José Antonio Sossa
José Antonio Sossa Rodríguez es un político panameño que fue Procurador General de Panamá bajo la presidencia de Mireya Moscoso.[1]
Conflictos con periodistas editar
Sossa tuvo varios conflictos con la prensa, en particular con el diario de oposición La Prensa. En 2000, presentó una querella criminal por difamación contra cuatro periodistas de aquel diario: el periodista de investigación peruano Gustavo Gorriti, la redactora de economía Miren Gutiérrez Almazor, y los periodistas Mónica Palm y Rolando Rodríguez. La querella se refería a una serie de artículos publicados por el diario en 1999, en los que se informaba de que un narcotraficante había hecho donaciones a una de las campañas políticas de Sossa.[2] En agosto, Sossa ordenó a la policía que se personara en los domicilios de los cuatro periodistas para obligarles a acudir a declarar ante el tribunal.[3]
En mayo, intentó encarcelar a Carlos Singares, periodista de El Siglo, por haber denunciado presiones a periodistas, pero dio marcha atrás tras las críticas de la presidenta Moscoso; al mes siguiente, encarceló a Singares durante ocho días, sin juicio previo, por haber denunciado en un artículo que Sossa había visitado a prostitutas menores de edad.[4] En diciembre, prohibió a los periodistas investigar los restos humanos enterrados en un cuartel militar, pero Moscoso volvió a desautorizarle.[2]
En 2004, Sossa presentó otra denuncia por difamación contra el fundador de La Prensa, I. Roberto Eisenmann, Jr.
Eisenmann había criticado el servicio de Sossa como procurador general, afirmando que se había dedicado a «proteger a delincuentes y presentar cargos contra periodistas».[5][6]
Otros conflictos editar
Sossa tuvo conflictos con el Poder Legislativo debido a que impedía las investigaciones a empresas multinacionales como la organización Mare Harris.[7]
En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia trascendental contra Sossa cuando determinó que la divulgación ilegal de conversaciones telefónicas por parte del Estado, como había ocurrido con el abogado Santander Tristán Donoso, constituía una violación de sus derechos fundamentales. El caso se inició cuando el abogado alegó que Sossa había filtrado una conversación grabada por la policía. Sin embargo, el sistema judicial panameño desestimó su denuncia y, paradójicamente, lo multó por criticar a Sossa.[8]
Referencias editar
- ↑ «Panama». The Committee to Protect Journalists. 2000. Archivado desde el original el 4 de septiembre de 2012. Consultado el 29 de agosto de 2012.
- ↑ a b «Police surround homes of three journalists charged with criminal defamation». International Freedom of Expression Exchange. 9 de agosto de 2000. Archivado desde el original el 15 de octubre de 2012. Consultado el 28 de agosto de 2012.
- ↑ «Panama». The Committee to Protect Journalists. 2000. Archivado desde el original el 4 de septiembre de 2012. Consultado el 29 de agosto de 2012.
- ↑ «Panama». The Committee to Protect Journalists. 2000. Archivado desde el original el 4 de septiembre de 2012. Consultado el 29 de agosto de 2012.
- ↑ Transparency International (2007). Global Corruption Report 2007: Corruption in Judicial Systems. Cambridge University Press. p. 254. ISBN 978-0-521-70070-2.
- ↑ «Journalist forced to submit to questioning in criminal defamation case». The Committee to Protect Journalists. 24 de marzo de 2004. Archivado desde el original el 3 de septiembre de 2012. Consultado el 29 de agosto de 2012.
- ↑ United States Congress Senate Committee on Governmental Affairs Permanent Subcommittee on Investigations, ed. (2001). Role of U.S. Correspondent Banking in International Money Laundering: Hearings Before the Permanent Subcommittee on Investigations of the Committee on Governmental Affairs, United States Senate, One Hundred Seventh Congress, First Session, March 1, 2, and 6, 2001 (en inglés). U.S. Government Printing Office. p. 1021. ISBN 978-0-16-066119-8. Consultado el 20 de febrero de 2024.
- ↑ Uceda, Ricardo (1 de diciembre de 2020). «El Informante: No al cambio de posta». larepublica.pe. Consultado el 20 de febrero de 2024. «En 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a dos Estados por divulgar conversaciones telefónicas en poder de las autoridades. Fueron utilizadas para crear un clima dañino contra personas que serían acusadas. El demandante, en el primer caso, fue el abogado Santander Tristán Donoso. El Procurador General de Panamá, José Antonio Sossa, filtró una conversación suya que había sido grabada por la policía. La justicia del país ignoró la denuncia y más bien le impuso al reclamante una multa por haberse expresado en contra de Sossa. La sentencia de la Corte Interamericana vino a revertir las cosas».