Diferencia entre revisiones de «Cuestión religiosa en la Constitución española de 1931»
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=== Los "puntos de conciliación" con el sector "posibilista" de la Iglesia Católica ===
A pesar del fuerte anticlericalismo que impregnaba el proyecto de la Comisión, casi todos los líderes de la mayoría querían llegar a un entendimiento con la [[Iglesia Católica|Iglesia]]. El 28 de agosto, el [[Consejo de Ministros de España|Consejo de Ministros]] decidió plantear una negociación con el [[nuncio apostólico|nuncio]] que solo dejara fuera la [[separación Iglesia-Estado]], la [[libertad de culto]], el [[matrimonio civil]] y el espinoso tema de la enseñanza. Sin embargo, la postura de los diputados era mucho más extrema y al día siguiente, se votó una enmienda —finalmente derrotada— que pretendía privar de la [[ciudadano|ciudadanía]] a los religiosos.{{Harvnp|Avilés Farré|2006|pp=137}}
Mientras tanto, al margen de las Cortes, dos miembros del Gobierno Provisional, su presidente, el republicano liberal Niceto Alcalá Zamora, y el ministro de Justicia, el socialista Fernando de los Ríos, alcanzaban el 14 de septiembre, después de una difícil negociación, unos “puntos de conciliación” con el Nuncio Tedeschini y el Cardenal Vidal y Barraquer, que encabezaban el sector “posibilista” de la jerarquía eclesiástica que estaba dispuesta a aceptar la aconfesionalidad del Estado y la renuncia progresiva a vivir del presupuesto de “culto y clero”, a cambio de que se le reconociera su relevancia social, mediante la firma de un Concordato o de un ‘''modus vivendi''’ entre la Iglesia y el Estado, no fueran disueltas las órdenes religiosas y se aceptase la “''libertad de enseñanza''” (es decir, que los colegios religiosos pudieran continuar como hasta entonces). Los dos miembros del gobierno exigieron también que el Cardenal Segura fuera removido de la sede de Toledo. Aunque esto último lo consiguieron (el 30 de septiembre el Cardenal Primado presentó su dimisión), Alcalá-Zamora y Fernando de los Ríos no pudieron cumplir su parte del acuerdo por la oposición del resto del gobierno y de la mayoría anticlerical radical de las Cortes.<ref>{{cita libro |apellido=De la Cueva Merino |nombre=Julio |apellido2= |nombre2= |enlaceautor= |título=Ibid. |url= |fechaacceso= |idioma= |otros= |edición= |año=2009 |editor= |editorial= |ubicación= |isbn=|capítulo= |páginas=41-42 |cita= }}</ref> Vidal y Barraquer también lo intentó por otra vía. Un hombre de su confianza, el religioso moderado Luis Carreras, se entrevistó con algunos diputados conservadores no [[integrismo|integristas]] y con otros líderes como [[Alejandro Lerroux]] para que defendieran ante la Cámara una propuesta de nueva redacción de los artículos dedicados a la cuestión religiosa que sería aceptable para la Iglesia Católica (y que recogía los “puntos de conciliación” alcanzados en la negociación con el gobierno). Finalmente la propuesta sólo fue presentada en forma de enmienda por el diputado del partido de Alcalá-Zamora Juan Castrillo, pero no llegó a prosperar.<ref>{{cita libro |apellido=Alvarez Tardío |nombre=Manuel |apellido2= |nombre2= |enlaceautor= |título=Ibid. |url= |fechaacceso= |idioma= |otros= |edición= |año=2002 |editor= |editorial= |ubicación= |isbn=|capítulo= |páginas=161 |cita=Dicha propuesta permite calcular la redacción constitucional que en su caso podría haber aceptado la Iglesia católica. El texto daba por concluido el modelo confesional pero establecía que la confesión católica gozaría, por su condición social e histórica, de un reconocimiento jurídico especial}}</ref> Los "puntos de conciliación" fueron así recogidos por Vidal y Barraquer:<ref>{{cita libro |apellido=De la Cueva Merino |nombre=Julio |apellido2= |nombre2= |enlaceautor= |título=Ibid. |url= |fechaacceso= |idioma= |otros= |edición= |año=1998 |editor= |editorial= |ubicación= |isbn= |capítulo= |páginas=226-227 |cita=}}</ref>▼
▲Mientras tanto, al margen de las Cortes, dos miembros del Gobierno Provisional, su presidente, el republicano liberal Niceto Alcalá Zamora, y el ministro de Justicia, el socialista Fernando de los Ríos, alcanzaban el 14 de septiembre, después de una difícil negociación, unos “puntos de conciliación” con el Nuncio Tedeschini y el Cardenal Vidal y Barraquer, que encabezaban el sector “posibilista” de la jerarquía eclesiástica que estaba dispuesta a aceptar la aconfesionalidad del Estado y la renuncia progresiva a vivir del presupuesto de “culto y clero”, a cambio de que se le reconociera su relevancia social, mediante la firma de un Concordato o de un ‘''modus vivendi''’ entre la Iglesia y el Estado, no fueran disueltas las órdenes religiosas y se aceptase la “''libertad de enseñanza''” (es decir, que los colegios religiosos pudieran continuar como hasta entonces). Los dos miembros del gobierno exigieron también que el
{{cita|"1.° Reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia en su estructura jerárquica, régimen propio, libre ejercicio -privado y público- del culto, y en la propiedad y uso de sus bienes.
2.° Convenio entre la República y la Santa Sede.<br />
Para el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia aceptan y defenderán la forma de [[Concordato]] el Presidente, Ministro de Estado y algunos otros Ministros, los cuales creen poder alcanzar mayoría en el Parlamento, si bien menor en número que para otros puntos de la concordia.<br />
Por su parte, el Ministro de Justicia no defenderá la forma de Concordato, aunque no rehusa otra forma de convenio entre ambas partes, como un ''modus vivendi'', que más tarde pudiera conducir al Concordato en circunstancias más propicias que las actuales. El propio Ministro no acepta la declaración de Corporación de Derecho público para la Iglesia, fórmula nueva en el derecho español, sin que ello signifique aminoración en el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia.
3.° Todas las Congregaciones religiosas serán respetadas en su constitución y régimen propios y en sus bienes, al menos los actualmente poseídos, quedando sujetos, por lo demás, a las leyes generales del país.<br />
Tanto el Presidente como el Ministro de Justicia defenderán personalmente este punto en el Parlamento. Hicieron constar, empero, el riesgo de que alguno de los diputados extremistas incoercibles presentara una enmienda para excluir a la Compañía de Jesús, y que, de llevarse la discusión por ese camino, temen no poder impedir la votación favorable a tal exclusión. [...]
4.° Reconocimiento de plena libertad de enseñanza, o sea, que todo español, por sí o por medio de cualquier asociación sin excepción alguna, pueda crear, sostener y regir establecimientos docentes, sometidos a la inspección del Estado en cuanto a la fijación de un plan mínimo de enseñanza, expedición de títulos profesionales y salvaguardia de la moralidad, higiene y seguridad del Estado.
5.° Presupuesto de culto y clero.<br />
Conservar los derechos adquiridos por todo el personal eclesiástico que actualmente percibe consignación establecida en el presupuesto especial del Estado afecto a cargas eclesiásticas, y amortización de dichas partidas a medida de las vacantes que se vayan produciendo. Cesación de la subvención de culto y, en el nuevo presupuesto, consignación de una subvención global para conservación y reparación de la iglesias catedrales, colegiatas y parroquiales por el concepto de edificios históricos y artísticos".|}}
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