Represión franquista

violencia que sufrieron durante la Guerra Civil y la dictadura los partidarios del bando republicano
Mujeres suplicando a los soldados rebeldes por la vida de sus familiares prisioneros. Constantina (Sevilla), verano de 1936.
Fosa común en Estépar, provincia de Burgos, con 26 víctimas del bando republicano. La excavación tuvo lugar en los meses de julio y agosto del 2014.

La represión franquista se refiere al largo proceso de violencia física, económica, política y cultural que sufrieron durante la guerra civil española los partidarios del bando republicano en la zona sublevada, y durante la posguerra y el régimen de Franco los perdedores de la Guerra Civil —los republicanos—, quienes les apoyaban o podían apoyarles, los que eran denunciados como antifranquistas, así como posteriormente los miembros de organizaciones políticas, sindicales y en general quienes no estaban de acuerdo con la existencia de la dictadura franquista, manifestaban su oposición a la misma y quienes constituían o podían constituir un peligro para el régimen.

En la historiografía no española, la represión franquista se suele denominar terror blanco (white terror en inglés, terreur blanche en francés).[1][2][3][4]

El periodo álgido de represión y violación de los derechos humanos (que corresponde al llamado "terror blanco") empezó con el alzamiento militar de julio de 1936 y se considera que terminó en 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial puso fin a las dictaduras de Hitler y Mussolini, principales apoyos del régimen franquista. A partir de 1945, año de la promulgación del Fuero de los Españoles, se suele hablar de represión franquista, una represión que se aplicó durante toda la dictadura hasta el fallecimiento de Francisco Franco en noviembre de 1975.[5]

En una guerra civil, es preferible una ocupación sistemática de territorio, acompañada por una limpieza necesaria, a una rápida derrota de los ejércitos enemigos que deje al país infestado de adversarios.
Francisco Franco[6]

Tipos de represiónEditar

 
Milicianos republicanos caídos prisioneros de los sublevados durante la Batalla de Guadarrama.

La dictadura franquista recurrió a lo largo de toda su existencia, hasta 1976, a los métodos represivos propios de todo régimen no democrático. La no observancia de estas prohibiciones conllevaba penas de cárcel, sanciones y multas, así como violencia física en la primera fase represiva del Régimen. La represión ejercida por el franquismo se extendió a toda la sociedad y puede clasificarse del siguiente modo:

La represión violenta y físicaEditar

Ajusticiamientos, asesinatos y desapariciones forzosasEditar

 
Localización geográfica de las fosas o lugares de enterramiento de la Guerra Civil Española de las que se dispone información.
Símbolos según la actuación realizada sobre cada una de ellas:      Fosa aún no intervenida.      Fosa aún no encontrada.      Transferida al Valle de los Caídos.      Parcial o totalmente exhumada. Acuerdo con las circunstancias del homicidio. Fuente: Ministerio de Justicia de España

Incluye los ajusticiamientos "legales", en cumplimiento de sentencias dictadas por tribunales militares durante el periodo de la guerra civil, los asesinatos ilegales, las llamadas sacas, practicadas al margen de las autoridades militares, pero con el pleno conocimiento de que se estaban llevando a cabo. Estas sacas se realizaron por ambos bandos durante la Guerra Civil.

Las sacas fueron especialmente intensas durante los meses de julio y agosto de 1936; el historiador Julius Ruiz ha definido la violencia desatada ese verano en la zona rebelde como «un ejercicio brutal de limpieza política en el que la mayoría de ejecuciones y encarcelamientos fueron llevados a cabo sin sanción jurídico-legal alguna».[7]​ Dentro del ámbito de la represión física también se incluye el encarcelamiento y cualquier pena de privación de libertad. La represión violenta y física ejercida por el régimen continuó después del fin de la contienda, en periodo de paz, y se prolongó hasta los años 1970, adoptando métodos no tan masivos y más ajustados a la legalidad establecida por el sistema judicial vigente en aquel periodo. Las desapariciones forzosas siguieron produciéndose hasta después de la Segunda Guerra Mundial.[8][9][10]​ Muchos de los encargados de la represión o la administración en los campos habían sido víctimas en la zona republicana, y por este motivo mantuvieron una voluntad de furia y venganza hacia los vencidos.[11]​ Tampoco los funcionarios de alta instancia de la posguerra se mostraron muy contrarios a este clima de represión y venganza: El Director General de Prisiones, Máximo Cuervo Radigales, y el jefe del Cuerpo Jurídico Militar, Lorenzo Martínez Fuset, contribuyeron en no poca medida a crear este clima represivo.[12]

