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Santa Junta

Ficha de Cortes

La Santa Junta, oficialmente Cortes y Junta General del Reino, fue el máximo órgano dirigente de la revuelta comunera castellana, el cual sesionó a modo de Cortes extraordinarias desde el 1 de agosto de 1520 hasta el 22 de abril de 1521, cuando la batalla de Villalar la obligó a disolverse. En el tiempo que duró la guerra civil residió en tres ciudades diferentes: primero en Ávila, luego en Tordesillas (junto a la reina Juana) y finalmente en Valladolid. Estos cambios reflejaron además el pensamiento dominante de la mayoría de los procuradores que la integraban.[1]​ Si en Ávila la Junta no se mostró del todo decidida a emprender la guerra contra el cardenal Adriano (el regente designado por Carlos I), en Tordesillas se consolidó definitivamente y aspiró convertirse en el máxima autoridad del reino, para lo cual expulsó al Consejo Real de Valladolid, desconoció a los dos nuevos virreyes nombrados por Carlos, y comenzó a reclutar tropas. También barajó la posibilidad de devolverle las prerrogativas políticas a Juana la Loca, que de hecho le pertenecían por ser reina propietaria de Castilla, pero la idea terminó siendo rechazada cuando todo los diputados se convencieron de que su delicado estado mental le impedía ejercer el gobierno por sí sola. Al mismo tiempo, Burgos se inquietó del rumbo que estaban tomando los acontecimientos y en noviembre se apartó de forma definitiva del movimiento rebelde. En el mes siguiente las tropas realistas del conde de Haro tomaron Tordesillas, y la Junta debió reagruparse en Valladolid. A partir de entonces, la brecha entre moderados y radicales creció, lo que debilitó internamente a la asamblea y condujo al fracaso las tentativas de conciliación con el poder real.[1]​ La derrota de Villalar el 23 de abril terminó con el movimiento comunero al norte de la sierra de Guadarrama, y llevó lógicamente a la disolución de la Santa Junta. Años después muchos de sus diputados serían juzgados por traición y algunos ejecutados.

Cortes y Junta General del Reino
(Gobierno provisional)
Datos generales
Ámbito Castilla, España
Creación 1 de agosto de 1520
Término 22 de abril de 1521
Tipo Cortes extraordinarias
Límite Los diputados eran revocables en cualquier momento
Liderazgo
Variable, luego lo fueron ciertas ciudades en el siguiente orden: León, Zamora, Salamanca, Toro, Segovia, Ávila, Valladolid, Murcia y Toledo.
Composición
Miembros 47 procuradores (máximo)
Atribuciones Capítulos redactados por la Junta
Grupos representados

Llegaron a estar representadas 14 ciudades:

Salario Variable, lo fijaban las ciudades.
Sede(s)
  • Cortes de Santiago y La Coruña Gobierno provisional Cortes de Valladolid de 1523

    Índice

    ContextoEditar

     
    El flamenco Adriano de Utrech, designado regente de Castilla por Carlos I.

    La votación de un cuantioso servicio en las Cortes de Santiago y La Coruña y la partida del rey Carlos I hacia Alemania provocó revueltas populares e incidentes en ciudades como Toledo, Segovia, Zamora, Burgos y Guadalajara. Sus poblaciones, en algunos casos, se dotaron de un gobierno propio y autónomo del poder central gestionado por la Comunidad. La inoperancia del cardenal Adriano de Utrecht, designado regente de Castilla, para controlar la situación, se debió a que había recibido del rey una delegación de poderes muy limitada que le impedía tomar decisiones rápidas en el momento oportuno.[1]​ Su condición de extranjero había producido además el rechazo de los rebeldes, que vieron en su nombramiento una acción que infringía las leyes del reino.

    La Junta en ÁvilaEditar

    PreliminaresEditar

    La idea de reunir a las ciudades con voto en Cortes para solucionar los problemas que aquejaban a Castilla surgió en Toledo a principios de junio de 1520, cuando dirigió a todas ellas una carta proponiendo cinco objetivos concretos:[1]

    • Anular el servicio votado en La Coruña.
    • Volver al sistema de encabezamientos para recaudar las alcabalas.
    • Reservar los cargos públicos y eclesiásticos a los castellanos.
    • Prohibir la salida de moneda fuera del reino.
    • Designar a un castellano para que dirigiese el reino en ausencia del rey.

    Las advertencias del cardenal Adriano a las ciudades para que hiciesen oídos sordos a este llamamiento dieron el efecto deseado, pues en los primeros días de julio solo Salamanca, Segovia y Toro se mostraron conformes con la propuesta. Luego, sin embargo, el regente reflexionó un tanto y pensó convocar la asamblea en Valladolid bajo su propia dirección, lo que le permitiría acallar las posiciones radicales que pudiesen surgir en los debates.[1]​ El 6 de julio la ciudad de Burgos lo urgió a decidirse en ese sentido, pero el día 9, cansada de esperar una respuesta satisfactoria de su parte, le propuso a Toledo que la Junta se celebrase en Segovia a finales del mes.

