Afrancesado

Se denominó afrancesados durante la Guerra de la Independencia, con un sentido peyorativo, a los españoles que habían colaborado con el rey José I Bonaparte al que los «patriotas» defensores de los derechos de Fernando VII, «cautivo» en Francia, le negaban la legitimidad para ser «rey de España e Indias» y le llamaban el «rey intruso».[1]​ La inmensa mayoría de los «afrancesados» salieron de España en 1813 tras el fin de la Monarquía josefina, formando el primer exilio de la historia contemporánea de España.

José I de España

Como ha subrayado Manuel Moreno Alonso, «con la excepción de los moros y los judíos de otras épocas, nadie en verdad fue injuriado con tanta saña como ellos [los afrancesados]. No se quiso admitir su idea de que, aceptando al nuevo rey, se evitaba tanto la anarquía como la guerra, a la vez que podía mejorarse el buen gobierno de la nación». El «patriota» Antonio de Capmany los calificó de «fastidiosa turba de sabihondos, ideólogos, filósofos, humanistas y politécnicos».[2]

DefiniciónEditar

El término «afrancesado» en sentido amplio se ha aplicado a aquellas personas influidas —deforma «exagerada», según el DRAE— por las ideas y las costumbres de origen francés.[3]​ En sentido estricto, el historiador Miguel Artola ha identificado el «afrancesamiento» político y material ―que diferencia del ideológico e intelectual propio, según él, de los liberales de las Cortes de Cádiz[4]​ con el colaboracionismo, un fenómeno «eterno». Si los «colaboracionistas» son «las gentes que por diversos motivos consideran un deber unirse al invasor para ver salvar lo que se pueda de la nación, e incluso en algunos casos para medrar personalmente», «en España se llaman afrancesados a las gentes que, cuando la dominación francesa, ocuparon cargos, juraron fidelidad al intruso [José I Bonaparte] o colaboraron con los ocupantes con fines diversos».[5]

Para precisar aún más el concepto de «afrancesado» en sentido estricto, Artola propone distinguir entre los «afrancesados» propiamente dichos, que «por íntima y libre determinación» se sumaron al proyecto reformista que representaba José I ―«no intentan una revolución, únicamente quieren una evolución progresiva, que les permita aplicar al Gobierno las teorías del Aufklärung, que la muerte de Carlos III truncara»―, y los simples «juramentados», «que cumplieron las órdenes que recibieron sin discutir su origen ni legalidad», y esto por dos motivos: «el miedo a la represión y la inexcusable necesidad de sobrevivir a la prueba». «Hubo muchos juramentados y muy pocos afrancesados», añade Artola. Sobre los «juramentados» emite un duro juicio: «no representan nada, son totalmente amorfos».[6]

Juan López Tabar ha considerado acertada la distinción propuesta por Artola entre afrancesados y simples juramentados. Estos últimos constituyeron, como también señaló Artola, la inmensa mayoría de los que «por pura necesidad optaron por prestar juramento al nuevo monarca como un mal menor, especialmente cuando su existencia económica dependía del Estado, caso del aparato burocrático, que mayoritariamente, optó por esta fórmula». «Su colaboración no pasó en la mayor parte de los casos de un acatamiento resignado de la nueva situación, formando tan sólo ese fondo anónimo, neutro, del cuadro de la España josefina». En cambio los afrancesados, apenas unos miles, «no sólo juraron al nuevo monarca, sino que de manera consciente y por su propia voluntad, ocuparon cargos o colaboraron de alguna manera con los ocupantes, bien con objeto de apoyar la política del rey José, en quien veían un continuador del reformismo ilustrado, o, en el menor de los casos, por mero afán de medro». López Tabar ha realizado un censo de los afrancesados y ha conseguido identificar a 4172, de los cuales 2416 provienen de la administración (constituyendo el 57,9 % del total), 979 son militares, 252 eclesiásticos, 99 nobles y el resto, 426, particulares o de una categoría que no se ha podido determinar.[7]

Con posterioridad a la Guerra de la Independencia, para hablar del partidario de Francia o de lo francés (por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial) se usó más bien el término francófilo, desprovisto de las connotaciones negativas de las que el término afrancesado no se había desprendido todavía.

