Corte Penal Internacional

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La Corte Penal Internacional (CPI) (llamada también Tribunal Penal Internacional) es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad. Es importante no confundirla con la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial de Naciones Unidas, ya que la CPI tiene personalidad jurídica internacional, y no forma parte de las Naciones Unidas, aunque se relaciona con ella en los términos que señala el Estatuto de Roma, su norma fundacional. Tiene su sede en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos.

Corte Penal Internacional
International Criminal Court
Cour Pénale Internationale
International Criminal Court logo.svg

International Criminal Court Headquarters, Netherlands.jpg
Sede de la Corte Penal Internacional, en La Haya.
Información general
Acrónimo ICC
Tipo Tribunal de Justicia internacional
Fundación 17 de julio de 1998 por el Estatuto de Roma
Jurisdicción Internacional
País Países Bajos
Sede Edificio de la Corte Penal Internacional, La Haya, Países BajosFlag of the Netherlands.svg Países Bajos
Coordenadas 52°06′20″N 4°19′04″E / 52.105555555556, 4.3177777777778Coordenadas: 52°06′20″N 4°19′04″E / 52.105555555556, 4.3177777777778
Organización
Presidente Bandera de Nigeria Chile Eboe-Osuji
Vicepresidente 1° Bandera de República Checa Robert Fremr
Vicepresidente 2° Bandera de Francia Marc Perrin de Brichambaut
Fiscal Jefa Bandera de Gambia Fatou Bensouda[1]
Composición Véase Organización
Sitio web

HistoriaEditar

Los fundamentos políticos y doctrinales tras el establecimiento de un tribunal internacional para el enjuiciamiento de crímenes son de largo recorrido en Occidente. Ya en 1919, una vez terminada la Primera Guerra Mundial, los países victoriosos quisieron juzgar al Káiser Guillermo II de Alemania por el crimen de agresión, pero nunca se llegó a un acuerdo sobre la materia. Su fundamento original más directo se encuentra en los tribunales internacionales establecidos en Núremberg y Tokio para juzgar a los criminales de guerra de Alemania y Japón por los delitos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Pese a que el primero de estos ha sido objeto de graves críticas —tanto por castigar penalmente a personas jurídicas como las S.S. o la Gestapo, o por no aplicar principios de temporalidad y territorialidad de los delitos— fueron en conjunto considerados un gran avance en materia de justicia internacional. Posteriormente, en los albores de la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad recomendó a un panel de expertos que se explorase la posibilidad de establecer una corte permanente de justicia en materia criminal, similar o complementario a su principal órgano judicial, la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, después de largos debates académicos y políticos, la idea no prosperó hasta los graves acontecimientos del genocidio yugoslavo (1991-1995) y ruandés (1994).En parte por estos trágicos hechos, y por el desarrollo alcanzado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y por el Derecho Penal Internacional, se celebró en la ciudad de Roma una Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, en cuya acta final, suscrita el día 17 de julio de 1998, se estableció la Corte Penal Internacional. Se trata así del primer organismo judicial internacional de carácter permanente encargado de perseguir y condenar los más graves crímenes, cometidos por individuos, en contra del Derecho Internacional.

Conscientes de que todos los pueblos están unidos por estrechos lazos y sus culturas configuran un patrimonio común y observando con preocupación que este delicado mosaico puede romperse en cualquier momento,
Teniendo presente que, en este siglo, millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad,
Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad,
Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia...
Estatuto de Roma, Preámbulo

OrganizaciónEditar

La Corte está compuesta de cuatro (4) órganos, dos (2) oficinas semiautónomas y el Fondo para las Víctimas (The Trust Fund for Victims - TFV). Los órganos son: Presidencia, Divisiones Judiciales, Oficina del Fiscal y Secretaría.

  • Presidente: Juez Chile Eboe-Osuji, (Nigeria).
  • Primer Vicepresidente: Juez Robert Fremr, (Rep. Checa).
  • Segundo Vicepresidente: Juez Marc Perrin de Brichambaut, (Francia).
  • 18 jueces organizados dentro de la División de Cuestiones-Preliminares, la División de Juicio y la División de Apelaciones.
  • Fiscal:Fatou Bensouda, (Gambia).
  • Vicefiscal James Stewart (Canadá),
  • Secretario: Peter Lewis, (Gran Bretaña).

