Diferencia entre revisiones de «Multa»

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En [[España]], el artículo 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ''sobre el régimen jurídico de las administraciones públicas y del [[procedimiento administrativo]] común'', dispone que ''si en virtud de acto administrativo se hubiere de satisfacer cantidad líquida se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva''. O sea, es la propia administración pública, sin intervención de los [[tribunal]]es de justicia, la encargada del cobro de las deudas pecuniarias, llegando, si procede, al [[embargo]] de cuentas corrientes o bienes del apremiado. El procedimiento concreto está regulado en el Reglamento General de Recaudación.
 
La manera de determinar del monto de una multa es uno de los temas que forman parte del estudio de la Teoría para el cumplimiento de las leyes (''The theory of public enforcement of law'')''.'' ÉstaEsta teoría analiza y explica desde un enfoque de política pública, cuáles son las consideraciones que debe tener el Estado para hacer más efectivo el cumplimiento de las normas que emite, siendo la imposición de multas una de las principales herramientas llamadas a mejorar el cumplimiento de las leyes.
 
 
'''Evolución histórica'''
 
Si bien en la [[Ley del talión|Ley del Talión]] (1790 a.C.) ya se establecían [[Sanción (derecho)|sancion]]<nowiki/>es en las que se apreciaba el criterio de proporcionalidad entre el [[daño]] ocasionado por el infractor y el castigo que se le debe imponer, los primeras consideraciones sobre la forma en que deben determinarse las sanciones datan del siglo XVIII, en las publicaciones elaboradas por el jurista y filósofo italiano [[Cesare Beccaria]] autor del texto ''“De los delitos y de las penas”'' publicado en el año 1764<sup><sup>[1]</sup></sup>. En la obra se puede destacar primero la importancia de que los delitos y las sanciones deban estar apropiadamente regulados (vale decir que las infracciones y castigos estén claramente definidos), siendo también relevante que exista proporcionalidad entre el crimen cometido y el castigo que se ha de imponer, además de resaltar que se debe procurar que la aplicación de la pena sea lo más pronto posible, es decir, que la justicia llegue de forma oportuna.