Abrir menú principal

Represión en la zona republicana durante la guerra civil española

Zonas sublevada y republicana en agosto y septiembre de 1936.

La represión en la zona republicana durante la guerra civil Española fue una sucesión de acciones violentas cometidas en el territorio del bando republicano durante la guerra civil española.[1][2]​ Dichas acciones, al igual que las originalmente ocurridas durante la revolución bolchevique, eran cometidas por grupos de revolucionarios contra aquellos a los que percibían como sus enemigos de clase. En España, eso incluía tanto a empresarios, industriales, terratenientes y políticos de la derecha como a miembros y bienes de la Iglesia católica, a quien tradicionalmente las fuerzas de izquierda había visto siempre como alineada junto a las clases capitalistas y reaccionarias, y actuando como un factor necesario para la represión psicológica del obrero.[2][3][4][5]

El número de religiosos católicos muertos, sin contabilizar los seglares católicos, se ubicaría en torno a los 6000 y 6800.[6][7]

El bando sublevado basó casi desde el principio sus razones para sublevarse en la existencia de esta represión, que atribuían al mismo Gobierno de la República, a los partidos que lo formaban y a los sindicatos que lo apoyaban. Pero los hechos más violentos no se iniciaron hasta después del golpe de Estado de julio de 1936 que dio lugar a la guerra.[2][3][4][5]​ En general, se considera que la represión en zona republicana, calificada globalmente por el bando sublevado como Terror Rojo, es el argumento definitivo de los sublevados para reprimir y privar de derechos a los perdedores de la Guerra Civil.[8][9]

AntecedentesEditar

 
El papa Pío XI, ferviente anticomunista, se opuso al avance del laicismo durante la Segunda República Española; su apoyo espiritual al bando sublevado, impulsado en su mayor parte por las noticias del Terror Rojo, fue imprescindible para la creación de la "Cruzada Nacional" y el posterior nacionalcatolicismo.

La proclamación de la Segunda República Española el 14 de abril de 1931 trajo consigo la constitución de un gobierno laico, que promovió la separación Iglesia-Estado mediante la Constitución de 1931. En ella se declaraban expresamente las libertades de conciencia y de culto. Además, se recortaba de forma determinante la influencia de la Iglesia católica en la sociedad española, eliminando su control de los cementerios, imponiendo la obligación de obtener autorización para poder realizar actos públicos de culto, y sobre todo estableciendo la obligatoriedad de que la educación fuera laica y estuviera en manos del estado, prohibiendo a las órdenes religiosas dedicarse a la misma, «Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial.
El Estado, las regiones, las provincias y los municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas.
Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero.
Quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes.
Las demás Órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes bases

  1. Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del Estado.
  2. Inscripción de las que deban subsistir, en un Registro especial dependiente del Ministerio de justicia.
  3. Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes que los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos.
  4. Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza.
  5. Sumisión a todas las leyes tributarias del país.
  6. Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines de la Asociación.

Los bienes de las Órdenes religiosas podrán ser nacionalizados». «El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada.
La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria.
Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada.
La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle condicionado más que por la aptitud y la vocación.
La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana.
Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos». Aunque se reconocía el derecho de cada culto a enseñar sus doctrinas fuera de los colegios públicos.

La Constitución de 1931 también recortó de forma crucial la influencia económica de la Iglesia católica y las órdenes religiosas en España: pasaron a ser consideradas como «asociaciones sometidas a una ley especial»; se les retiraba toda subvención o ayuda por parte del Estado, las regiones, las provincias y los municipios; se disolvía cualquier orden en la que se prestara voto de «obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado» (como en la Compañía de Jesús, en que se presta voto de obediencia al papa); se les prohibía dedicarse a la industria, al comercio, o acumular más bienes de los considerados necesarios para sus fines; y se les obligaba a pagar impuestos y declarar anualmente sus ingresos y bienes.