Las oficinas semi-autónomas son la Oficina del Abogado Público para Víctimas y la Oficina del Abogado Público para la Defensa.

Asamblea de los Estados PartesEditar

La Asamblea de los Estados Partes es el órgano legislativo de la Corte Penal Internacional y está encargada de supervisar su gestión. Está compuesto por representantes de los Estados que han ratificado y adherido al Estatuto de Roma. Por principio de independencia de la Corte, y para garantizar su imparcialidad política, la Asamblea de los Estados Partes no es un órgano de la CPI. La ASP funciona, a cambio, como el brazo legislativo de la Corte que igualmente garantiza su financiamiento. Según la Corte Penal Internacional, en su página web, actualizada hasta noviembre de 2019, 123 países han firmado el Estatuto De Roma de la Corte Penal Internacional, quedando dividido por zonas geográficas, así: países africanos, países asiáticos, Europa del Este, Latinoamérica y el Caribe y Europa del Oeste y otros países. Una de las ideas que dirigió aquella Asamblea de los Estados Partes fue convertir a la Corte en un organismo realmente internacional. Pese a las críticas que suscitaron en su momento las reglas de ratificación que no permiten reservas, se estableció un alto número de cuórum para que esta entrara en funciones (60 ratificaciones). Las ratificaciones fueron logradas en cuatro años, entrando en vigor el Estatuto el 1 de julio de 2002.

FuncionamientoEditar

La Corte funciona como un organismo autónomo de cualquier otro poder o Estado. Sin embargo, esto no obsta a que, en el cumplimiento de su deber, cuente con la colaboración de los poderes.

CrímenesEditar

Los crímenes que puede conocer la Corte se encuentran limitados a los señalados en el artículo 5 del Estatuto de Roma, que son:

Principios aplicablesEditar

El funcionamiento de la Corte se rige por una serie de normas y principios que lo transforman en un tribunal especial, solo para conocer casos realmente particulares. Los principios aplicables son:

  • Complementariedad: la Corte funciona solo cuando un país no juzga o no puede juzgar los hechos de competencia del tribunal.
  • Nullum crime sine lege: el crimen debe estar definido al momento de la comisión y que sea competencia de la Corte.
  • Nulla poena sine lege: un condenado por la Corte solamente puede ser penado como ordena el Estatuto.
  • Irretroactividad ratione personae: nadie puede ser perseguido por la Corte por hechos o delitos cometidos con anterioridad a su entrada en vigencia.
  • Responsabilidad penal individual: no serán objeto de la pretensión punitiva las personas jurídicas, salvo como hecho agravante por asociación ilícita.
  • La Corte no es competente para juzgar a quienes eran menores de 18 años en el momento de comisión del presunto crimen.
  • Improcedencia de cargo oficial: todos son iguales ante la Corte, aunque el acusado sea, por ejemplo, jefe de Estado.
  • Responsabilidad por el cargo.
  • Imprescriptibilidad.
  • Responsabilidad por cumplimiento de cargo: no es eximente de responsabilidad penal.

Investigación y enjuiciamientoEditar

La investigación de los hechos que fueran constitutivos de delitos se puede iniciar por tres formas (art. 13):

  • Por remisión de un Estado Parte a la Corte de una situación particular;

Una vez que el Fiscal maneje estos antecedentes, puede o archivarlos o presentar una acusación que es revisada por la Cámara de Asuntos Preliminares, que revisa los antecedentes hechos valer por el Fiscal. Si es procedente se acoge la acusación que pasa a ser conocida por la Cámara de Primera Instancia, donde se realiza el juicio. Una vez absuelto o condenado, tanto el Fiscal como el condenado en su caso, pueden apelar o casar ante la Cámara de Apelaciones.

Penas y cumplimientoEditar

Las penas que puede establecer la sentencia puede ser de prisión por un plazo no mayor de 30 años, o (por la gravedad de los crímenes) cadena perpetua, además de una multa y el decomiso de las especies que sean de propiedad del condenado (art. 77).

La pena se puede llevar a cabo en el país sede de la Corte (Holanda) o en otro de acuerdo con los convenios que se puedan establecer entre la Corte y otros países.

