Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela

máximo órgano del sistema judicial de Venezuela

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es el máximo órgano del sistema judicial de Venezuela. Como tal, el Tribunal Supremo es la cabeza del Poder Judicial en Venezuela, sustituyendo en 1999 a la Corte Suprema de Justicia.

Tribunal Supremo de Justicia.
Tribunal Supremo de Justicia
TSJ-VE-logo.png

TSJ - Caracas, 2010.JPG
Palacio del Tribunal Supremo de Justicia
Información general
Acrónimo TSJ
Tipo Tribunal de Justicia
Jurisdicción Bandera de Venezuela Venezuela
Ámbito Nacional
Venezuela
Sede Palacio del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela
Organización
Composición 33 Magistrados[cita requerida]
Dependiente de Poder Judicial
Entidad superior Poder Público Nacional
Histórico
Corte Suprema de Justicia Actual
Sitio web
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Índice

HistoriaEditar

El Tribunal Supremo de Justicia tiene sus antecedentes en la creación de la Corte Suprema de Justicia, creada bajo la Constitución de 1811, como órgano encargado de regir el Poder Judicial de la Confederación presidida por el doctor Francisco Espejo, y demás tribunales subalternos y juzgados inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Unión.

En la constitución de 1830, estableció la Corte Suprema de Justicia, formada por cinco miembros, denominados Ministros, con carácter vitalicio, que serían propuestos por el Presidente de la República a la Cámara de Representantes y por esta al Senado, para su elección. La Constitución de la Gran Colombia de 1821, sigue el mismo sistema de la constitución de 1819, de Angostura.

La constitución de 1830, de carácter centralista crea la Corte Suprema de Justicia, integrada por Ministros manteniendo el mismo sistema de elección de 1819.

En la Constitución Federal de 1864, sancionada luego del triunfo de la Guerra Federal, establece el sistema federal. Se crea la Alta Corte Federal, integrada por cinco miembros electos por el Congreso y propuestos por las legislaturas de los Estados. A tal fin la Legislatura de cada Estado debería presentar al Congreso una lista en número igual al de las plazas que debían proveerse y el congreso declaraba electos a quienes reunieran más votos de las presentaciones reunidas. La Corte que fue creada en 1864 no tenía funciones de casación, pero en 1876, el Congreso de la Unión sancionó la primera ley de casación nacional.

 
Antiguo edificio de la Corte Suprema de Justicia

En la constitución de 1904 se fusionaron ambas Cortes bajo el nombre de Corte Federal y de Casación, calificado de Tribunal Supremo de la Federación de los Estados, integrado por siete miembros denominados vocales y elegidos por el Congreso. Las Constituciones siguientes, de 1909, 1914, 1922, 1925, 1928, 1929, 1931 y 1936, mantienen esa fusión; si bien la reforma parcial de esta última Constitución, efectuada en 1945 elevó a diez el número de miembros de la Corte Federal y de Casación.

El 23 de enero de 1961 se dicta una nueva Constitución, en la cual se fusionan las dos Cortes, Federal y de Casación, en la Corte Suprema de Justicia.

El 14 de agosto de 1999 se instala la Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución, pero el 5 de noviembre de 1999, a pocos días de concluir su trabajo, la Asamblea Nacional Constituyente eliminó la Corte Suprema de Justicia para dar paso a una nueva Institución: el Tribunal Supremo de Justicia, con autonomía financiera y funcional divididas en seis Salas.

SedeEditar

La sede del Tribunal Supremo de Justicia se comenzó a construir el 4 de enero de 1982 y concluyó en octubre de 1987.

El monumental recinto tiene un área de 31.600 m² cuya estructura consolida la arquitectura moderna con elementos artísticos vanguardistas.

Está situada en una extensa área al final de la Avenida Baralt, específicamente en la ancestral esquina caraqueña de Dos Pilitas al oeste del Panteón Nacional.

El diseño contemporáneo ejecutado en concreto, cuenta con todos los servicios de una obra de gran magnitud.

