Estatuto de Autonomía de Castilla y León

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León es la norma institucional básica de la comunidad autónoma de Castilla y León, España.

La Ley Orgánica 4/1983 de 25 de febrero del Estatuto de Autonomía de Castilla y León fue aprobada por las Cortes Generales el 25 de febrero de 1983. A diferencia de otros territorios de España, el estatuto no ha sido refrendado para su ratificación por parte de los ciudadanos de la comunidad autónoma ni en su forma original ni en sus posteriores reformas.

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Contexto históricoEditar

Apelando a la identidad histórica de los antiguos reinos de León y de Castilla, y fiel a esa historia, Castilla y León instituyó con el Estatuto su máximo órgano representativo las Cortes, e institucionalizó a la Junta como órgano de gobierno y administración, al frente de la cual se sitúa el Presidente de la Junta de Castilla y León, que es elegido por las Cortes de Castilla y León y nombrado por el Rey. El Estatuto también dotó a Castilla y León de un órgano de justicia propio, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

ReformasEditar

Ha sido reformado en cuatro ocasiones: 1988, 1994, 1999 y 2007 para aumentar las competencias autonómicas y las atribuciones del Presidente de la Junta. El actual comprende 91 artículos (organizados en un preámbulo,un título preliminar y siete títulos más), tres disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.

En la VIIIª legislatura española, Castilla y León manifestó, al igual que otras Comunidades Autónomas, la intención de reformar su Estatuto. Una de las principales reclamaciones fue la gestión de la cuenca del río Duero que ocupa en su práctica totalidad parte del territorio de la Comunidad Autónoma, reclamación que fue atendida entre otras en la reforma del 21 de noviembre de 2007, una vez aprobada la Ley orgánica en el Senado. El artículo 75.1 del nuevo estatuto, por el que la Comunidad se otorgaba competencias en la gestión de la cuenca del Duero, fue sin embargo declarado inconstitucional por sentencia unánime del Tribunal Constitucional, dictada como resolución a un recurso presentado por la Junta de Extremadura.[1]​ En dicho recurso, Extremadura alegaba invasión de competencias de Castilla y León, ya que la aplicación del Estatuto aprobado afectaba directamente a los municipios cacereños de Robledillo de Gata y Descargamaría. Por su parte, estos municipios siempre se manifestaron a favor de la aplicación del Estatuto en su forma original, ofreciéndose incluso a colaborar con la Junta de Castilla y León como órgano superior de la CHD.

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León menciona en su artículado a los Cartularios de Valpuesta y la Nodicia de Kesos como las huellas más primitivas del castellano.

Se define como Comunidad histórica y cultural en el preámbulo.[2]

Véase tambiénEditar

ReferenciasEditar

Enlaces externosEditar