Los grupos sociales más cercanos a la Iglesia protestaron de inmediato contra estos recortes, adoptando la postura de que suponían un ataque a las libertades de los católicos (a pesar de estar dirigidos a la Iglesia como institución y a las órdenes religiosas). En 1933, el papa Pío XI publicó la encíclica Dilectissima nobis (Sobre la injusta situación creada a la Iglesia católica en España).[10]​ En ella se quejaba del contenido de la reciente «Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas» (que articulaba los recortes presupuestarios y en materia de posesión de bienes), así como de la pretensión de separación Iglesia-Estado, a la que calificaba de «gravísimo error» y «funesta consecuencia del laicismo». El argumento de que los recortes presupuestarios y las expropiaciones de bienes se debían a un anticlericalismo feroz y sin justificación promovido desde el Estado, ya presentado en la encíclica, se convirtió en una constante en las obras posteriores, hasta el punto de que algunos autores han afirmado que la masonería desempeñó un papel importante en las decisiones del Gobierno, ya que relevantes cargos del Gobierno pertenecían supuestamente a la misma, así como al menos 183 diputados en las Cortes del Parlamento Español.[11]​ Este concepto de la masonería como grupo en la sombra profundamente anticlerical sería también defendido por los apologetas del franquismo en años posteriores.[12]

En cualquier caso, el giro laicista introducido por la Segunda República provocó una radicalización de las posturas favorables a la Iglesia católica y su papel en el Estado, lo que llevó a una confrontación directa que acentuó el anticlericalismo ya existente en la España de la época.[2][3][4]​ La quema de conventos en los primeros días de la Segunda República no ayudó a la convivencia.

La represión en la zona republicana en los primeros mesesEditar

Tras el golpe de estadoEditar

 
Monolito alzado en el cementerio de Paracuellos de Jarama, en honor a las víctimas de las matanzas de Paracuellos enterradas en el mismo.
 
Portal gótico de la iglesia parroquial de San Ginés, en Vilasar de Dalt (Barcelona), recuperado de las ruinas de la iglesia original, derruida y reconstruida en 1940.

Los primeros días tras el golpe de estado se unieron dos factores determinantes en el estallido de la represión indiscriminada en el territorio controlado por la República: con el fin de apagar los focos de rebelión se repartieron armas a los obreros integrados en milicias (o estos las consiguieron por su cuenta), controladas por los partidos políticos y sindicatos, no por el Gobierno; y la rendición de los militares sublevados en las plazas donde el golpe fracasó destapó la trama de conjuras alrededor de la planificación del mismo, exponiendo la intervención de grupos de ultraderecha y extendiendo la sospecha de «golpistas» sobre todas las organizaciones y clases sociales que en alguna ocasión habían apoyado políticamente a tales grupos, lo cual incluía a políticos de la derecha y la Iglesia católica.[2][3][4]

La entrega de armas a contingentes fuera del control del Estado, unida a una identificación, cierta o no, de enemigos de la República, se unió a la oportunidad de realizar ajustes de cuentas personales.[2]​ La represión empezó con la ejecución de golpistas tras rendirse en las zonas donde el alzamiento fracasó. De ahí, siguió con el arresto indiscriminado, seguido en ocasiones del asesinato, de sospechosos de haber apoyado el golpe: principalmente industriales, terratenientes, gente de ideología política claramente derechista, y religiosos.[4]

El tema de hasta dónde llegaron las responsabilidades políticas en esta fase inicial de crímenes es objeto de cierta disputa. La línea más común en la historiografía afirma que la gran mayoría de casos se debieron principalmente a una explosión de ira en el bando republicano o a revanchismo individual amparado en la falta de control, y que como tal, se apagaron hasta desaparecer a inicios de 1937 cuando el gobierno finalmente logró tomar las riendas de los grupos de milicianos armados.[2][3][4]​ Algunos autores "revisionistas", encabezados por Pío Moa y César Vidal, afirman que el Gobierno de la República y los principales partidos políticos que lo formaban eran perfectamente conscientes de lo ocurrido, y favorecían dichas acciones de manera abierta y constante. La afirmación de que la Guerra Civil no comenzó con el golpe de estado en España de julio de 1936 sino con la Revolución de Asturias de 1934 forma parte de la línea argumental de estos autores en todas sus obras sobre la Guerra Civil y la dictadura franquista.[13][14][15]

La represión se inició persiguiendo a golpistas hechos prisioneros (como Fanjul o Goded), y a aquellos percibidos como enemigos de clase: dirigentes, militantes o simpatizantes de la CEDA, de la Comunión Tradicionalista (como Víctor Pradera) o de Falange Española (como Primo de Rivera o Ledesma), pero también terratenientes y nobles (como De la Quadra Salcedo), empresarios e industriales, católicos reconocidos (como Rovira i Roure) e incluso políticos republicanos contrarios a la revolución social (como Melquíades Álvarez). Se formaron patrullas de milicianos armados con el objetivo de arrestar y juzgar sumariamente a los «enemigos del pueblo». Aunque una minoría de los asesinados eran supuestamente culpables de delitos de sangre,[16]​ el vacío de poder causado por el golpe, rellenado de facto por los recientemente armados grupos de las milicias obreras sin supervisión, dio pie a la posibilidad de ajustar cuentas personales sin temor a castigo, situación que se dio con relativa frecuencia.[17][4][2]​ Del mismo modo, el calor del combate en los primeros días provocó varios incidentes de asesinatos masivos de prisioneros cuando los milicianos lograban reducir un núcleo golpista después de una defensa armada intensa, como sucedió en el cuartel de Simancas y el cuartel de la Montaña.