    El 17 de julio Toledo convocó la asamblea para el día 1 de agosto, pero no en Segovia, sino en Ávila. Solo que esta vez no contó con el apoyo de Burgos, que se convenció del Condestable de Castilla para seguir aguardando la susodicha confirmación del cardenal. [1]

    Primeras sesionesEditar

     
    Vista de la Catedral de Ávila, primer sitio de reunión de la Santa Junta en Ávila.

    Finalmente, el 1 de agosto de 1520 se reunieron en la catedral de la ciudad de Ávila, concretamente en la capilla del cardenal, los procuradores de Toledo, Segovia, Salamanca, Toro y Zamora. En realidad, la adhesión de esta última ciudad fue tan solo momentánea. Las gestiones de Burgos y la influencia del conde de Alba de Liste consiguieron que revocase el poder de sus procuradores el 10 de agosto.[1]Ávila también había designado el 2 de julio una delegación de tres canónigos para que asistiese a los debates, pero pocas semanas después el Cabildo dejó sin efecto la decisión.[2]​ Aunque eso no evitó que el deán y el arcediano de Bonilla se reuniesen con el resto de los diputados por su propia cuenta, lo que les valió de reproches y sanciones.

    En definitiva, no fueron más que cuatro ciudades las que se reunieron en Ávila en el mes de agosto. Un número reducido que les llevó a pedir el 17 de agosto al Cabildo de Ávila que se les permitiese trasladarse a la capilla de San Bernabé, mucho más pequeña y acogedora. No obstante, el lugar les fue denegado, y la Junta debió celebrar sus reuniones en el Ayuntamiento de la ciudad.[2]

    El cronista fray Prudencio de Sandoval realizó de la Junta de Ávila una descripción muchas veces citada en la historiografía del movimiento comunero, pero que está repleta de errores:

    Tenían la junta en el capítulo de la iglesia mayor. Halláronse en ella los procuradores de Toledo, Toro, Zamora, León, Ávila y Salamanca. Y eran presidentes don Pedro Laso, procurador de Toledo, y el deán de Ávila, natural de Segovia. En el capítulo tenían una cruz y los Evangelios sobre una mesa, y allí juraban que serían y morirían todos en servicio del rey y en favor de la Comunidad (...) Estaba en medio de los procuradores de la Junta un banco pequeño en el cual se sentaba un tundidor llamado Pinillos, el cual tenía una vara en la mano y ningún caballero ni procurador ni eclesiástico osaba hablar allí palabra sin que primero el tundidor le señalase con la vara. De manera que los que presumían de remediar el reino eran mandados de un tundidor bajo. Tanta era la violencia y ciega pasión de la gente común.[3]

    Ni León, ni Ávila estaban representadas en agosto en la Junta, en cambio Segovia, que sí lo estaba, no es mencionada por el cronista. Tampoco parece probable que el toledano Pero Laso de la Vega asistiese a sus sesiones, ni que estas estuviesen dirigidas por el tundidor Pinillos.[1]

    El hundimiento del poder realEditar

    El incendio de Medina del Campo perpetrado por las tropas realistas de Antonio de Fonseca el 21 de agosto de 1520 sumió definitivamente en la crisis al poder real. La Junta General, tal era su nombre oficial, salió favorecida de esta situación; muchas ciudades hasta el momento reticentes anunciaron que enviarían representantes: Zamora, León, Valladolid etc. El cardenal Adriano, en un acto desesperado, retomó el plan que había elaborado en julio y comisionó a un tal Hinestrosa para que negociase con la Junta su traslado a Valladolid.[1]​ Pero en vano, los diputados siguieron reuniéndose en Ávila y a finales del mes se prepararon para un eventual traslado a Tordesillas junto a la reina Juana, cuyas prerrogativas políticas pensaban restablecer.

    La Junta en TordesillasEditar

    PreliminaresEditar

    El 1 de septiembre los capitanes Padilla, Bravo y Maldonado se entrevistaron por segunda vez con la reina Juana recluida en Tordesillas. En esta reunión dio su aprobación de que la Junta General residiese junto a ella, aprobación que los diputados en Ávila tuvieron en cuenta anunciado el 6 de septiembre su próximo traslado a Tordesillas. Mientras tanto, ordenaron expulsar al marqués de Denia de la villa y comenzar las conversación con Portugal. Estas se realizaron por medio de un grupo de diputados (los de Burgos, Soria, León y Zamora) que el 8 de septiembre se entrevistaron en Valladolid con el embajador del país vecino.[1]

    Consolidación de la JuntaEditar

    La Junta, tras haber estado seis días de paso por Medina del Campo (concretamente del 13 al 19, reuniéndose en la Iglesia de San Martín)[4]​, llegó a Tordesillas el 19 de septiembre, hallándose representadas en ella trece ciudades de las dieciocho con voto en Cortes: Burgos, Soria, Ávila, Valladolid, León, Salamanca, Zamora, Toledo, Toro, Cuenca, Guadalajara y Madrid; en octubre se le sumarían además los diputados de Murcia. Esta mayoría le permitió adoptar el nombre oficial de "Cortes y Junta General del Reino".[5]