Relación con los Estados y Organismos InternacionalesEditar

La Corte, en virtud de las normas del Estatuto que la autorizan, podrá pactar con diferentes Estados diversas formas de cooperación, de investigación o de cumplimiento de condenas. Estos pactos suelen ser considerados complementarios al Estatuto para quienes los firman. A modo de ejemplo, el año 2005, Austria firmó un acuerdo de cooperación y de apoyo a las investigaciones que realiza la Corte.

En cuanto a las Naciones Unidas, el Estatuto en su artículo 2 señala que: la Corte estará vinculada con las Naciones Unidas por un acuerdo que deberá aprobar la Asamblea de los Estados Partes en el presente Estatuto y concluir luego el Presidente de la Corte en nombre de ésta. En este sentido, es importante destacar la situación del "veto invertido", establecido en el Estatuto. Esta modificación cambia el efecto que tiene la aplicación por alguno de los países que cuentan con un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, de su derecho a veto. Esto se traduce en que al momento de utilizar este derecho, solo tendrá el efecto de evitar que el Consejo haga aplicación del derecho que tiene a solicitar a la Corte la no iniciación o suspensión de una investigación en curso ante la Corte.

El caso del artículo 98Editar

El artículo 98 del Estatuto señala:

1. La Corte podrá negarse a dar curso a una solicitud de entrega o de asistencia en virtud de la cual el Estado requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones que le imponga el derecho internacional con respecto a la inmunidad de un Estado o la inmunidad diplomática de una persona o un bien de un tercer Estado, salvo que obtenga la cooperación de ese tercer Estado para la renuncia a la inmunidad.


2. La Corte no dará curso a una solicitud de entrega en virtud de la cual el Estado requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones que le imponga un acuerdo internacional conforme al cual se requiera el consentimiento del Estado que envíe para entregar a la Corte a una persona sujeta a la jurisdicción de ese Estado, a menos que ésta obtenga primero la cooperación del Estado que envíe para que dé su consentimiento a la entrega

Estas normas establecen una forma de evitar el cumplimiento de las resoluciones de la Corte cuando exista un tratado internacional que proteja al nacional de otro estado que no sea parte del Estatuto. En términos prácticos, los Estados Unidos han hecho uso de esta situación que se preveía excepcional en los casos, estableciendo tratados de cooperación con diversos países en los términos que señala el artículo antes mencionado.[2]

A partir del año 2003, Estados Unidos decidió poner término a la ayuda militar a los países que decidieran no acceder a convenir un tratado de exclusión con base en el artículo 98. Este medio de presión, con el cual en junio de 2005 ya había logrado convenir acuerdos con cerca de 100 países, no fue aceptado por varios Estados que vieron afectados sus aportes militares por parte de los Estados Unidos. Entre estos últimos se encuentran Brasil, Costa Rica, Ecuador, Perú, Sudáfrica, Venezuela y otros países de África y América Latina.

La oposición del Gobierno federal de los Estados UnidosEditar

El Gobierno federal de los Estados Unidos pugna por inmunizar del procesamiento por crímenes de guerra a ciudadanos estadounidenses. El expresidente George W. Bush rechazó firmar cualquier tratado relacionado con el tema; también retiró la firma del Estatuto de Roma.

El Gobierno federal de los Estados Unidos ha firmado acuerdos bilaterales de inmunidad (A.B.I.) con 60 países, en su mayoría países pequeños, con democracias frágiles y economías débiles entre los que se encuentran Bhután, El Salvador, India, Nepal, Colombia[3]​ y Sri Lanka. (Colombia haciendo la excepción referente a la ayuda militar puesto que se encontraba de acuerdo con los Estados Unidos de América). A los países que se negaron a firmar estos tratados, el gobierno estadounidense les retiró la ayuda militar, así ocurrió con Brasil, Uruguay, Croacia, Lituania y Malawi, por nombrar algunos.

Conforme al estatuto, la CPI puede asumir la jurisdicción nacional de un país para juzgar crímenes. Estados Unidos se opone a esto. Los crímenes procesados por la CPI son crímenes de jurisdicción universal. A su vez, el estatuto de la CPI protege el principio de jurisdicción universal. Solamente procesará cuando el país del cual sea ciudadano el agresor no pueda o no deseé hacerlo.

Principio de complementariedadEditar

El principio de complementariedad es el mecanismo jurídico que establece la interacción de la Corte Penal Internacional con las jurisdicciones nacionales.

