Diferencia entre revisiones de «Comisión de Cultura y Enseñanza»

La depuración no afectaba solo a los sospechosos, sino a todo el personal docente, tal como se apuntaba en el Decreto 66 y se precisó en la Orden de 10 de noviembre de 1936 que lo desarrollaba.{{Harvnp|Sanchidrián|Grana|Martín|2009|p=380}}{{Harvnp|Claret Miranda|2006|p=12}} Tuvieron que solicitar la depuración [[funcionario]]s, [[Administración interina|interinos]], sustitutos y empleados de fundaciones docentes benéficas. Los docentes de empresas privadas fueron purgados por estas.{{Harvnp|Morente|2001|p=671}} El proceso se fue extendiendo conforme nuevos territorios eran conquistados por el [[Bando sublevado|bando franquista]] y había que implantar en ellos el «Nuevo Estado». Puesto que los territorios conquistados con posterioridad al [[Golpe de Estado en España de julio de 1936|golpe de Estado de julio de 1936]] habían ofrecido mayor resistencia, también era mayor la dureza de la ''limpieza'' aplicada. De esta forma, una Orden de 3 de julio de 1937 extendió la depuración a la provincia de [[Vizcaya]] recientemente ocupada. Se suspendía provisionalmente de empleo a todos los funcionarios docentes y se les concedía un plazo de veinte días para solicitar el reingreso mediante instancia a presentar ante el Rectorado de la [[Universidad de Valladolid]]. Quienes no lo hicieran así serían automáticamente separados del servicio. PorEn contracambio, podían recuperar sus puestos de trabajo quienes habían sido depurados por las autoridades republicanas.{{Harvnp|De Pablo Lobo|2007|pp=214-216}} Una orden similar se dictó el 1 de septiembre tras la ocupación de la [[Provincia de Santander (España)|provincia de Santander]]{{Harvnp|Zambrana|Peláez|2008|p=546}} y otra el 19 de noviembre tras la caída definitiva de [[Asturias]]. De esta manera, y aunque algún autor ha señalado posibles particularidades en el caso vasco, lo cierto es que el procedimiento fue muy semejante en todo el territorio español.{{Harvnp|Morente|2001|pp=674-675}}