Caso Marea
El «caso Marea» fue un caso de corrupción política en Asturias, surgido en torno a Marta Renedo Avilés, funcionaria cuyas iniciales forman el acrónimo que dio nombre a la investigación.[1] La investigación se inició a principios de 2010 con la adjudicación de contratos por parte de Renedo, que había sido Jefa del Servicio de Procesos Administrativos de la Consejería de Administraciones Públicas. Fue detenida en enero de 2011 junto José Luis Iglesias Riopedre, consejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, que dimitió cinco meses antes de su cargo alegando motivos de salud.[2]
El juicio posterior implicó a empresarios y políticos asturianos de primer nivel, siendo uno de los mayores casos de corrupción de Asturias. El grueso de las acusaciones consistía en la adjudicación arbitraria y sin concurso de contratos a empresas privadas, especialmente Igrafo y Almacenes Pumarín.[2]
La Junta General del Principado de Asturias constituyó una Comisión Especial de investigación, presidida por Ignacio Prendes. Su objetivo era la depuración de responsabilidades políticas. En sus conclusiones, dicha Comisión destacó tres hechos que considera comprobados: 1 La existencia de un fallo en los instrumentos de control que ha permitido actuaciones que habría que calificar de irregulares en beneficio propio e individualizadas 2. La existencia de una trama de intereses en su actuación con determinadas empresas privadas en el ámbito de la Consejería de Educación y 3. La actuación poco diligente por parte de los responsables políticos una vez que son conocidos datos ciertos que apuntan a la posible comisión de irregularidades en el ámbito de la contratación de sus departamentos.[3]
El juicio comienza en abril de 2016, y terminaría en agosto de 2017, habiendo declarado cerca de 180 testigos[2]. La Audiencia Provincial de Oviedo emite una sentencia condenatoria para 8 de los 13 acusados, sumando un total de 40 años. La condenas más elevadas en el ámbito político serían para José Luis Iglesias Riopedre y su número dos en el departamento, María Jesús Otero, a los que se impuso seis y nueve años y medio años de cárcel, respectivamente. Por su parte, «la mayor pena impuesta a los empresarios corresponde a los gerentes de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, y Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, que deberán cumplir cada uno seis años y medio de prisión por los delitos de falsedad en documento oficial en concurso medial con malversación de caudales públicos y de cohecho».[1]
Referencias
editar- ↑ a b «El caso Marea se cierra con penas de más 40 años para los acusados». El Economista. 1/09/2017.
- ↑ a b c COMERCIO, EL (1 de septiembre de 2017). «Cronología del 'caso Renedo'». El Comercio: Diario de Asturias. Consultado el 12 de junio de 2024.
- ↑ «Resolución de la Junta General del Principado de Asturias 94/IX, de 26 de julio de 2013, adoptada por el Pleno, de aprobación de las conclusiones del dictamen de la Comisión Especial no Permanente de investigación con la intención de ejercer la labor de control político que corresponde a la Junta General sobre todo lo relacionado con el conocido por «caso Marea» (09/0176/0001/00737». BOJG - Serie B. IX Legislatura (Núm. 426). 30 de julio de 2013.