El Estatuto de Roma contempla en el décimo párrafo del preámbulo, así como en su artículo 1, que la Corte Penal Internacional tendrá un carácter complementario a las jurisdicciones nacionales[4]​. Ello quiere decir que la Corte no será una jurisdicción exclusiva; así, no será el único tribunal que pueda conocer de los crímenes internacionales previstos por el Estatuto de Roma. En este sentido, el propio Estatuto contempla que serán las jurisdicciones penales nacionales las que tendrán primacía formal para conocer de dichos crímenes.

InvestigacionesEditar

Investigaciones en curso:

 
Investigaciones de la Corte Penal Internacional
Verde: Investigaciones oficiales (Burundi, República Centroafricana (2), Costa de Marfil, Darfur (Sudán), Georgia, Kenia, Libia, Malí, República Democrática del Congo, Uganda)
Naranja: Autorización para abrir investigación solicitada (ninguna actualmente)
Rojo claro: Exámenes preliminares en curso (Afganistán, Colombia, Comoros, Guinea, Filipinas, Irak, Nigeria, Palestina, Ucrania y Venezuela)
Rojo oscuro: Exámenes preliminares cerrados (Corea del Sur y Honduras)

CríticasEditar

El Estatuto de la Corte no ha sido firmado ni ratificado, entre otros países, por Estados Unidos, Rusia, China, India, Israel, Cuba e Irak, lo que denota la política de evitar someter a organismos supranacionales los temas internacionales y de dejarlos a organizaciones intergubernamentales o, simplemente, de que no estén regulados.[cita requerida]

El caso particular de Estados Unidos es el más polémico. El 2 de agosto de 2002, el Congreso de ese país aprobó la American Servicemembers Protection Act (Ley de Protección del Personal de Servicio estadounidense) con el claro objetivo de debilitar a la Corte.[cita requerida]

Esta ley prohíbe a los gobiernos y a los organismos federales, estatales y locales estadounidenses (incluidos los tribunales y los organismos encargados de hacer cumplir la ley) la asistencia a la Corte. En consecuencia, se prohíbe la extradición de cualquier persona de los Estados Unidos a la Corte y se prohíbe a los agentes del Tribunal llevar a cabo investigaciones en los Estados Unidos.[cita requerida]

La ley también prohíbe ayuda militar de Estados Unidos a los países que son parte en la Corte. Además, se autoriza al presidente de los Estados Unidos a utilizar "todos los medios necesarios y adecuados para lograr la liberación de cualquier [personal estadounidense o aliado] detenido o encarcelado, en nombre de, o a solicitud de la Corte Penal Internacional", lo cual representa la figura de sedición contra el Derecho Internacional.[cita requerida]

Presiones del Gobierno de Estados UnidosEditar

Primeras presionesEditar

El 20 de noviembre de 2017, el Fiscal solicitó autorización a los jueces preliminares para iniciar una investigación sobre presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en relación con el conflicto armado en la República Islámica de Afganistán desde el 1 de mayo de 2003, así como con respecto a crímenes similares relacionados al conflicto armado en Afganistán presuntamente cometido en el territorio de otros Estados partes en el Estatuto de Roma desde el 1 de julio de 2002.[5]

Desde la llegada al Gobierno de Donald Trump, las presiones a las actividades de este gobierno a la Corte se han intensificado. El 17 de marzo de 2019, el secretario Mike Pompeo declaró que ha dado la orden de retirar los visados de ingreso a este país a los empleados de la Corte en reprimenda de la apertura de una investigación sobre supuestos abusos cometidos en la guerra de Afganistán en particular de cargos contra 44 personas por genocidio y crímenes de lesa humanidad o de guerra[6]​ El retiro del visado de Fatou Bensouda fiscal en jefe de la Corte, concreta estas presiones. De todas formas la Corte y en particular la fiscal manifestó que seguirá investigando “sin miedo y sin favoritismos”[7]​.