Una gran Plaza Central de 700 m² en forma de "U" invertida, con una altura de 29 m, seis pisos más sótano y planta baja forman la fachada interior, rodeado por pasillos superiores de acceso a las oficinas.[1]

SalasEditar

El mismo se divide en 6 salas o instancias las cuales se dividen el trabajo según su competencia, estas salas son:

  • Sala Constitucional
  • Sala Político-administrativa
  • Sala Electoral
  • Sala de Casación Civil
  • Sala de Casación Social
  • Sala de Casación Penal

Todas ellas conforman la Sala Plena.

AtribucionesEditar

  • Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela y de las Defensorías Públicas. Igualmente, le corresponde la elaboración de su propio presupuesto y del presupuesto del Poder Judicial.
  • Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Presidente de la República, y en caso de ser afirmativo, continuar conociendo la causa, con previa autorización de la Asamblea Nacional, hasta sentencia definitiva.
  • Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Vicepresidente Ejecutivo, Diputados de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, los Ministros, del Procurador General, del Fiscal General, del Contralor General de República, del Defensor del Pueblo, los Gobernadores, oficiales o almirantes de la Fuerza Armada Nacional, Diplomáticos de la República, y en caso afirmativo, remitir los autos al Fiscal General; y si el delito fuere común se continuará conociendo de la causa hasta la sentencia definitiva.
  • Dirimir las controversias administrativas que se susciten entre la República, algún Estado, Municipio u otro ente público.
  • Declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos y demás actos administrativos del Ejecutivo Nacional, cuando sea procedente.
  • Conocer de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales, y en los términos contemplados en la ley.
  • Dirimir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior o común a ellos en el orden jerárquico.
  • Conocer del recurso de casación.
  • Las demás que establezca la ley.

MagistradosEditar

La Sala Constitucional esta conformada por 7 Magistrados, La Sala de Casación Penal esta conformada por 5 Magistrados, La Sala Político Administrativa esta conformada por 6 magistrados, Sala de Casación Civil esta conformada por 6 magistrados[cita requerida], Sala Electoral por 6 y la Sala de Casación Social por 3 Magistrados. Los Magistrados son los que se encargan de tomar decisiones en los Inconvenientes y Problemas que se planteen en el país.

Requisitos para ser magistradoEditar

  • Tener nacionalidad venezolana por nacimiento y no poseer otra nacionalidad.
  • Ser ciudadano o ciudadana de reconocida honorabilidad.
  • Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de quince años y tener título universitario en materia jurídica; o haber sido profesor universitario titular durante un mínimo de quince años; o ser o haber sido Juez superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, con un mínimo de quince años en el ejercicio de la carrera judicial, y de reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones.
  • Los demás que establezca la ley.

FuncionamientoEditar

El Tribunal Supremo cuenta con una Sala Plena que está integrada por los Magistrados de todas las Salas, y una Junta Directiva cuyos miembros presidirán las respectivas Salas. La Sala Plena tiene un secretario y un alguacil. La Junta Directiva del Tribunal Supremo y de cada una de sus Salas duraran dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos, por un periodo igual.

Acusaciones de ilegitimidadEditar

Actualmente la legitimidad de este organismo es cuestionada,[1][2]​ especialmente en su legitimidad de origen, debido a las irregularidades cometidas en la designación de 13 magistrados principales y 21 suplentes realizada el 23 de diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional mayoritariamente chavista, y a la actuación parcializada y politizada que ha desempeñado desde entonces[cita requerida]. El Artículo 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Título V de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) contemplan un extenso proceso de más de 30 días continuos para la designación de los magistrados, tanto principales como suplentes, en el cual se requiere conformar un Comité de Postulaciones Judiciales integrado por miembros de la Asamblea Nacional y de la sociedad civil, el cual hará una primera preselección de candidatos, la cual será remitida al Consejo Moral Republicano (Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Contraloría General de la República) el cual efectuará una segunda preselección que será remitida a la Asamblea Nacional (AN), la cual tendrá un lapso de tres (3) sesiones plenarias para escoger a los magistrados mediante el voto de las 2/3 partes de los diputados o una cuarta sesión plenaria para la escogencia por voto de mayoría simple en caso de no lograrse con el voto de las 2/3 partes de la AN. La selección de los 13 magistrados y 21 suplentes no se realizó siguiendo el procedimiento de ley, sino en un proceso exprés llevado a cabo la noche del 23 de diciembre de 2015[cita requerida] (habiendo terminado el año legislativo el 15 de diciembre) por la Asamblea Nacional para entonces mayoritariamente oficialista, tras haber sufrido la derrota en las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre del 2015, donde la oposición representada por la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ganó 112 de los 167 escaños.[3]

