Oficina Anticorrupción

organización argentina

La Oficina Anticorrupción (OA) es una secretaría perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina. Se encarga de investigar y perseguir casos de corrupción política en el ámbito del gobierno argentino. Fue oficialmente creada el día 10 de diciembre de 1999 por medio de la Ley 25.233 para la asunción de Fernando de la Rúa.[1]

Oficina Anticorrupción
Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción
Información general
Acrónimo OA
Tipo Secretaría de Estado
Fundación 10 de diciembre de 1999
Jurisdicción Nacional
Ámbito Anticorrupción del estado argentino
Flag of Argentina.svg Argentina
Sede Tucumán 394, Bandera de Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires
Organización
Secretaria Laura Alonso
Dependiente de Poder Ejecutivo Nacional
Dependencias Centralizados:
Dirección de Investigaciones
Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia
Histórico
Oficina Nacional de Ética Pública Actual
Notas
Ministerios y Secretarías de Estado de Argentina
Sitio web
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ARTÍCULO 13. — Créase la Oficina Anticorrupción en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la que tendrá a su cargo la elaboración y coordinación de programas de lucha contra la corrupción en el sector público nacional y, en forma concurrente con la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, gozará de las competencias y atribuciones establecidas en los artículos 26, 45 y 50 de la Ley Nº 24.946.

Es la encargada de velar por la prevención e investigación de aquellas conductas que se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción, reglamentando sus funciones y atribuciones en el Decreto 102/99, modificado parcialmente en el Decreto 226/2015 donde se quitó la obligatoriedad de ser abogado para encabezar la Oficina Anticorrupción.[2][3][4]

Índice

CaracterísticasEditar

La Oficina Anticorrupción actúa en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo otro ente público o privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal. Cabe aclarar que la OA no tiene competencia para realizar investigaciones en el ámbito del Poder Legislativo, el Poder Judicial o en los organismos de las Administraciones Provinciales y Municipales.

La Oficina Anticorrupción está a cargo de un Secretario de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción,[5]​ cuyo lugar ocupa hoy Laura Alonso. Desarrolla[6]​ su labor desde dos áreas:

  • Dirección de Investigaciones[7]​ (DIOA). Es la encargada de fiscalizar el cumplimiento de los deberes de los agentes y el debido uso de los recursos estatales.
  • Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia[8]​ (DPPT). Es la responsable de la elaboración de políticas contra la corrupción en el sector público nacional: la encargada de asistir técnicamente al sector público nacional en el diseño e implementación de políticas de prevención de la corrupción.

El Secretario de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción posee rango y jerarquía de Secretario, mientras que los titulares de la Dirección de Investigaciones y de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia poseen rango y jerarquía de Subsecretarios. Los tres funcionarios son designados y removidos por el Presidente de la Nación a propuesta del Ministro de Justicia y Derechos Humanos. De 2004 a 2009 fue Fiscal de Control Administrativo Abel Fleitas Ortiz de Rozas[9]​ y luego ocupó el cargo Julio Vitobello,[10]​ hasta la llegada de Laura Alonso en diciembre de 2015.[11]

Su presupuesto en el año 2010 fue de 15 millones de pesos con 7.563 casos abiertos en el año,[12]​ mientras que en el 2008 tuvo un presupuesto de 6 millones de pesos menos con 6.911 casos abiertos.[13]

En cumplimiento con el decreto “Plan de Apertura de Datos” 117/16 del presidente Mauricio Macri, el organismo publicó en 2016 en el Portal Nacional de Datos Públicos los datos de 45 mil declaraciones juradas de funcionarios públicos del Poder Ejecutivo y legisladores en formato abierto.[14]

FuncionesEditar

Las funciones del titular del organismo son:[15]

a) Presidir y representar a la Oficina Anticorrupción.

b) Hacer cumplir la misión y los objetivos de la Oficina.

c) Proponer la designación de los integrantes de la Oficina al Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

d) Elaborar y elevar el Plan de Acción para su aprobación por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

e) Resolver el inicio y clausura de las actuaciones de la Oficina.

f) Suscribir y elevar los informes correspondientes.

g) Coordinar la actuación de la Oficina con los otros órganos de control estatal.

h) Llevar el registro de las declaraciones juradas de los agentes públicos.

i) Elevar al Ministro un proyecto de reglamento interno para su aprobación.