    El 24 de septiembre la reina Juana, en una audiencia con la Junta que reviste de indudable importancia política, aceptó recibir regularmente una delegación de diputados parar examinar conjuntamente los asuntos de gobierno. Al día siguiente todos los procuradores, excepto los de Guadalajara cuyos poderes no se lo permitieron expresamente, juraron solemnemente hacer cumplir la misión que se habían impuesto:[1]

    Cortes e Junta General que el reyno haze por mandamiento e voluntad de la reyna nuestra señora, para el remedio, paz y sosiego e buena governación de sus reynos e señoríos.[6]

    También se proclamaba la solidaridad del reino; cualquier ataque contra una de las ciudades representadas provocaría una reacción colectiva de las demás:

    Para que las leyes destos reynos e lo que se asentare e concertare en estas Cortes e Junta sea perpetua [e] yndudablemente conservado e guardado.[7]

    El nuevo gobiernoEditar

    El 26 de septiembre la Junta publicó un manifiesto en el cual desposeía de sus facultades al Consejo Real y asumía ella sola las responsabilidades de gobierno, concentrando todos los poderes superiores del Estado. Para hacer frente a las nuevas responsabilidades, el documento terminaba pidiendo a las ciudades representadas que confiriesen a sus diputados nuevos poderes acorde a las circunstancias. [1]

    Expulsión del Consejo RealEditar

    Cuatro días después de esta declaración de la Junta tuvo lugar la expulsión del Consejo Real de Valladolid. [1]​ Las gestiones para conseguir que esta ciudad se decidiese en ese sentido se habían iniciado hace varias semanas, aunque no con mucho éxito. Solo la fuerza pudo hacer respetar, llegado el momento, la decisión de la Junta. El 30 de septiembre un contingente armado con Pedro Girón como uno de los capitanes detuvo a algunos integrantes del Consejo Real, aunque no todos, pues la mayoría había huido en los días anteriores. Con esta operación militar la Junta pudo hacerse además con el sello real y los registros oficiales, que pasaron a Tordesillas.

    La Junta divididaEditar

    Las iniciativas cada vez más radicales de la Junta de constituirse en un verdadero gobierno insurreccional con intenciones de concentrar provisoriamente las prerrogativas reales, puso en duda a ciertas ciudades del camino a seguir. Por un lado esta cuestión, por el otro, el problema los derechos de Juana la Loca sobre el trono castellano.

     
    Juana la Loca, su precaria salud mental fue un obstáculo para que la Santa Junta le devolviese sus prerrogativas reales.

    Juana la LocaEditar

    La Junta, al menos al principio, había manifestado más o menos implicitamente su intención de devolverle a Juana las prerrogativas políticas que como legítima soberana del reino le pertenecían. Esta discusión no era nueva en Castilla. Desde que Carlos I llegó a la península en 1517 había sido cuestionado por su decisión de autoproclamarse rey en vida de su madre. Ahora bien, esta tesis de un monarca usurpador del trono no era compartida por todos los procuradores de la Santa Junta. Los de Valladolid, Burgos, Soria y Toro protestaron contra el hecho de que los decretos de la asamblea se escribiesen solamente en nombre de la reina y las Comunidades, sin mención alguna de Carlos. Y si bien fue esta opinión la que finalmente acabó prevaleciendo, lo hizo solo en el papel, pues los debates continuaron.[1]

    Los diputados más radicales de la Junta (principalmente los de Toledo, Segovia y Salamanca) dieron a entender siempre que Juana era víctima de un complot político para apartarla del poder, y que por tanto, no estaba tan loca como se decía.[1]​ Si bien es cierto que experimentó una transformación tras los primeros contactos con los comuneros, estos cambios no dejaron de ser transitorios. Siempre regresaba a sus estados de melancolía e indiferencia. La Junta creyó entonces poder cuidarla y favorecer su recuperación, y con ese fin creó una comisión especial formada por Pedro de Ayala, el canónigo Juan de Benavente y Fernán Díaz de Morales. Esta no dio resultado alguno. Juana ni siquiera se ofrecía a firmar los decretos de la Junta; todo lo que decía debía ser consignado por un escribano. Ante tamañas evidencias, pronto los comuneros más convencidos se resignaron y aceptaron que la madre de Carlos no tenía posibilidades de gobernar a sus súbditos.

    El dilema entre asamblea consultiva y gobierno provisionalEditar

    Esta discusión se centraba en el papel que debía desempeñar la Junta en la vida política del reino. Es decir, si debía tratarse de una asamblea consultiva cuya única responsabilidad era ponerse de acuerdo en las reformas necesarias y pedirle al rey que las tuviese en cuenta, o por el contrario, de un verdadero gobierno provisional con poder real y efectivo sobre el reino. [1]​ La primera opción era defendida sobre todo por Burgos y Valladolid, mientras que la segunda, de un talante obviamente más radical, por Toledo, Segovia, Salamanca, entre otras. Pero para estas últimas ciudades el problema residía más en Burgos que en Valladolid, ya que los diputados de esta localidad siempre votaban con ellas, mientras que los de Burgos no.[1]​ Esto se explica por una fuerte presión popular en Valladolid, con la cual sus representantes se sintieron acompañados para seguir la opinión de Toledo. El reemplazo posterior en noviembre de la administración de la ciudad por una adepta a los lineamientos generales de la Junta afianzó esta situación.