En las grandes ciudades se instituyeron las checas con el fin de actuar como policía política, aunque algunas (como la dirigida por Agapito García Atadell) eran simples bandas criminales con afán de lucro personal, que se amparaban bajo la cobertura de los partidos y sindicatos para alcanzar sus objetivos personales.[3][4][2]​ Los presos eran muchas veces objeto de «paseos» (eran trasladados a las afueras, donde se les ejecutaba y se abandonaba el cadáver). En ocasiones estos asesinatos se realizaban de forma masiva, en las llamadas sacas de presos, como ocurrió durante la matanza de la Cárcel Modelo; en éstas se reunía a presos de distintas checas o cárceles (como las de Porlier o la Modelo de Madrid), muchas veces con el pretexto de un traslado, cuando realmente su destino era una ejecución extrajudicial y una fosa común. Las más famosas de ellas fueron las posteriormente bautizadas como matanzas de Paracuellos.

Todas las grandes ciudades en la zona republicana dispusieron de sus checas, como Valencia, en la que destacaron por su importancia las checas de Santa Úrsula, de Trinitarios o del Seminario, de Carniceros, de las Torres de Quart o de la calle Sorní, por la que pasaron miles de valencianos. En ellas no sólo se privaba de libertad sino que se llevaban a cabo torturas y ejecuciones.

En Cataluña se constituyeron unas fuerzas de seguridad paralelas a las gubernamentales, como fueron las Patrullas de Control, adscritas al Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña,[18]​ que actuaron de forma represiva violenta por toda la geografía catalana[19]​ y participaron activamente en la persecución a los maristas en Barcelona en 1936, en la que murieron 172 personas.[20]

Las violaciones y demás vejaciones a las mujeres (como en el caso de las llamadas enfermeras mártires de Somiedo) fueron proporcionalmente muy infrecuentes.[21]

El caso del País VascoEditar

La actual comunidad autónoma del País Vasco y la comunidad foral de Navarra permanecieron prácticamente ajenas a la violencia religiosa, aunque los actos de represión política por parte de las milicias se dieron igual que en el resto de España.[22][23]​ La población del territorio vasco era en aquella época (y venía siendo) muy religiosa; allí la Iglesia se mantuvo siempre muy unida a la tierra, las parroquias eran el punto de reunión natural en las zonas rurales, y el nivel de católicos practicantes, que en el conjunto de España no alcanzaba el 30 %, era en el País Vasco de más del 50 %.[3]​ De hecho el Partido Nacionalista Vasco, principal fuerza nacionalista vasca, tuvo desde sus orígenes una importante tradición religiosa católica, anticipándose al surgimiento de los modernos partidos democristianos. La Iglesia vasca, por su parte, siempre había dado amplio apoyo al movimiento nacionalista vasco.[3]

Esta situación de la Iglesia, diametralmente opuesta a la del resto del territorio español, hizo que tras la toma del País Vasco por parte de las tropas sublevadas los sacerdotes identificados como nacionalistas vascos fueran también blanco de la represión. Un total de 16 sacerdotes fueron fusilados por las tropas franquistas en 1936 por sus ideas nacionalistas. La jerarquía católica española minusvaloró el hecho, excepto el obispo de Vitoria que fue expulsado de España por las autoridades franquistas por manifestar sus protestas.[2][3][4]​ El Vaticano protestó por los fusilamientos, aunque dicha protesta no se hizo pública en su día, y estos fueron ignorados por la propaganda franquista.[2][3][4]

Por otra parte, y aunque la proporción fuera muy inferior a la del resto de España, también fueron asesinados 39 miembros del clero en el País Vasco, principalmente en las «sacas» de presos ocurridas en los buques prisión Cabo Quilates y Altuna-Mendi, así como en las prisiones de Larrinaga y Ángeles Custodios, entre agosto de 1936 y enero de 1937. Estas «sacas» se produjeron como represalias a los bombardeos de la aviación del bando sublevado.[22][23]

