Diferencia entre revisiones de «Matanzas de Paracuellos»

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La responsabilidad última de estos crímenes (quién o quienes dieron las órdenes de proceder a las matanzas) es un asunto aún abierto y la tarea de determinarla es cada vez más ardua para los historiadores, a causa de la muerte de muchas personas clave de dichos hechos y de la ausencia de pruebas directas acerca de quién o quienes dieron las órdenes de que algunas de las ''sacas'' terminasen en las fosas comunes de Paracuellos o Torrejón. También resulta controvertido dilucidar las complicidades en tales hechos (esto es, qué autoridades, teniendo constancia de las matanzas, no hicieron lo suficiente para impedirlas). Así, Cervera distingue en su análisis entre la responsabilidad directa, es decir, la de los que planearon los asesinatos y dieron las órdenes para su ejecución, y las de aquellos que, conociendo que se estaban llevando a cabo tales acciones, no hicieron lo suficiente para terminar con ellas, aún disponiendo de poder y medios para ello.<ref>(Cervera 2006: 94)</ref>
 
El hispanista irlandés '''Ian Gibson''' afirma que es clara la responsabilidad del [[Partido Comunista de España|Partido Comunista]], cada vez más poderoso en Madrid y fuerza hegemónica en el Consejo de la Dirección General de Seguridad de la Consejería de Orden Público (presidido por Segundo Serrano Poncela), continuador del Comité Provincial de Investigación Pública (la tristemente célebre ''checa'' de Bellas Artes y luego de Fomento), dirigido en la sombra por los agentes soviéticos en España [[Mijail Koltsov]] (al que identifica como a la persona que se ocultaba bajo el seudónimo de Miguel Martínez) y [[Alexander Orlov|Nikloski "Alejandro" Orlov]], jefe de la [[NKVD]] en España.<ref>{{cita|El peso de los muchos datos que poseemos sobre lo ocurrido en las cárceles de Madrid, procedentes de varias fuentes independientes hace imposible no identificar a los comunistas como los principales instigadores de la matanza. Koltsov repite una y otra vez que fue Miguel Martínez, es decir, él mismo, quien insistió en la necesidad de efectuar los traslados. El ruso no menciona a la NKVD ni a Nikloski, alias «Alejandro Orlov», pero sabiendo lo que sabemos de las actividades de éste —incluido tal vez el intento de matar al doctor Henny—, nos parece difícil, y hasta imposible, que no estuviera el estalinista Koltsov —uno de los dirigentes soviéticos más destacados en España— en estrecho contacto con él. No existen documentos que lo demuestren (o, si existen, no han sido, que sepamos, publicados), pero se nos hace muy cuesta arriba creer que, en la matanza de «fascistas» llevada a cabo el 7 y el 8 de noviembre, no intervinieran sigilosamente los asesores rusos, presionando sobre sus camaradas españoles para que acabasen de una vez con sus enemigos. [...] Pero de todas maneras, aun cuando hubiera habido presión rusa sobre los comunistas españoles para que éstos matasen a los presos «fascistas», la máxima culpabilidad por lo que ocurrió sigue pesando, a nuestro parecer, sobre el Partido Comunista Español.|(Gibson 2005: 247-248)}}</ref> De acuerdo con Gibson, el "Consejillo de Orden Público" habría implantado un "''sistema de terror y muerte''". Un sistema que era heredero de la tristemente célebre "checa de Fomento" y que dirigía el Consejillo de la Dirección General de Seguridad, un organismo controlado por los comunistas con la colaboración activa de los anarquistas. Estos asesinatos no tuvieron lugar en cualquier momento, sino en una especial situación, en la que las tropas franquistas se encontraban a las puertas de la ciudad, sin saberse si entrarían en la ciudad en cualquier momento. En la situación de "miedo y pánico que se habían apoderado de un Madrid sujeto día y noche al bombardeo, aquellos ''duros'' del Consejillo [el Consejo de la Dirección General de Seguridad] no estaban dispuestos a tratar humanamente a los presos «fascistas» (Incluido Mujeres y niños) hacinados en las cárceles de Madrid. Y además, las masas que representaban clamaban por la sangre de aquellos reclusos.<ref>(Gibson 2005: 253)</ref>
