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Patricia Bullrich

política argentina

Patricia Bullrich (Buenos Aires, 11 de junio de 1956) es una política argentina. Desde 2015 ejerce el cargo de ministra de Seguridad de la Nación. También fue ministra de Trabajo y ministra de Seguridad Social durante el gobierno de Fernando de la Rúa; y diputada de Unión por la Libertad por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante tres períodos.

Patricia Bullrich
Seguridad patricia bullrich.jpg

Coat of arms of Argentina.svg
Ministra de Seguridad de la Nación Argentina
Actualmente en el cargo
Desde el 10 de diciembre de 2015
Presidente Mauricio Macri
Predecesor María Cecilia Rodríguez

Coat of arms of Argentina.svg
Diputada de la Nación Argentina
por la Ciudad de Buenos Aires
10 de diciembre de 2007-10 de diciembre de 2015

10 de diciembre de 1993-10 de diciembre de 1997

Coat of arms of Argentina.svg
Ministra de Seguridad Social de la Nación Argentina
31 de octubre de 2001-15 de noviembre de 2001
Presidente Fernando de la Rúa
Predecesor se crea ministerio
Sucesor se disuelve ministerio

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Ministra de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación Argentina
6 de octubre de 2000-29 de octubre de 2001
Presidente Fernando de la Rúa
Predecesor Alberto Flamarique
Sucesor José Gabriel Dumón

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Secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios
15 de diciembre de 1999-5 de octubre de 2000
Presidente Fernando de la Rúa
Predecesor Julio Enrique Aparicio
Sucesor Mariano Ciafardini

Información personal
Apodo «La Piba»
Otros nombres Carolina Serrano (Nombre de guerra en la organización Montoneros)
Nacimiento 11 de junio de 1956 (63 años)
Buenos Aires, Argentina
Nacionalidad Argentina Ver y modificar los datos en Wikidata
Partido político Propuesta Republicana (desde 2018)
Unión por la Libertad (2002-2018)
Partido Justicialista (antes de 2002)
Afiliaciones Juventud Peronista (1972-1973)
Montoneros (1973-1983)
Menemismo (1993-1998)
FREPASO (1999-2001)
Alianza (1999-2001)
Coalición Cívica (2007-2011)
Cambiemos (desde 2015)
Juntos por el Cambio (desde 2019)
Familia
Padres Alejandro Bullrich
Julieta Luro Pueyrredón
Cónyuge Guillermo Yanco
Marcelo Langieri
Néstor Ortiz (años 1980)
Hijos Francisco
Educación
Educación Doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de San Martín
Educada en

Universidad de Palermo
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)

Universidad de San Martín (UNSAM)
Información profesional
Ocupación Doctora en Ciencias Políticas

Primeros años y familiaEditar

Nació el 11 de junio de 1956 en el Instituto del Diagnóstico, en Buenos Aires. Es hija de Alejandro Bullrich (médico clínico y cardiólogo) y de Julieta Luro Pueyrredón.

Su hermana fue esposa de Rodolfo Galimberti, líder de Montoneros.[1]

Forma parte de la familia tradicional argentina de los Pueyrredón, de linaje francés e irlandés,[2]​cuyos miembros más destacados fueron Juan Martín de Pueyrredón, director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata (1816-1819); y Honorio Pueyrredón, ministro de Agricultura (1916) y posteriormente ministro de Relaciones Exteriores (1917-1922) del presidente Hipólito Yrigoyen. En su familia también hubo dos intendentes de la Ciudad de Buenos Aires: Adolfo Bullrich (1898-1902) y Carlos Pueyrredón (1940-1943).[3]

Hincha de Club Atlético Independiente de Avellaneda, jugó desde chica al hockey sobre césped. Para ese entonces ya participaba en la Juventud Peronista, al mismo tiempo que trabajaba en el local de comidas rápidas Cheburger.[4]

EstudiosEditar

Terminó la secundaria en 1975. Tuvo intentos por recibirse de socióloga y abogada,[5]​ hasta que finalmente en 2001 se graduó como Licenciada en Humanidades y Ciencias Sociales con orientación en Comunicación en la Universidad de Palermo. En 2009 obtuvo el título de Magíster en Ciencias Políticas y Doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de San Martín (UNSAM).[6]​.[7]

PolíticaEditar

Comienzos en la política y militancia en MontonerosEditar

A los 15 empezó la militancia en la Juventud Peronista, recorriendo los conventillos de barrio de Abasto. Estuvo en la masacre de Ezeiza el día que volvió Perón, y en la Plaza de Mayo cuando el presidente echó a los Montoneros. Pasó seis meses detenida en la cárcel de Devoto, cuando escapó a Brasil, México, España y Francia.[8]​ Miembro de Montoneros, brazo armado del Peronismo, obtuvo el rango de segunda teniente en la organización, relacionada íntimamente con Rodolfo Galimberti y Roberto Perdía, líderes de alto rango de esa organización. Se hacía llamar Carolina Serrano en la guerrilla.[9]​ Hoy se la conoce por el apodo «La Piba».[3]​ A Bullrich se le atribuyen vínculos en París con grupo capitaneado Rodolfo Galimberti, relacionado con dos muertes jamás esclarecidas de su hermana y la de Jorge Cedrón, a lo que se agrega el secuestro extorsivo de Saturnino Montero Ruiz, en mayo de 1980, hechos que no estaban relacionados con una eventual actividad política sino con la delincuencia organizada, según el historiador y periodista Juan Gasparini.[10]