HistoriaEditar

Las raíces de los afrancesados se encuentran en el despotismo ilustrado de Carlos III, según Artola, hasta el punto que afirma que «el ilustrado de tiempos de Carlos III fue el afrancesado de 1808… Para los afrancesados, Bayona no es más que un cambio de dinastía».[8]

La Revolución francesa (1789) y la guerra de la Convención (1793-95) excitaron los sentimientos antifranceses, sobre todo gracias a la activa implicación del clero. La posterior alianza con Napoleón impulsada por Godoy (Príncipe de la Paz) no cambió los sentimientos populares ni la explotación de ellos por parte de las élites antiilustradas. El gran fracaso hispano-francés en la batalla de Trafalgar (1805) y las extrañas consecuencias del tratado de Fontainebleau de 1807 (una masiva entrada de tropas francesas que teóricamente solo deberían ir de paso hacia Portugal) culminaron en el motín de Aranjuez y el levantamiento del 2 de mayo de 1808 que inició la Guerra de Independencia Española (denominada coloquialmente la francesada).

Cuando la mayor parte de los secretarios, miembros de los Consejos, la burocracia y la aristocracia juraron fidelidad al rey José I, hermano de Napoleón e impuesto por este tras la renuncia al trono de Fernando VII y Carlos IV en las abdicaciones de Bayona, el término afrancesado se aplicó de forma extensiva, y con el valor de traidor (o, como se diría en otros casos de ocupación extranjera: colaboracionista), a todos aquellos españoles que, durante el reinado de José I, colaboraron con él, ya fuese por interés personal o por la creencia en que el cambio de dinastía redundaría en la modernización de España. Los antiguos admiradores de lo francés que optaron por el bando denominado «patriota» (una parte de ellos amigos personales de los del bando «afrancesado», y con ideas muy similares) formaron el grupo de los liberales en las Cortes de Cádiz. En general, el nivel de instrucción media de los «afrancesados» era muy elevado: la gran mayoría ellos constituía la clase intelectual y pensante del país.

Según Manuel Moreno Alonso, el uso del término «afrancesado» para referirse peyorativamente a los partidarios del rey José I es relativamente tardío pues no empezó a difundirse hasta 1811. Antes de esa fecha se habían utilizado expresiones como «traidores», «infieles» o «juramentados» (este último término, una resonancia del francés assermenté, calificativo utilizado para designar a los sacerdotes que habían jurado la Constitución civil del clero).[9]

Los motivos de los afrancesadosEditar

Según Miguel Artola, los motivos que movieron a los afrancesados a defender la monarquía de José I fueron de tres tipos: políticos, históricos y nacionales. Entre los motivos políticos Artola señala tres, que responden a los «principios doctrinales de los afrancesados»: el monarquismo, que se sitúa por encima de la fidelidad a una u otra dinastía («Nos unimos al soberano que se nos mandaba servir y le fuimos fieles hasta el último momento», afirmó el afrancesado Francisco Amorós); la oposición a la revolución, a la «hidra de la anarquía», «el mayor azote que Dios envía a los pueblos», según Miguel José de Azanza, y que sólo el gobierno de José I podía detener; y la «necesidad de reformas políticas y sociales», «que reclaman las luchas del siglo, que arreglan la administración pública a los sistemas conocidos por mejores, consolidan el poder de un Estado y aseguran su libertad positiva y su gloria verdadera», como dirá Amorós.[10]

Entre los «motivos de tipo histórico» Artola señala que los afrancesados representaban la «tradicional orientación» de la política española de «lograr la alianza de Francia para defenderse frente a Inglaterra» («¿Qué hicieron, pues, los vocales de la Junta de Bayona firmando una Constitución, y los demás españoles la aceptaron, sino procurar sacar todas las ventajas posibles a favor de la independencia y libertad de la nación, apoyados en razones de conveniencia política, que la experiencia reciente, y aun la de un siglo entero, había hecho conocer como la más provechosa y necesaria entre dos naciones a quienes su posición geográfica les dicta la necesidad de vivir unidas?», escribieron los afrancesados Gonzalo O'Farrill y Miguel José de Azanza). A lo que se añadía la necesidad de preservar el Imperio español en América.[11]