Los ajusticiamientos "legales", desde el inicio de la guerra y respecto a cualquier asunto relacionado con el orden público (incluyendo la propagación de noticias falsas o el abandono del trabajo), fueron competencia de la Justicia militar instaurada por el bando sublevado. Desde septiembre de 1936, estos procedimientos se rigieron por un procedimiento sumarísimo[13]​, creándose en noviembre del mismo año un procedimiento sumarísimo de urgencia que mermaba todavía más las garantías procesales de los acusados.[14]​ Este procedimiento de urgencia, motivado por las circunstancias excepcionales del conflicto bélico y por la elevada cantidad de procesos abiertos durante este periodo, estuvo en vigor hasta el 12 de junio de 1940.[15][16]​ En el borrador de este decreto, el gobierno franquista incluyó la cláusula de que "no era preciso, para dictar sentencia, ni siquiera oír al acusado"; el agregado alemán en la Secretaría de Justicia de Burgos, escandalizado por este añadido, alegó: «¿Pero qué inconveniente tienen ustedes en que se les oiga?». Finalmente, las presiones de Berlín impidieron que este polémico punto se incluyera en el decreto final. En casos excepcionales, cuando el tribunal consideraba que se debía examinar detenidamente el caso, entonces se seguía el procedimiento sumarísimo ordinario.[17]​ Todos los consejos de guerra formados a militares leales a la República siguieron, de igual forma y por pertenecer a la jurisdicción de Guerra y Marina, el procedimiento sumarísimo en cualquiera de sus formas.[13]

Esta justicia militar franquista adolecía de cualquier tipo de garantía procesal para el acusado: El abogado defensor —que no podía ser civil— solo disponía de tres horas como máximo para examinar el auto de la instrucción antes de la vista judicial, y el condenado no podía recurrir la sentencia. Pero el elemento característico de este sistema de justicia al revés (así ha sido definido por el ministro franquista Serrano Suñer en sus memorias) era, precisamente, la «lógica invertida» que subyacía en sus planteamientos, pues eran los militares golpistas quienes se encargaban de juzgar a los militares y funcionarios leales a la República —legalmente constituida— por delitos de rebelión militar, recogidos en el Código de Justicia Militar de 1890 (artículos 238-241 y 252). A esto se añadía, según algunos historiadores, unas instrucciones de aplicación de las normas «tan generales que casi carecían de sentido». Todo ello, unido a la falta de personal con formación jurídica, motivó «una implementación caótica y arbitraria de la justicia militar».[18]

BalanceEditar

Muchas de las víctimas fueron enterradas en fosas comunes repartidas por toda España, a menudo fuera de los cementerios y diseminadas por el campo, y sin que su muerte fuese inscrita en los registros civiles. Desde principios de los años 2000, diversas asociaciones de víctimas del franquismo como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se han encargado de localizar estas fosas para identificar los restos de los ajusticiados y entregarles a sus familiares para que pudieran darles una sepultura digna. La ley de memoria histórica, aprobada en diciembre de 2007, pretende hacer efectivos los nuevos derechos reconocidos a las víctimas del franquismo para equipararles a las víctimas del otro bando, y ha establecido un mapa de fosas y víctimas, en constante actualización.[19]

Según el historiador británico Antony Beevor, el número total de víctimas de la represión franquista podría acercarse a 350 000, teniendo en cuenta que en varias provincias el recuento aún no había sido efectuado en 2005.[20]

Según el historiador británico Hugh Thomas, el balance de la represión llevada a cabo por los nacionales se cifraría en 75 000 muertos durante la guerra, de los que dos tercios corresponderían a los primeros meses del conflicto (incluyendo las ejecuciones en los campos de concentración, las ordenadas por los tribunales después de 1936 y los muertos en el frente).[21]​ Estas cifras alcanzarían 100 000 muertos si se incluyen los represaliados por los nacionales en los territorios conquistados.[21]

