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Presupuestos Generales del Estado

Los Presupuestos Generales del Estado es el nombre que recibe el presupuesto público en España. Son considerados la ley más importante que un gobierno promulga en un año y determinan su política en la mayor parte de los ámbitos, además de ser la base sobre la que se moverá la economía del Estado en ese año.

Índice

Aspectos básicos de los PGEEditar

Los aspectos básicos de los PGE están definidos por el artículo 134 de la Constitución española de 1978.

Los Presupuestos Generales del Estado tienen carácter anual, incluyen la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consigna el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. España fue pionera en términos de transparencia en 1978 por la introducción de esta obligación respecto a los beneficios fiscales. Dado que estos son equivalentes a una subvención indirecta, se pueden considerar gasto y por tanto deben estar recogidos en el presupuesto.

Elaboración y aprobaciónEditar

Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación.

El Gobierno debe presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. El objetivo es que el presupuesto esté aprobado antes del 31 de diciembre de cada año. Si la Ley de Presupuestos no se aprueba antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se consideran automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. Esta prórroga tiene alguna excepción: no afecta a créditos aprobados para actividades que finalizaron en el ejercicio cuyo presupuesto se prorroga. En la práctica, cuando un gobierno no consigue el apoyo parlamentario para aprobar el presupuesto, lo más habitual es la celebración de elecciones anticipadas puesto que es muy difícil gobernar y tomar decisiones de política económica con un presupuesto prorrogado.

Límite de gastoEditar

El límite de gasto establecido en el presupuesto no es absoluto. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno puede presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario. Estos proyectos de ley deben ser aprobados por el parlamento. El parlamento también puede presentar una proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos (gasto) o disminución de los ingresos presupuestarios pero esta propuesta requiere la conformidad del Gobierno para su tramitación.

Estabilidad presupuestariaEditar

El artículo 135 de la constitución, introducido en el año 2011, establece los principios de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria. Entre ellos se establece que los créditos para pagar la deuda pública siempre están presentes en el presupuesto y son de prioridad absoluta. Esto significa que aunque el presupuesto no incluya previsión de gasto en pago de deuda, si existen deudas el crédito para ese gasto se entiende automáticamente introducido en el presupuesto de forma virtual por este artículo de la constitución. Los principios establecidos en este artículo se desarrollan en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El objetivo de estabilidad presupuestaria es presentado por el Gobierno y se establece cada tres años de acuerdo a previsiones de crecimiento económico. Cada año debe elaborarse un plan presupuestario plurianual por tres años en el que se tenga en cuenta el objetivo de estabilidad.

Incumplimientos de la obligación legalEditar

En España, durante la democracia, se ha consagrado como práctica relativamente habitual la no presentación de unos PGE en tiempo y forma, así como su consiguiente no aprobación antes del 1 de enero. Concretamente, los años que en democracia ha habido este incumplimiento son los siguientes:

1979: se celebraron las primeras elecciones generales constitucionales. No se presentaron los Presupuestos hasta que hubo sido designado un Gobierno democrático.

1983: el Gobierno de Calvo no elaboró Presupuestos y hubo elecciones. Tuvo que ser el Gobierno de González el que, con retraso, aprobase los Presupuestos correspondientes.

1990: la celebración de elecciones generales a finales de 1989, unida a una falta de previsión de González, hizo que los Presupuestos de 1990 entrasen en vigor con retraso.

1996: el Gobierno no consiguió los apoyos parlamentarios necesarios para aprobarlos y hubo elecciones. Tras las elecciones, el nuevo Gobierno de Aznar, que tomó posesión en mayo, renunció a reelaborar unos Presupuestos 1996 por falta de tiempo, centrándose en elaborar los Presupuestos 1997.

2012: el Gobierno de Rodríguez no elaboró los Presupuestos de 2012 y convoco elecciones anticipadas. El nuevo Gobierno de Rajoy tuvo que elaborar unos Presupuestos, que entraron en vigor con retraso.

2017: el retraso en la formación de un Gobierno tras las elecciones de diciembre de 2015, que conllevó incluso una repetición electoral en el mes de junio siguiente, impidió presentar los Presupuestos a tiempo. Presentados tarde por el Gobierno, entraron en vigor en verano, con retraso.

2018: el Gobierno aplazó la presentación de los Presupuestos por falta de apoyos parlamentarios en ese momento. Presentados finalmente en primavera, fueron aprobados entrado el verano. Durante su tramitación hubo un cambio de Gobierno resultado de la adopción de una moción de censura por el Congreso de los Diputados.

2019: el Gobierno renuncia, al igual que el año anterior, a presentar Presupuestos en plazo por no tener los apoyos parlamentarios garantizados.

Presupuestos de las comunidades autónomasEditar

La constitución española no dice nada acerca de cómo deben ser los presupuestos de las comunidades autónomas. La aprobación de los presupuestos autónomicos no está sometida a ningún tipo de tutela por parte de la Administración General del Estado.

Presupuestos de las corporaciones localesEditar

El artículo 142 de la constitución establece que los municipios tienen autonomía financiera. Sin embargo, las corporaciones locales no pueden aprobar presupuestos. Solo cuentan con las denominadas ordenanzas fiscales, que no tienen rango de ley. Los tributos locales se regulan en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece unas bases mínimas y que da bastante libertad a los municipios para que desarrollen esas bases.

La estructura básica de los presupuestos locales, a diferencia de la de los autonómicos, sí está establecida por el Gobierno. Las entidades locales no pueden presentar déficit presupuestario según el artículo 135 de la constitución.

Gestión y sanciónEditar

El proyecto se prepara anualmente por el Ministerio de Hacienda (Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos), a través, entre otras, de las siguientes direcciones generales:

El proyecto se aprueba en el Consejo de Ministros. El Gobierno los presenta ante el Congreso de los Diputados al menos tres meses antes de la expiración del año. El Congreso de los Diputados vota en primer lugar su admisión genérica o las enmiendas a la totalidad, que de prosperar suponen su devolución al gobierno. Superado ese trámite, la capacidad de alteración por enmiendas parciales está sujeta a la no alteración del equilibrio presupuestario. Posteriormente pasan al Senado, que hace una segunda lectura, pero cuya capacidad de alterarlos es muy limitada, con una última remisión al Congreso. Posteriormente son sancionados por el rey y publicados en el Boletín Oficial del Estado con rango de ley ordinaria.

En el caso de que no se aprueben se prevé la prórroga del presupuesto del ejercicio anterior. Dentro de los presupuestos generales se incluyen los de la Seguridad Social, los del patrimonio cultural y otros organismos autónomos. Los presupuestos de las Comunidades Autónomas y de los municipios se organizan de modo independiente, pero tienen que sujetarse a un marco regulador común, por ejemplo en la fijación del déficit público. La legislación de la Unión Europea, los presupuestos de esta y el intercambio de diversos pagos y cobros con las distintas administraciones públicas españolas, también suponen diferentes limitaciones de la capacidad y autonomía presupuestaria nacional de España.[1][2]

Historia de los presupuestosEditar

Acorde a la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos los Presupuestos Generales del Estado y el PIB (en millones de euros), así como la proporción del primero respecto al segundo, en los últimos años han sido:

Año Presupuestos del Estado Consolidados PIB % Presupuestos del Estado Consolidados/PIB
2004 264 986 841 294 31,5 %
2005 279.111 909.298 30.8%
2006 301 488 985 547 30,6 %
2007 324 964 1 053 161 30,9 %
2008 349 415 1 087 788 32,1 %
2009 384 520 1 046 894 36,7 %
2010 386 400 1 045 620 37,0 %
2011 362 788 1 046 327 34,7 %
2012 362 066 1 029 002 35,2 %
2013[3] 408 034 1 049 181 38,9 %
2014[4] 423.231 1 058 469 39,9 %
2015 440 076
2016[5] 436 372
2017[6] 443 095

Véase tambiénEditar

ReferenciasEditar

  1. [1] Presupuestos Generales del Estado en la página oficial de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de España.
  2. [2] Portal de Internet de la Administración presupuestaria de España
  3. Dentro de las transferencias de capital del Estado se recogen 705 millones para mantenimiento de la red ferroviaria, que hasta 2012 se computaban en el capítulo de inversiones reales, lo que debe tenerse en cuenta a efectos de posibles comparaciones.
  4. Dentro de las transferencias corrientes del Estado se recogen los créditos para pensiones de clases pasivas que hasta 2013 se computaban en el capítulo de gastos de personal, lo que debe tenerse en cuenta a efectos de posibles comparaciones.
  5. https://www.datosmacro.com/estado/presupuestos/espana?anio=2016
  6. https://www.datosmacro.com/estado/presupuestos/espana?anio=2017

Enlaces externosEditar