    Fue la votación de la revocación del Consejo Real, el 21 de septiembre, lo que hizo que aumentase la tensión entre Burgos y la Junta.[1]​ Sin embargo, la ruptura definitiva entre ambas no tuvo lugar todavía. El envío por parte de la asamblea de una delegación a Carlos I para darle a conocer las reivindicaciones del movimiento contribuyó a evitarla.

    Por lo demás, la Junta desconoció al Condestable y al Almirante, nombrados virreyes de Castilla el 8 de septiembre, como autoridades legítimas del reino. Argumento que Carlos I había procedido a realizar tales designaciones sin consultarla, y que por lo tanto eran inaceptables. [1]​ Avanzando más en el terreno de concentrar todo el poder político, le exigió en octubre al cardenal Adriano que no interviniese más en el gobierno del reino. Pero para ese entonces, Burgos ya estaba ultimando las negociaciones con el Condestable para pasarse al bando real a cambio de ciertas concesiones.[8]​ Su defección del movimiento comunero, formalizada el 1 de noviembre con la entrada del Condestable en la ciudad, significó para la Junta una derrota política importante pero también una oportunidad para unificar su pensamiento.[1]

    Negociaciones con PortugalEditar

    A finales de octubre de 1520 la Junta retomó las conversaciones con Portugal. Buscaba, ante todo, conseguir su apoyo en el conflicto exponiendole los motivos que la llevaron a disputarle abiertamente el poder a Carlos I.[1]​ Con tales objetivos envío a Lisboa, al lado del rey Manuel, una delegación presidida por Alonso de Pliego, deán de la catedral de Ávila. Pero lejos estuvieron de cumplirse sus expectativas. En efecto, el soberano portugués demostró su total apoyo a los virreyes castellanos y condenó severamente la actitud de la Junta. A esta el 14 de noviembre la intimó a someterse nuevamente a la obediencia del rey Carlos I.

    Preparativos militaresEditar

    Al mismo tiempo que el bando realista, a partir de octubre de 1520 los comuneros comenzaron a redoblar los esfuerzos financieros y militares con el objetivo de reclutar un ejército y hacer frente a sus enemigos. El 11 de noviembre nombró, aunque no sin notables disidencias, a Pedro Girón y Velasco Capitán General de las tropas rebeldes. [1]

    Negociaciones con el poder realEditar

    A mediados de noviembre la Junta designó a Antonio de Quiñones, Diego de Esquivel, y fray Pablo de León como parte de una delegación cuya finalidad era entrevistarse con el Almirante en la villa de Torrelobatón.[9]​ Si bien las reuniones se concretaron en torno al 20 de noviembre en el lugar indicado, los comuneros y el Almirante no llegaron a ponerse de acuerdo en los puntos más importantes de la discusión. Ante todo, la Junta manifestó su intención de representar al reino situándose por encima del rey. El Almirante la cuestionó en este punto diciendo que dicha visión política era absurda y que, por lo demás, no podían afirmar representar la voluntad del reino porque no todas las ciudades con voto en Cortes se hallaban reunidas.[1]​ En realidad, al Almirante no le disgustaban las propuestas de la Junta pero creía que imponérselas al rey no era el modo correcto de llevarlas a cabo. Debajo de esta discusión formal se hallaban otras cuestiones de fondo, entre ellas, la de soberanía nacional.

    Proyecto de leyes de la JuntaEditar

    Durante su estancia en Tordesillas, la Santa Junta dio forma a un proyecto de leyes que buscaba una reorganización profunda del reino: la Ley Perpetua. Para algunos autores, como Joseph Pérez o Antonio Maravall, a este proyecto podría darsele sin problemas la calficación de constitucional, y a la Santa Junta, por ende, la de Cortes constituyentes.

    El papel de las CortesEditar

    En el aspecto político, se planteó un modelo de Cortes radicalmente opuesto al desarrollado en la época de los Reyes Católicos. Según la Junta, las Cortes deberían participar en el gobierno del país y ser completamente independientes del poder real, pudiendose reunir cuando lo considerasen pertinente sin necesidad de contar con la aprobación del monarca y teniendo plena libertad para elegir presidente, fijar la orden del día y la duración de la sesión. En cuanto a los representados, los municipios, deberían poder sin intromisión alguna de la Corte elegir a sus procuradores entre los tres estamentos sociales del reino: el clero, los caballeros y escuderos, y la comunidad. A estos le quedaría terminantemente prohibido recibir dádivas del rey (una práctica habitual en las Cortes castellanas).

    Aspectos administrativosEditar

    En el plano administrativo los capítulos redactados por la Junta pretendían mejorar el alistamiento de los funcionarios y examinar su gestión. En ese sentido, se proyectó que el tiempo en que aquellos permanecerían en sus cargos sería limitado, y que tanto las prebendas como la acumulación de funciones públicas en manos de una sola persona quedarían terminantemente prohibidas. Además, las ciudades estarían dirigidas por un corregidor solo si así lo solicitaban y el rey no podría obstaculizar el curso habitual de la justicia, debiendo los magistrados encargados de administrarla recibir la paga de su salario ordinario y no del importe de los bienes de los condenados o de las multas que hubiesen impuesto.