En el proceso exprés, el Poder Ciudadano envió a la Asamblea Nacional una lista de preseleccionados avalada por Tarek William Saab, defensor del pueblo y Manuel Galindo, contralor general de la República.[cita requerida] La Asamblea Nacional en una única sesión plenaria realizada la noche del 23 de diciembre del 2015, aprobó por mayoría simple la designación de 3 magistrados principales y 4 suplentes por la Sala Constitucional, 2 principales y 3 suplentes por la Sala Penal, 2 principales y 5 suplentes por la Sala Político-Administrativa, 3 principales y 2 suplentes por la Sala Civil, 1 principal y 2 suplentes por la Sala Social, 2 principales y 4 suplentes por la Sala Electoral.[4]

Tanto la oposición como distintos juristas calificaron el acto de designación como ilegal por no haberse realizado según lo que ordena la Constitución y la LOTSJ.[5][6][7]

Semanas después de haberse realizado las elecciones parlamentarias y de haberse juramentado los nuevos diputados en la Asamblea Nacional, se presentaron 7 denuncias de impugnación a los resultados electorales por los estados Amazonas, Aragua y Yaracuy, de las cuales 6 fueron rechazadas y 1 admitida, dejando suspendidos los resultados por los circuitos de Amazonas.[8][9]​ La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a la AN desincorporar a los diputados de Amazonas,[10]​ pero la AN, presidida por Henry Ramos Allup, diputado por la MUD, desobedeció alegando que los diputados ya gozaban de inmunidad parlamentaria,[11]​ con lo cual la Sala Electoral la declaró en desacato.[12]​ Tras este hecho, Héctor Rodríguez, diputado oficialista por la coalición Gran Polo Patriótico, introdujo una demanda al TSJ el 7 de enero del 2016 para que declarare nulos todos los actos de la Asamblea Nacional. El 11 de enero mediante sentencia N°1 el TSJ admitió la demanda y declaró con lugar la solicitud del diputado oficialista, dejando sin efecto todas las actuaciones de la Asamblea Nacional "mientras se mantuviera en desacato".[13]

Con cada actuación de la Asamblea Nacional ahora en manos de la oposición, el oficialismo introducía demandas para anular dichas actuaciones, y mediante numerosas sentencias el TSJ fue limitando al Parlamento sus facultades establecidas en la Constitución, al mismo tiempo que ejercía las facultades constitucionales que exclusivamente le corresponden al Parlamento bajo pretexto de "omisión legislativa" por el desacato de la AN.[14][15][16][cita requerida]

Iniciando el año 2017, en su primera sesión ordinaria, la Asamblea Nacional, ahora presidida por Julio Borges, diputado por la MUD, desincorpora oficialmente a los 3 diputados impugnados, cumpliendo la condición del TSJ para salir del desacato.[17]​ Sin embargo el TSJ no retiró el desacato alegando que la antigua directiva presidida por Henry Ramos Allup es quien debe hacer las formalidades.[18]

El 27 de marzo del 2017 mediante sentencia 155 el TSJ le otorga a Nicolás Maduro las facultades de la Asamblea Nacional para legislar y para "tomar las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estimase pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción...".[19]​ El 29 de marzo el TSJ publicó una segunda sentencia bajo el N°156 donde se atribuyó a sí mismo las funciones constitucionales del Parlamento y estimó delegarlas en los organismos que considere pertinente, so pretexto de "omisión legislativa" por el desacato de la AN.[20]​ Este hecho encendió las alarmas nacionales e internacionales de distintas personalidades y organismos[21][22]​ que señalaron la sentencia N°156 como un "Autogolpe de Estado",[23][24]​ incluyendo a Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, quien el 31 de marzo en una rueda de prensa en la sede del Ministerio Público, calificó las sentencias 155 y 156 como una "ruptura del orden constitucional".[25]​ Nicolás Maduro calificó las declaraciones de la Fiscal como un "impase" entre el Ministerio Público y el TSJ, por lo que ese mismo día convocó a un Consejo de Defensa de la Nación para discutir la revisión de las sentencias 155 y 156. Al día siguiente el TSJ publicó aclaratorias sobre las sentencias 155 y 156 donde se suprimían las medidas que transfieren las competencias del Parlamento al Presidente y al TSJ.[26]​ Distintos juristas tacharon de ilegal las aclaratorias, pues la Sala Constitucional no puede hacer revisión de fondo de las sentencias por ser cosa juzgada.[27][28][29]

