Corte Internacional de Justicia

órgano judicial de las Naciones Unidas

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) o Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Fue establecida en 1945 en La Haya (Países Bajos), siendo la continuadora, a partir de 1946, de la Corte Permanente de Justicia Internacional.

Corte Internacional de Justicia
Cour internationale de justice
International Court of Justice

Sello oficial.

273px
Sede de la Corte Internacional de Justicia, Palacio de la Paz, en La Haya.
Localización
País Internacional
Municipio La Haya
Localidad La Haya
Coordenadas 52°05′12″N 4°17′44″E / 52.086666666667, 4.2955555555556
Información general
Sigla CIJ
Jurisdicción Internacional
Tipo Tribunal de Justicia internacional, agencia especializada de la ONU
Sede Bandera de los Países Bajos Palacio de la Paz, en La Haya (Países Bajos)
Organización
Presidente Nawaf Salam
Vicepresidente Julia Sebutinde
Composición Véase Composición actual
Depende de Sistema de las Naciones Unidas y Organización de las Naciones Unidas
Historia
Fundación 1945
Sucesión
Corte Permanente de Justicia Internacional Corte Internacional de Justicia
www.icj-cij.org
Llama de la Paz Mundial, junto al Palacio de la Paz.

Sus funciones principales son resolver por medio de sentencias las disputas que le sometan los Estados (procedimiento contencioso) y emitir dictámenes u opiniones consultivas para dar respuesta a cualquier cuestión jurídica que le sea planteada por la Asamblea General o el Consejo de Seguridad, o por las agencias especializadas que hayan sido autorizadas por la Asamblea General de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas (procedimiento consultivo). El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia forma parte integral de dicha Carta, situada en su capítulo XIV. En virtud del artículo 30 del Estatuto, la Corte adoptó el 14 de abril de 1978 un reglamento mediante el cual se determinó la manera de ejercer sus funciones y, en particular, sus reglas de procedimiento.

Los idiomas oficiales de la corte son: el francés y el inglés.

El Tribunal Internacional de Justicia funciona en la Haya (Países Bajos) desde 1946, es un órgano judicial establecido por la Carta de Naciones Unidas firmada en 1945, está integrada por 15 jueces quienes deben resolver las controversias jurídicas entre Estados que estén bajo su jurisdicción (de conformidad con el derecho internacional). La constitución de este organismo se fundamenta en la conciliación pacífica de las discusiones acontecidas en materia Internacional, por lo que, rige bajo el ordenamiento jurídico establecido en el Artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, donde se disponen diferentes mecanismos de concertación, ante posibles situaciones donde pueda ponerse en riesgo la armonía y la estabilidad de las relaciones internacionales.[1]

Procedimientos ante el Tribunal editar

Existen dos tipos de procedimientos dentro de la CIJ: el contencioso (para disputas entre Estados) y el consultivo (para aclaraciones jurídicas a órganos de la ONU).[2]

Pueden recurrir a la Corte de justicia, en materia contenciosa, todos los Estados que sean parte en su Estatuto, lo que incluye automáticamente a todos los Miembros de las Naciones Unidas. Un Estado que no sea Miembro de las Naciones Unidas puede llegar a ser parte en el Estatuto de la Corte en las condiciones que en cada caso determine la Asamblea General, por recomendación del Consejo de Seguridad. Otros Estados, no Miembros de las Naciones Unidas y no partes en el Estatuto, pueden encomendarle casos en las condiciones que establezca el Consejo de Seguridad según la Resolución 9 del 15 de octubre de 1946. Además, el Consejo puede recomendar que un litigio se remita al Tribunal.

Tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad pueden solicitar una opinión consultiva de la Corte sobre cualquier cuestión jurídica. Otros órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados, con autorización de la Asamblea General, pueden solicitar opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas que correspondan al ámbito de sus actividades.

Ninguna persona individual, física o jurídica, podrá recurrir a la Corte, ni en la vía contenciosa ni en la consultiva.