Por último, entre los «motivos de conveniencia nacional» Artola apunta dos: «el afán natural de evitar una guerra, de la que acertadamente pensaban había de salir maltrecho el país, pugna que, por otra parte, consideraban innecesaria» («La justicia de una causa no basta por sí sola para que una guerra sea conveniente, y como tal deba abrazarse, y que las razones de su inconveniencia pueden presentarse tan probables y poderosas que, lejos de ser un crimen, se haga un servicio a la nación en evitarla», escribieron O’Farrill y Azanza) y «la ventaja que se obtenía de poseer una administración española, con lo que se evitaba que España se transformase en una dependencia francesa, totalmente gobernada por funcionarios extranjeros» («Si no hubiésemos desempeñado nosotros los empleos, se hubieran dado a los extranjeros, polacos, alemanes, italianos y franceses, pues de todo hubo en los ejércitos que hicieron la conquista, ¿y se cree que en tal caso hubieran sido más felices los españoles? Respondan por mí los pueblos y hágase el paralelo de los países que fueron gobernados militarmente con aquellos donde pudo el rey conservar algún influjo y se verá la enorme diferencia», escribió el afrancesado Juan Antonio Llorente). De ellos dijo el mariscal Suchet: «Conscientes de la situación del país, aceptaron la honrosa misión de interponer la moderación y la justicia entre los habitantes y los soldados, y protegieron los intereses de sus compatriotas con una perseverancia jamás desmentida».[12]

¿Traidores?Editar

Como ha señalado Juan López Tabar, «desde que Fray Manuel Martínez publicara su famoso anatema contra los afrancesados [Los famosos traidores refugiados en Francia convencidos de sus crímenes..., Madrid, 1814], los seguidores de José I llevan casi doscientos años marcados con el estigma de la traición».[13]​ Martínez escribió su folleto poco después de que Fernando VII promulgara el decreto de 20 de marzo de 1814 que no les dejaba retornar a España:[13]

Traidores, sí, traidores os llamaba a boca llena la España toda; traidores os apellidaban en los momentos de reflexión y calma los mismos conquistadores a quienes servíais; traidores os llama hoy el francés, el alemán, el inglés, el ruso, el polaco, y mal que os pese vuestro nombre transmigrará a la posteridad más remota ennegrecido con el feo dictado de traidores.

El historiador Miguel Artola, pionero en el estudio de los afrancesados con un libro publicado en 1953,[13]​ ha rechazado la acusación de «traidores» que a menudo se ha lanzado contra ellos. Su fidelidad «se dirige no a Napoleón, ni a Francia, ni siquiera a José en cuanto a su propia persona, sino únicamente en tanto en cuanto representa la posibilidad de lograr un buen gobierno».[14]​ Artola los considera «gentes alucinadas que en ningún momento poseyeron claro sentido de la realidad política, europea y española en 1808. Su actuación fue un error derivado de falsas premisas y no una traición».[15]​ «Aceptan una nueva dinastía, pero jamás reconocerán la desmembración del país ni la injerencia extranjera», añade Artola.[16]​ Este historiador también rechaza que les moviera la ambición por enriquecerse como lo probaría que durante «sus penosos siete años de destierro [1813-1820], ninguno de ellos, ni ministros, ni cortesanos, ni subalternos, dio señales de haber reunido grandes fortunas en el desempeño de sus cargos».[17]

El rey José I se encontró con que la mayoría de los españoles no aceptaba la invasión ni el cambio de dinastía. El nuevo rey era un hombre convencido de ser capaz de llevar a cabo una reforma política y social de España, trasladando parte del espíritu de la Revolución a la sociedad española, aún anclada en el Antiguo Régimen. Los intelectuales y funcionarios mejor preparados creían en esa misión regeneradora de José I, que eliminaría el absolutismo y el oscurantismo que habían caracterizado a la sociedad española de fines del siglo XVIII. El famoso dramaturgo Leandro Fernández de Moratín animaba a José Bonaparte para construir una sociedad basada en la «razón, la justicia y el poder».