Los ataques de la aviación franquista de los días 31 de agosto y 25 de septiembre sobre Bilbao, la ciudad del norte más castigada por los bombardeos de los sublevados, motivaron el asesinato de los detenidos en los barcos prisión Cabo Quilates y Altuna Mendi (siete el 31 de agosto y 75 el 25 de septiembre). El 2 de octubre volvió a ser asaltado el Cabo Quilates por marineros del acorazado republicano Jaime I que asesinaron a numerosos detenidos, entre ellos doce sacerdotes.[24]​ Las represalias más graves se produjeron el 4 de enero de 1937 tras el durísimo bombardeo que sufrió Bilbao ese día. "Una multitud exaltada asaltó distintas cárceles y más de 200 personas fueron ejecutadas". El gobierno vasco presidido por José Antonio Aguirre reaccionó inmediatamente y ordenó una investigación judicial para determinar las responsabilidades de los hechos. Fueron detenidas 61 personas, aunque finalmente las condenas a muerte no se cumplieron, pero fue la primera vez en ambos bandos en que las autoridades investigaron un caso de represalias por bombardeos (en todos los demás los responsables quedaron impunes). Además el gobierno vasco tomó medidas muy estrictas lo que impidió que hubiera nuevas represalias.[25]

Las primeras amenazas de que habría represalias si se producían bombardeos se habían producido al inicio la campaña de Guipúzcoa, cuando la Junta de Defensa de Irún advirtió que serían fusilados «los rehenes derechistas, entre los que se encuentran Víctor Pradera, Honorio Maura, el obispo de Valladolid...» en el caso de que la población fuera bombardeada (amenaza que fue cumplida). Una proclama similar había hecho la junta de San Sebastián y la cumplió tras el bombardeo que sufrió la ciudad el 18 de agosto por el acorazado España: fueron condenados a muerte por un consejo de guerra 13 militares y civiles detenidos.[26]

Las represalias por los primeros bombardeos (julio-octubre de 1936)Editar

En la zona republicana las represalias por los bombardeos de los sublevados fueron de mayores dimensiones que en la zona sublevada ya que allí los mecanismos de coerción del Estado prácticamente habían desaparecido debido al estallido de la revolución. En Gijón el pánico y el odio causado por el durísimo bombardeo del 14 de agosto que causó muchos muertos provocaron el fusilamiento de más de 150 presos que estaban detenidos en la iglesia de San José. En Málaga los bombardeos aéreos de los sublevados día y noche fueron alimentando el odio en la población y el 22 de agosto tras una incursión de la aviación sublevada que destruyó e incendió los depósitos de Campsa pero también causó numerosas víctimas civiles, ( según varios autores, se produjeron 9 victimas de este bombardeo, ejecutado por 3 aviones italianos. Fueron trabajadores de CAMPSA y soldados, ninguna civil. Dada la localización de los depósitos, tiene cierta lógica esta afirmación al estar en las instalaciones del puerto y usarse para suministrar combustible a los buques de guerra gubernamentales) entre ellas muchas mujeres y niños, se produjo la primera saca de la cárcel en la que fueron fusiladas 46 personas (Según un listado publicado en un periódico de Málaga del 22 agosto 1937, fueron 45 asesinados en la "saca" del 22 de agosto 1936, primera matanza masiva ejecutada por milicianos del PSOE, PC y FAI), entre ellas el general Francisco Patxot Madoz, gobernador militar de Málaga que se había unido a los sublevados. Los bombardeos de los días 30 de agosto y 20, 21 y 24 de septiembre provocaron nuevas sacas en las que fueron fusiladas más de doscientas personas. Asimismo el bombardeo del acorazado Jaime I fondeado en el puerto de Málaga fue respondido con la formación de un improvisado tribunal que juzgó y condenó a muerte a los diez oficiales detenidos por haber intentado sublevarse el 19 de julio, que fueron inmediatamente fusilados en la noche del 12 al 13 de agosto. Los hechos ocurrieron en alta mar cuando el barco iba rumbo a la base naval de Cartagena para ser reparado y la marinería se amotinó exigiendo su ejecución.[27]