Diversas estimaciones presentan cifras en torno a 150 000 víctimas,[22]​ algunas apuntando hasta 400 000 muertos,[23][24]​ según el periodo considerado y la inclusión o no de las víctimas muertas en campos de concentración. El historiador francés Guy Hermet subraya que las masacres se prolongaron más tiempo bajo el gobierno franquista, siendo este menos amenazado que el gobierno republicano. En cuanto a los cientos de miles de presos internados en campos de concentración franquistas, 192 000 habrían sido fusilados, a veces varios años después del fin de la contienda, con picos de varios centenares de ejecuciones al día en algunos periodos de 1939 y 1940.[25]

Cárceles y campos de concentraciónEditar

Aunque pudiera parecer lo contrario, las condiciones en las prisiones del franquismo solían ser peores a las de los llamados campos de concentración o los batallones de trabajadores. A estos iban destinados individuos considerados «recuperables» por el régimen nacionalista, que se redimían mediante el trabajo forzado, mientras que los presos políticos considerados más peligrosos eran enviados a las cárceles muchas veces para morir de hambre, enfermedades o simplemente asesinados ante pelotones de fusilamiento.[26]

Desde los primeros momentos de la Guerra, los prisioneros políticos republicanos (internados casi siempre sin juicio previo) compartieron su estancia en las penitenciarías con los presos comunes, constituyendo los primeros una abrumadora mayoría; todavía en 1945, solo un 32,36% de internos lo estaban por delitos comunes. Pero todos ellos se veían afectados por las terribles condiciones de reclusión y la violencia imperante. Cabe destacar la mala alimentación y la pésima o casi nula atención médica, lo que provocaba una gran mortandad. Estudios parciales realizados en 24 provincias dan una cifra de 7600 fallecidos por hambre y enfermedades en las cárceles franquistas solo en los años cuarenta, aunque con mayor incidencia en su primera mitad; si se extrapola el cálculo al resto del territorio español resultarían alrededor de 20 000 fallecidos por este motivo en la inmediata posguerra.[27]

Buena parte de la «dieta de hambre» que se padecía en las prisiones era debida a la especulación que sus responsables realizaban con los suministros, especialmente los destinados a la alimentación de los presos. Todo ello representaba un gran negocio para muchos funcionarios y personal penitenciario. Los mayores beneficios se obtenían de revender en el mercado negro los artículos que se debían destinar a confeccionar el rancho de los internos. Una inspección enviada a la prisión de Saturrarán «al llegar encontró a las presas moribundas y los almacenes repletos de judías, patatas y bacalao, listo para sacarlo del establecimiento por la puerta de atrás»: Las monjas encargadas de la dirección del centro vendían en el exterior los alimentos, provocando terribles enfermedades por avitaminosis en las reclusas a su cargo. Estos episodios se sucedían por toda la geografía carcelaria de España durante el primer franquismo.[27]

Respecto a los campos de concentración franquistas, desde el inicio de la Guerra Civil el bando sublevado se vio en la necesidad de recurrir a esta figura ante la enorme cantidad de republicanos y militares leales que iban siendo capturados. Se aprovecharon los prisioneros como mano de obra esclava que, además, benefició a empresas y jerarcas cercanos a Franco. Además, la Iglesia católica, a través de un nutrido grupo de capellanes, se encargó de realizar una labor de recatolización forzosa y adoctrinamiento implacables, en completa sintonía con la dictadura naciente. El rapado de pelo al cero, la obligatoriedad de los actos religiosos y la repetición continua de himnos y consignas patrióticas (incluido el inevitable saludo fascista a la romana) completaban el proceso de deshumanización de los internados. Está documentada la existencia de casi trescientos de estos campos, por los que habrían pasado cerca de un millón de personas.

