Exequatur

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Exequatur[1]​ o execuátur[2][3]​ (literalmente, «ejecútese»)[1]​ es el conjunto de reglas conforme a las cuales el ordenamiento jurídico de un Estado verifica si una sentencia judicial emanada de un tribunal de otro Estado reúne o no los requisitos que permiten reconocimiento u homologación.

De la misma forma se denomina a la autorización que otorga un jefe de Estado a agentes extranjeros para que en su territorio puedan ejercer funciones propias de sus cargos (execuátur consular; véase cónsul); y, asimismo, en el contexto de las relaciones Iglesia-Estado propias del Antiguo Régimen, era el término utilizado para designar el pase que daba la autoridad civil de un Estado a las bulas y otras disposiciones pontificias para que fueran observadas dentro de su territorio (pase regio o regium exequatur; véase patronato regio).[1]

Execuátur como procedimiento de homologación de una sentenciaEditar

Titularidad del execuáturEditar

El titular del execuátur es:

  • Toda persona en cuyo favor se dictó la sentencia;
  • Toda persona a quien la sentencia extranjera le ocasione un perjuicio o le impida un beneficio que sólo la declaración puede hacer cesar.

Procedimiento de execuáturEditar

Para que sea procedente el execuátur se requiere, al menos, el cumplimento de los

  1. Verificación de tratado: es decir si existen tratados al respecto con el Estado del cual emana la sentencia. De existir se debe atener a estos. En caso contrario, se aplica el principio de reciprocidad.
  2. Reciprocidad: si hay reciprocidad con el país de origen de la sentencia, o sea, si el Estado del cual emana la sentencia le otorga valor a las demanadas del Estado ante quien se tramita el execuátur.
  3. Regularidad internacional de los fallos: la compatibilidad de la sentencia con las leyes del país donde se solicita que sea reconocida. Especialmente está referido a:

RegulaciónEditar

En el ámbito del derecho internacional privado, el régimen jurídico aplicable del execuátur, se encuentra regulado en España en el Título V, artículos 41 a 61, de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional en materia Civil, y tiene por objeto determinar si es posible brindarle a una sentencia extranjera (entendiendo esta como aquella resolución pronunciada por un tribunal que escapa a la soberanía del Estado en que se desea ejecutarla) reconocimiento, y permitir su cumplimiento en un Estado distinto a aquel que la pronunció.

En virtud de estos artículos, en España se reconoce y autoriza la ejecución de una resolución judicial o documento público extranjero si se cumplen una serie de requisitos, entre ellos, que no se den ninguna de los motivos de denegación que regula el Art. 46 de la citada Ley. Además, es necesario que la resolución sea firme (vía contenciosa) o definitiva (vía jurisdicción voluntaria), y este extremo debe acreditarse documentalmente (Art. 54.4.c)). Adcemás, será necesario acompañar a la demanda original o copia auténtica de la resolución; si dicha resolución se dictó en rebeldía, documento que acredite que se notificó al demandado; y en su caso, las traducciones pertinentes (Art. 54.4). En la misma demanda se podrá solicitar el reconocimiento, y la ejecución. Cualquier persona con interés legítimo podrá presentar demanda de Exequátur, ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado, o de la persona a que se refieren los efectos de la resolución; en su defecto, en el Juzgado del lugar de ejecución o donde la resolución deba producir sus efectos, y en último caso, ante el Juzgado de Primera Instancia ante el cual se interponga la demanda de Exequátur. El Art. 53 recoge la posibilidad de solicitar Asistencia Jurídica Gratuita al que reúna los requisitos para ello. Ni que decir tiene que el órgano jurisdiccional no podrá entrar a conocer el fondo del asunto de la resolución extranjera (Art.48). Cabe también la posibilidad de reconocimiento parcial, en caso de que la resolución contuviera varias pretensiones (Art.49).

Es un procedimiento relativamente sencillo, debiendo el Letrado de la Administración de Justicia examinar la documentación, que deberá estar debidamente apostillada o legalizada. Se da traslado al demandado para que en un plazo de 30 días se oponga, si lo considera oportuno. Si no es así, el órgano jurisdiccional dictará auto concediendo o denegando el Exequátur en un plazo de 10 días. Contra esta auto cabe recurso de apelación en plazo de 20 días; contra la apelación, recurso de casación o de infracción procesal. (Art.54 y 55).

Obtenido el Exequátur, se podrá, en su caso, inscribir la resolución judicial en los Registros Públicos en los que sea necesario para que produzca todos sus efectos jurídicos (Arts. 58-61).

Véase tambiénEditar

NotasEditar

  1. a b c Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2014). «exequatur». Diccionario de la lengua española (23.ª edición). Madrid: Espasa. ISBN 978-84-670-4189-7. Consultado el 26 de mayo de 2017. 
  2. Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2014). «execuátur». Diccionario de la lengua española (23.ª edición). Madrid: Espasa. ISBN 978-84-670-4189-7. Consultado el 26 de mayo de 2017. 
  3. «[...] con el fin de preservar la coherencia y simplicidad de nuestro sistema ortográfico, se recomienda que todos aquellos préstamos de otras lenguas (sean latinismos o extranjerismos) cuya grafía etimológica incluya una q con valor fónico independiente se adapten por completo al español sustituyendo dicha q por las grafías hoy asentadas en nuestra lengua para representar el fonema /k/. Esto supone pasar a escribir cuark, cuásar, cuórum o execuátur (y no quark, quásar, quórum o exequátur) y emplear la hispanización cuadrivio en lugar del latinismo semiadaptado quadrívium. En caso de mantener la q etimológica, estas voces deben considerarse extranjerismos o latinismos no adaptados y escribirse, por ello, en cursiva y sin tildes: quadrivium, quark, quasar, quorum o exequatur.». Citado en RAE y ASALE (2010), «§ 6.2.2.2.2 Uso de la letra q para representar el fonema /k/», Ortografía de la lengua española, Madrid: Espasa Calpe, ISBN 978-6-070-70653-0, consultado el 8 de agosto de 2017 .