoptó el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, en el marco de la Conferencia Intergubernamental convocada por la ONU y realizada entre el 10 y el 11 de diciembre de 2018, en Marrakech, Marruecos. Este documento fue negociado durante más de un año y medio, y es un llamado global para coordinar políticas y establecer un marco de cooperación internacional sobre asuntos migratorios. Cabe destacar que el pacto no tiene carácter vinculante, y que países como Estados Unidos y Chile no lo firmaron.[110]

Visitas oficiales del presidente Vizcarra al exteriorEditar

El 23 de julio de 2018, el presidente Vizcarra viajó a México para asistir a la XIII Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico, en lo que constituyó su primer viaje autorizado al exterior en su calidad de Presidente de la República. Dicho evento duró hasta el día 25 y Vizcarra recibió la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico (periodo 2018-2019).[111]

El 3 de septiembre de 2018, el presidente Vizcarra, junto con algunos miembros de su gabinete ministerial, viajó a Cobija, Bolivia, para asistir al IV Gabinete Binacional Perú-Bolivia, ocasión en la que se reunió con el presidente boliviano Evo Morales. Se trató sobre diversos temas, como el saneamiento del lago Titicaca, la seguridad y defensa en la frontera común y el proyecto del tren bioceánico.[112]

El 23 de septiembre de 2018, Vizcarra viajó a Nueva York, para participar en el 73º periodo ordinario de Asamblea General de las Naciones Unidas. El día 25 dio su discurso que empezaba diciendo que su gobierno había logrado la tan ansiada estabilidad democrática en el Perú. En los días siguientes entabló encuentros bilaterales con algunos homólogos, y participó en diversas actividades oficiales.[113]

De 25 a 26 de octubre de 2018, el presidente Vizcarra realizó una visita de Estado al Ecuador, reuniéndose con el presidente de dicha nación, Lenin Moreno en Quito. Ambos presidieron el XII Gabinete Binacional Perú-Ecuador, con reunión plenaria de los ministros de Estado de ambas naciones. Todo ello se realizó en el marco de la celebración del vigésimo aniversario de la firma de la paz entre Ecuador y Perú.[114]

El 27 de noviembre de 2018, Vizcarra arribó a Chile, para participar de un encuentro presidencial con su par Sebastián Piñera, así como del II Gabinete Binacional Perú-Chile.[115]

El 1 de diciembre de 2018 el presidente Vizcarra asistió a la ceremonia de la toma de mando del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, realizada en el Congreso de dicho país.[116]

Visitas de jefes de Estado al PerúEditar

El 2 de octubre de 2018 el presidente Vizcarra recibió en Palacio de Gobierno al emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Zani, en visita oficial.[117]

El 14 de octubre de 2018 el presidente boliviano Evo Morales visitó el Terminal Portuario de Ilo para participar del arribo de una nave procedente de China con mercancías para Bolivia. Ello, luego del fallo adverso para Bolivia de su demanda marítima contra Chile en la corte de La Haya, y en el marco de su política para acelerar los proyectos alternativos de su comercio de ultramar, muy dependiente de los puertos del norte chileno.[118]

Entre el 12 y 14 de noviembre de 2018, los reyes de España Felipe VI y Letizia realizaron una visita de Estado al Perú, participando en diversas actividades oficiales, entre ellas un encuentro con el presidente Vizcarra en Palacio de Gobierno.[119]

AcontecimientosEditar

Niveles de aprobaciónEditar

Fecha Porcentaje
04/2018 57 %
05/2018 52 %
06/2018 37 %
07/2018 35 %
08/2018 46 %
09/2018 45 %
10/2018 61 %
11/2018 65 %
12/2018 66 %

Fuente: IPSOS Perú.[121]

Poderes del EstadoEditar

Poder LegislativoEditar

Ejercieron el cargo de Presidente del Congreso de la República del Perú:

Presidente del Congreso Periodo
Luis Fernando Galarreta Velarde 26 de julio de 2017 -
26 de julio de 2018
Daniel Enrique Salaverry Villa 26 de julio de 2018 -

Poder JudicialEditar

Ejercieron el cargo de Presidente de la Corte Suprema del Perú:

Presidente de la Corte Suprema Periodo
Duberlí Rodríguez Tineo 2 de enero de 2017 -
19 de julio de 2018
Víctor Prado Saldarriaga 25 de julio de 2018 -

