Diferencia entre revisiones de «Contraloría General de la República de Chile»
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Si bien la Contraloría General de la República toma su forma actual al dictarse el [[decreto con fuerza de ley]] N° 400-bis, del 26 de marzo de 1927, puede remontarse sus orígenes de manera casi ininterrumpida desde el año [[1541]].
Dicho proceso se inicia al mismo tiempo del establecimiento en el territorio que actualmente ocupa Chile por parte de los [[Chile colonial|colonizadores]] [[España|ibéricos]], cuando el [[Cabildo colonial|cabildo]] de la recién fundada ciudad de [[Santiago de Chile|Santiago]], dispuso el nombramiento de cuatro oficiales encargados de velar por el correcto uso de las [[Cajas Reales]], entre
Sin embargo, su rol preponderante durante la [[Chile colonial|Colonia]] va perdiendo fuerza, y ya a mediados del siglo XVIII las funciones fiscalizadoras, consultivas y normativas son entregadas a la [[Contaduría Mayor de Cuentas]] del [[Reino de Chile]], institución que constituye la antecesora original de diversos organismos que nacieron una vez consolidada el proceso de [[Independencia de Chile|emancipación]] de la [[República]]. Sus labores fueron distribuidas entre el [[Tribunal de Cuentas (Chile)|Tribunal de Cuentas]] y la Contaduría Mayor del Estado, radicándose en este último la función de revisar preventivamente, tomando razón de los actos de la Administración del Estado que comprometen a la [[Ministerio de Hacienda de Chile|Hacienda Pública]], cuyo ejercicio permite al entonces Contador Mayor representar al Presidente de la República la inconstitucionalidad o ilegalidad de las correspondientes medidas, sin perjuicio de que
En el año [[1869]], se crea la Dirección General de Contabilidad, entidad encargada de llevar la [[contabilidad]] pública. Por su parte, en [[1888]] se promulga la ley que crea el Tribunal de Cuentas, sucesor de la Contaduría. Este tribunal se dividía en dos organizaciones internas, la primera encargada de examinar las cuentas, y la segunda —la Corte de Cuentas— de juzgarlas. Este organismo tenía importantes atribuciones, debiendo destacarse la de supervigilancia de las oficinas fiscales y la de informar al [[Congreso Nacional de Chile|Congreso Nacional]] sobre la legalidad de la Cuenta de Inversión, que debía presentar anualmente el Poder Ejecutivo.
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