Cuando el Jaime I llegó a Cartagena el 13 de agosto la exaltación de su marinería contagió al resto de dotaciones y a la guarnición de la base naval, y la misma noche de su llegada diez oficiales fueron fusilados en un callejón. Pero lo más grave ocurrió al día siguiente cuando fueron asaltados dos barcos prisión, el Sil y el España nº3, y conducidos a alta mar y allí los detenidos, muchos de ellos militares que habían participado en Cartagena, Albacete y Almería en el golpe de estado del 18-19 de julio, fueron asesinados y arrojados al mar (52 del Sil y 159 del España nº 3). Al mismo tiempo en tierra algunas destacadas personas de derechas fueron "sacadas" de la cárcel y asesinadas en la carretera de Murcia.[28]

En la noche del 13 de septiembre de 1936 un grupo de milicianos ejecutó a la mayoría de los presos, 93, que se encontraban recluidos en el castillo de Ibiza (algunos salvaron la vida saltando por las ventanas y huyendo) como represalia por el bombardeo que había sufrido la ciudad aquel día. El 18 de noviembre en Menorca, fueron sacados 50 presos del buque prisión Atlante, la mayoría de ellos religiosos y militares, y fueron inmediatamente asesinados, como represalia por los bombardeos de la base naval de Mahón de los días 15, 16 y 18 de noviembre, especialmente por el último que causó seis muertos entre los trabajadores de las fortificaciones y un marinero. Al día siguiente un pelotón de artilleros fusiló a otro grupo de 22 presos, 15 de ellos religiosos.[29]

Una gravedad similar a las represalias de Bilbao del 4 de enero de 1937 tuvieron las motivadas por el primer bombardeo de Santander una semana antes (el 27 de diciembre de 1936) que causó muchas víctimas civiles. El barco prisión Alfonso Pérez fue asaltado y 155 detenidos derechistas fueron asesinados.[30]

Gamel Woolsey, esposa de Gerald Brenan, explicaba así las represalias a los bombardeos aéreos en su obra Málaga en llamas, publicada en 1939:[31]

El odio alcanza cotas muy elevadas durante los ataques aéreos, especialmente por la noche. (...) La bomba cae y siega la vida de sus inocentes víctimas; después el pueblo soliviantado reclama su deuda de sangre. La misma historia siempre: la gente del barrio se exalta y se dirige a cobrársela a las cárceles, donde a su vez aniquila a cuarenta o cincuenta de entre un centenar de infelices almas, la mayoría tan inocentes como los niños exterminados por las bombas

La represión en la zona republicana desde finales de 1936Editar

La cantidad de ejecuciones extrajudiciales y destrucciones de patrimonio eclesiástico se fueron reduciendo de forma continuada a medida que el Gobierno de la República fue reforzando su control sobre los grupos armados de obreros y sindicalistas.[2][3][4]​ A partir de mayo de 1937, la represión tomó un nuevo cariz cuando, a raíz de las conocidas como Jornadas de mayo de 1937, se produjo un enfrentamiento directo, principalmente en Barcelona, entre el Partido Comunista de España y otros partidos y sindicatos revolucionarios, como el POUM y la CNT.

Los enfrentamientos armados acabaron provocando un cambio en el Gobierno de la República. Posteriormente se inició una «purga», instigada por el Partido Comunista, en la que destacados líderes de los demás grupos revolucionarios fueron apresados y asesinados de forma extrajudicial, igual que lo habían sido hasta entonces los militantes de derechas, bajo la acusación precisamente de ser cómplices del fascismo internacional contra la República. Algunos, como Andreu Nin, desaparecieron en el sistema de checas sin dejar rastro.[3][2]

Las represalias por bombardeosEditar

El primer bombardeo aéreo de la base de Cartagena del 18 de octubre tuvo represalias. «Un total de 49 personas fueron sacadas de la cárcel de San Antón y fusiladas en el cementerio de la ciudad».[28]​ Asimismo el bombardeo de Alicante el 28 de noviembre motivó el asalto a la prisión provincial, de la que fue sacado un grupo de 49 presos, que fueron asesinados en las paredes del cementerio.[32]​ Mucho más graves fueron las represalias con motivo del bombardeo del puerto de Rosas por el crucero Canarias el 30 de octubre ya que corrió el rumor de que los franquistas habían desembarcado en aquella localidad de la costa gerundense. Así se desencadenó una ola de terror por muchas ciudades de la retaguardia catalana. En Gerona el seminario que servía como cárcel fue asaltado y 16 detenidos implicados en el golpe de julio de 1936 fueron fusilados; en San Feliu de Guíxols cuatro derechistas y seis sacerdotes fueron conducidos al cementerio y asesinados; en Olot también fue asaltada la prisión y diez personas fueron fusiladas; en Tarrasa unos milicianos detuvieron a doce personas y poco después las asesinaron; en Tarragona, fue asesinado un sacerdote.[33]​ Asimismo el siguiente bombardeo del crucero Canarias sobre una población de la costa gerundense, esta vez Palamós el 16 de noviembre, provocó represalias en Palamós y en los pueblos cercanos. En total fueron asesinadas 22 personas.[34]​ El primer bombardeo marítimo de Barcelona, el 13 de febrero de 1937, que fue realizado por el crucero italiano Eugenio de Saboya, provocó el pánico en la ciudad. Cuatro personas que presuntamente habían hecho señales desde un edificio para orientar el bombardeo fueron detenidas y fusiladas a continuación.[35]