    Aspectos económicosEditar

    En el plano económico los comuneros exigieron fundamentalmente:

    • Una reducción de los gastos de la Corona a los niveles de los Reyes Católicos.
    • La expropiación, en beneficio de la Corona, de los señoríos concedidos a los nobles desde 1504
    • El fin de los abusos que derivaban del hospedaje gratis de la Corte.
    • La prohibición de la extracción de moneda, lana y ganado delCastilla,
    • Un alivio de la presión fiscal sobre las ciudades, eliminando el servicio de Cortes, restringiendo los tributos de la Cruzada (que además no se usaban para el fin establecido y su recaudación estaba repleta de abusos) y decretando el encabezamiento universal de las alcabalas sin que su volumen pudiese sobrepasar el de 1494.

    Derrota de la Junta en TordesillasEditar

    Luego de que todas las tentativas de conciliación fracasaron, los dirigentes realistas se vieron sorprendidos cuando el 3 de diciembre las tropas al mando de Girón abandonaron sus posiciones en Villabrágima y se dirigieron a Villalpando, dejando vía libre a Tordesillas. Aprovechando la oportunidad, el 5 de diciembre las fuerzas realistas comandadas por el conde de Haro llegaron a las puertas de la villa y la tomaron por asalto luego de un largo combate que se extendió hasta el anochecer.

    La Junta en ValladolidEditar

    La victoria realista en Tordesillas debilitó numéricamente a la Junta; Soria y Guadalajara no volvieron a enviar representantes, y además trece diputados fueron hechos prisioneros durante la batalla:[1]

    • Antonio de Quiñones y Juan de Benavente, procuradores de León.
    • El comendador Almaraz y Pero Sánchez, procuradores de Salamanca.
    • Juan de Solier, procurador de Segovia.
    • Diego del Esquivel, procurador de Guadalajara.
    • Pedro de Sotomayor, procurador de Madrid.
    • El doctor Cabeza de Vaca, procurador de Murcia.
    • Diego de Montoya, procurador de Toledo.
    • Gómez de Ávila, procurador de Ávila.
    • Pedro Merino, procurador de Toro.
    • El licenciado Santiago, procurador de Soria.
    • El doctor Zúñiga, procurador de Salamanca.

    Cuando el 15 de diciembre la Junta reanudó sus sesiones en Valladolid solo diez ciudades se hallaban representadas en ella: Toledo, León, Murcia, Salamanca, Toro, Segovia, Cuenca, Ávila, Zamora y Valladolid, aunque días más tarde se sumaron los de Madrid. Y a pesar de que el 2 de enero de 1521 se aprobó la recuperación de Tordesillas, respondiendo ante todo a los deseos del toledano Juan de Padilla, la reconquista de la villa vallisoletana jamás llegó a concretarse y los comuneros debieron resignarse a perder para siempre a la reina Juana, y con ella, la legitimidad y el prestigio considerable que le daba al movimiento. [1]

    Nuevas discusionesEditar

    Las discusiones que tuvieron lugar durante enero en el seno de la Junta dan cuenta de que tras la derrota de Tordesillas se habían conformado en su interior dos grupos diferenciados. El primero de ellos defendía la idea de emprender con más rigor que nunca la guerra contra los virreyes; el segundo, en cambio, veía en comportarse con prudencia el mejor camino para el movimiento y aconsejaba por tanto no cortar las posibles vías de acercamiento con el enemigo.

    El pillaje de las tropasEditar

    El 14 de enero un diputado de Segovia, Alonso de Guadalajara, protestó contra los actos de pillaje llevados a cabo por la soldadesca, [5]​ y un par de días después Pedro de Ayala y Alonso de Cuellar lo imitaron. El día 18 apoyaron el mismo cuestionamiento el bachiller Guadalajara, Pero Laso de la Vega, Alonso de Cuellar, y Pedro de Ulloa. Esta vez Hernán Gómez de Alcocer se sumó a la discusión y expresó su total confianza en los soldados del ejército. Pero Ortega, por su parte, afirmó que la guerra contra los enemigos debía realizarse aceptando todas sus consecuencias, buenas o malas. [5]​ El 24 y luego el 27 se repitieron los debates en este sentido, hasta que finalmente el 28 de enero la Junta aprobó el envío de una carta a Padilla prohibiendo expresamente cualquier acto de pillaje de las tropas a su mando.

    Prisión del doctor TelloEditar

    Al mismo tiempo que se sucedían las discusiones acerca de los excesos de la tropa, también era debatida en la Junta la suerte del doctor Tello, miembro del Consejo Real que había sido hecho prisionero por el obispo Antonio de Acuña en sus incursiones por Tierra de Campos. El 15 de enero el bachiller Guadalajara se opuso a que fuese encerrado en una torre, pidiendo tener en cuenta al momento de tomar una decisión al respecto el trato que el bando realista le dispensase a los diputados presos en Tordesillas. [1]​ Al día siguiente, Pedro de Ayala se adhirió a la posición de su colega segoviano.