Tras el regreso de la democracia, se acercó a Antonio Cafiero en la renovación peronista.[11]​ En 1993 fue electa diputada por la Capital, en la lista encabezada por Erman González y Miguel Ángel Toma.[8]​ En este cargo dentro del bloque del PJ, apoyó las políticas adoptadas por Carlos Menem.[12]

Después de un paso breve por la municipalidad de Hurlingham con Juan José Álvarez y de ocupar un cargo en el gobierno bonaerense de Eduardo Duhalde, terminó recalando en la Alianza de la mano de Antonio de la Rúa y Fernando de Santibañes[8]​ (exjefe de la SIDE).[13]

Presidencia de Fernando de la RúaEditar

En 1999, con la llegada al gobierno de Fernando de la Rúa, fue la primera mujer en ocupar la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En abril de 2000 decidió relevar a 112 guardiacárceles que facilitaban la salida de presos y los acompañaban en sus asaltos.[14]

También fue la primera mujer en ocupar el cargo de ministra de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación entre octubre de 2000 y octubre de 2001. Bullrich asumió el 6 de octubre de 2000 tras la renuncia del radical Alberto Flamarique, tras el escandalo de corrupción y sobornos en el senado conocido como “la Ley Banelco” debido al pago de coimas a senadores para aprobar la Ley de Reforma Laboral que impulsaba el gobierno de De la Rúa para flexibilizar convenios laborales. El 6 de enero de 2001,Bullrich convocaba a reformar 400 convenios amparada en la ley Banelco. Impulsó un proyecto que eliminaba todas las asignaciones familiares a los trabajadores que cobraran más de mil pesos de sueldo y a cambio creaba una asignación de 30 pesos por hijo y una mochila con útiles escolares.[15]​Impulsó un plan de «transparencia sindical», [cita requerida]que incluía entre otros puntos la obligación de presentar declaraciones juradas de ingresos por parte de los dirigentes gremiales.[16][17]

Luego estuvo a cargo del recién creado Ministerio de Seguridad Social, desde octubre de 2001[18]​ hasta noviembre del mismo año,[19]​ momento en el cual renunció.[20]

En el contexto de la llamada «ley de déficit cero», Bullrich impulsó y firmó el decreto que estableció la reducción del 13 % a los haberes de los trabajadores estatales y de las jubilaciones, cuyos montos fueran mayores a los ARS/USD 500 (pesos argentinos convertibles a dólares estadounidenses al mismo valor).[21]​ Durante su gestión el desempleo se elevó del 15 al 25 %.[22][23]

Unión por la LibertadEditar

 
Bullrich en 2007, cuando asumió como diputada.

Creó el partido Unión por la Libertad (en ese momento llamado Unión por Todos)[24]​por el que fue candidata a la Jefatura de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en una alianza con Recrear. Bullrich quedó en un cuarto lugar con el 9,76 %, detrás de Mauricio Macri (37 %), Aníbal Ibarra (33 %) y Luis Zamora (12,3 %). También compitió por un escaño en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ocupó el sexto lugar entre más de treinta candidatos.

En 2007, el partido Unión por la Libertad se integró al frente Coalición Cívica de Elisa Carrió.[25]​ Ese mismo año Bullrich encabezó en dicho partido la lista para Diputados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el periodo 2007-2011.

Ministra de Seguridad de la NaciónEditar

 
Patricia Bullrich y Miguel Lifschitz durante una reunión en 2016.

En diciembre de 2015 fue designada ministra de Seguridad de la Nación por Mauricio Macri.[26]

A mediados de diciembre de ese año puso en funciones a su equipo en el ministerio, sin indicar sus planes y accionar general.[27]​ Como mano derecha designó a Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad que tuvo un papel destacado como defensor de los responsables de delitos de lesa humanidad en juicios en La Pampa y Concepción del Uruguay y a su vez sindicado como responsable directo de la Desaparición de Santiago Maldonado.[28]

Una de las primeras medidas fue el traspaso de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal Argentina a la Policía Metropolitana de Buenos Aires, en enero de 2016.[29]

