Diferencia entre revisiones de «Tratado de la Carta de la Energía»
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Varias organizaciones ecologistas han presentado fuertes críticas al tratado<ref>{{Cita web|url=https://www.ecologistasenaccion.org/145265/la-sociedad-civil-contra-el-tratado-de-la-carta-de-la-energia/|título=La sociedad civil contra el Tratado de la Carta de la Energía.}}</ref>, ya que además de suponer un enorme coste para las arcas públicas por las demandas en tribunales de arbitraje, el tratado ha supuesto en numerosos casos una traba a la transición energética. Esto se debe a que algunos inversores de energías sucias han usado el mecanismo ISDS para amenazar a los estados que tenían intención de endurecer alguna normativa ambiental. Por consiguiente, el ISDS tiene un efecto disuasorio en las políticas encaminadas a la transición a energías renovables ya que los gobiernos paralizan cualquier reforma legal que pueda suponer un riesgo de una demanda muy costosa.
Un caso conocido que lo ilustra es el de la demanda de 1400 millones de euros de la empresa sueca Vattenfall a Alemania después de que se endurecieran los requisitos ambientales de una central eléctrica de carbón por riesgo de contaminar el río Elba. El conflicto se resolvió en 2011 con un acuerdo después de que el gobierno de Hamburgo accediera a flexibilizar las exigencias ambientales, permitiendo que la planta de carbón tome más agua del río y reduciendo los requisitos relativos a la calidad del agua para la vida de los peces. El Tratado de la carta de la energía se utilizó para intimidar y presionar a los políticos. Un funcionario del organismo local para el medio ambiente confesó a la prensa que: “aceptamos las negociaciones
Otro caso que ilustra como el Tratado de la Carta de la Energía está dificultado la transición energética es el de Rockhopper contra Italia, en el que la empresa inglesa demandó al estado italiano cuando este se negó a otorgarle una concesión para la perforación de petróleo en sus costas, después de que hubiera una fuerte oposición social por los efectos al medio ambiente y por el riesgo de terremotos. Rockhopper reclama una indemnización cercana a los 50 millones de dólares por los gastos irrecuperables y entre 200 y 300 millones por las ganancias que podría haber conseguido.<ref>Así lo indicó claramente el director ejecutivo de Rockhopper en esta presentación en vídeo: Rockhopper Exploration CEO Sam Moody Presents to investors at the Oil Capital Conference, 11 de septiembre de 2017, a partir del minuto 19:00: http://www.oilcapital.com/companies/news/308061/rockhopper-exploration-ceo-sam-moody-presents-to-investors-at-the-oil-capital-conference-8061.html</ref> Italia ya había anunciado dos años antes que abandonaba el Tratado de la Carta de la Energía, pero una cláusula del mismo de continuidad contractual permite que los intereses de los inversores se mantengan vigentes 20 años después de que un país salga del Tratado.
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