Durante la guerra de la Independencia, los «afrancesados» trataron de hacer de puente entre los absolutistas y los liberales, intentando conciliar sus ansias de transformación política con la defensa de los intereses nacionales, pero se granjearon el odio de ambos bandos: unos los menospreciaban por "franceses" y los otros por "españoles". En sus escritos pusieron de manifiesto el deseo de recoger el espíritu revolucionario francés a la par que querían alejar al país de las guerras imperiales. De hecho, se opusieron a la anexión francesa de facto de Aragón, Navarra y Vizcaya y de iure de Cataluña, sin conseguir resultados favorables. Los «afrancesados» también intentaron mediar con las Cortes de Cádiz para llegar a un acuerdo que superase las diferencias con la Constitución de Bayona, pero fueron rechazados igualmente.

En ambos casos los «afrancesados» hallaron que sus intentos de utilizar el liberalismo francés para modernizar España carecían de posibilidades de éxito: su proyecto era tachado de «traición». Por otro lado, el régimen napoleónico en España exigía a los «afrancesados» apoyar la plena sujeción del país al rol dependiente y subordinado que se le había reservado en el sistema continental regido por el Imperio francés, de modo que los planes ilustrados para modernizar España estaban subordinados a los intereses del Imperio.

Un caso especial lo representó el afrancesado catalán Tomàs Puig que defendió la separación de Cataluña de España y su incorporación al Imperio francés.[18]

RepresiónEditar

Las primeras medidasEditar

Las primeras medidas contra los afrancesados se tomaron nada más iniciado el reinado de José I Bonaparte. Tras la derrota francesa en la batalla de Bailén que provocó que el «rey intruso» tuviera que abandonar precipitadamente Madrid, el Consejo de Castilla acordó el 12 de agosto de 1808 el secuestro de «los bienes de todos los que han emigrado a Francia siguiendo los ejércitos franceses, y se les forme causa, por si pudiesen ser habidos, lo mismo que aquellas personas que han sido infieles a la patria y le han hecho traición, sirviendo a los enemigos de España, teniendo correspondencia con ellos desde los ejércitos españoles, y sobre todo, aquellos que han escrito y publicado los libelos infamatorios en los diarios y demás papeles, contra nuestros reyes don Carlos y don Fernando, contra la nación española, y han proferido especies escandalosas contra la buena memoria de estos soberanos y el honor español».[19]​ Al día siguiente se inició el embargo y secuestro de los bienes de los ministros del gobierno de José I y de los nobles miembros de su corte, así como los de «todas las demás personas, sin distinción alguna, que hayan salido de esta capital y pueblos del reino para acompañar a José Napoleón». También se acordó que se les dejaran de pagar sus sueldos o pensiones.[20]

Tras su fundación el 25 de septiembre de 1808, fue la Junta Suprema Central la que asumió la dirección de la represión contra los franceses y contra los «afrancesados». Así el 26 de octubre ordenó la creación de un «Tribunal extraordinario y temporal de vigilancia y protección», encargado de entender «en las causas de infidencia y adhesión al Gobierno francés y cuanto tenga íntima conexión con estos puntos». Pero la intervención de Napoleón para reponer en el trono a su hermano José —el 4 de diciembre capitulaba Madrid— paralizó momentáneamente el proceso represivo —José I ordenó levantar todos los embargos existentes—, pero la Junta Suprema lo reanudó tras instalarse en Sevilla. En un decreto del 24 de abril de 1809 calificaba a los afrancesados de «ingratos a su legítimo soberano [Fernando VII], traidores a la patria y acreedores a toda la severidad de las leyes» y reiteraba la confiscación de «todos los bienes, derechos y acciones pertenecientes a todas las personas, de cualquier estado, calidad y condición que fuesen, que hayan seguido y sigan al partido francés».[21]