Poder EjecutivoEditar

VicepresidenteEditar

Vicepresidencia Nombre
Vicepresidente Mercedes Aráoz Fernández

Ministros de EstadoEditar

Consejo de ministros del Gobierno de Martín Vizcarra Cornejo
Ministerio Titular Período
Presidencia del Consejo de Ministros Mercedes Aráoz*
César Villanueva
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 -
Relaciones Exteriores Cayetana Aljovín*
Néstor Popolizio Bardales
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 -
Defensa Jorge Kisic Wagner*
José Modesto Huerta Torres
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 -
Economía y Finanzas Claudia Cooper*
David Tuesta Cárdenas
Carlos Oliva
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 - 4 de junio de 2018
7 de junio de 2018 -
Interior Vicente Romero Fernández*
Mauro Medina Guimaraes
Carlos Morán Soto
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 - 17 de octubre de 2018
19 de octubre de 2018 -
Justicia y Derechos Humanos Enrique Mendoza Ramírez*
Salvador Heresi Chicoma
Vicente Zeballos Salinas
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 - 13 de julio de 2018
20 de julio de 2018 -
Educación Idel Vexler Talledo*
Daniel Alfaro Paredes
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 -
Salud Abel Salinas Rivas*
Silvia Pessah Eljay
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 -
Agricultura y Riego José Arista Arbildo*
Gustavo Mostajo Ocola
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 -
Trabajo y Promoción del Empleo Javier Barreda Jara*
Christian Sánchez Reyes
Sylvia Cáceres Pizarro
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 - 7 de diciembre de 2018
18 de diciembre de 2018 -
Producción Lieneke Schol*
Daniel Córdova Cayo
Raúl Pérez-Reyes
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 - 25 de abril de 2018
30 de abril de 2018 -
Comercio Exterior y Turismo Eduardo Ferreyros Küppers*
Rogers Martín Valencia Espinoza
Edgar Manuel Vásquez Vela
23 d e marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 - 18 de diciembre de 2018
18 de diciembre de 2018 -
Energía y Minas Ángela Grossheim Barrientos*
Francisco Ísmodes Mezzano
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 -
Transportes y Comunicaciones Bruno Giuffra*
Edmer Trujillo Mori
23 de marzo - 28 de marzo de 2018
28 de marzo de 2018 -
Vivienda, Construcción y Saneamiento Carlos Bruce*
Javier Piqué del Pozo
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 -
Mujer y Poblaciones Vulnerables Ana María Choquehuanca*
Ana María Mendieta Trefogli
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 -
Ambiente Elsa Galarza*
Fabiola Muñoz Dodero
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 -
Cultura Alejandro Neyra Sánchez*
Patricia Balbuena Palacios
Rogers Martín Valencia Espinoza
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 - 30 de noviembre de 2018
18 de diciembre de 2018 -
Desarrollo e Inclusión Social Jorge Meléndez Celis*
Liliana La Rosa Huertas
23 de marzo - 2 de abril de 2018
2 de abril de 2018 -
* Ministros en funciones, nombrados en el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski

ReferenciasEditar

  1. Martín Vizcarra asume la presidencia del Perú
  2. Vizcarra, el sucesor de Pedro Pablo Kuczynski
  3. «Martín Vizcarra fue condecorado por la Cancillería antes de asumir la presidencia». La República (Lima). 23 de marzo de 2018. 
  4. «Vizcarra y las 5 claves de su primer mensaje presidencial». El Comercio (Lima). 23 de marzo de 2018. 
  5. «Martín Vizcarra anunció renovación total del Gabinete Ministerial». El Comercio (Lima). 23 de marzo de 2018. 
  6. «Oficializan salida de Giuffra y retorno de Trujillo al Ejecutivo». El Comercio (Lima). 28 de marzo de 2018. 
  7. «¿Quiénes integrarán el gabinete ministerial de César Villanueva?». El Comercio (Lima). 2 de abril de 2018. 
  8. «Daniel Córdova ofreció 'cabeza' de viceministro para finalizar huelga de pescadores». Gestión (Lima). 22 de abril de 2018. 
  9. «Ejecutivo acepta renuncia de Daniel Córdova al Produce tras polémica con viceministro». Gestión (Lima). 25 de abril de 2018. 
  10. «César Villanueva y las facultades legislativas que pidió en 5 claves». El Comercio (Lima). 4 de mayo de 2018. 
  11. «¿Cómo fue el sustento de las facultades legislativas». El Comercio (Lima). 25 de mayo de 2018. 
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  13. «MEF aumenta impuesto para bebidas con alto contenido de azúcar, alcohol, tabaco y combustible». La República (Lima). 10 de mayo de 2018. 
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