El 1° de mayo del 2017 Nicolás Maduro, mediante decreto N°2830 convoca una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) basándose en una controvertida interpretación de los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución. Dicha convocatoria volvió a encender las alarmas de la sociedad venezolana, pues muchos juristas señalan que Maduro ha violado la Constitución al usurpar las funciones del pueblo soberano al convocar una ANC, cuando esta facultad corresponde estrictamente al Pueblo de Venezuela en todo su conjunto y no a personas en particular. Ante este suceso distintos sectores de la sociedad manifestaron su rechazo a la convocatoria por considerarla ilegal, entre estos, juristas, gremios profesionales, aliados al gobierno del fallecido Hugo Chávez e incluso altos funcionarios del gobierno.[30][31][32][33][34]

El 17 de mayo el TSJ resolvió 5 recursos de nulidad interpuestos en 2010 contra la Reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, la cual reemplazaba las Juntas Parroquiales por las Juntas Parroquiales Comunales. Mediante sentencia N°355 el TSJ dictaminó que los Consejos Comunales podían elegir a los miembros de las Juntas Parroquiales implementando así el sufragio indirecto. La sentencia fue calificada por muchos juristas como una grave violación al principio del voto directo, universal y secreto establecido en el Artículo 63 de la Constitución.[35][36][37][38]

El 7 de junio de 2017 la Sala Constitucional del TSJ dictó la sentencia 378 en donde se determinó que el presidente está facultado para convocar una constituyente sin referendo consultivo previo, ya que él actuaba en nombre de la soberanía del pueblo, violando así lo establecido en el Artículo 347 de la Constitución.[39]​ Varios juristas criticaron la sentencia 378 por considerarla violatoria de los principios constitucionales, especialmente lo que se refiere a la soberanía, la cual el Artículo 5 de la Constitución establece que “reside intransferiblemente en el pueblo”.[40][41][42][43]

El 8 de junio la Fiscal General de la República introdujo ante la Sala Electoral un recurso contencioso electoral con nulidad y amparo cautelar para todos los efectos de la constituyente e invocando el Artículo 333 de la Constitución invitó a todos los venezolanos a adherirse al recurso con el fin de detener la constituyente y preservar la vigencia de la Constitución actual.[44]​ Al día siguiente las inmediaciones del TSJ fueron cerradas por efectivos de seguridad del Estado impidiendo a los ciudadanos adherirse al recurso interpuesto por la Fiscal, lo cual viola el Artículo 51 de la Constitución.[45][46][cita requerida]

El día 12 de junio el TSJ declaró inadmisible el recurso de la Fiscal por “inepta acumulación de pretensiones”, sin dar más explicación de fondo.[47][cita requerida]

Ante la antijuridicidad del TSJ,[cita requerida] la Fiscal impugnó la designación de los 13 magistrados principales y 21 suplentes por considerar falta de idoneidad y parcialidad en sus actuaciones, además de que la actuación de estos aceleran la grave crisis que sufre Venezuela; asimismo solicitó a los magistrados objeto de la demanda inhibirse de conocer de la causa de conformidad con lo establecido en los artículos 55, 56 y 57 de la LOTSJ.[48][49]​ La Fiscal relató que en el proceso de designación de estos magistrados el Consejo Moral Republicano (Poder Ciudadano) no realizó una sesión extraordinaria para evaluar los baremos de postulación, según lo establecido en el artículo 74 de la LOTSJ, sino que remitieron los expedientes de los candidatos y después le presentaron el acta para que lo firmara, lo cual se negó a hacer por no haberse realizado la sesión.[50]​ Al día siguiente, Tarek William Saab, defensor del pueblo, presentó un documento con la supuesta firma de la Fiscal, alegando que ella si había firmado el acta.[51]​ Posteriormente María José Marcano, exsecretaria del Consejo Moral Republicano acusó a William Saab de mentir y presentar un documento forjado, pues ni ella ni la Fiscal habían firmado el acta por ser un acto realizado ilegalmente por presiones políticas.[52]

El 14 de junio el TSJ mediante sentencia N°614 vuelve a desechar la demanda sin dar explicación y advierte que “cualquier comisión, artificio o acción que tenga el objeto de anular la designación de magistrados subvierte el procedimiento constitucional para remoción de magistrados del TSJ, y por lo tanto, es írrito y nulo de toda nulidad y carente de validez, existencia y eficacia jurídica; y quienes participen en ellos están sujetos a la responsabilidad penal, civil y administrativa que corresponda”.[53]

El 13 de junio la Fiscal solicitó al TSJ antejuicio de mérito contra 6 magistrados principales y 2 suplentes por estar incursos en conspiración para atentar contra la forma republicana de la nación, delito tipificado en el artículo 132 del Código Penal, al mismo tiempo que solicitó a los magistrados acusados inhibirse de conocer de la causa de conformidad con los artículos 55, 56 y 57 de la LOTSJ.[50]​ La demanda fue nuevamente rechazada por el TSJ sin dar explicaciones en su sentencia además de ignorar la petición de inhibición.[54]

Pedro Carreño, diputado oficialista por el GPP emprendió una campaña contra la Fiscal a quien acusó públicamente en el canal oficialista VTV de padecer insania mental, por lo que pediría al TSJ conformar una junta médica que evaluara si la Fiscal podía continuar o no en el cargo.[55]​ Luego de conocidas las declaraciones de Luisa Ortega sobre las irregularidades en la designación de los magistrados, Pedro Carreño solicitó al TSJ antejuicio de mérito contra la Fiscal para proceder con su destitución.[56]​ A juicio del legislador, la fiscal ha incurrido en las faltas de “atentar, lesionar, o amenazar la ética pública y la moral administrativa”; “actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución”; y de “violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución”. El oficialista Carreño también solicitó al TSJ la prohibición de salida del país de la Fiscal y congelamiento de sus bienes.[57][58]

El 20 de junio el TSJ admitió la demanda del diputado Carreño, acordó la audiencia para el 4 de julio y aprobó todas las peticiones del oficialista Carreño de congelar los bienes de la Fiscal y prohibirle salir del país.[59][60]

Otro hecho paralelo a las acciones en contra del Parlamento se suscitó en contra del Ministerio Público. Tarek William Saab interpuso un recurso ante el TSJ para conocer las competencias de la Defensoría del Pueblo, organismo que preside. Mediante dos sentencias, el TSJ disminuyó las competencias del Ministerio Público. En la sentencia 469, el TSJ declaró nula la designación del Vicefiscal General de la República y se tomó la licencia para designar a otro Vicefiscal, violando el artículo 25 ordinal 3 de la Ley del Ministerio Público.[cita requerida] En la sentencia 469 el TSJ asignó al defensor del pueblo competencias que no están establecidas en el Artículo 281 de la Constitución ni el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y que son exclusivas del Ministerio Público de acuerdo al Artículo 285 Constitucional.[61][cita requerida]

Ante estas actuaciones del TSJ en confabulación con el oficialismo[cita requerida] [¿quién?], el 30 de junio la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un comunicado manifestando su preocupación por el proceso iniciado por el TSJ para la destitución de la Fiscal General de la República al mismo tiempo que denunció que con la sentencia 470 parecía vaciarse al Ministerio Público de sus competencias establecidas en la Constitución.[62]

 A opinión de distintas personalidades políticas y diversos juristas, especialmente la Federación del Colegio de Abogados de Venezuela, máximo ente rector de la profesión de la Abogacía en Venezuela, el TSJ atenta contra el Estado de Derecho y desmantela las instituciones del Estado con sentencias inconstitucionales y netamente politizadas, razón por la cual instan al pueblo venezolano a desconocer sus decisiones en virtud de los Artículos 333 y 350 de la Constitución.[63][64]

Designación de magistrados el 21/07/17 por parte de la Asamblea NacionalEditar

Debido a la polémica que suscitó la designación de los magistrados del TSJ del periodo iniciado en diciembre de 2015 por numerosas presuntas irregularidades de objetivo político denunciadas por la mayoría opositora que tomó posesión del legislativo desde enero de 2016 y por numerosos expertos en temas jurídicos,[65]​ las cuales después fueron ratificadas por la Fiscal General de la República,[66]​ la Asamblea Nacional acordó para el viernes 21 de julio de 2017 la designación de los magistrados para reemplazar a los 13 principales y 21 suplentes que actualmente fungen el cargo de magistratura, según dichos parlamentarios, de manera "usurpadora", el virtud del conflicto de poderes que entre los legisladores opositores y los magistrados se inició desde la conformación de dicho tribunal.[67][68]

De acuerdo a juristas principalmente afectos al oficialismo, [69][70][71]​ la designación realizada por el poder legislativo resultaría "nula e ineficaz" ante la presunta violación del artículo 264 de la CRBV, que reza de la siguiente manera:

Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos por un único período de doce años. La ley determinará el procedimiento de elección. En todo caso, podrán postularse candidatos o candidatas ante el Comité de Postulaciones Judiciales, por iniciativa propia o por organizaciones vinculadas con la actividad jurídica. El Comité, oída la opinión de la comunidad, efectuará una preselección para su presentación al Poder Ciudadano, el cual efectuará una segunda preselección que será presentada a la Asamblea Nacional, la cual efectuará una tercera preselección para la decisión definitiva.

Los ciudadanos podrán ejercer fundadamente objeciones a cualquiera de los postulados ante el Comité de Postulaciones Judiciales, o ante la Asamblea Nacional

Al mismo tiempo, también el Contralor General, el defensor, la fiscal general, así como el Poder Electoral y el Poder Ejecutivo han rechazado la acción de la Asamblea Nacional argumentando que debido a que el Poder Ciudadano no efectuó la "segunda preselección" de los postulados. [72][73][74][75]​ Mientras que, por otro lado los propios magistrados designados no reconocidos por la Asamblea Nacional argumentan la presunta nulidad de los nombramientos en base a las propias sentencias de dicho tribunal en el que se atribuye la existencia de un "desacato legislativo" que impediría a dicho organismo ejercer ninguna de sus funciones desde el momento en que tomó posesión la mayoría opositora, [76]​ tesis negada por la mayoría de los juristas no afectos al oficialismo y que forma parte central del conflicto institucional de poderes del país.[77][78][79][80][81][82]

Véase tambiénEditar

ReferenciasEditar

  1. «Fiscal pide anular designación de magistrados y responsabiliza al Gobierno por seguridad de su familia». Informe21.com. Consultado el 30 de julio de 2017. 
  2. «Federación Nacional de Abogados emite nota de protesta ante sentencias del TSJ [+Pronunciamiento]». Consultado el 30 de julio de 2017. 
  3. «Cambio histórico en Venezuela: La oposición gana las elecciones parlamentarias - RT». RT en Español. Consultado el 30 de junio de 2017. 
  4. «Designados nuevos magistrados del TSJ». El Nacional. 23 de diciembre de 2015. Consultado el 30 de junio de 2017. 
  5. «FCJP-UCV: Designación precipitada de magistrados del TSJ en contra de la soberanía popular - COMUNICACION CONTINUA». comunicacioncontinua.com. Consultado el 30 de junio de 2017. 
  6. «5 violaciones cometidas durante la designación de los magistrados del TSJ; por José I. Hernández « Prodavinci». prodavinci.com. Consultado el 30 de junio de 2017. 
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  10. «Sala Electoral ordenó a la AN desincorporar a diputados impugnados». El Nacional. 12 de enero de 2016. Consultado el 30 de junio de 2017. 
  11. «Asamblea Nacional no acatará decisión del TSJ contra diputados de Amazonas». runrun.es. Consultado el 30 de junio de 2017. 
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