Como ha señalado Miguel Artola, «el posterior desarrollo de la guerra, con la casi total ocupación del país por las tropas francesas, limitó estas actividades, aplazando forzosamente su reanudación hasta la total liberación del territorio español».[22]​ Sin embargo, durante los cerca de tres meses en que José I estuvo «huido» en Valencia, entre el 10 de agosto y el 2 de noviembre de 1812, a causa de la victoria de Wellington en la batalla de los Arapiles, la represión se reanudó. Se promulgaron dos nuevos decretos contra los afrancesados. Por el primero, con fecha del 21 de septiembre, se les declaraba incapaces para ostentar un cargo público, especialmente a los que hubieran sido condecorados con la Real Orden de España; por el segundo, de 29 de septiembre, se ordenaba el arresto de todas las personas con opiniones políticas «sospechosas». Las prisiones se llenaron y hubo que recurrir al Retiro para albergar a tanto detenido y se obligó a los empleados públicos que habían permanecido en Madrid a entregar un declaración jurada indicando la duración y naturaleza de sus servicios, así cómo habían conseguido los puestos que ocupaban, y muchos de ellos a pesar de haber cumplido el requisito acabaron encarcelados. Las mujeres de los funcionarios «huidos» fueron obligadas a ingresar en conventos o a pagar una fianza. Esta represión «legal» fue acompañada de una represión «popular» también de gran dureza. Miot de Mélito, el hombre de confianza de José I, escribió en sus Memorias: «Se hicieron violencias inútiles contra las mujeres y los niños de los españoles que, siguiendo al Gobierno al que se habían unido, habían creído poder dejar sus familias seguras en Madrid, o no habían podido llevarlas consigo por falta de medios. Se sometió a depuraciones odiosas, y a menudo ridículas, a individuos desconocidos». Además la Gazeta de Madrid se llenó de artículos injuriosos contra los que habían colaborado con el «rey intruso» y contra sus familias. También contra los compradores de los bienes de los conventos clausurados por José I y contra las mujeres que habían mantenido relaciones con los franceses.[23]

El exilioEditar

 
Leandro Fernández de Moratín, fue uno de los miles de afrancesados que se exiliaron en Francia.

Tras la derrota en la batalla de Vitoria de junio de 1813, toda la corte de José I pasó a Francia, y con ella fueron camino del exilio los que, de una u otra manera, habían colaborado con el régimen josefino. Entre ellos se encontraban eclesiásticos, miembros de la nobleza, militares, juristas y escritores. Cabe destacar a Juan Sempere y Guarinos, a los periodistas Javier de Burgos, Sebastián de Miñano, Alberto Lista, José Mamerto Gómez Hermosilla, Manuel Narganes y Fernando Camborda; los escritores Juan Meléndez Valdés, Pedro Estala, Juan Antonio Llorente, Leandro Fernández de Moratín, José Marchena y Félix José Reinoso; los eruditos José Antonio Conde, Martín Fernández de Navarrete y Francisco Martínez Marina, y Mariano Luis de Urquijo, exministro, los obispos auxiliares de Zaragoza y Sevilla, el general Gonzalo O'Farril, el coronel Francisco Amorós y muchos otros.

Se calcula que fueron unas 12 000 familias, carentes de recursos en su mayoría, las que cruzaron la frontera y se establecieron en Francia. Allí permanecerían siete largos años.[24]​ El rey José I escribió inmediatamente a su hermano Napoleón reclamando su ayuda. «Tengo que mostrar a V.M. la horrible situación de los empleados y refugiados españoles que han seguido los movimientos de los ejércitos. Suplico a V.M. que ordene a sus ministros para que autoricen que los prefectos les proporcionen socorros que V.M. considere convenientes». Napoleón ordenó que se proveyeran los medios para su subsistencia, destinando para ello un millón de francos, pero tras su abdicación en abril de 1814 y la Restauración borbónica en Francia en la persona del rey Luis XVIII los subsidios entregados por los prefectos a los refugiados disminuyeron notablemente. Además se les sometió a vigilancia, acompañada de medidas policiales vejatorias, por el temor a que fueran «conspiradores bonapartistas».[25]​ Durante los Cien Días no sólo no apoyaron la vuelta de Napoleón, desoyendo la petición de José Bonaparte, sino que algunos militares afrancesados lo combatieron y defendieron los derechos de los Borbones.[26]