Procedimiento contencioso: sentencias editar

Solamente los Estados pueden ser parte en los asuntos contenciosos planteados al Tribunal Internacional de Justicia. La jurisdicción de la Corte está limitada a los asuntos en los que ambas partes han sometido su disputa a la Corte. Cada parte debe cumplir las obligaciones que le incumban como consecuencia del juicio emitido por la Corte, el Consejo de Seguridad puede ser invitado a «hacer recomendaciones o decidir sobre medidas» si así lo estima pertinente.

En la práctica, los poderes de la Corte se han visto limitados, por carecer del poder de imperium o el poder de hacer ejecutar la sentencia o resolución dictada por el tribunal internacional, siendo que, la única manera viable que se ha encontrado y se suele aplicar, ante los incumplimientos de las resoluciones por parte de Estados condenados, es la imposición de multas, sanciones diversas a nivel internacional como ser: limitaciones al cupo de importación o exportación, denegación de acceso a financiamiento internacional, restricciones de comercio internacional, bloqueo comercial en general y/o hasta militar en casos de suma gravedad, siempre con el objetivo de intentar revertir la postura indiferente del estado incumplidor, llevándolo a la necesidad de tener que cumplir para poder liberarse de dichas restricciones. Aun así, el desgano de gran parte de los Estados condenados por los tribunales internacionales, o bien, por la imposibilidad del Consejo de Seguridad para imponer las sanciones como consecuencias del juicio, especialmente si el fallo va contra los intereses de alguno de los cinco países miembros del Consejo de Seguridad, que tienen poder del veto sobre cualquier decisión tomada.

Sin embargo, en lo que concierne a las partes, un juicio del Tribunal es vinculante, final y sin posibilidad de apelación, como consecuencia de la firma de la Carta de las Naciones Unidas, cada Estado Miembro de las Naciones Unidas se compromete automáticamente a obedecer cualquier sentencia de la Corte Internacional de Justicia, en asuntos en el cual sea parte. Asimismo, la Carta de las Naciones Unidas, contempla en su Artículo 94 párrafo segundo, la posibilidad de los Estados frente al incumplimiento de una resolución de la Corte de recurrir al Consejo de Seguridad, el cual, tiene la potestad de efectuar recomendaciones o dictar medidas con el fin de hacer cumplir lo fallado por parte de la Corte en el caso particular.

Por ejemplo, los Estados Unidos habían aceptado previamente la jurisdicción obligatoria de la Corte desde su creación en 1946, pero retiró su aceptación tras el juicio de 1984 que compelió a los Estados Unidos a «cesar y abstenerse» del «uso ilegal de la fuerza» contra el gobierno de Nicaragua. La Corte afirmó que los Estados Unidos se encontraban incursos «en una infracción de su obligación bajo el Derecho internacional consuetudinario de abstención del uso de la fuerza contra otro Estado» y le fue ordenado pagar compensaciones, aunque nunca cumplió su obligación.

A través de sus fallos, la Corte determina el alcance de los derechos y obligaciones de las partes en las controversias, a la vez se identifica, desde una perspectiva más general, el contenido y la correcta interpretación de la normatividad internacional. Estos fallos se toman por mayoría de votos de los magistrados presentes y, en caso de empate, decidirá el voto del Presidente.[3]

Los fallos solo son obligatorios para las partes en conflicto y respecto del caso que ha sido decidido. Asimismo, este será definitivo e inapelable, pero en caso de desacuerdo sobre su sentido o alcance, la Corte podrá interpretarlo a solicitud de cualquiera de las partes; esto no significa que se cambiará la sustancia de la resolución. Por otro lado, la revisión del fallo del Tribunal solo puede pedirse cuando la solicitud esté fundada en el descubrimiento de un hecho que pueda ser factor decisivo y que, al pronunciarse el fallo, hubiere sido desconocido por la Corte y de la parte que pide su revisión, siempre que ello no se deba a negligencia de la parte que la pidió.[3]​ Los fallos de la Corte pueden contener disposiciones de diversa naturaleza, y pueden tener carácter declarativo, en el cual no implica, necesariamente, que los Estados parte en la controversia no deban posteriormente efectuar acciones específicas para darle efectividad a lo resuelto; o un carácter prescriptivo en el cual se ordenan acciones específicas, ya sea de hacer o no hacer a una o ambas partes en la controversia.[4]​ Cabe destacar que la Corte no tiene dentro de sus competencias la tarea de verificar la efectiva ejecución de sus fallos por parte de los Estados. Por lo que le corresponde a las partes en el litigio cumplir sus obligaciones internacionales dándole efectividad al fallo conforme a los términos dispuesto por la Corte. Estas obligaciones se le atribuyen directamente al Estado y no a sus diversos órganos o subdivisiones que pudieran haber generado la controversia. Sin embargo, en sus fallos la Corte podrá ordenar algunas medidas específicas en las que se haga referencia a estos órganos o subdivisiones.[5]