Paralelamente, se establecieron batallones de trabajo con la misma finalidad de explotación de los presos políticos. Muchas veces la diferencia de nomenclatura entre campos y batallones era arbitraria, a criterio del militar al mando, siendo similares el hacinamiento y la dureza regimental. Además, en ambos casos dependían de la Inspección General de los Campos de Concentración de Prisioneros (ICCP), sustituida en 1940 por la Jefatura de Campos de Concentración y Batallones Disciplinarios (JCCBD). Los últimos batallones de penados estuvieron operativos hasta 1948, pero el trabajo esclavo durante la dictadura franquista no desapareció, gracias a la figura de la redención de penas por el trabajo; el último destacamento penal compuesto por 140 presos políticos fue disuelto en 1970 tras trabajar para la constructora Banús en la edificación de la Colonia Mirasierra en Madrid, pero el sistema de redención de penas se mantuvo todavía para los condenados por delitos comunes, a través de los Talleres Penitenciarios, hasta bien entrada la democracia.[26]​ Solo en el periodo 1939-1943, se ha estimado que esta subcontratación de presos-esclavos a empresas privadas supuso para estas unos beneficios de más de cien millones de pesetas.[28]

La suma de campos de concentración y unidades de trabajos forzados creados por el bando sublevado se ha estimado en cerca de un millar de recintos a lo largo de toda la geografía española, a los que habría que sumar las innumerables prisiones (provisionales, habilitadas, locales, de partido, provinciales, centrales), depósitos de prisioneros, destacamentos penales y colonias penitenciarias militarizadas utilizados durante la contienda y, posteriormente, en la dictadura para recluir a prisioneros y disidentes.[29]

Niños robadosEditar

El régimen alentó separar a niños de sus madres cuando estas se encontraban encarceladas. Cuando los niños nacidos en la cárcel alcanzaban tres años de edad (que no era común, al recibir intencionadamente una dieta hipocalórica que les provocaba una alta mortalidad), y cuando no existían familiares que pudieran hacerse cargo de ellos, pasaban a ser "tutelados" por la Sección Femenina de la Falange, y en particular por los Patronatos de Redención de Penas que se encargaban de "educar" a los hijos de los detenidos.[30]​ Según estudio publicado por Ricard Vinyes,[Nota 1]​ entre 1944 y 1945 el Patronato de San Pablo contabilizó 30 000 menores hijos de encarcelados y exiliados, a los que habría que añadir 12 000 tutelados por el Patronato de la Merced.[31]​ El auto de instrucción realizado por el Juzgado de Instrucción Penal n° 5 de la Audiencia Nacional española cifra en 30 960 el número de niños de detenidos republicanos cuyas identidades fueron supuestamente cambiadas en el Registro Civil para que fueran entregados a familias que apoyaban al régimen franquista.[32]

En noviembre de 1940, el Ministerio de Gobernación publicó un decreto sobre los huérfanos de guerra, a saber, hijos de padres fusilados o desaparecidos (exiliados, olvidados en las cárceles, fugitivos y clandestinos), según el cual solo «personas irreprochables desde el punto de vista religioso, ético y nacional» podían obtener la tutela de esos niños. En diciembre de 1941, una ley permitió que los niños que no recordaran su nombre, hubieran sido repatriados o cuyos padres no pudieran ser localizados, fueran inscritos en el Registro Civil bajo un nuevo nombre, lo que facilitó que pudieran ser adoptados de forma irregular. Esta práctica se extendió a todo el periodo de la dictadura franquista.[31]

En su Declaración de condena de la dictadura franquista del 17 de marzo de 2006 (Recomendación 1736, punto 72, 73, 74 y 75), el Consejo de Europa afirmó que los «niños perdidos» son víctimas del franquismo, dado que sus «apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen». También afirmó que «el régimen franquista invocaba la 'protección de menores', pero la idea que aplicaba de esta protección no se distinguía de un régimen punitivo», y que «frecuentemente eran separados de las demás categorías de niños internados en las Instituciones del Estado y sometidos a malos tratos físicos y psicológicos».[33]

La represión administrativaEditar

Practicada con todos los funcionarios del Estado Republicano, tanto en las instituciones Centrales, como en diputaciones y municipios, llevada a cabo mediante un proceso de purga conocido con el nombre de depuración. Los funcionarios eran castigados con sanciones que iban desde el encarcelamiento, el traslado forzoso, la suspensión de empleo y sueldo, la inhabilitación y la separación.[34]​ Para la obtención de una plaza, se daba prioridad a los leales al Movimiento Nacional, y se exigía la presentación de "certificados de buena conducta" expedidos por el jefe local de FET y de las JONS —a través de los informes del Servicio de Información e Investigación— y el cura de la parroquia.[35]

