Directiva Política Presidencial 19

La Directiva Política Presidencial 19 (PPD-19 por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, firmada por el presidente Barack Obama, está diseñada para garantizar que los empleados que prestan servicios en la Comunidad de Inteligencia o tienen acceso a información clasificada puedan denunciar eficazmente el despilfarro, el fraude y el abuso, protegiendo al mismo tiempo la información clasificada. Se trata de la orden ejecutiva que establece las normas para todos los organismos federales con empleados cubiertos por la Directiva, incluidos los que están bajo la Protección de Denunciantes de la Comunidad de Inteligencia de Defensa y el Programa de Denunciantes del Departamento de Defensa de los EE. UU. También prohíbe las represalias contra estos empleados por sus denuncias.[1]​ En consecuencia, la PPD-19 establece un sistema de protección de fuentes y denuncias de la Comunidad de Inteligencia bajo la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y supervisado por el inspector general de la Comunidad de Inteligencia (IC IG).

Las directivas de seguridad nacional son utilizadas por el Poder Ejecutivo, concretamente por la Casa Blanca, para difundir las decisiones presidenciales en materia de seguridad nacional.[2]​ La administración de Obama las denominó Directivas Políticas Presidenciales o PPD.[3]

Objetivos

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La PPD-19, tal y como está redactada, establece que:

  • Prohíbe las represalias contra cualquier funcionario o empleado de una agencia cubierta dentro de la Comunidad de Inteligencia.[4]
  • Prohíbe las represalias que afectan a la posibilidad de acceder a información clasificada.[5]
  • Permite que los empleados que aleguen represalias soliciten una revisión externa por parte de un panel de tres miembros del inspector general si se ha agotado el proceso de revisión aplicable.[1]​ Sin embargo, el panel sólo puede hacer recomendaciones al jefe de la agencia y no puede exigir a las agencias que corrijan las represalias.[6]

La PPD-19 no protegía originalmente a los contratistas de seguridad nacional como Edward Snowden de cualquier forma de represalia, excepto las decisiones relacionadas con su autorización de seguridad.[6]​ Según el abogado denunciante Mark Zaid, excluir a los contratistas fue «un descuido notable y obviamente intencionado, dado el importante número de contratistas que ahora trabajan en la comunidad de inteligencia».[7]​ Los procedimientos de esta directiva no entraron en vigor hasta julio de 2013, después de que Snowden hiciera sus revelaciones.[7]​ Las protecciones para los contratistas de la Comunidad de Inteligencia se codificaron dentro de la Ley de Reautorización de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de 2018.[8]

Partes de la PPD-19 fueron codificadas en la Ley de Autorización de Inteligencia para el año fiscal 2014.[6]

Referencias

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  1. a b La Casa Blanca (10 de octubre de 2012). «PRESIDENTIAL POLICY DIRECTIVE/PPD-19» [DIRECTIVA POLÍTICA PRESIDENCIAL/PPD-19] (PDF). Intelligence Resource Program | Federation of American Scientists | Wayback Machine (en inglés). Washington D. C. Archivado desde el original el 24 de abril de 2022. Consultado el 9 de junio de 2022. 
  2. «Presidential Policy Directives [PPDs]» [Directivas Políticas Presidenciales [PPD]]. Intelligence Resource Program | Federation of American Scientists | Wayback Machine (en inglés). Archivado desde el original el 2 de abril de 2022. Consultado el 9 de junio de 2022. 
  3. C. Relyea, Harold (2008). «Presidential Directives: Background and Overview» [Directivas presidenciales: Antecedentes y visión general]. Servicio de Investigación del Congreso (en inglés) (98-611). Consultado el 9 de junio de 2022. 
  4. Dawkins, Melissa (17 de junio de 2013). «Contractors with security clearances lack path to report problems». Federal News Network | Wayback Machine (en inglés). Archivado desde el original el 25 de noviembre de 2020. Consultado el 9 de junio de 2022. 
  5. Pavgi, Kedar (11 de octuobre de 2012). «Government Executive: Obama Expands Whistleblower Protections to Cover Intelligence Agencies». Government Accountability Project | Wayback Machine (en inglés). Archivado desde el original el 28 de marzo de 2014. Consultado el 9 de junio de 2022. 
  6. a b c «SECRET SOURCES: Whistleblowers, National Security, and Free Expression» [FUENTES SECRETAS: Denunciantes, seguridad nacional, y libertad de expresión] (PDF). PEN American Center (en inglés): 15-16. 10 de noviembre de 2015. Archivado desde el original el 14 de noviembre de 2015. Consultado el 9 de junio de 2022. 
  7. a b Davidson, Joe (12 de agosto de 2013). «Obama’s ‘misleading’ comment on whistleblower protections». The Washington Post | Wayback Machine (en inglés). ISSN 0190-8286. Archivado desde el original el 28 de febrero de 2022. Consultado el 9 de junio de 2022. 
  8. «S.139 - FISA Amendments Reauthorization Act of 2017» [S.139 - Ley de Reautorización de las enmiendas FISA de 2017]. Library of Congress | Wayback Machine (en inglés). 19 de enero de 2018. Archivado desde el original el 16 de abril de 2022. Consultado el 9 de junio de 2022.