Durante su gestión se eliminó el contrato para la producción de la segunda serie de seis Radares Primarios Argentinos 3D de Largo Alcance, suscrito entre la cartera de Defensa, Fabricaciones Militares e INVAP por 1.000 millones de pesos, que servirían para ampliar la cobertura y la vigilancia del espacio aéreo desde el centro hacia el sur del país. Al mismo tiempo trasladó radares desde la zona fronteriza con Bolivia, adyacente a Salta, dejando la frontera sin control ni vigilancia electrónica porque el radar que se había instalado para detectar narcovuelos se trasladó a Mendoza para una Cumbre del Mercosur.[30]​ Paralelamente se dio un repliegue de 1.800 efectivos del operativo Escudo Norte, de protección de las fronteras, y en el marco de recortes presupuestarios, se retiró del Operativo Fronteras el sistema de radares de vigilancia terrestre de la frontera norte.[31]​Durante su gestión bajó el número del rescate de víctimas de tráfico de personas. En un año las víctimas de trata rescatadas bajaron casi un 70%, contándose las personas explotadas laboral o sexualmente, que recuperaron su libertad. En 2015 fueron rescatadas 2.110 pero el número de recates se se derrumbó a 666 en 2016 y a 516 en 2017.[32]​La política de seguridad, llevada adelante por Patricia Bullrich, significó medidas como: la autorización a la policía a disparar sin dar la voz de alto el aumento de la represión policial a la protesta social, y la aprobación de un protocolo contra la protesta social, este último considerada una de las medidas más polémicas del gobierno, llegando a tener repercusiones en diarios del exterior.[33]​Referentes de la oposición cuestionaron el protocolo al advertir que criminaliza la protesta social, otorga más facultades a las fuerzas de seguridad y busca "amedrentar los reclamos".[34]​ Para el Centro de Estudios Legales y Sociales, la nueva normativa "otorga a las fuerzas de seguridad amplias facultades para reprimir y criminalizar las protestas sociales".

Otro punto polémico de su resolución era el que afectana la cobertura de los medios de comunicación durante la protesta. Los periodistas deberán ubicarse en "una zona determinada" por las fuerzas de seguridad impidiendo la cobertura y el libre ejercicio de prensa.[35][36]​ El protocolo, además de limitar la cobertura periodística, permitía el uso de armas de fuego y balas de gomas para dispersar cualquier protesta o reclamo.[37]​También impulzó un protocolo de uso de armas de fuego, que habilita a los efectivos de fuerzas federales a disparar a matar en cualquier circunstancia.[38]

En 2019 Correpi presentó un informe preliminar en el que sostiene que en 1110 días de gobierno de Cambiemos el aparato represivo estatal mató 1.206 personas, siendo el más fuerte incremento de la represión estatal desde 1983, con un promedio de más de 400 asesinatos estatales al año en el marco de sus diferentes modalidades, entre ellas gatillo fácil, muertes en lugares de detención, desaparición forzada, represión a la protesta o conflicto sociales, etc.[39]​ A mediados de ese año, se reveló la adquisición del software de espionaje israelí Pegasus por parte del Ministerio de Seguridad. En 2018, con motivo de la reforma del Código Penal, se intentó legalizar el uso de este programa por parte del Poder Ejecutivo para vigilar a cualquier ciudadano, a través de sus teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos, incluso sin orden judicial.[40]

Durante su paso por el ministerio de firmaron acuerdos con Estados Unidos, entre ellos un acuerdo con la DEA para instalar una Fuerza de Tarea en Misiones, emplazamiento geopolítico fundamental sobre el Acuífero Guaraní y un Centro de Inteligencia Regional en Ushuaia cercano a los recursos geoestratégicos del Atlántico Sur y su cercanía a la Antártida. Además, se llevó a cabo la instalación de una base estadounidense militar de “asistencia humanitaria” en Neuquén, en las cercanías del yacimiento Vaca Muerta, de gran interés para petroleras estadounidenses.[41]​ Meses después Bullrich, anunció que la Administración para el Control de Drogas de de Estados Unidos (DEA) instalará una base militar en Argentina.[42]​ En 2018 el fiscal santafecino Walter Rodríguez denunció que «es alarmante» el nivel de «corrupción institucional» en las fuerzas federales que operan en Santa Fe cuya cabeza es Bullrich, denunciando además la complicidad de estas con el narcotráfico . [43]

Críticas y controversiasEditar

Denuncia de Elisa CarrióEditar

En noviembre de 2001 la diputada Elisa Carrió denunció a la entonces ministra de Trabajo de la Nación Patricia Bullrich de «infame traidora a la Patria» y de integrar una asociación ilícita junto al presidente Fernando de la Rúa y los demás integrantes del gobierno, en relación con el decreto que establecía que «el Gobierno nacional garantizaría el pago de los bonos de la deuda con la recaudación, incluso antes de asegurar la liquidación de jubilaciones y salarios de la administración pública».[44]

Control de alcoholemia encima del máximo permitidoEditar

En abril de 2009 cuando Bullrich conducía su auto, fue detenida por un control de Agentes de Tránsito (CACTYT) y sometida a un test de alcoholemia cuyo resultado dio un valor por encima del máximo permitido.[45]​ Por esta situación, Bullrich ha sido objeto de memes de Internet y distintas burlas en las redes sociales.[46]

Actuación como ministra de seguridadEditar

Protocolo antipiquetesEditar

 
Cartel en Plaza de Mayo, manifestándose en contra del protocolo antipiquetes.
 