En caso de que un Estado incumpla con lo dispuesto en un fallo de la Corte, la otra parte en la controversia tendrá el derecho de recurrir al Consejo de Seguridad,[6]​ pero no estará obligado a hacerlo si así lo considera.

Puede darse el caso que el Estado en cuestión prefiera dejar de lado lo dispuesto por la Corte en su fallo e inicie negociaciones directas con el otro Estado y finalmente lleguen a un acuerdo cuyo contenido difiera de lo resuelto por ésta.[6]​ Ello no significa que el fallo pierda su carácter obligatorio.

La Carta únicamente atribuye a la parte en el litigio la posibilidad de acudir al Consejo de Seguridad para exigir a la otra parte el cumplimiento de las obligaciones derivadas del fallo. Con ello se otorga un carácter excluyente a este mecanismo, ya que ningún otro Estado, ni órgano de Naciones Unidas, podrá activar este mecanismo a fin de que el Consejo de Seguridad pueda asumir competencia sobre el particular.[7]

Procedimiento consultivo: dictámenes editar

Los dictámenes o consultivas son realizadas en una función de la Corte que solo está abierta a ciertos organismos y agencias de las Naciones Unidas. Al recibir una consulta, el Tribunal decide acerca de qué Estados y organizaciones pueden proporcionar información útil y les da la oportunidad de presentar declaración de forma oral o escrita. El procedimiento consultivo de la Corte está diseñado con base en el procedimiento contencioso y por lo tanto las fuentes de derecho aplicables son las mismas en ambos procedimientos. A menos que se haya pactado que el fallo sea vinculante, en principio los dictámenes de la Corte son de carácter consultivo y por lo tanto no son vinculantes para las partes que los solicitan. Sin embargo, ciertas normas o instrumentos pueden adelantar a las partes que la opinión resultante será vinculante.

El Tribunal tiene la facultad de emitir opiniones consultivas, pero no está obligada a responder las solicitudes de opiniones consultivas, aun cuando se hayan cubierto los requisitos que respalden su competencia consultiva. Para ejercer con discreción esa función judicial, la Corte tiene en cuenta consideraciones de carácter fáctico, normativo e incluso político; todas esas variables confluyen en una cuestión principal: salvaguardar la integridad y la independencia de la Corte como un tribunal de justicia. Esto ha establecido una especie de obligación prima facie de cooperar con los entes autorizados para plantear cuestiones jurídicas y de esa forma participar en las actividades de la Organización, a menos de que existan razones decisivas para negarse a responder.[8]​ La Asamblea General ha solicitado opiniones de la Corte en relación con numerosos asuntos que han sido examinados por la Corte, mientras que el Consejo de Seguridad solo lo ha hecho una vez  La Corte ha recibido también solicitudes de otros órganos u organismos de Naciones Unidas autorizados por la Asamblea General para plantear cuestiones jurídicas que surjan dentro del ámbito de sus  actividades, como la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, la Organización Marítima Internacional y el Consejo Económico y Social.[8]

Casos notables editar

Algunos ejemplos de asuntos puestos en consideración de la Corte Internacional de Justicia:[9]

Ejemplos de dictámenes:

  • El Dictamen de la Corte Internacional de Justicia de 8 de julio de 1996 sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares.
  • El Dictamen de la Corte Internacional de Justicia de 9 de julio de 2004 sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado.