    Lo cierto es que tras haber estado encerrado en la torre del Almirante, fue puesto en lo prácticamente sería una libertad bajo fianza, quedando a finales de enero el asunto solventado.[1]

    Préstamos forzos y confiscaciones de impuestosEditar

    El 13 de febrero el bachiller Guadalajara protestó contra las requisas que, por órdenes de Acuña y Padilla, se realizaban sobre los bienes depositados en los monasterios de Valladolid. Fue entonces cuando Gonzalo de Guzmán respondió con dureza y lo acusó nada más ni nada menos de querer destruir el reino.[5]​ Esta contestación no evitó que el procurador segoviano insistiese al día siguiente en sus quejas, que se dirigieron esta vez contra la confiscación de ciertos impuestos de la Corona.[1]

    Elección del Capitán GeneralEditar

    A principios de febrero, las tensiones entre la Santa Junta y la Comunidad de Valladolid aumentaron cuando debió procederse a la designación de un Capitán General para las tropas rebeldes. Los comuneros de Valladolid se opusieron a que este cargo fuese ocupado por Pero Laso de la Vega, y en todo caso se mostraron favorables a Juan de Padilla. Pero Hernando de Ulloa y los procuradores de Ávila no aceptaron las preferencias de la Comunidad local hacia el caballero toledano. Pedro de Losada, en cambio, se situó en terreno neutral al afirmar que la Junta no estaba facultada para intervenir en esos asuntos.[1]​ Pero al final, ni Padilla ni Pero Laso resultaron elegidos. En este caso, un comité de guerra formado por Antonio de Acuña y dos diputados sería el encargado de dirigir de cerca las operaciones militares, aunque al estar el obispo de Zamora en el reino de Toledo, la Junta se reservó en teoría el mando supremo del ejército.

    Tentativas de conciliación con la JuntaEditar

    El nuncio y el embajador portuguésEditar

    A comienzos de 1521 se presentaron como mediadores ante la Junta el embajador portugués y el nuncio apostólico. Con este una delegación de procuradores se entrevistó el 6 de enero, y luego de algunos contratiempos, la Junta le permitió el ingreso a la ciudad.[1]​ El 15 de enero le entregó su proyecto de reorganización del reino para que fuese sometido a la opinión de los virreyes. No obstante, las conversaciones estuvieron momentáneamente suspendidas debido a ciertas dificultades de forma, hasta que en los últimos días de enero se reanudaron por medio de dos comisiones: una formada por Diego de Guzmán y Alonso de Saravia y otra por Pero Laso, Diego del Esquina y nuevamente Diego Guzmán. La primera de ellas debía volver a comunicarse con el nuncio, mientras que la segunda estaba destinada a conferenciar con los virreyes. En cuanto una posible tregua, la Junta se mostró indecisa. Un ultimátum de los gobernadores contra los comuneros no hizo más que endurecer las posiciones de los procuradores, y a comienzos de febrero tanto el embajador portugués como el nuncio debieron abandonar Valladolid en medio de insultos y abucheos.[1]

    Reanudación de los contactosEditar

    A mediados de febrero, la llegada de fray Francisco de los Ángeles hizo a la Junta reconsiderar su postura y enviar a Pero Laso y al bachiller Guadalajara a discutir nuevamente las bases de un eventual acuerdo con los emisarios de los virreyes.[1]​ El 1 de marzo, los procuradores aprobaron una tregua militar de ocho días días, del 3 al 10 de marzo, que al terminar se negaron a extender.[1]​ Días antes, el 7, había confiado al doctor San Pedro, al licenciado Morales, a fray Pablo de León y a otro letrado, la labor de instruir el proceso contra «los enemigos del reino». [5]

    Disolución de la JuntaEditar

    Lo cierto es que si bien las negociaciones lograron avanzar en ciertos puntos, tampoco sirvieron de mucho; tras la finalización de la tregua, la guerra civil continuó, Pero Laso y el bachiller Guadalajara traicionaron el movimiento comunero, y la situación militar se complicó en sobremanera para los comuneros. [1]​ Por su parte, Padilla no aprovechó su victoria en Torrelobatón, y el 23 de abril las tropas que dirigía fueron derrotadas por completo a la altura de Villalar. Al día siguiente, él, Juan Bravo, y Francisco Maldonado fueron ejecutados. Este hecho condujo a la inmediata dispersión de la Santa Junta.