Durante la batalla de Madrid las represalias más graves se produjeron el 6 de diciembre de 1936 en Guadalajara después de un bombardeo en el que 23 aviones "facciosos" arrojaron 200 bombas incendiarias y 40 explosivas que causaron 18 víctimas mortales además de numerosos destrozos materiales. Ese día civiles y milicianos asaltaron la cárcel y asesinaron a todos los presos derechistas, cerca de 280 personas. Los esfuerzos para evitar la matanza del gobernador civil Miguel Benavides (quien ya había impedido un primer intento de asalto a la cárcel tras el bombardeo del 1 de diciembre) fueron inútiles ante "una ingente multitud [que] se dirigió hacia la cárcel alentada por milicianos y miembros del comité revolucionario, a los que se unieron los milicianos de una compañía del batallón Rosenberg acuartelado en la ciudad".[32]​ En cambio el intento de asalto de la cárcel de Alcalá de Henares de dos días después, como represalia a un bombardeo franquista en que murieron varios civiles, fue impedido por el anarquista Melchor Rodríguez, director general de Prisiones, que, según uno de los reclusos, el conocido monárquico Cayetano Luca de Tena, «se plantó en la puerta [de los talleres de la prisión donde se habían refugiado los presos] y consiguió frenarles. Les dijo que eran unos cobardes, que matar presos desarmados era muy fácil y que si querían podían ir al frente».[36]

Las últimas represalias por bombardeos fueron las de Jaén de principios de abril de 1937, en que 128 personas derechistas encarceladas desde el golpe de julio de 1936 fueron sacadas de la prisión provincial y fusiladas junto al cementerio de Mancha Real después del bombardeo que sufrió la ciudad el 1 de abril, y las de Gijón de agosto de 1937, en que cada vez que el puerto o la ciudad eran bombardeadas se fusilaba en la cubierta del barco prisión Luis Caso de los Cobos a varias decenas de los 500 detenidos derechistas, entre ellos algunos sacerdotes, que estaban allí recluidos.[37]

ConsecuenciasEditar

Víctimas de la represiónEditar

 
Ceremonia de beatificación de los llamados mártires españoles del siglo XX, Ciudad del Vaticano, octubre de 2007.

La mayoría de hispanistas de prestigio, aunque difieren en las cifras, defienden que la represión en el bando republicano fue de menor duración que su equivalente en el bando sublevado, y muy inferior a lo que la propaganda franquista proclamó en su día y con posterioridad a la guerra.[38]​ Todos coinciden en afirmar que se redujo a una mínima expresión a partir de la primavera de 1937, pasando a centrarse más en purgas de disidentes republicanos y milicianos que en represión según clase social.[2][3][4][39]

El macrojuicio conocido como «Causa General», celebrado tras la guerra por parte del nuevo gobierno liderado por Francisco Franco, se ha considerado durante mucho tiempo como la fuente de la cifra oficial de muertos a causa de la represión en la zona republicana, a pesar de las críticas recibidas. Las cifras que se extraen de la misma hablan de 85 940 asesinados en total. La cifra que consta en el Santuario Nacional de Valladolid es de 54 594.[3]

 
Cruz conmemorativa en el lugar en que fueron fusilados 20 monjes franciscanos en Fuente el Fresno (Ciudad Real).