Miles de oficiales que habían servido a la República fueron expulsados del ejército.[36]

Esta depuración fue general y sistemática, pues la dictadura de Franco invalidó todas las decisiones administrativas de las autoridades republicanas durante la guerra: Fueron declarados nulos sin excepción (BOE de 8 de mayo de 1939) los veredictos de juzgados y tribunales de lo civil, lo penal y lo contencioso-administrativo. También se invalidaron los cambios en el Registro de la Propiedad y todas las anotaciones de nacimientos, fallecimientos y matrimonios en el Registro Civil de la República en ese periodo (BOE de 13 de marzo de 1939), siendo obligatorio que los jueces franquistas los registraran de nuevo para tener validez legal. Se llegó al extremo de cambiar nombres de niños y niñas por orden de la nueva Administración franquista; por ejemplo, en julio de 1939 las autoridades locales de Chamberí cambiaron el nombre de pila de una niña, por motivos ideológicos, de Pasionaria a Juliana, este último considerado "más respetable".[37]

La represión educativaEditar

La represión administrativa practicada en el Sistema Educativo fue especialmente intensa, tanto en la enseñanza primaria y secundaria como en las universidades. Instituciones pioneras de educación superior y de investigación como la Residencia de Estudiantes de Madrid fueron desmanteladas por ser consideradas subversivas, y los contenidos educativos fueron revisados para ajustarse a los estrictos criterios políticos, religiosos y culturales del Régimen, en todos los niveles de la enseñanza.[38][34]​ La cuarta parte de los maestros y profesores de España fueron expulsados de la enseñanza.[39]​ Ya ha sido estudiada en el caso del Magisterio Nacional, con diversas investigaciones de ámbito nacional y local. El Cuerpo de Funcionarios y Telégrafos también ha sido objeto de estudio e investigación, así como diversos ayuntamientos.

En las universidades, muchas cátedras quedaron desiertas al ser exiliados y perseguidos sus antiguos ocupantes; para otorgar esas cátedras bastaron, más que los méritos académicos, los méritos políticos. Por ejemplo, la mayoría de los discípulos del neurólogo y premio Nobel Santiago Ramón y Cajal tuvieron que exiliarse e investigar fuera, y los pocos que quedaron fueron postergados o tuvieron que dedicarse a sobrevivir.[40]​ Esto supuso, cronológicamente, una larga rémora para el desarrollo de la ciencia en la España franquista.

En los casos de personas afectadas por las depuraciones políticas tanto en el ámbito laboral como en las administraciones públicas, estas se vieron privadas de su derecho a percibir una jubilación.

La represión religiosaEditar

La religión católica fue instaurada como religión oficial del Estado, y su doctrina declarada fuente de inspiración de la legislación.[41][42]​ Las demás religiones quedaron limitadas al ámbito privado y se prohibieron sus manifestaciones públicas. No obstante, en 1967 fue reformada la ley para incluir en su articulado la libertad religiosa, prohibiendo las manifestaciones externas de toda religión que no fuese católica, y reafirmando la protección oficial que el Estado brinda a esta última.[43]​ Los lazos privilegiados entre el Estado y la Iglesia católica llevaron a que se hablase de nacional catolicismo.[44]

En consonancia con esta situación, ya el 5 de abril de 1939 el gobernador civil de Madrid llegó al punto de ilegalizar la blasfemia, advirtiendo de que los padres serían considerados responsables de las expresiones blasfemas que manifestasen sus hijos. Solo siete días después se impuso la primera multa, por decir palabrotas en la vía pública, de 500 pesetas (una cantidad entonces considerable).[45]

La represión lingüísticaEditar

Implicaba la minorización de las lenguas de España diferentes del castellano, única lengua reconocida políticamente. La posguerra generó una nueva brutalidad después de la ocupación de Cataluña: odio a la autonomía catalana, la represión contra la lengua y la cultura propias. En España fue derrotada la izquierda, en Cataluña, además, el catalanismo, y en Galicia el galleguismo. En los primeros años de posguerra, persiguió con sistematicidad la lengua y la cultura catalanas, vascas y gallegas, sobre todo en la administración, en los medios de comunicación, en la escuela, en la universidad, en la señalización pública y en general en toda manifestación pública.,[46]​ sin que dicha persecución se extendiera más allá en el tiempo.