    Organización internaEditar

    En Tordesillas, la Santa Junta celebraba sus sesiones en el palacio del comendador Ribera dos veces por día: de las nueve a las once de la mañana, y de las dos a las seis de la tarde. El diputado que faltaba a la sesión o se retrasaba sin justificativos debía entregar en concepto de multa un bote de diacitrón.[1]​ Desde el 21 de febrero la sesión matinal se prolongó una hora más, empezando la de la tarde a las tres. Por lo demás, la Junta carecía de un presidente u órgano de dirección permanente; todas las cartas debían ser dirigidas a la asamblea en forma colectiva. El 16 de marzo la cuestión de la presidencia quedó regulada de la siguiente manera: los diputados de cada ciudad representada, a excepción de los de Madrid y Cuenca, presidirían la asamblea en turnos de una semana según el orden que sigue: León, Zamora, Salamanca, Toro, Segovia, Ávila, Valladolid, Murcia y Toledo.[5]​ Un mes antes se había adoptado también un procedimiento similar para la firma de los decretos oficiales, según el cual estos llevarían la firma de tres procuradores de tres ciudades distintas cada semana. La primera semana fueron los procuradores de Toledo, Segovia y Murcia los encargados de esta labor; a continuación, los de Ávila, Salamanca y Toro; luego, los de León, Valladolid y Zamora, y, por último, los de Guadalajara, Madrid y Soria. [1]

    Hasta diciembre de 1520 los documentos oficiales de la Junta llevaban la marca del sello real, pero al quedar en Tordesillas cuando los realistas tomaron la villa, los procuradores debieron ordenar la acuñación de uno nuevo. [1]

    Asuntos políticos y administrativosEditar

    Los decretos de esta naturaleza eran redactados por tres secretarios: Antonio Rodríguez, Lope de Pallares y Juan de Mirueña, este último hasta enero. En Tordesillas, casi siempre los mismos diputados eran los que firmaban estas provisiones: Hernando de Ulloa, de Toro; el comendador Almaraz y Diego de Guzmán, ambos de Salamanca; Hernando de Porras, de Zamora; Pedro de Ayala, de Toledo; Diego de Esquivel, de Guadalajara; Diego del Esquina, de Ávila. [1]​ Y en Valladolid, teóricamente debería haberse seguido el procedimiento aprobado el 16 de marzo, aunque al parecer no fue respetado.

    Asuntos financierosEditar

    Varios procuradores se hicieron cargo sucesiva o simultáneamente de las finanzas: Alonso de Cuéllar, Gonzalo de Guzmán, Diego de Guzmán, Pedro de Ulloa, Francisco Maldonado y, en ocasiones, Pedro Laso de la Vega. No obstante, el nombre que más veces aparece en este tipo de provisiones es el de Pero Ortega, diputado de Toledo, a quien se puede considerar como el ministro de Finanzas de la Junta. [1]​ Él era el responsable del presupuesto general, ayudado por personal especializado: Iñigo López Coronel, tesorero general y contador de la Junta de Tordesillas. Siendo este último acusado de ciertas irregularidades, fue reemplazado en diciembre por Juan Díaz de Canseco. De pagar los sueldos al ejército se encargó, al menos desde el 9 de octubre, Hernando Gómez de Alcocer. Los secretarios Santamaría y Pero Alonso completaron el cuadro de colaboradores de Ortega.

    Control de las finanzasEditar

    La Santa Junta se mostró particularmente estricta en los controles financieros del reino. Ordenó en octubre a los diputados Juan de Benavente y Juan Solier, y a un profesional, Iñigo López Coronel, iniciar un sumario exhaustivo de los ingresos del Estado para poder así realizar un balance de la situación. Debían describirse que sumas habían ingresado, cuando, por quién, etc. [1]

    PresupuestoEditar

    El presupuesto de la Santa Junta estaba basado principalmente en tres fuentes de ingresos fiscales:[1]

    • Los impuestos ordinarios, que a veces la misma Junta mandaba recaudar en los territorios que reconocían su autoridad.
    • El dinero proveniente de las subastas de bienes confiscados a los enemigos o traidores del movimiento.
    • Los préstamos forzosos por parte de banqueros, cambistas, etc.
    • Los Préstamos de partículares adeptos al movimiento comunero (como los de Padilla y Acuña, entre otros)

    Todo esto le permitió a la Junta ingresar desde el 22 de diciembre de 1520 al 22 de abril de 1521 la suma de 4.429.140 maravedíes. La mayoría de este dinero se usó para pagar a las tropas y hacer frente a los gastos militares; el resto se destinó a los gastos ordinarios, como sueldos de los funcionarios, correos etc. [1]

    Asuntos judicialesEditar

    En este campo, la Junta ejerció las atribuciones judiciales que hasta el momento correspondían al Consejo Real. Antes de la toma de Tordesillas los documentos de este tipo eran refrendados en general por Pedro de Ayala, los doctores Zúñiga, Cabeza de Vaca y Martínez, el licenciado Santiago, el bachiller Guadalajara, Hernando de Ulloa, y Juan Fajardo, pero cuando se trasladó a Valladolid se rodeó de un grupo de especialistas compuesto por los doctores Olmedilla y Sampedro, los licenciados Daza, Burgos, Morales y Sancho Ruiz de Maluenda, los bachilleres Tordesillas y Pero Ramírez.[1]​ La Junta se encargó de administrar sobre todo tres tipos de procesos:[1]

    • Procesos políticos: contra los nobles que participaron de la toma de Tordesillas (cuya instrucción fue confiada al obispo Acuña y al licenciado Villena) y contra los traidores o «enemigos del bien público» en general, procesos que en este caso fueron instruidos por el bachiller Tordesillas, el doctor Sampedro y el licenciado Morales.
    • Procesos administrativos: corrupción, malversación de fondos, abusos de poder etc.
    • Procesos civiles y criminales: Constan en números considerables, a pesar de las amenazas del poder real de que los casos presentados ante los tribunales rebeldes no serían después atendidos por un juzgado regular.