La cantidad de seglares asesinados fue muy superior a la de religiosos. La cifra de muertos entre los miembros de la Iglesia católica según dicha fuente se eleva a 6832: 282 monjas, 13 obispos, 4172 párrocos y curas de distinto rango, 2364 monjes y frailes (entre ellos 259 claretianos, 226 franciscanos, 204 escolapios, 176 maristas, 165 Hermanos Cristianos, 155 agustinos, 132 dominicos y 114 jesuitas).[2][40]​ La distribución de dichos muertos fue muy desigual; en algunas diócesis bajo control de la república apenas hubo víctimas entre el clero, mientras que en otras, como Barbastro, fue asesinado hasta un 88%.[2]​ También variaron mucho los grados de ensañamiento para con las víctimas; mientras unos fueron fusilados sin más, otros fueron torturados antes de morir.[2][3][4]

En ninguna época de la historia de Europa, y posiblemente del mundo, se ha manifestado un odio tan apasionado contra la religión y cuanto con ella se encuentra relacionado.[41]

La Iglesia católica siempre ha considerado a los religiosos muertos durante el conflicto como mártires por la fe, a excepción de los curas fusilados en el País Vasco por el bando sublevado por su postura favorable al nacionalismo vasco;[42]​ ninguno de ellos ha sido beatificado todavía, bajo el argumento de que no murieron por ser sacerdotes, sino por ser nacionalistas.[43]​ Del resto de religiosos fallecidos, muchos han sido beatificados desde que terminó la guerra, varios centenares en el mismo Vaticano: 233 en el año 2001,[44]​ y otros 498 en 2007.[45]​ Esta fue la ceremonia de beatificación más numerosa llevada a cabo por la Iglesia hasta ese momento.[46]

Pérdidas de edificios y demás patrimonioEditar

 
Estatua de la Virgen de la Almudena, esculpida en 1941 para sustituir a la original, destruida en 1936.

Los bienes de los llamados «enemigos del pueblo» solían ser confiscados, en ocasiones por la fuerza y con gran violencia. Los bienes productivos (tierras de labranza, talleres y fábricas) volvían de inmediato al trabajo, esta vez controlados por comités revolucionarios. Aunque, al igual que en la violencia contra las personas, se produjeron casos de saqueos y robos, la tendencia general fue la de socializar los bienes incautados. Los palacetes y mansiones se convertían en nuevas sedes de los partidos políticos y sindicatos, los bienes se repartían entre la gente o quedaban en depósito para uso comunal.[2][3][4]

Los estallidos de violencia también afectaron en gran medida a las posesiones de la Iglesia católica y las órdenes religiosas. En estos casos, el móvil era más la destrucción que el robo[47]​ Muchas colecciones de arte sacro pudieron ser salvadas de la destrucción in extremis por funcionarios públicos[48]​ Aunque en Madrid se salvaron en un primer momento gran parte de las iglesias y demás edificios religiosos merced a la intervención del gobierno, en muchos lugares estos mismos edificios fueron pasto de las llamas después de ser saqueados (en Barcelona, por ejemplo, solo lograron salvarse la catedral y el monasterio de Pedralbes).

En general la destrucción de las iglesias se recibía con más indiferencia que excitación.[3]​ Casi todas las que se salvaron en la zona republicana fueron reacondicionadas como almacenes, casas del pueblo, u otros usos públicos. Hasta años posteriores se prohibieron las manifestaciones públicas de culto. Los símbolos religiosos fueron también blanco de la ira de los milicianos; muchas estatuas fueron destruidas o mutiladas de forma rutinaria.[2][3][4]

El reconocimiento a las víctimas por la dictadura franquistaEditar

 
Inscripción en la iglesia de San Miguel de Ogarrio (Cantabria) en memoria de José Antonio Primo de Rivera y los partidarios locales del bando sublevado caídos en la Guerra Civil. Tras la guerra, estas inscripciones se instituyeron oficialmente en todas las parroquias de España.

Las víctimas del Terror Rojo fueron ensalzadas y glorificadas como mártires en la Cruzada Nacional contra el comunismo por parte del régimen franquista. Este mecanismo fue empleado sobre todo por Falange Española; tras la guerra, el comunismo internacional, y sobre todo la URSS, fueron considerados el origen de todos los males de España, incluida la reciente Guerra Civil. Se acrecentó una fuerte necesidad de revancha, que encontró salida en la represión de todos los sospechosos de connivencia con el comunismo, y por extensión la República (los llamados desafectos), así como en la solicitud de voluntarios para el Frente Ruso a partir de 1941, encuadrados en la División Azul.[49]

El Valle de los CaídosEditar

 
Vista de la cruz del Valle de los Caídos.