Magistrados editar

El tribunal está integrado por 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, en votaciones democráticas. Se los elige por sus méritos y si fallece en funciones se buscará que sea de la misma nacionalidad, y se intenta que estén representados en la Corte los principales sistemas jurídicos del mundo. No puede haber dos magistrados que sean nacionales de un mismo Estado. Los magistrados cumplen mandatos de nueve años y pueden ser reelegidos. No pueden dedicarse a ninguna otra ocupación mientras dure su mandato. No pueden tampoco participar en la decisión de ningún asunto en que hayan intervenido anteriormente como agentes, consejeros o abogados de cualquiera de las partes, o como miembros de un tribunal nacional o internacional o de una comisión investigadora, o en cualquier otra calidad. Un tercio de la Corte es elegido cada tres años. Cada uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, la República Popular de China y Rusia) ha tenido casi siempre un juez en la CIJ, por tradición diplomática y no por obligación jurídica.

La elección se realiza a través de un régimen de doble escrutinio. Para que una persona sea elegida para integrar la Corte, es necesario que haya contado con una mayoría absoluta de votos en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad.

En 1889 se creó la Corte Permanente de Arbitraje, que es una lista de nombres, cuatro propuestos por cada Estado, de la cual pueden las partes en un conflicto escoger árbitros.

Por lo común, la Corte celebra sesiones plenarias, pero también puede constituir unidades más pequeñas, denominadas «salas», cuando las partes lo soliciten. Las decisiones sometidas al Tribunal se deciden por la mayoría de los jueces presentes pero las sentencias dictadas por las salas se consideran dictadas por la Corte en pleno. La Corte ha constituido además una Sala de Asuntos Ambientales.

Juramento editar

Los magistrados deben realizar, en la primera audiencia pública en la que el miembro del Tribunal esté presente, el siguiente juramento o declaración solemne:[10]

«Declaro solemnemente que cumpliré mis deberes y ejerceré mis atribuciones de juez, honrada y fielmente, con absoluta imparcialidad y con toda conciencia».

Presidentes editar

# Presidente Inicio Fin
1   José Gustavo Guerrero 1946 1949
2   Jules Basdevant 1949 1952
3   Arnold McNair 1952 1955
4   Green Hackworth 1955 1958
5   Helge Klæstad 1958 1961
6   Bohdan Winiarski 1961 1964
7   Percy Spender 1964 1967
8   José Luis Bustamante y Rivero 1967 1970
9   Muhammad Zafarullah Khan 1970 1973
10   Manfred Lachs 1973 1976
11   Eduardo Jiménez de Aréchaga 1976 1979
12   Humphrey Waldock 1979 1981
13   Taslim Elias 1982 1985
14   Nagendra Singh 1985 1988
15   José María Ruda 1988 1991
16   Robert Jennings 1991 1994
17   Mohammed Bedjaoui 1994 1997
18   Stephen Schwebel 1997 2000
19   Gilbert Guillaume 2000 2003
20   Shi Jiuyong 2003 2006
21   Rosalyn Higgins 2006 2009
22   Hisashi Owada 2009 2012
23   Peter Tomka 2012 2015
24   Ronny Abraham 2015 2018
25   Abdulqawi Ahmed Yusuf 2018 2021
26   Joan Donoghue 2021 2024
27 Nawaf Salam 2024

Composición actual editar

La composición de la Corte Internacional de Justicia al 3 de octubre de 2021 es la siguiente:[11]

Nombre País de procedencia Cargo Fecha de nombramiento Fecha de salida
Nawaf Salam Presidente 2024
Julia Sebutinde Vicepresidenta 2024
Peter Tomka Eslovaquia  Eslovaquia Miembro 2003 2024
Ronny Abraham   Francia 2005 2027
Mohamed Bennouna Marruecos  Marruecos 2006 2024
Abdulqawi Ahmed Yusuf   Somalia 2009 2027
Xue Hanqin China  China 2010 2024
Dalveer Bhandari   India 2012 2024
Patrick Lipton Robinson   Jamaica 2015 2024
Yuji Iwasawa Japón  Japón 2018 2030
Georg Nolte Alemania  Alemania 2021 2030
Hilary Charlesworth   Australia 2021 2024
Leonardo Nemer Caldeira Brant Brasil  Brasil 2022 2027