Abril de 2019Editar

Una semana después, en abril de 2019, los jueces de la CPI rechazaron investigar los abusos o crímenes cometidos en Afganistán alegando que una "investigación en este momento no serviría a los intereses de la justicia" indicó un comunicado de la CPI[8]​. Se entendió que es mejor para la "Corte usar sus recursos otorgando la prioridad a las actividades que tengan más posibilidades de estar coronadas por el éxito". Sobre esta decisión la ONG Human Rights Watch comento "es un golpe devastador para las víctimas que sufrieron graves crímenes, sin haber obtenido reparación" en un comunicado.[9]​ Asimismo Amnistía Internacional condenó la decisión y comento[10]

En Afganistán se han perpetrado crímenes atroces con casi total impunidad en todo el país durante más de 15 años. La decisión tomada hoy por la CPI es un vergonzoso abandono de las víctimas que debilitará su ya cuestionable credibilidad
Biraj Patnaik director de Amnistía Internacional
Ninguna de las razones dadas por los jueces de la CPI justifica esta decisión. La investigación de los crímenes más graves siempre se ha llevado a cabo en circunstancias difíciles. En todo caso, la renuencia de la Corte a continuar con las investigaciones ante estas dificultades sólo revela que está sobrepasada, y señala su escasa determinación
Biraj Patnaik director de Amnistía Internacional

Septiembre de 2019Editar

El 27 de septiembre de 2019, la Cámara de Apelaciones de la Corte Penal Internacional programó una audiencia para recibir argumentos orales en las apelaciones de las víctimas y del Fiscal contra la "Decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares II de conformidad con el Artículo 15 del Estatuto de Roma sobre Autorización de una investigación sobre la situación en la República Islámica de Afganistán".

La audiencia se llevará a cabo en audiencia pública durante tres días del 4 al 6 de diciembre de 2019. Dada la importancia de las cuestiones legales que deben abordarse, la Cámara de Apelaciones invitó a los Estados interesados a asistir a la audiencia, e invitó a profesores de procedimiento penal y/o derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos, así como a organizaciones con experiencia legal específica en derechos humanos. [5]

Marzo de 2020Editar

El 5 de marzo de 2020, por unanimidad, la corte autorizó a la fiscal general a comenzar las investigaciones sobre posibles crímenes de guerra en Afganistán. La sentencia de la Sala de Apelaciones modificó la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares II del 12 de abril de 2019, que rechazó la solicitud del Fiscal de autorizar una investigación del 20 de noviembre de 2017 y determinó que el inicio de una investigación no redundaría en interés de la justicia. La fiscal había presentado un recurso contra esa decisión. El juez Piotr Hofmański, el presidente del tribunal en esta apelación, leyó un resumen de la sentencia de la Sala de Apelaciones en audiencia pública.[11]​ La Sala de Apelaciones consideró que la Cámara de Cuestiones Preliminares cometió un error al considerar no serviría a los intereses de la justicia al examinar la solicitud de autorización del Fiscal para abrir una investigación. Tras observar que la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares contenía todas las conclusiones de hecho necesarias y había confirmado que existe una base razonable para considerar que se cometieron crímenes dentro de la jurisdicción de la CPI en Afganistán, la Sala de Apelaciones decidió autorizar la apertura de una investigación en sí misma, en lugar de enviar el asunto a la Sala de Cuestiones Preliminares para una nueva decisión.[11]

Junio 2020Editar

En junio de 2020, el gobierno del presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva y así refuerza las presiones y ataque contra la Corte Penal Internacional al autorizar sanciones económicas y restricciones de viaje contra trabajadores de la corte directamente involucrados en la investigación de tropas estadounidenses y funcionarios de inteligencia por posibles crímenes de guerra en Afganistán.[12]

"Las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque a los derechos del pueblo estadounidense y amenazan con infringir nuestra soberanía nacional"
secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany[12]

La orden ejecutiva autorizó al secretario de estado a bloquear los activos financieros dentro de la jurisdicción de los EE. UU. del personal de la corte que se dedica directamente a investigar, acosar o detener al personal de los EE. UU. La orden autoriza a impedir que funcionarios de la corte y sus familiares involucrados en las investigaciones ingresen a ese país.[12]

Grupos de derechos humanos deploraron la medida de la administración Trump.

  • La última acción de la administración Trump allana el camino para imponer sanciones contra los funcionarios de la CPI y demuestra desprecio por el estado de derecho global "
  • Este asalto a la CPI es un esfuerzo para bloquear a las víctimas de delitos graves, ya sea en Afganistán, Israel o Palestina por ver justicia. Los países que apoyan la justicia internacional deberían oponerse públicamente a este evidente intento de obstrucción ”
Andrea Prasow, directora de Human Rights Watch en Washington."