Ante los rumores que llegaban a la corte de Madrid de que se estaban organizando conspiraciones en la frontera, el gobierno español solicitó al gobierno francés «la confinación de los partidarios de José a una distancia de la frontera proporcionada a desvanecer todo temor». La petición fue atendida y ordenó la inmediata evacuación «de los depósitos de Tarbes, Toulouse, Pau y Bayona, si no de todos los españoles en masa, al menos de todos aquellos cuyas relaciones u opiniones puedan considerarse sospechosas».[27]​ Pero en realidad los afrancesados no eran los conspiraban sino los liberales españoles exiliados, que mantenían muy malas relaciones con los antiguos partidarios de José I al que ellos habían combatido. En abril de 1816 el ministro de Policía le comunicó al embajador español, conde Perelada: «No parece que los conjurados hayan atraído a sus proyectos a ningún francés, ni siquiera a ningún español de los que sirvieron al usurpador José». A pesar de todo las quejas del gobierno de Fernando VII del trato «benévolo» que recibían los exiliados españoles continuaron.[28]

Persecución en el interiorEditar

Mientras unos iban camino del exilio, Fernando VII regresó a España y encabezó el golpe de Estado de mayo de 1814 que restauró el absolutismo, decretó la suspensión de las Cortes de Cádiz, limitó la libertad de imprenta y ordenó la persecución de todos los «afrancesados» (y de los liberales que le habían defendido frente al «rey intruso»). El nuevo rey no se sintió obligado a cumplir el Tratado de Valençay, por el que Napoleón le había devuelto la Corona de España —a la que él había renunciado seis años antes—, y en el que se había comprometido a reintegrar en sus derechos y honores a aquellos españoles que habían seguido el partido de José I. De hecho, con el fin de precisar la represión, solo tres semanas después del golpe de Estado que le había permitido recuperar sus poderes absolutos, había ordenado que se clasificara a los empleados que habían servido al rey José I en cuatro categorías diferentes: «La 1ª, comprensiva de los que no habían querido recibir empleo alguno del usurpador; la 2ª, de los que habían continuado desempeñando durante su gobierno sus antiguos destinos; la 3ª, de los que habían recibido ascensos extraordinarios, que debían reputarse como efecto de su adhesión al intruso, y la 4ª, de aquellos que, no contentos de haber sido, o arrastrados tras sí a sus compatriotas al partido de aquél, habían perseguido a los fieles y buenos españoles».[29]

La medida definitiva contra los afrancesados fue un decreto que se promulgó el 30 de mayo, onomástica del rey, acabando así con las esperanzas de muchos de ellos que se habían dirigido a la frontera con España creyendo que en ese día tan señalado se aprobaría la amnistía que les permitiría volver. En el decreto se condenaba al exilio perpetuo a todos los hubieran detentado cargos políticos, militares o eclesiásticos durante el reinado del «intruso», incluidas sus esposas. A los que hubieran detentado cargos de menor rango —en el caso de los militares por debajo del grado de capitán— o los que no hubieran detentado ninguno «se les permitía entrar en el reino, pero no venir a la corte, ni establecerse en pueblo que estuviese a menos de veinte leguas de distancia de ella». Además se les privaba de todos su honores y se les inhabilitaba para ocupar un cargo público.[30]

Los afrancesados protestaron y respondieron inmediatamente presentando ante el gobierno español y el gobierno francés varias «Reflexiones» y «Reclamaciones» en las que intentaban justificar por qué habían apoyado a José I Bonaparte. Insistían en que no habían tenido otra opción —«Toda la nación sucumbió, a excepción de una corta porción de beneméritos, heroicos y valerosos españoles, y, de consiguiente, o todos los españoles son culpables, o ninguno», se decía en una de ellas— y en que se habían visto obligados para poder subsistir subsistir —«El que no tenía más que su empleo para comer, y con crecida familia, que son los más, ¿debían dejarse morir de hambre?», se decía en otro—. También en la necesidad de evitar la anarquía: «Miraron por todas partes en busca de un Gobierno que impidiese el desorden».[30]