Carteles del Movimiento Socialista de los Trabajadores contra Bullrich.

Pocos días después de iniciado el nuevo período presidencial, junto al jefe de gabinete Marcos Peña preparó un “protocolo de protesta social”, que según algunos medios fue elaborado para hacer frente a los reclamos que comenzaron a surgir en respuesta a las medidas de ajuste y los aumentos de tarifas de servicios públicos anunciados. Dirigentes del kirchnerismo y otros partidos opositores al gobierno de Mauricio Macri afirmaron que “lo que buscan es disciplinar a la sociedad ante la creciente protesta social”.[47]​ Como elemento punitivo se aplicarán las penas del artículo 194 del Código Penal o las contravenciones previstas en cada jurisdicción.[48]
Referentes de distintos sectores de la oposición cuestionaron el protocolo al advertir que "criminaliza la protesta social, otorga más facultades a las fuerzas de seguridad y busca amedrentar los reclamos".[49]​ Para el Centro de Estudios Legales y Sociales que preside Horacio Verbitsky, la nueva normativa «otorga a las fuerzas de seguridad amplias facultades para reprimir y criminalizar las protestas sociales». Para la diputada Myriam Bregman del Frente de Izquierda, «es increíble que con una mera resolución ministerial se pretenda avasallar un derecho fundamental, como es el derecho a la protesta y a la movilización».[50]
El protocolo incluye disposiciones que regulan el trabajo de los periodistas que se encuentren cubriendo el hecho,[51]​ además de habilitar la portación de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad destinadas a contener las protestas.[52]

Represión a trabajadores despedidos de la avícola Cresta RojaEditar

El día 22 de diciembre de 2015, la Gendarmería Nacional reprimió con violencia una manifestación de empleados de una industria avícola que había cortado la Autopista Ricchieri, acceso al aeropuerto internacional de Ezeiza, tras ordenar a los manifestantes abandonar el corte en cinco minutos. La represión, que consistió en dos cargas separadas por algunas horas, incluyó el uso de palos, balas de goma y camiones hidrantes, dejando entre diez y doce trabajadores heridos, de acuerdo al testimonio de los manifestantes.[53][54]​ Cristian Villalba, delegado de los trabajadores, denunció que las agresiones fueron iniciadas por activistas políticos infiltrados en la manifestación.[55]​ Bullrich declaró a los medios que fue ella quien dio las órdenes a la Gendarmería para desalojar a los manifestantes y que se utilizó «el mínimo de la fuerza».[56][57]​ En un comunicado emitido ese mismo día por la cartera a su cargo se involucra al Partido Obrero (PO) como responsable de los incidentes, el comunicado además acusa: «Mientras se llevaban adelante las negociaciones, un grupo de militantes del Partido Obrero intentó ingresar al aeropuerto de Ezeiza, para tomar posesión del mismo. Allí, golpearon a un gendarme y desataron el conflicto.»[58]​ A raíz de esto el Comité Ejecutivo del PO anunció el mismo día que presentaría una denuncia penal contra Bullrich «por calumnias e injurias, agravadas por provenir de altos funcionarios del Estado y, por lo tanto, de servirse de la mentira para pavimentar la persecución política.»[59]

En la mañana siguiente dirigentes y abogados de la agrupación política presentaron la querella contra la ministra en el juzgado a cargo de la Dra. María Romilda Servini. Dichos dirigentes políticos calificaron el accionar de Bullrich como similar a lo hecho por el ministro Aníbal Fernández, quien en 2008 había acusado a ese mismo partido por los incidentes ocurridos en una formación de tren.[60]​ Finalmente, en horas de la tarde el propio Ministerio emitió un segundo comunicado desdiciendo lo escrito en el anterior, entonces afirmaron que «en Seguridad nunca sostuvimos, ni involucramos al Partido Obrero como responsable de los hechos»; tras esta rectificación la querella no continuó.[61]

Denuncia ante el INADIEditar

El a fines de enero de 2017, el movimiento Barrios de Pie denunció a Patricia Bullrich ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo,[62]​ debido a sus dichos en el curso de una entrevista radial donde expresó "Acá vienen ciudadanos paraguayos o ciudadanos peruanos que se terminan matando por el control de la droga. La concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico es la preocupación que tiene nuestro país [...] el 33% de los presos por narcotráfico son extranjeros".[63]​ Según los denunciantes, se trataría de una "estigmatización basada en conceptos xenófobos", con información falsa, ya que según estadísticas oficiales recientes, solo el 5% de los detenidos provienen de países limítrofes.[64]

