Diferencia entre revisiones de «Acuerdo Multilateral sobre Inversiones»

La mayoría de los países acogen las inversiones extranjeras con agrado. Sin embargo el AMI no se centra precisamente en la cantidad de inversiones, sino que va más allá y supone más bien un reequilibrio de poder entre gobiernos y corporaciones. Hasta ahora los gobiernos han podido controlar qué inversiones permiten en sus países y han sido también capaces de dictar los términos de los contratos para compañías extranjeras (cuántos puestos de trabajo cubiertos por población local tienen que crear, dónde se deben establecer, o qué proporción de materiales deben utilizar procedentes de recursos locales, etc.) De igual manera, las autoridades locales han podido defender otros principios básicos a la hora de conceder los contratos, asegurándose, por ejemplo, que siguen las propuestas de la [[Agenda 21]] de [[sostenibilidad]], o que apoyan sus propias economías locales. Con el AMI, los gobiernos perderían cualquier tipo de derecho a condicionar contratos de inversión extranjera basándose en cláusulas de este tipo. Las empresas tendrían campo libre para buscar el beneficio por encima de cualquier otra premisa.

 

 

La inmensa mayoría de los inversores extranjeros son compañías transnacionales y el 85% de sus inversiones son fusiones o compras de compañías locales. Mientras las transnacionales van ganando acceso a nuevos mercados sin regulación, sobre los negocios locales de menor tamaño se cierne la amenaza de ser literalmente barridos. Al mismo tiempo, los trabajadores se enfrentan a una mayor presión para aceptar sueldos más bajos y peores condiciones de contrato: estos derechos adicionales que el AMI ofrece a los inversores no están equilibrados con responsabilidades añadidas por su parte, sean sobre derechos laborales o protección medioambiental.