Por su parte, la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas lamentó el impacto que las sanciones autorizadas por el presidente de Estados Unidos, podrían tener sobre juicios e investigaciones en marcha en la Corte Penal Internacional, afirmando que su independencia debe ser protegida.[13]

Véase tambiénEditar

ReferenciasEditar

  1. «Copia archivada». Archivado desde el original el 26 de junio de 2012. Consultado el 15 de junio de 2012. 
  2. Los intentos de obtener una exención de otros estados fueron rechazadas Unión Europea: ver (en italiano) Giampiero Buonomo, Ue-Usa alla stretta finale sulla Corte penale internazionale.
  3. http://www.colectivodeabogados.org/Texto-del-acuerdo-entre-Colombia-y / http://apw.cancilleria.gov.co/Tratados/adjuntosTratados/US-17-09-2003.PDF
  4. International Criminal Court. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. ISBN 929227242X. OCLC 880554612. Consultado el 27 de septiembre de 2019. 
  5. a b «Afghanistan: ICC Appeals Chamber schedules a hearing on 4-6 December 2019 to hear oral arguments» [Afganistán: la Cámara de Apelaciones de la CPI programa una audiencia del 4 al 6 de diciembre de 2019 para escuchar los argumentos orales]. www.icc-cpi.int (Corte Penal Internacional). 27 de septiembre de 2019. Consultado el 27 de septiembre de 2019. 
  6. «Trump cierra EE.UU. a la Corte Penal Internacional para que no investigue supuestos abusos en Afganistán» (en español). abc.es. 18 de marzo de 2019. Consultado el 8 de abril de 2019. 
  7. elpais.com, ed. (5 de abril de 2019). «Estados Unidos retira el visado a la fiscal de la Corte Penal Internacional». Consultado el 8 de abril de 2019. 
  8. «La CPI rechaza petición de fiscal de abrir investigación en Afganistán» (en español). Swissinfo. 12 de abril de 2019 - 14:58. Consultado el 12 de abril de 2019. 
  9. «EE. UU. amenaza a la Corte Penal Internacional». HRW. 16 de marzo de 2019. Archivado desde el original el 13 de julio de 2019. Consultado el 27 de septiembre de 2019. 
  10. «Afghanistan: ICC refuses to authorize investigation, caving into USA threats» [Afganistán: La CPI se niega a autorizar la investigación, sucumbiendo a las amenazas de Estados Unidos]. Amnistía Internacional. 12 de abril de 2019. Archivado desde el original el 20 de agosto de 2019. Consultado el 27 de septiembre de 2019. 
  11. a b «Afghanistan: ICC Appeals Chamber authorises the opening of an investigation» [Afganistán: la Cámara de Apelaciones de la CPI autoriza la apertura de una investigación]. www.icc-cpi.int (Corte Penal Internacional). 5 de marzo de 2020. Consultado el 6 de marzo de 2020. 
  12. a b c LEE, MATTHEW; DEB, REICHMANN (11 de junio de 2020). «Trump OKs sanctions against international tribunal employees» [Trump aprueba sanciones contra empleados de tribunales internacionales]. wsbt (en inglés) (The Associated Press). Consultado el 13 de junio de 2020. 
  13. «ONU lamenta decisión de Trump contra Corte Penal Internacional, insta a protegerla». Reuters. 12 de junio de 2020. Consultado el 13 de junio de 2020. 

BibliografíaEditar

  • Deop, Xabier: La Corte Penal Internacional: un nuevo instrumento internacional contra la impunidad, Revista CIDOB D'Afers Internacionals, nº 51-52, pp. 229-247.
  • Fernandes, Jean Marcel, La Corte Penal Internacional. Soberanía versus justicia universal. Madrid, 2008, Reus. ISBN 84-290-1524-8.autor del trabajo César Rinza.
  • Finocchiaro, Enzo, "Derecho Penal Internacional", Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2016
  • Rueda Fernández, C.: La criminalización de la barbarie: La Corte Penal Internacional / coord. por Juan Antonio Carrillo Salcedo, 2000, ISBN 84-89230-24-2, pags. 301-324.
  • Rueda Fernández, C.: Delitos de derecho internacional: tipificación y represión internacional. Editorial Bosch, Madrid, 2001. ISBN 84-7676-899-0.

Enlaces externosEditar