Desaparición de Santiago MaldonadoEditar

 
Santiago Maldonado
 
Acto por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

El 1 de agosto de 2017 la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Chubut denunció la detención ilícita y la desaparición de Santiago Maldonado, durante la represión de una protesta en el lof mapuche de Cushamen,[65]​ llevada a cabo por la Gendarmería Nacional y encabezada por el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti,[66]​ quien encabezó el procedimiento luego de anunciar que detendría a los miembros del RAM mapuche sin intervención judicial.[67]​ La denuncia fue realizada por el juez Guido Otranto de Esquel, quien intimó al gobierno nacional a informar si esa fuerza había detenido a Maldonado el 1 de agosto y qué medidas había adoptado para investigar la desaparición. Gendarmería contestó la intimación negando haber detenido a Maldonado y sin informar si había tomado medidas tendientes a investigar la suerte del militante desaparecido.[65]

El 5 de agosto el gobierno argentino fue demandado ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, para que tome medidas para encontrar a Santiago Maldonado.[68]​ El Comité hizo lugar al pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y le exigió al Gobierno nacional que adopte “una estrategia integral y exhaustiva para la búsqueda y localización” de Santiago Maldonado.[69]​ Hubo marchas exigiendo su aparición con vida en Buenos Aires, La Plata, Bariloche y Neuquén Capital, donde también se exigió la renuncia de Patricia Bullrich.[70]​ También se convocaron marchas en Mar del Plata, Bahía Blanca, General Madariaga, Mendoza, Malargüe, El Bolsón, Rawson, Viedma, Rosario y Gualeguaychú. Fuera del país en Bogotá (Colombia), Asunción (Paraguay) y Montevideo (Uruguay).[71]

Tras la solicitud del Ministerio Público Fiscal, el juez federal de Esquel, Guido Otranto aprobó recaratular el caso como desaparición forzada de persona,[72]​ poniendo el foco de la investigación en la Gendarmería Nacional, que depende directamente del gobierno nacional encabezado por Mauricio Macri.[73]

Después de varias investigaciones, varios peritos, desde el gobierno y contratados por la propia familia, determinaron que la víctima había muerto por ahogamiento, confirmando la no intervención de las fuerzas de Gendarmeria Nacional. [74]

Denuncia penal por la desaparición de Santiago MaldonadoEditar

El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, Jorge Cholvis del Instituto Sampay y los representantes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Graciela Rosenblum y José Schulman presentaron una denuncia penal contra Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Marcos Peña, Germán Garavano y Pablo Noceti, y contra la cúpula de Gendarmería Nacional Argentina «por encubrimiento de desaparición forzada de personas». «Estamos frente a un delito calificado de lesa humanidad, imprescriptible en la acción penal».[75]

Barcesat agregó que a los autores mediatos y a los encubridores del caso les cabe la misma responsabilidad que a los autores materiales de la desaparición de Maldonado, «es decir, los que han negado que el cuerpo hubiera sido apropiado por la Gendarmería Nacional, la fuerza interviniente en la represión». «El empeño de la ministra de Seguridad y de los restantes funcionarios en ocultar que efectivamente Santiago Maldonado está desaparecido» como consecuencia del accionar de Gendarmería Nacional configura una «desaparición forzada de personas, y la responsabilidad personal en el encubrimiento», afirmó el constitucionalista.[76]

Prisión domiciliaria de Milagro SalaEditar

En septiembre de 2017 Patricia Bullrich, el director de la Gendarmería Nacional y los jueces Gastón Mercau y Pablo Pullen Llermanos fueron denunciados ante la justicia penal por abuso de autoridad y prevaricato, debido a las condiciones impuestas para el cumplimiento de prisión domiciliaria ordenado a Milagro Sala.[77]

Protocolo respecto a personas pertenecientes al Colectivo L.G.B.T.Editar

A finales de octubre de 2017, con la firma de Patricia Bullrich, se publicó en el Boletín Oficial el "Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T.". Este documento crea el marco reglamentario para la actuación de todas las fuerzas policiales y de seguridad federales. Desde la Federación Argentina LGBT manifestaron su preocupación y malestar por lo que interpretan es un protocolo discriminatorio que viola el reconocimiento a la diversidad y los derechos individuales consagrados.[78]​ En un comunicado, SUTEBA expresó su solidaridad y acompañamiento en el rechazo manifestado por las organizaciones que defienden los derechos del colectivo LGBT.[79]

Muerte de joven Mapuche Rafael Nahuel en Villa MascardiEditar

 
Marcha en Bariloche en protesta por la represión realizada por la Prefectura Naval Argentina contra la lof Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, en la que las tropas dispararon matando a Rafael Nahuel e hiriendo a otras dos personas.