Una de las «Reflexiones», que Miguel Artola atribuye a Godínez, fue mucho más lejos, creando un grave conflicto diplomático con Francia, que fue donde se publicó, ya que acusó de traición al rey Fernando VII y a su hermano don Carlos. Les recordaba que habían sucumbido a la presión de Napoleón en las abdicaciones de Bayona. Dirigiéndose a Fernando VII decía: «Vos, rey, no habéis podido resistir a la fuerza, y queréis exigir que un simple vasallo permanezca firme en su opinión durante seis años de disturbios».[31]

La decisión de Fernando VII de no conceder la amnistía, en contra de lo pactado en el Tratado de Valençay, causó una honda conmoción en las cortes europeas, especialmente en la francesa, entre otras razones porque era en Francia donde se encontraban los afrancesados exiliados. El gobierno francés pidió expresamente a Fernando VII que fuesen perdonados «todos los españoles que han seguido el partido del intruso José Napoleón, y se hallan en Francia actualmente, permitiéndoseles volver a su patria». El ministro Talleyrand lo intentó ante el representante español en el Congreso de Viena, Pedro Gómez Labrador, pero este había recibido instrucciones precisas de que eludiese «con buenas palabras» cualquier recomendación «en favor de los que se refugiaron en Francia con José Bonaparte..., sin que, respecto a ellos, se contraiga obligación alguna, por tratarse de asuntos meramente del Gobierno del rey». La única opción que dejaba Gómez Labrador era que los afrancesados se acogieran a la clemencia de Fernando VII, «el medio más poderoso y tal vez el único, de obtener el perdón de individuos que, de acuerdo con las leyes de España, están excluidos del territorio de esta monarquía». Entonces Talleyrand le entregó una lista de setenta personas para las que pedía «la clemencia y bondad de S.M.C. [Su Majestad Católica]», entre las que se encontraban los ministros del Gobierno de José I y otros destacados miembros de la corte josefina. Pero Fernando VII se mostró inflexible y ninguna de esas personas pudo regresar a España.[32]

En 1817 el gobierno francés presionó para que se dejara entrar en España a los excluidos por el decreto del 30 de mayo de 1814 que «no son peligrosos», para que de esa forma «se libertase a S. M. Cristianísima [Luis XVIII] del gran peso de mantener a tantos extranjeros». El embajador español en París recibió instrucciones de que no perdiese «ocasión de distraer dicha idea, pues así conviene por ahora».[33]​ Sin embargo, ese mismo año se abrió una «consulta» «acerca de la utilidad política de una amnistía general o con excepción». En el resumen de las respuestas recibidas presentada al rey en octubre se concluía que la «opinión más general» de los que habían participado —secretarios del Despacho, Chancillerías, capitanes generales, intendentes, arzobispos, obispos, Tribunal de la Inquisición, etc.— era la concesión de una «amnistía modificada». Pero la real cédula que se promulgó el 15 de febrero del año siguiente mantuvo las mismas restricciones establecidas en el decreto de 30 de mayo de 1814. La única concesión consistía en que se levantaba el embargo de sus bienes, pero no se devolvían a sus sucesores o herederos sino solamente su administración «con la obligación de entregar anualmente al crédito público la mitad de sus productos». Y se insistía en que los que regresasen, ninguno podía «aspirar a los empleos o destinos que antes tenían ni usar de las condecoraciones exteriores que los distinguían». Por una orden posterior, de febrero de 1819, se les prohibía «mudar de domicilio sin expresa licencia de S. M., pues, en otro caso, serán tratado como verdaderos vagos».[34]

