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Historia

Informes de derechos humanos

Ante las consultas por el uso de armas por Carabineros, el general Enrique Bassaletti (jefe de la zona oriente de la Región Metropolitana) comparó la situación del país con un cáncer y que, para ser controlado, la quimioterapia y la radioterapia «matan células buenas y malas»;​ el carabinero debió retractarse ese mismo día de dicha frase, que recordó al concepto de «extirpar el cáncer marxista» utilizada por Gustavo Leigh, miembro de la Junta Militar, como justificación para las violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura.​

Otras de las medidas anunciadas incluyen adelantar el egreso de carabineros y detectives en formación,​ y un proyecto de ley que permite a las fuerzas armadas resguardar la infraestructura crítica del país sin la necesidad de decretar estado de excepción.​

Acciones judiciales

Contra civiles

A fines de octubre se presentaron las primeras acciones judiciales relacionadas con los daños en la infraestructura pública durante las manifestaciones. Un profesor de matemáticas fue detenido tras ser identificado como autor de los daños realizados el 17 de octubre contra los torniquetes de acceso a la estación San Joaquín del Metro de Santiago;​ la Fiscalía solicitó aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, por lo que arriesga penas de hasta diez años de cárcel.​ Algunos días después fue imputado un joven de 16 años, quien habría participado en el incendio de la estación Pedrero junto a otros miembros de la barra del equipo de fútbol Colo-Colo, y de un hombre de 35 años quien habría estado en el incendio de la estación La Granja y que podría ser condenado a penas de entre diez años y cadena perpetua.​

A fines de noviembre, el Ministerio Público informó que, durante el primer mes de manifestaciones, 25 505 personas fueron llevadas a audiencias de control de detención, un aumento de 18 % respecto al mismo período el año anterior (aproximadamente 3900 personas más). Los formalizados alcanzaron 17434 personas en dicho período, mientras el número de personas en prisión preventiva llegó a 1431 casos. El robo en lugar no habitado fue el delito con mayor aumento en el período (213%) con 2.236 personas en control de detención; otros delitos registrados fueron los de lesiones menos graves (2001 detenidos); amenazas simples contra personas y propiedades (1798 personas) y desórdenes públicos (1699 personas). En tanto, otros delitos como hurto simple, hurto falta y microtráfico de drogas cayeron en más de un 50%.​

Para la tramitación de las querellas anunciadas, el gobierno contrató a cuatro abogados penalistas. Una de esas querellas fue interpuesta contra un dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios y excandidato a diputado en las elecciones de 2017, por un vídeo en el que aparecía diciendo: "queremos que caiga Piñera, queremos que caiga este gobierno y sobre sus cenizas, como bien han dicho muchos compañeros y compañeras, levantar una asamblea constituyente libre y soberana, que no haya ninguna institución del Estado por sobre ella". Sus palabras, según la querella, se enmarcaban dentro del artículo 4 de la Ley de Seguridad del Estado, por incitar a "la subversión del orden público o a la revuelta, resistencia o derrocamiento del gobierno constituido".Sin embargo, la querella fue declarada inadmisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que sostuvo que los dichos de la persona "se enmarcan en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión consagrada en la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile".​

Contra políticos y uniformados

El 6 de noviembre, el 7.º Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite una querella contra el presidente Sebastián Piñera —y todos quienes resulten responsables— como autores del delito de crimen de lesa humanidad.​ La causa fue entregada a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, pero luego fue derivada a la Fiscalía Regional de Valparaíso tras la inhabilitación del fiscal metropolitano por su cercanía a algunos abogados de la defensa.​

Opinión

Evolución de opinión pública, según encuesta CADEM: aprobación (azul) y reprobación (rojo) al presidente S. Piñera, aprobación a las movilizaciones (verde).