Rafael Nahuel, integrante de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de 22 años, recibió un disparo de bala de plomo en la espalda por parte de la Prefectura Naval Argentina, dependientes del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. El hecho sucedió en el marco de un reclamo del Pueblo Mapuche por un territorio junto al Lago Mascardi en la provincia de Río Negro, de donde habían sido violentamente desalojado, junto a otros dos indígenas de la comunidad, dos días antes.[80]​ En el mismo lugar también fue herida de bala una joven de 20 años.[81]

Durante una conferencia de prensa la ministra Bullrich, —acompañada por el ministro de justicia Germán Garavano—, sostuvo que la muerte de Nahuel fue consecuencia de actos legítimos realizados por miembros de la Prefectura Naval, debido a que las víctimas eran parte de un «grupo que está fuera de la ley que intenta convertirse en poder fáctico y tomar un territorio», armado con «armas de grueso calibre», con las que atacaron a las fuerzas de seguridad.[82]​ El día 7 de diciembre, el juez Gustavo Villanueva realizó una inspección ocular del lugar en donde se produjeron los hechos. Allí no se encontraron armas que hubieran estado en poder de los mapuches, ni restos que permitieran suponer que las hubo y fueron usadas en ese lugar, tales como los árboles caídos o perforados por balas que informaron las fuerzas de seguridad.[83]​ En cambio se observaron numerosas vainas servidas del calibre de 9 mm, balas utilizadas en escopetas 12-70, como las que utilizan el grupo Albatros de Prefectura Naval y el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), que operaron en ese lugar el 25 de noviembre.[84]

En mayo de 2019 la Cámara Federal de General Roca desestimó la figura de legítima defensa,[85]​ dictó la falta de mérito para cuatro de los cinco prefectos procesados,[86]​ y ordenó la detención del prefecto Francisco Pintos bajo la acusación de "homicidio agravado".[87]​ En su escrito, los jueces señalaron la falsedad de la versión emitida desde el Ministerio de Seguridad,[88][89]​ afirmando que "en lugar de una defensa legítima hubo una masacre".[90]

Represiones de diciembre de 2017Editar

 
Valla de las fuerzas de seguridad en el cruce de las calles Mitre y Callao (Buenos Aires) para evitar que los manifestantes se acerquen al Congreso Nacional durante el tratamiento de la reforma previsional.
 
El Palacio del Congreso de la Nación Argentina rodeado de fuerzas de seguridad.
 
Efectivos de la Policía Federal.
 
Manifestantes huyendo de las fuerzas de seguridad frente al Congreso.

En diciembre de 2017 se produjeron una serie represiones en el centro de la Capital Federal: al anochecer del 12 de ese mes hubo una fuerte represión con heridos y numerosos detenidos contra manifestantes que reclamaban contra la Organización Mundial de Comercio (OMC), cuya reunión cumbre tenía lugar en esa ciudad.[91]

A la tarde del día siguiente, una gran manifestación frente al Congreso Nacional contra un proyecto de ley que modificaría el cálculo de las jubilaciones en perjuicio de los jubilados fue también violentamente repelida por la Gendarmería, con al menos un camión hidrante y balas de goma, y tres diputados nacionales agredidos (Victoria Donda, con heridas en un pie; Leonardo Grosso, víctima de mordidas por un perro de Gendarmería; y Juan Manuel Huss, quién sufrió una fisura en una costilla). Horacio Pietragalla fue agredido verbalmente.[92][93][94]​ El grupo de manifestantes y legisladores pretendía dar un «abrazo» pacífico al Palacio del Congreso. La Gendarmería buscó por su parte evitar un acampe de movimientos sociales en la plaza del Congreso.[95]

Esto fue orden de Patricia Bullrich. Queríamos hacer un abrazo simbólico. Quisimos hablar con el jefe del operativo y nos tiraron los perros encima y me pegaron patadas. Esto es responsabilidad del Ministerio de Seguridad.

El 14 de diciembre de 2017, en el marco de la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina para debatir y votar la reforma previsional, los alrededores del Palacio del Congreso de la Nación Argentina amanecieron vallados y rodeados por 280 efectivos de la Policía Federal Argentina, 900 de Gendarmería Nacional Argentina, 78 de Policía de Seguridad Aeroportuaria y 110 de Prefectura Naval Argentina,[96]​ con el fin de impedir el paso de los manifestantes de partidos políticos opositores, organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, entre otras. Horas antes de los inicios de la sesión, las fuerzas de seguridad comenzaron a reprimir brutalmente a los manifestantes concentrados en la Plaza del Congreso y la Avenida Callao, utilizando balas de goma, camiones hidrantes y gases lacrimógenos. Los periodistas que cubrián la movilización se vieron afectados.[97][98][99]​ Pablo Piovano, fotógrafo del diario Página 12, fue baleado por la policía. Declaró que «un policía me vio con mi cámara en mano y me disparó a medio metro», siendo herido en el pecho.[100]​ Durante el operativo de la gendarmería, una joven de 25 años de edad que salía de su trabajo fue detenida y manoseada.[101]

También fueron reprimidos por la gendarmería los diputados del Frente para la Victoria y Unidad Ciudadana en las puertas del Congreso, incluyendo ataques a Máximo Kirchner, Juan Cabandié, Axel Kicillof, el dirigente del Partido Obrero Marcelo Ramal, la diputada Romina del Plá y Nicolás del Caño, diputado del Partido de los Trabajadores Socialistas. Los incidentes ocurrieron cuando los diputados opositores forcejearon con los gendarmes al intentar ingresar al Congreso a sesionar.[102][103]​ El diputado fueguino Matías Rodríguez recibió un golpe que lo dejó inconsciente y debió ser atendido por una ambulancia.[103]​ La diputada Mayra Mendoza fue rodeada por policías, de los cuales uno de ellos la atacó con gas lacrimógeno, teniendo que ser atendida.[104]​ El diputado neuquino Darío Martínez también fue atacado con gas lacrimógeno, debiendo ser asistido por bomberos.[105]​ El diputado Leopoldo Moreau, de origen radical, fue herido en la manos por los escudos de los gendarmes.[106]Gabriel Mariotto recibió un golpe que le provocó un corte debajo del ojo derecho.[107]Myriam Bregman fue golpeada y denunció que la dejaron «sin aire».[102]

Hay fuerzas de seguridad dentro del Congreso y hay diputados que no pueden pasar el cerco militar.

Previo a la sesión, diputados del kirchnerismo, el Movimiento Evita y la izquierda llevaron a cabo una conferencia de prensa denunciando el «nivel de militarización nunca visto» en torno al Congreso Nacional.[108]​ También se denunció la presencia de gendarmes dentro del Edificio Anexo de la Cámara de Diputados.[109]Elisa Carrió, de la alianza oficialista Cambiemos, declaró que «no se necesitan tantos gendarmes, la ministra de Seguridad tiene que parar». «No hay que hacer tanta ostentación de la fuerza, no es bueno».[110]​ Héctor Daer, uno de los titulares de la Confederación General del Trabajo también denunció la «militarización» del Congreso Nacional.[111]

Horas después, más de una decena de los más representativos organismos de derechos humanos de Argentina emitieron un breve comunicado exigiendo el cese de la represión y la "inmediata" renuncia de Patricia Bullrich.[112]​ Luego de las críticas, en el más alto nivel gubernamental se tomó la decisión de desplazar a Bullrich del mando del operativo de seguridad en el Congreso del día lunes 18 de diciembre, para atribuírselo al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta y a la Policía de la Ciudad.[113]

La jornada del 14 de diciembre finalizó con 30 heridos (nueve de ellos policías) y 22 detenidos, además de múltiples daños materiales en la vía pública.[114]​ Sumando a los días anteriores, el saldo total de detenidos llegó a las 48 personas.[115]

En los días posteriores, testigos y medios denunciaron que durante el operativo del día 14 se utilizaron gases lacrimógenos vencidos.[109]

Pedido de juicio político por la masacre en San Miguel del Monte en 2019Editar

Diputados del bloque del FpV-PJ presentaron un pedido de juicio político contra Patricia, tras la masacre de San Miguel del Monte donde fallecieron cuatro jóvenes, tres de ellos menores de edad, a manos de la policía bonaerense. Leopoldo Moreau, Agustín Rossi, Mónica Macha, Gabriela Cerruti, Daniel Filmus, José Luis Gioja y Roberto Tailhade son algunos de los legisladores que iniciaron este trámite en la Cámara de Diputados. En sus fundamentos, consideraron que Bullrich incurrió en «mal desempeño» y en la comisión de «eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones».[116]

Otros casosEditar

Como jefe de gabinete y mano derecha en el ministerio designó a Pablo Noceti, que tuvo un papel destacado como defensor de los responsables de delitos de lesa humanidad en juicios en La Pampa y Concepción del Uruguay.[117]

Días después del inicio de su gestión en el ministerio de Seguridad, ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) emitió un comunicado donde denuncian que de forma «persecutoria» funcionarios de esa dependencia solicitan la «filiación síndica, ideológica y política» de los empleados, señalando que desde la gestión de la nueva ministra Patricia Bullrich, han comenzado a perseguir a los trabajadores por su «filiación política, sindical e ideológica»,[118][119]​ al punto de que se han solicitado la «filiación política, sindical e ideológica de los trabajadores del Ministerio».[120][121]

El 25 de diciembre de 2015 se opuso al fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza, que establece que cuando se detiene a un ciudadano, los fiscales deben informar dicha detención a un juez de garantías dentro de las 24 horas y en el mismo plazo, el juez debe resolver sobre la detención.[122]