Nómina de SecretariosEditar

Casos emblemáticosEditar

  • Caso Aranguren: El organismo analizó el posible conflicto de intereses del ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren debido a su rol previo como CEO de Royal Dutch Shell y su carácter de accionista de la empresa. En septiembre de 2016 la OA resolvió recomendar al funcionario que se desprenda de su participación accionaria en la empresa. Además, le hizo saber que en cuestiones relacionadas con la empresa debe abstenerse de intervenir y comunicar su excusación al Presidente de la Nación para que designe a un funcionario en su reemplazo. [16][17][18]
  • Caso IBM-Banco Nación. La causa se inició en 1994. El escándalo implicó el presunto pago de unos 21 millones de dólares en coimas para la firma del contrato del denominado Proyecto Centenario.
  • María Julia Alsogaray. Fue condenada a pagar más de 3 millones de pesos por su enriquecimiento ilícito durante su paso por el gobierno menemista. La sentencia quedó firme este año por la Corte y para saldar la deuda le remataron su petit-hotel.[19]
  • Coimas en el Senado. Durante 2012 y 2013 tuvo lugar el juicio por el presunto pago de sobornos por parte del Poder Ejecutivo a senadores de la oposición (durante el gobierno de Fernando de la Rúa). La Cámara Federal de Casación Penal, confirmó las absoluciones de todos los acusados por el "beneficio de la duda".[20]
  • Sobresueldos. El juicio por el pago de sobresueldos a altos funcionarios públicos culminó en 2015 con la condena a 4 años y 6 meses de prisión para el ex Presidente Carlos Menem y 3 años y 3 6 meses para el ex Ministro de Economía Domingo Cavallo.[21]
  • PAMI. En agosto de 2015 Víctor Alderete, ex titular del PAMI, reconoció su culpabilidad ante la justicia y fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión por administración fraudulenta. Además, se condenó a cinco ex directivos de la entidad y dos empresarios.[22]
  • Siemens-DNI. Se investiga las supuestas coimas que la compañía pagó en 1998 por el contrato para producir los DNI. El acuerdo disponía la fabricación de 24 millones de documentos al precio de 30 pesos cada uno, cuando otras firmas -que fueron excluidas de la licitación por cláusulas infundadas del pliego- ofrecían un precio hasta cinco veces menor. En 2014 la Cámara Federal confirmó el procesamiento de 11 directivos.[23]

Proyectos de ley y de decretosEditar

La Oficina Anticorrupción elaboró una serie de proyectos de ley y de decretos destinados a promover la ética pública y la transparencia. Algunos de ellos son:[14]

  • Ley del Arrepentido: Plantea la posibilidad de reducir o eximir de penas a quienes brinden “información precisa, comprobable y útil” que permita “evitar la consumación o continuación de un delito; ayudar a esclarecer el hecho objeto de la investigación u otros conexos; revelar la identidad de coautores, partícipes o encubridores de los hechos investigados o de otros conexos, o la intervención de otras personas”. Fue aprobada por el Congreso Nacional.[24][25]
  • Extinción de Dominio: Apunta a dotar de mayor efectividad y agilidad a la Justicia en su labor de recuperar aquellos activos que son "producto de actividades ilícitas", o que fueron utilizados para cometer los delitos. A través de la acción de extinción de dominio podrá iniciarse una investigación contra bienes que están fundadamente sospechados de provenir de actividades ilícitas independiente del proceso.[26]
  • Responsabilidad Penal Empresaria: Tiene como principal fin prevenir la corrupción a través de la implementación de programas de integridad y fomentar la colaboración del sector privado en la investigación de la corrupción. Con esta normativa, además, se busca seguir los estándares en materia de transparencia promovidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).[27]
  • Ley de Acceso a la Información Pública: Obliga a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público, a empresas, partidos políticos, universidades y gremios que reciban aportes públicos, a responder las solicitudes de información que eleve cualquier ciudadano en un plazo no mayor a un mes. Fue aprobada por el Congreso Nacional.[28]
  • Decreto reglamentario del Régimen de Obsequios y Viajes financiados por terceros a Funcionarios Públicos: Se reglamentó después de 16 años. La norma establece que los funcionarios públicos no pueden recibir regalos o viajes pagos, salvo cuando son de cortesía o costumbre diplomática. En estos casos, si el valor del regalo es inferior a 4 mil pesos el funcionario se lo puede quedar, mientras que si el valor es mayor a esa cifra el obsequio debe quedar para el Estado argentino. Todos los presentes recibidos deben ser registrados en un Registro de Obsequios y Viajes que se puede consultar a través de la web de la Oficina.[29]
  • Decretos de Integridad en Juicios contra el Estado y Contrataciones Públicas: Son dos herramientas adicionales de transparencia en las que el Presidente de la Nación y las más altas autoridades de gobierno se autolimitan en casos de juicios contra el Estado y contrataciones públicas vinculados a ellos. Para la elaboración de estos decretos, la Oficina realizó un proceso de consulta participativa que incluyó aportes de organismos no gubernamentales y de la ciudadanía en general a través de la web.[30]

ReferenciasEditar

  1. Texto de la ley 25.233
  2. «Otro decreto de Macri para que Alonso asuma en la oficina Anticorrupción». Perfil. 24 de diciembre de 2015. 
  3. «Oficial: Laura Alonso controlará la Oficina Anticorrupción». La Nación. 29 de diciembre de 2015. 
  4. «Un decreto con nombre propio». Página 12. 24 de diciembre de 2015. 
  5. «Web Oficina Anticorrupción». 
  6. «Laura Alonso fue designada titular de la Oficina Anticorrupción | Laura Alonso - Infobae». Consultado el 6 de enero de 2016. 
  7. «Dirección de Investigaciones de la OA». 
  8. «Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA». 
  9. «Polémico recambio en la Oficina Anticorrupción». www.losandes.com.ar. Consultado el 6 de enero de 2016. 
  10. «Un hombre K al frente de la Oficina Anticorrupción - Perfil.com». Perfil.com. Consultado el 6 de enero de 2016. 
  11. Designan a los titulares de la Oficina Anticorrupción. Diario La Nación. 23 de enero de 2009.
  12. OA Informe Anual 2010. PDF
  13. OA Informe Anual 2008. PDF.
  14. a b Oficina Anticorrupción (30 de agosto de 2016). «Informe de Gestión Primer Semestre 2016». Consultado el 26 de septiembre de 2016. 
  15. «Funciones de la Secretaria de Ética Pública,Transparencia y Lucha contra la Corrupción». 
  16. Infobae (12 de septiembre de 2016). «Presión de la Oficina Anticorrupción para que Aranguren venda sus acciones de Shell». Consultado el 26 de septiembre de 2016. 
  17. «Presión para que Aranguren venda sus acciones en Shell». 12 de septiembre de 2016. Consultado el 26 de septiembre de 2016. 
  18. Página/12 (13 de septiembre de 2016). «Un conflicto que quedó expuesto». Consultado el 26 de septiembre de 2016. 
  19. Casos Emblemáticos. Diario Clarín. 3 de junio de 2011.
  20. «Los sobornos en el Senado». Página 12. 5 de diciembre de 2015. 
  21. «Condenan a prisión a Menem y a Cavallo por pagar sobresueldos, pero seguirán libres». Clarín. 1 de diciembre de 2015. 
  22. «Condenaron a Víctor Alderete a tres años y medio de prisión». La Nación. 16 de octubre de 2015. 
  23. «Confirman procesamiento de alemanes por escándalo de DNI en menemismo». Rionegro.com.ar. Viernes 31 Oct 2014. 
  24. La Nación (26 de marzo de 2016). «Evalúan beneficiar a los arrepentidos que brinden información sobre corrupción». Consultado el 28 de octubre de 2016. 
  25. La Nación (20 de octubre de 2016). «Es ley la figura del arrepentido para casos de corrupción». Consultado el 28 de octubre de 2016. 
  26. La Nación (16 de abril de 2016). «El macrismo busca recuperar los bienes de la corrupción». Consultado el 28 de octubre de 2016. 
  27. Agencia Télam (7 de agosto de 2016). «El gobierno apura una nueva ley que sanciona a empresas que promuevan la corrupción». Consultado el 28 de octubre de 2016. 
  28. La Nación (15 de septiembre de 2016). «Después de 15 años, finalmente es ley el acceso a la información pública». Consultado el 28 de octubre de 2016. 
  29. Diario La Nación (7 de junio de 2016). «A 16 años de la sanción de la ley de ética, regularán los regalos a funcionarios». Consultado el 7 de abril de 2017. 
  30. Diario Perfil (9 de marzo de 2017). «Conflicto de interés: la Oficina Anticorrupción presentó los proyectos». Consultado el 7 de abril de 2017. 

Enlaces externosEditar