Al margen de las ya citadas lenguas, advertimos la represión lingüística del franquismo en otras como el asturiano o el aragonés.

CatalánEditar

El franquismo dio muestras más tarde de respeto a la lengua catalana, quizá porque entre sus filas había muchos burgueses catalanistas y con el colaboraron ilustres políticos de ese signo, como Francesc Cambó: En 1945, el estado subvencionó y colaboró en el homenaje a Mosén Cinto Verdaguer y un año antes había hecho obligatorio la inclusión del catalán en las cátedras de filología hispánica.[47]​ Y cómo anécdota adicional, el 30 de marzo de 1969, el diario La Vanguardia[48]​ publicaba que el Tribunal Supremo confirmó una sentencia contra Néstor Luján por publicar en la revista Destino, que dirigía, una carta que denigraba el catalán, idioma cuyo uso se respeta y garantiza.

GallegoEditar

Los años de régimen franquista supusieron un claro retroceso para el desarrollo de la conciencia lingüística que los galleguistas habían conseguido a principios del siglo XX, y por ello se suele denominar este periodo represivo como la «longa noite de pedra». El trabajo de recuperación lingüística que se había iniciado antes del levantamiento militar se perpetuó en el exilio (Argentina, Brasil, Venezuela, México, Cuba), convirtiéndose Argentina en el principal centro de resistencia del galleguismo cultural y político. La década de 1940 estuvo caracterizada por un total silenciamiento y represión de los usos públicos del idioma, pero la tímida apertura del régimen a partir de 1950 permitió un leve renacimiento, debido en gran medida al trabajo de la editorial Galaxia, y en la década de 1960 con la creación de asociaciones como O Galo y O Facho. En la década de los 70, el gallego llegó a tener cierta presencia en la enseñanza y en los medios de comunicación.[49]

Tras la Guerra Civil, la Real Academia Gallega entró en un estado de semiclandestinidad y casi desapareció definitivamente. Los galleguistas republicanos fueron sometidos al silencio, al exilio o a la muerte, y el régimen sólo toleró una continuidad simbólica de la Academia. Esta no volvió a constituirse formalmente hasta el año 1943, y veinte años más tarde, bajo el impulso de intelectuales procedentes del llamado «Grupo Galicia», consiguió que el 17 de mayo se institucionalizara como Día de las Letras Gallegas en 1963.[50]

EuskeraEditar

Desde el estallido de la guerra y a partir del decreto que en 1937 declaraba provincias traidoras a Vizcaya y Guipúzcoa, la represión del euskera comenzó con la supresión de cualquier tipo de oficialidad preexistente privándolo de la oficialidad que le reconocía el Estatuto de 1936. El régimen franquista llevó a cabo una política lingüística que trataba de imponer el castellano. Se prohibieron los nombres vascos de persona al considerar que «denotan indiscutible significación separatista». La mayoría de las instituciones creadas por los euskeristas desaparecieron y a todas se les negó la protección legal y/o económica necesarias para su subsistencia. La Sociedad de Estudios Vascos desapareció y sus trabajos a favor del idioma se interrumpieron. Pasaron unos diez o quince años hasta que la Academia de la Lengua Vasca pudiera comenzar otra vez con sus trabajos, y no pudo publicar su revista hasta los años 1954-1956.[51]

Como en el resto del Estado, la victoria armada del franquismo trastocó la situación de los medios informativos del País Vasco: desaparecieron 14 diarios, y subsistieron 10. Hasta 1962 no se admitió ningún artículo en euskera.[51]

Las ikastolas que se habían ido abriendo a partir de 1922, —y antes de ellas las escuelas de barrio en euskera desde principios del siglo XX— fueron cerradas y todo lo que tuviera que ver con el euskera fue perseguido por el régimen. Hubo que esperar hasta 1957 para que se abriera de nuevo la primera ikastola en Bilbao (la segunda abrió en 1961) y que le siguieran otras en otras ciudades a partir de 1963.[52]​ Tan pronto como el año 1941, funcionaba con normalidad la Academia de la lengua vasca,[47]​ dedicada a normalizar dicho idioma. Ya en 1948 se editaba la revista Egan, en euskera.