A fines de diciembre del mismo año, los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez se fugaron del penal de General Alvear de la provincia de Buenos Aires. El 9 de enero de 2016, uno de ellos, Martín Lanatta fue capturado en Cayastá, provincia de Santa Fe. Inicialmente se reportó oficialmente que los tres prófugos habían sido recapturados. Bullrich reconoció que fue ella misma quién le comunicó la noticia al presidente. Los dos prófugos restantes fueron encontrados el 11 de enero. Debido a estos hechos, Bullrich presentó su renuncia como ministra de Seguridad, pero el presidente Macri no la aceptó.[123][124]

En 2016 Patricia Bullrich recibió críticas por impulsar desde el ministerio de Seguridad la contratación de varios familiares y allegados. Su hijo Francisco Langieri Bullrich fue designado directivo dependiente de la Secretaría País Digital del Ministerio de Modernización que conduce Andrés Ibarra, su cuñada Ana Gazcón Aráoz fue designada en la Subsecretaría de Comunicación Social, dependiente de la Secretaría de Medios de la Nación y su ahijado Pedro Cernadas fue designado titular de una Unidad de Atención Integral (UAI) del ANSES en Tigre.[125]​ A su vez la pareja de este y sobrina política de Bullrich, Sofía Bravo, fue designada como empleada de la Corte Suprema de Justicia.[126]
Su sobrino Santiago Bullrich fue designado al frente de las campañas en el área de comunicación digital del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la nieta de su tía María Julieta Williams se incorporó a una dependencia del gobierno porteño.[127]​ La tía de la ministra, Julieta María Williams, fue designada Directora General de Innovación Social y Planeamiento Participativo de la Ciudad de Buenos Aires.[128]

También fue cuestionada por la compra de cuatro lanchas israelíes con armamento de guerra por casi 50 millones de dólares. Según advirtió la Federación de la Industria Naval Argentina con el mismo monto se podrían haber construido localmente 20 lanchas similares, aunque sin el armamento. Se señaló además que Colombia había suministrado a Brasil lanchas artilladas y blindadas similares a las israelíes por USD 2 millones cada una. La empresa beneficiada es Codesur, perteneciente al empresario Mario Montoto, que es nexo de la ministra con las autoridades israelíes.[129]​ La compra fue realizada en forma directa y sin ningún tipo de licitación previa. Cada lancha fue comprada a un costo equivale a unos 12,5 millones de dólares por equipo, una cifra elevada comparada a tres lanchas que licitó la Prefectura Naval Argentina un año antes, con un costo de USD 120 mil por unidad.[130]

En el contexto de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio en Buenos Aires, en diciembre de 2017, el diario Página 12 tuvo acceso al texto del cable diplomático por el cual la Cancillería Argentina le ordenó a las embajadas y consulados del país a lo largo del mundo, que denieguen los visados para ingresar al país a representantes de organizaciones de la sociedad civil, por instrucción del Ministerio de Seguridad (de Patricia Bullrich) y la Agencia Federal de Investigaciones (a cargo de Gustavo Arribas). En el listado no sólo figuraron organizaciones activistas defensoras de derechos humanos y civiles, sino también entidades profesionales y reputados especialistas a nivel internacional.[131]​ Días después periodistas y activistas internacionales fueron deportados, generando roces diplomáticos con otros países y críticas internacionales.[132]

Otras críticasEditar

El periodista y ex militante revolucionario Juan Gasparini, acusó a Patricia Bullrich de ser la «principal reclutadora de exiliados en España para la contraofensiva montonera del 79, junto a su cuñado y actual diputado en Santa Fe Gerardo Rico, pero a la hora de subirse al avión, ella salió huyendo».[133]​ Gasparini agregó que Bullrich fue un emblema de la contraofensiva de Montoneros y agregó que «incluso embarcaron en ese suicidio colectivo a una piba de 16 años: Verónica Cabilla o Cabillia, que por supuesto fue capturada y fusilada por el régimen militar».[133]

En 2015 el abogado históricamente vinculado al peronismo Juan Gabriel Labaké denunció que Bullrich y la diputada Elisa Carrió trabajan para el gobierno de Barack Obama como parte de un entramado tendiente a desestabilizar a gobiernos izquierdistas de la región latinoamericana que no responden a los intereses estadounidenses.[134]

En febrero de 2019, siendo ministra de Seguridad, habilitó a la empresa CANNAVA S.E., presidida por el hijo del gobernador de Jujuy Gerardo Morales, a gestionar la plantación de marihuana más grande del mundo en una finca estatal de 14.000 hectáreas, que fue cedida gratuitamente por un siglo para la producción del estupefaciente, con un potencial aproximado de siete mil toneladas. A través de la resolución 76/2019, Bullrich firmó la habilitación solicitada por el gobernador Morales, en agosto de 2018, para que el predio dirigido por su hijo comience la plantación de cannabis.[135]

LibrosEditar

ReferenciasEditar

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Enlaces externosEditar


Predecesor:
María Cecilia Rodríguez
Ministra de Seguridad de Argentina
10 de diciembre de 2015 - presente
Sucesor:
-