    Lista de procuradores de la JuntaEditar

    En Tordesillas, la Santa Junta llegó a estar integrada por los diputados que se enumeran a continuación.[5]​ Se indica además: con una cruz, que bajo cargos de traición fueron ejecutados en la represión posterior a Villalar; entre parentésis, el oficio que desempeñaban en su ciudad, si se conoce, cuándo fueren elegidos diputados por sus representados, también si se conoce, y que castigo, excluyendo la muerte, recibieron tras Villalar:

    Por Burgos (en agosto):

    • Pedro de Cartagena (regidor).
    • Jerónimo de Castro.

    Por León (en agosto):

    • Antonio de Quiñones.
    • Gonzalo de Guzmán.
    • Fray Pablo de León.
    • Juan de Benavente (canónigo).

    Por Soria (los dos últimos elegidos el 1° de septiembre):[10]

    • Fernán Díaz de Morales (deán).
    • Carlos de Arellano.
    • Hernán Bravo de Saravia.
    • Bartolomé Rodríguez de Santiago (licenciado)-(† agosto de 1522).

    Por Salamanca:

    • Diego de Guzmán.
    • Fray Diego de Almaraz (comendador de la Orden de San Juan).
    • Francisco Maldonado.
    • Pero Sánchez (cerero)-(† agosto de 1522).

    Por Zamora:

    • García Fernández de Ocampo (regidor).
    • Fernando de Porras.
    • Francisco Pardo.
    • Juan Benito.

    Por Cuenca (en torno al 21 de septiembre):[11]

    • Juan de Olivares.
    • Fernando de Alcocer
    • Licenciado Titos
    • Juan de Guzmán.

    Por Madrid:

    • Pedro de Losada (prohibición de residir en Madrid y la Corte por tiempo indefinido).[1]
    • Pedro de Sotomayor († agosto de 1522).
    • Diego de Madrid (pañero).

    Por Toro:

    • Hernando de Ulloa (regidor).
    • Pero González de Valderas (abad).
    • Pedro de Ulloa.
    • Pedro Merino († agosto de 1522).

    Por Ávila (10 de septiembre):[2]

    • Sancho Sánchez Cimbrón (regidor).
    • Gómez de Ávila.
    • Diego del Esquina.

    Por Segovia:

    • Juan de Solier (regidor)-(† agosto de 1522).
    • Alonso de Cuellar.
    • Bachiller Guadalajara.

    Por Valladolid (5 de septiembre) :[5]

    • Jorge de Herrera (regidor).
    • Alonso de Saravia († 19 de abril de 1522).
    • Alonso de Vera.

    Por Toledo:

    • Pedro de Ayala (regidor).
    • Diego de Montoya († agosto de 1522).
    • Pero Ortega (diputado de la Comunidad).
    • Francisco de Rojas (jurado).

    Por Murcia:[1]

    • Juan Fajardo.
    • El doctor Cabeza de Vaca († agosto de 1522).

    Por Guadalajara:

    • Juan de Orvina (regidor).
    • Francisco de Medina (regidor).
    • Alonso de Esquivel.

    Véase tambiénEditar

    ReferenciasEditar

    1. a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar Pérez, Joseph (1977). La Revolución de las Comunidades de Castilla. 
    2. a b c Sánchez, Serafín (2007). «La participación de Ávila en las Comunidades de Castilla». Separata 3. ISBN 9788496433519. 
    3. Citado en La Revolución de las Comunidades de Castilla (1520-1521) de J. Pérez.
    4. Sanz, Eufemio (1986). Historia de Medina del Campo y su Tierra. ISBN 8450544114. 
    5. a b c d e f g h Dánvila, Manuel (Madrid, 1897-1900). Historia crítica y documentada de las Comunidades de Castilla. 6 volúmenes. 
    6. Citado en La Revolución de las Comunidades de Castilla (1520-1521) de J. Pérez.
    7. Citado en La Revolución de las Comunidades de Castilla (1520-1521) de J. Pérez.
    8. Salvá, Anselmo (1895). Burgos en las Comunidades de Castilla. Imp. y lib. de Hijos de Santiago Rodríguez. 
    9. Traseira de Abajo, Ignacio. «La guerra en las Comunidades en la ciudad de León». Insituto Lou de Humanismo y Tradición clásica, Universidad de León. 
    10. Diago Hernández, Máximo (2001). «Las ciudades castellanas contra Carlos I; Soria durante la revuelta de las Comunidades». Celtiberia (94): 125-184. ISSN 0528-3647. 
    11. Diago Hernándo, Máximo (2002). «El conflicto comunero en Cuenca». Chronica Nova:Revista de historia moderna de la Universidad de Granada (29): 27-622. ISSN 0210-9611. 

    Enlaces externosEditar