Jurisprudencia editar

La jurisprudencia internacional no es una fuente del Derecho, es decir, no crea derecho, sino que es solo un «medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho» (art. 38, 1, d) del Estatuto de la CIJ). Los dictámenes, junto con las decisiones en asuntos contenciosos, forman parte de esta jurisprudencia internacional, que tiene como principal función la de servir como elemento de interpretación del Derecho Internacional. La CIJ ha hecho en la práctica un uso indistinto como precedentes de sus dictámenes y sentencias, tratando a ambos tipos de resoluciones en pie de igualdad. Ambas, por tanto, son igualmente jurisprudencia. Ello se producía ya en la Corte Permanente de Justicia Internacional, que también podía dictar tanto dictámenes como sentencias.[12]

Limitaciones de la acción del Tribunal editar

Desde su creación el tribunal se ha mantenido al margen de los grandes conflictos entre Estados, los más sensibles políticamente, porque los Estados no los han llevado ante el Tribunal Penal Internacional. Su acción se ha limitado a conflictos menores. En ocasiones la Corte ha tenido un papel disuasivo, de forma que los estados en conflicto han acabado para llegar a un acuerdo: este fue el caso del procedimiento sobre Ciertas tierras con fosfatos en Nauru[13]​ que enfrentó a Nauru y Australia en 1989 y que finalmente se resolvió en 1993 al desistir ambas partes de continuar el proceso.[14]​ Durante la década de 1970, muchos estados se negaron a comparecer ante la Corte Internacional de Justicia y otros retiraron su declaración voluntaria sobre la jurisdicción obligatoria después de que se produjeran decisiones desfavorables a sus intereses, como fue por ejemplo el caso de Francia en 1974 después de los casos sobre los ensayos nucleares planteados por Australia y Nueva Zelanda[15][16]​ o de los Estados Unidos lo 1986 después de la resolución del caso de las actividades militares y paramilitares a Nicaragua.[17]

La Corte Internacional de Justicia no es el único medio de resolución pacífica de las controversias que hay a disposición de los Estados, el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas enumera otros: Las partes en cualquier controversia la continuación de la cual sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales tendrán que buscar solución, en primer lugar, mediante negociación, encuesta, mediación, conciliación, arbitraje, arreglo judicial, recurso a organismos o acuerdos regionales o cualquier otro medio pacífico que escojan.[18]

La proliferación de órganos judiciales internacionales también ha contribuido a limitar el campo de acción de la Corte Internacional de Justicia. Podemos citar el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 firmada en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre,[19]​ que incide directamente sobre las competencias de la Corte en cuanto a la delimitación marítima. La creación de tribunales específicos como el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia creado en 1993[20]​ o Tribunal Penal Internacional para Ruanda creado en 1994[21]​ y el inicio de las actividades en 2002[22]​ de la Corte Penal Internacional (CPI) también puede introducir conflictos de competencia.