El retorno y el nuevo exilioEditar

Tras el triunfo de la Revolución española de 1820 que dio inicio al Trienio Liberal los «afrancesados» fueron amnistiados, aunque se mantuvieron ciertas restricciones que limitaban su capacidad jurídica. Inicialmente se les obligó a establecerse en las provincias del Norte, sin rebasar Burgos, y se les prohibió recobrar sus privilegios y honores, así como acceder a sus anteriores cargos.[35]​ Regresaron del exilio unas 12 000 personas.[36]​ Todas ellas se integraron en el sector más conservador del partido moderado.[36]​ El Decreto de 26 de septiembre de 1820 «permitía regresar a España a todos los que emigraron por haber obtenido un cargo o destino del Gobierno intruso, o manifestado de otro modo su adhesión al mismo» y les restituía los bienes que les hubieran sido secuestrados.[37]​ La propuesta del perdón la había presentado en las Cortes el diputado exaltado José María Moreno Guerra en julio y al mes siguiente José María de Pando le había escrito desde Lisboa al Secretario del Despacho de Estado Evaristo Pérez de Castro: «Es ya tiempo de que la Madre España abra los brazos para... abrigar en su seno a aquellos hijos en su momento descarriados».[36]​ Fue así como el periódico afrancesado El Censor, uno de los principales títulos de la prensa del momento, se convirtió en el órgano de expresión del sector más conservador de los moderados, muy influenciado por el liberalismo doctrinario francés y defensor de la reforma de la Constitución de 1812 en un sentido restrictivo.[38]​ Según Alberto Gil Novales, el perdón a los afrancesados «lejos de fortalecer el régimen liberal, contribuyó a su ruina, pues con unas poquísimas excepciones los afrancesados de nota se pusieron al servicio de la reacción, con la circunstancia agravante de que contaron con dinero y con medios».[39]​ Aunque «en realidad nunca fue un grupo organizado», han puntualizado Pedro Rújula y Manuel Chust.[40]

Con el retorno del absolutismo en 1823, muchos de los afrancesados, ahora acusados de liberales, volvieron a cruzar la frontera.

La cultura del exilioEditar

Los afrancesados representaban, en muchos sentidos, una buena parte de la cultura y la inteligencia españolas de la época. Algunos de ellos fueron colaboradores por puro interés en alcanzar cargos dentro del reinado de José I; otros creían firmemente en las ideas liberadoras que significaba la Revolución francesa, y vieron una oportunidad para la caída del absolutismo.

Sus inquietudes fueron insatisfechas en España, pero también en Francia. Todo su trabajo quedó oscurecido por las idas y venidas de una situación política, la española y francesa de 1812 a 1833, tan turbulenta, perjudicando sus aportaciones. Su situación en la nación gala era jurídicamente extraña. No existía una regulación para la acogida de los refugiados políticos y, en muchos casos, se les aplicó la condición de apátridas. El 21 de abril de 1832, por ley, se les conminó a abandonar Francia o, en su caso, a permanecer en determinadas localidades. Proliferaron las traducciones al español de Voltaire y Montesquieu, se tradujo al francés una parte de la obra jurídica española, se realizaron estudios sobre la implantación del papel moneda y se continuó con la labor de la ilustración.

ReferenciasEditar

  1. Moreno Alonso, 2008, p. 236.
  2. Moreno Alonso, 2008, p. 236-237. "Se les acusó de todo, de hombres del Antiguo Régimen, de déspotas ilustrados, de revolucionarios, de republicanos partidarios de las ideas de Francia, y de traidores de lesa patria. También se les ha calumniado con la injuria de que se unieron a José con la idea de aprovecharse de la situación y de sacar beneficio particular"
  3. Artola, 1976, p. 23; 50.
  4. Artola, 1976, p. 51.
  5. Artola, 1976, p. 52-53.
  6. Artola, 1976, p. 53-54; 56.
  7. López Tabar, 2001, p. 46-48.
  8. Artola, 1976, p. 61-62.
  9. Moreno Alonso, 2008, p. 242.
  10. Artola, 1976, p. 60; 63-63.
  11. Artola, 1976, p. 66-69.
  12. Artola, 1976, p. 69-72.
  13. a b c López Tabar, 2001, p. 17.
  14. Artola, 1976, p. 56-57.
  15. Artola, 1976, p. 57.
  16. Artola, 1976, p. 67.
  17. Artola, 1976, p. 58-59.
  18. Mercader Riba, Juan (1953). «L'Oficialitat del català sota la dominació napoleònica». Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics (en catalán) (2): 8-9. 
  19. Artola, 1976, p. 257.
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BibliografíaEditar