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Como lo consagra la Constitución Política de 1980, Chile es un país unitario, con un territorio dividido en regiones. La soberanía radica esencialmente en la nación, quien la ejerce a través de la elección de sus representantes por medio del sufragio o tomando decisiones particulares a través del plebiscito (plebiscito se le dice en griego a la petición de algo a través de la plebe)

El sistema político chileno es la república democrática. Pese a existir una división clásica de los poderes, los politólogos concuerdan en que la Constitución de 1980 define otros poderes o funciones, como las del Tribunal Constitucional, el Banco Central, el Consejo de Seguridad Nacional y otros órganos.

La forma de gobierno es la República presidencial, lo que básicamente se traduce en que el presidente de la República es a la vez jefe de Estado y jefe de Gobierno. Consecuentemente, en esta autoridad se han concentrado amplias facultades, entre las que se cuentan: la iniciativa exclusiva en diversas materias de ley, la imposición de estados de excepción constitucional, la posibilidad de dictar Decretos con Fuerza de Ley (previa ley delegatoria de facultades por parte del Congreso), la convocación a plebiscitos y, naturalmente, el nombramiento de los ministros de Estado, y un cuerpo importante de funcionarios que colaboran con él en la administración del Estado, entre otras.

Índice

HistoriaEditar

La república autocrática y conservadora (1831-1861) fue sustituida por la república liberal (1861-1891) durante la cual se realizaron algunas conquistas políticas, como la representación proporcional (1871) y la abolición de la condición de propiedad para tener derecho a voto (1885).[1]

Cuando comenzó la era de la república parlamentaria en 1891, la lucha entre liberales (pipiolos) y conservadores (pelucones) ya había evolucionado debido al surgimiento de un sistema multipartidista. En la década de 1880, los liberales se dividieron en dos facciones: los moderados, que no querían imponer el laicismo demasiado rápido y estaban dispuestos a comprometerse con los conservadores, y los liberales radicales, que se unieron al Partido Radical fundado en 1862 o al nuevo Partido Demócrata con ideas más progresistas, si no socialistas.[2]

De la guerra civil surgió un nuevo régimen parlamentario: el gobierno de la Fronda aristocrática o de la oligarquía ampliada. A partir de 1906, el Partido Radical exigió reformas sociales y el establecimiento de un régimen democrático. Ese mismo año, el líder de la Federación de Trabajadores, Luis Emilio Recabarren, fue elegido a la Cámara, pero su elección fue cancelada por ella. En 1912, fundó el Partido Obrero Socialista.[3]

A pesar de los buenos resultados económicos del país, la vida sigue siendo muy dura para una gran parte de la población (jornadas laborales de 12 o 14 horas para los trabajadores, salarios muy bajos, analfabetismo superior al 50% en los años 1900-1910, etc). Las huelgas y manifestaciones obreras se multiplicaron, a veces muy duramente reprimidas: huelga general en Santiago (1905), ferrocarriles y minas en Antofagasta (1906), manifestación en Iquique (1907). De 1911 a 1920, hubo 293 huelgas. Algunas represiones matan a cientos de personas.[3]

En 1920, la crisis económica empeoró el nivel de vida de las clases medias, que estaban políticamente más cerca de las clases trabajadoras. Esta nueva situación llevó a la elección de Arturo Alessandri Palma. Durante su mandato, siguió una política progresista: derecho laboral, establecimiento del impuesto sobre la renta de la propiedad, creación del Banco Central, creación de fondos de seguridad social, etc. Sin embargo, debe tratar constantemente con el Senado, siempre bajo control conservador, que sistemáticamente intenta bloquear sus reformas. Poco antes de retirarse del poder, redactó una nueva Constitución que fue considerada como el advenimiento de la verdadera democracia en Chile. Esta Constitución consagra la separación de la Iglesia y el Estado y la libertad religiosa, declara la educación primaria obligatoria, restaura el presidencialismo pero eligiendo al presidente por sufragio universal y proclama que la propiedad debe ser regulada de tal manera que garantice su función social.[3]

InstitucionalidadEditar

Véase tambiénEditar

Enlaces externosEditar

ReferenciasEditar

  1. América Latina en el siglo XX, 1991, p. 181-186
  2. América Latina en el siglo XX, 1991, p. 181-186
  3. a b c América Latina en el siglo XX, 1991, p. 181-186
  4. «Artículo 32, Inciso 18 de la Constitución Política de la República de Chile». Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 22 de septiembre de 2005. Consultado el 6 de mayo de 2015. 
  5. «Artículo 32, Inciso 12 de la Constitución Política de la República de Chile». Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 22 de septiembre de 2005. Consultado el 6 de mayo de 2015. 
  6. «Artículo 32, Inciso 5 de la Constitución Política de la República de Chile». Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 22 de septiembre de 2005. Consultado el 6 de mayo de 2015. 
  7. «Artículo 24 Inciso 1 de la Constitución Política de la República de Chile». Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 22 de septiembre de 2005. Consultado el 6 de mayo de 2015. 
  8. «Artículo 33 Inciso 1 de la Constitución Política de la República de Chile». Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 22 de septiembre de 2005. Consultado el 6 de mayo de 2015. 
  9. «Artículos 111 y 116 de la Constitución Política de la República de Chile». Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 22 de septiembre de 2005. Consultado el 6 de mayo de 2015. 
  10. «Artículo 44 de la Constitución Política de la República de Chile». Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 22 de septiembre de 2005. Consultado el 6 de mayo de 2015. 
  11. «Artículo 32 Inciso 1 de la Constitución Política de la República de Chile». Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 22 de septiembre de 2005. Consultado el 6 de mayo de 2015.