La represión económicaEditar

La represión económica fue practicada mediante multas económicas (pago de cantidades fijas), incautaciones totales o parciales de bienes y embargos de cuentas bancarias, decididas por la Comisión Central de Bienes Incautados por el Estado y por comisiones provinciales de incautación. Se aplicó en virtud de un decreto aprobado el 10 de enero de 1937, en particular sus artículos 6 y 8 que sancionaban económicamente a "los responsables de daños o perjuicios causados a España". El 4 de mayo de 1937 se amplía esta potestad confiscatoria del bando sublevado, ampliándola incluso a quienes residieran aún en la zona republicana. En esa fecha se publica una orden de "intervención del crédito", que permitía al "nuevo Estado" franquista intervenir las deudas que los residentes en la zona sublevada mantuvieran con aquellos acreedores que permaneciesen en la zona leal: Si se consideraba que el acreedor había incurrido en «responsabilidades», entonces las autoridades rebeldes se apropiaban de esos créditos en concepto de "compensación".[53]

El 9 de febrero de 1939, la Ley de Responsabilidades Políticas amplió ese decreto para "liquidar las culpas contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja, a mantenerla viva durante más de dos años y a entorpecer el triunfo del Movimiento Nacional". El artículo 10 imponía sanciones económicas a todos los condenados por tribunales militares. Estas sanciones se aplicaban incluso tras el fallecimiento del condenado, a los mayores de catorce años de edad y a dementes o afectados por alguna enajenación mental.[54]​ Las incautaciones se realizaban a particulares, partidos políticos, asociaciones o firmas comerciales.[55]​ En la sola región de Galicia, se estima que hasta 1945 el régimen franquista abrió expediente civil o político a 14 492 personas sospechosas de ser de izquierdas o de no tener un comportamiento «acorde con las nuevas circunstancias».[56]

Esta ley se aplicaba no solo a todos los opositores al régimen sino también a los que habían servido civil y militarmente bajo la Segunda República. Vulneraba la irretroactividad penal, castigando ideas y actos anteriores al levantamiento franquista, y por lo tanto legales cuando se realizaron.[57]

Aparte de las multas gobernativas y las incautaciones, la represión económica se ejercía también mediante las suscripciones patrióticas obligatorias. Empleadas primero en los años de guerra para sufragar las campañas bélicas de los nacionales, las suscripciones patrióticas se mantuvieron bajo el Régimen y tenían un fuerte impacto propagandístico. Eran todo menos voluntarias, ya que si alguien no contribuía según sus posibilidades económicas era multado, y se publicaban las multas en prensa con un propósito claramente intimidatorio.[56]

El 13 de abril de 1945, el Ministerio de Justicia publicó un decreto que declaró extinguidos los procedimientos de Responsabilidades Civiles y Políticas y los tribunales creados para su aplicación, al considerar cumplida su misión. Creó la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas para resolver los casos pendientes y los recursos presentados contra las sentencias sancionadoras.[55]​ Buena parte de los recursos fueron sobreseídos o indultados, y los bienes y el dinero incautados fueron devueltos en las décadas posteriores, por un importe equivalente al que tenían en las fechas de incautación, lo que representaba una fuerte devalorización.[57]

La restitución del patrimonio histórico y acumulado de los sindicatos de trabajadores, asociaciones empresariales y sociedades vinculadas a ellos, no se planteó hasta el inicio de la Transición, cuando un Real Decreto Ley de 1976 repartió entre los sindicatos mayoritarios los bienes acumulados por el sindicato vertical, recientemente abolido. La devolución del patrimonio histórico de las organizaciones sindicales no fue contemplada de hecho hasta la aprobación en 1986 de la Ley de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado.[58]

La represión laboralEditar

Llevada a cabo en todos los ámbitos productivos, con despidos de puesto de trabajo, inhabilitaciones laborales y profesionales. Las organizaciones patronales realizaban listas de "rojos" o "sindicalistas" para evitar que entrasen a las empresas. En el caso de miembros de profesiones liberales, fue llevada a cabo por los propios colegios profesionales, después de su correspondiente depuración. Los funcionarios públicos que habían servido durante la República fueron despedidos de acuerdo con la "Ley de Depuración".