Véase también editar

Referencias editar

  1. Raimondo, Fabián O. Corte Internacional de Justicia, derecho internacional humanitario y crimen internacional de genocidio. Universidad Nacional de La Plata. Consultado el 21 de noviembre de 2020. 
  2. Corte Internacional de Justicia (sf). "Funcionamiento de la Corte" [en digital]. Disponible en http://www.un.org/es/icj/how.shtml. Consultado el 29 de junio de 2015.
  3. a b Bonifaz, Tweddle, Gonzalo (2012). «La ejecución de los fallos de la Corte Internacional de Justicia». Revista Española de Derecho Internacional: 296. 
  4. Bonifaz, Tweddle, Gonzalo (2012). «La ejecución de los fallos de la Corte Internacional de Justicia». Revista Española de Derecho Internacional: 297. 
  5. Bonifaz, Tweddle, Gonzalo (2012). «La ejecución de los fallos de la Corte Internacional de Justicia». Revista Española de Derecho Internacional: 304. 
  6. a b Bonifaz, Tweddle, Gonzalo (2012). «La ejecución de los fallos de la Corte Internacional de Justicia». Revista Española de Derecho Internacional: 305. 
  7. Bonifaz, Tweddle, Gonzalo (2012). «La ejecución de los fallos de la Corte Internacional de Justicia». Revista Española de Derecho Internacional: 311. 
  8. a b Espósito, Carlos (2011). «El discreto ejercicio de la función consultiva de la Corte Internacional de Justicia en el asunto de Kosovo». Revista Española de Derecho Internacional. 
  9. «List of All Cases | International Court of Justice». www.icj-cij.org. Consultado el 21 de noviembre de 2020. 
  10. Reglamento del Tribunal Internacional de Justicia Archivado el 30 de noviembre de 2012 en Wayback Machine. Artículo 3.
  11. ICJ. «Current Members» (en inglés). Consultado el 3 de octubre de 2021. 
  12. Véase Manuel Díez de Velasco, Instituciones de Derecho Internacional Público, Tecnos, Madrid, 1988, vol. I, pág. 98:
    Quedan aún por precisar algunas cuestiones respecto de la jurisprudencia. De ellas queremos hacer referencia, en primer lugar, a la existencia dentro de la emitida por la Corte Permanente de Justicia Internacional y la Corte Internacional de Justicia de dos claras categorías desde el punto de vista del Estatuto. Me refiero a la distinción entre sentencias y dictámenes de la Corte, cuyo valor vinculante es bien distinto. Ahora bien, la situación de hecho es también diferente, especialmente por el uso indistinto como precedentes que la Corte ha venido haciendo de sus sentencias y dictámenes. Ello ya fue señalado por De Visscher en su curso en la Academia de La Haya de 1939 (Visscher, Ch. «Les Avis Consultatifs de la CPJI», en Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de La Haye, 1929, I, n. 26, p. 60) y ha sido desarrollado más tarde por Sörensen, avalándole con la doctrina de la propia Corte Permanente en los asuntos del Lotus y de la Alta Silesia y en el dictamen sobre la Comisión Europea del Danubio. Sörensen sienta la afirmación categórica de que para los efectos de uso de precedentes la Corte trata en pie de igualdad sentencias y dictámenes (Sörensen, M. Les sources du Droit International, Copenhague, 1946, p. 168), afirmación que nos parece en extremo convincente.»
  13. Certain phosphate lands in Nauru Archivado el 1 de septiembre de 2011 en Wayback Machine., Nauru contra Australia, 19 de mayo del 1989. Corte Internacional de Justicia
  14. Certaines tierras à phosphate à Nauru (Nauru c. Australie). Désistement Archivado el 3 de marzo de 2016 en Wayback Machine., Comunicado de prensa 93/29 de la Corte Internacional de Justicia. 13 de septiembre del 1993.
  15. Essais nucléaires (Australie c. France; Nouvelle-Zélande c. France) Archivado el 4 de septiembre de 2011 en Wayback Machine., Nota de prensa 74/13 de la Corte Internacional de Justicia. 20 de diciembre del 1974
  16. Essais nucléaires (Australie c. France, Nota de prensa 74/12 de la Corte Internacional de Justicia. 20 de diciembre del 1974
  17. Activités militaires et paramilitaires ave Nicaragua te contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis de Amérique) Archivado el 7 de octubre de 2007 en Wayback Machine., Nota de prensa 86/8 de la Corte Internacional de Justicia. 27 de junio del 1986
  18. Carta de las Naciones Unidas Archivado el 6 de julio de 2011 en Wayback Machine., Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, Núm. 64, 29 de novembre del 1993, pàg. 1116. En catalán.
  19. Tribunal Internacional del Derecho de Mar (ed.). «General Information - Overview Introduction» (en inglés). Archivado desde el original el 8 de marzo de 2009. Consultado el 29 de mayo de 2011. 
  20. Consejo de Seguridad de la ONU, ed. (25 de mayo de 1993). «Resolución 827» (en inglés). Consultado el 13 de febrero de 2010. 
  21. Consejo de Seguridad de la ONU, ed. (8 de noviembre de 1994). «RESOLUTION 955 (1994)» (en inglés). Archivado desde el original el 26 de octubre de 2012. Consultado el 29 de mayo de 2011. 
  22. Corte Penal Internacional (ed.). «About the Court» (en inglés). Consultado el 29 de mayo de 2011. 

Enlaces externos editar