[[Archivo:Escuelas Pías San Antón 4.jpg|thumb|260px|Fuente situada en el chaflán que forma uno de los ángulos del colegio de las Escuelas Pías de San Antón, transformado en cárcel (cárcel de San Antón) durante la Guerra Civil y de donde salieron muchas de las sacas que finalizaron en Paracuellos del Jarama.]]
Respecto a otras personas acusadas por otros autores de haber ordenado las matanzas, Gibson no considera en ningún momento como responsable de estas a Manuel Muñoz Martínez, director general de Seguridad, que había abandonado la ciudad en la tarde-noche del 6 de noviembre con el resto del Gobierno, habiendo dejado una orden de evacuación de presos de la cárcel de San Antón a Alcalá de Henares, que fue usada el día 7, con la fecha probablemente manipulada. Tampoco menciona a [[Margarita Nelken]], diputada socialista sin ninguna participación en el Gobierno ni en la Junta de Defensa de Madrid (acusada por César Vidal, el cual, siguiendo a Schlayer, la considera sucesora de Muñoz al frente de la Dirección General de Seguridad el 7 de noviembre; Gibson no considera que existiese tal "sucesión" en la DGS entre la huida de su titular, en la noche del 6 de noviembre y la constitución de la Junta de Defensa de Madrid, en la madrugada del 7).<ref>{{cita|Manuel Muñoz Martínez, director general de Seguridad, había abandonado Madrid en la noche del 6 de noviembre, siendo asumido su puesto por el subdirector, Vicente Girauta Linares. Al irse el Gobierno a Valencia, la Dirección General de Seguridad, como tal, desapareció prácticamente como entidad policial madrileña y, a partir de entonces, todos sus efectivos, servicios, etc., pasaron a depender de la Consejería de Orden Público de la Junta de Defensa...|(Gibson 2005: 242)}}</ref> Con respecto a Santiago Carrillo, afirma que es difícil de creer que aquel no estuviese enterado de las matanzas que se habían producido los días 7 y 8 de noviembre, si no enseguida, sí muy poco tiempo después (máxime teniendo en cuenta la conversación con Schlayer, en la que éste le había advertido de la situación de los presos), si bien es posible que Carrillo no tuviese nada que ver con ella. Gibson concluye que tanto Carrillo como su delegado, Segundo Serrano Poncela, prefirieron no darse por enterados del "''sistema de terror y muerte implantado antes de su llegada al poder, de acuerdo, pero continuado durante su mandato. [...] A la vista de esta situación, tanto Carrillo como Serrano Poncela, a nuestro juicio, optaron por hacer la vista gorda''".<ref name=ref_duplicada_1>(Gibson 2005: 252)</ref> Prueba de que, en caso de haberse querido, la Consejería de Orden Público, a cuyo frente estaba Carrillo, podía haber evitado las ''sacas'', es su cese con el nombramiento de [[Melchor Rodríguez García|Melchor Rodríguez]] como delegado especial de Prisiones.<ref>(Gibson 2005: 253-254)</ref> Según Gibson toda la Izquierda era inocente nadie tuvo la culpa y los encarcelados se lo merecían, que poca vergüenza tiene GIBSON.
 
'''César Vidal''' no hace ninguna distinción entre responsabilidades directas e indirectas. Así, sostiene que la responsabilidad última de los fusilamientos la tuvieron [[Santiago Carrillo]], como consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, y sus subordinados comunistas, socialistas y anarquistas. También acusa a [[Margarita Nelken]], diputada socialista, [[Manuel Muñoz Martínez]], director General de Seguridad, a los ministros del Gobierno de Largo Caballero [[Angel Galarza]] (Gobernación) y García Oliver (Justicia). La responsabilidad estaría, en definitiva, "en una visión ideológica que pretendía poseer la autoridad y legitimidad suficientes como para decidir la muerte de segmentos enteros de la población". Carrillo ha argüido que Paracuellos de Jarama no se encontraba dentro del área de jurisdicción de la Junta de Defensa para sostener su inocencia, aunque las cárceles desde donde partieron todos las ''sacas'' de presos sí que lo estaban.<ref>(Vidal 2005: 223)</ref>