La represión políticaEditar

Se prohibieron los partidos políticos, sindicatos, asociaciones y periódicos no afines al régimen. Se anuló la libertad de expresión para opiniones contrarias al gobierno o simplemente discrepantes, y se estableció desde las mismas instancias de gobierno un sistema de censura de todos los medios de comunicación.

La represión culturalEditar

La censura fue aplicada a temas no relacionados directamente con la política: literatura, poesía, canciones, artes plásticas, cine y teatro. Se impuso un modelo cultural definido según los criterios establecidos por el Estado. La censura que aplicaba el régimen afectó a todas las actividades intelectuales y a los medios de comunicación, y llegó a incluir la manipulación fotográfica.[59]​ El cine y el teatro serían víctimas de una doble censura civil y eclesiástica, siendo prohibidas obras de autores. Los libros publicados con posterioridad al 18 de julio de 1936 debían contar con una autorización específica para su venta que el propio comprador podía exigir.[60]​ Tras la caída de Madrid, a finales de marzo de 1939, las librerías de esa ciudad permanecieron cerradas durante al menos siete semanas hasta que el Servicio Nacional de Propaganda terminó su labor de depuración de "libros rojos".[45]

Antes de ser representadas, las obras de teatro tenían que pasar el filtro de la Junta de Censura de Obras Teatrales que, en muchas ocasiones, imponía la eliminación de frases, la desvirtuación de diálogos y situaciones dramáticas, e incluso su prohibición total. El naciente teatro realista, al igual que la novela y el cine realista, fue prohibido por ser considerado próximo al marxismo, y se censuraban las obras que representaban aspectos de la realidad española que el régimen se esforzaba en ocultar. Si las obras tempranas de Antonio Buero Vallejo, primeras muestras del realismo social en el teatro de la posguerra española, escaparon a la censura, dos obras suyas fueron prohibidas más adelante. En la década de 1940, se prohibieron varias obras de Jardiel Poncela (aunque hubiese apoyado el levantamiento franquista), Juan José Alonso Millán, Alfonso Paso, Alfonso Sastre, Lauro Olmo, José María Rodríguez Méndez y Francisco Nieva, y se redujo a buena parte de los dramaturgos españoles al ámbito del teatro de cámara. Se recuperó la libertad de expresión en los escenarios el 4 de marzo de 1978, durante la Transición democrática, cuando entró en vigor el Real Decreto 262/1978 sobre libertad de representación de espectáculos teatrales.[61]

En la novela el régimen no pudo evitar que algunos escritores reflejaran las míseras condiciones de vida de aquellos años cuarenta. Un pintor, el palentino Ambrosio Ortega, Brosio, fue la persona que más años permaneció en las cárceles franquistas, al permanecer preso desde 1947 hasta 1970 por su colaboración con el maquis.[62][63][64]

Extensión de la represiónEditar

La represión franquista se inició en el mismo comienzo de la Guerra Civil, en aquellas provincias donde triunfo rápidamente la conspiración armada contra la República, el llamado Alzamiento, finalizando en la década de los años 70, con la muerte de Francisco Franco.

Véase tambiénEditar

ReferenciasEditar

  1. Antony Beevor, La guerra civil española, col. Memoria Crítica, editorial Crítica, Barcelona ISBN 978-84-8432-665-6 Leer reseña en britannica.com [1] (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). (consultado el 23 de julio de 2010)
  2. Stanley G. Payne, A History of Spain and Portugal, Tomo 2 Capítulo 26, 'The Spanish Civil War of 1936-1939'[2] (consultado el 23 de julio de 2010)
  3. Guy Hermet, La Guerre d'Espagne, Seuil, 1989
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  5. Stanley G. Payne, El régimen de Franco 1936–1975, Alianza Editorial, Madrid, 1987, ISBN 84-206-9553-X
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NotasEditar

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Enlaces externosEditar