En 1940, por orden de Franco, se inició la construcción del Valle de los Caídos, un enorme conjunto monumental en recuerdo de los caídos durante la guerra civil. Formado por una basílica, una abadía y una enorme cruz de unos 150 metros de altura, allí están enterrados Primo de Rivera y, hasta el 24 de octubre de 2019, el propio Franco.

La Causa GeneralEditar

Tras la guerra, el nuevo Gobierno liderado por Francisco Franco realizó un juicio mastodóntico, la Causa General instruida por el Ministerio Fiscal sobre la dominación roja en España, conocida abreviadamente como «Causa General», en la cual durante dos décadas se recopiló de forma exhaustiva una relación de todos los crímenes cometidos en territorio republicano.

El nacionalcatolicismoEditar

El nacionalcatolicismo fue una de las principales señas de identidad ideológica del franquismo. Su manifestación más visible fue la hegemonía que tenía la Iglesia católica en todos los aspectos de la vida pública e incluso privada, pasando a convertirse en religión oficial del Estado, incluida en la enseñanza obligatoria. La gran mayoría de los obispos sobrevivientes, de los cuales el más representativo fue el cardenal Gomá, no sólo dieron su apoyo total al franquismo, sino que plantearon la lucha del bando sublevado como una auténtica Cruzada Nacional en defensa de la fe católica.[50]​ Dicha situación hegemónica se prolongó hasta 1978.

Véase tambiénEditar

ReferenciasEditar

  1. Esparza, José Javier, Op. cit.
  2. a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r Beevor, Antony, Op. cit.
  3. a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q Thomas, Hugh, Op. cit.
  4. a b c d e f g h i j k l m n ñ Payne, Stanley, Op. cit.
  5. a b Tuñón de Lara, M. Op. Cit.
  6. La cifra de más de 6800 religiosos católicos muertos fue justipreciada por Antonio Montero Moreno en su tesis de doctorado en la Universidad de Salamanca. El número y nombre de las víctimas incluyó a 4184 sacerdotes, 2365 frailes y 283 monjas. Ver: Montero Moreno, Antonio (1999). Historia de la persecución religiosa en Espãna, 1936-1939. BAC. p. 762. ISBN 84-7914-383-5. 
  7. El orden de magnitud fue refrendado por otros historiadores, como el hispanista británico Paul Preston. Ver: Preston, Paul (2011). La Guerra Civil Española: reacción, revolución y venganza. Ed. Debolsillo. p. 126. ISBN 9788499891507. «Algunas unidades de la milicia se dedicaron a limpiar sus ciudades de derechistas importantes y, en especial, de clérigos. Se destruyeron iglesias y monumentos sacros. Se estima que fueron asesinados alrededor de seis mil sacerdotes y religiosos.» .
  8. Cazorla, Antonio (2000). Las políticas de la victoria. La consolidación del Nuevo Estado franquista (1938-1953). pp. 98 y ss. Madrid: Marcial Pons Historia. p. 266. ISBN 8495379198. Consultado el 26 de mayo de 2010. 
  9. Cenarro, Ángela (2002). Segon Congrés Recerques. Enfrontaments civils: Postguerres i reconstruccions, ed. La lógica de la guerra, la lógica de la venganza: violencia y fractura social en una comunidad bajoaragonesa, 1939-1940. vol II, pp. 1102-1117. Lérida: Associació Recerques y Pagés Editors. 
  10. Pio XI. «Dilectissima Nobis». Ciudad del Vaticano. Consultado el 26 de mayo de 2010. 
  11. Redzioch, Wlodzimierz (entrevista a Mons. Vicente Carcel Orti). Catholic Culture, ed. «The Martyrs of Spain's Civil War». 
  12. de Miguel, Amando (1975). Sociología del franquismo. Euros. p. 368. Consultado el 26 de mayo de 2010. 
  13. César Vidal (2005). Paracuellos–Katyn: un ensayo sobre el genocidio de la izquierda. libroslibres, S.L. ISBN 8496088324. 
  14. Moa, Pío (2009). El derrumbe de la Segunda República y la Guerra Civil. Encuentro. ISBN 8474909821. 
  15. Moa, Pío (1999, 2007). Los orígenes de la guerra civil española. Encuentro. ISBN 8474905265. 
  16. Thomas y Payne refieren los casos del fusilamiento de expistoleros de la patronal como Ramón Sales e Inocencio Faced, considerados responsables de los asesinatos de Layret, Boal y Seguí
  17. Thomas nuevamente refiere, entre otros, casos de labradores en Andalucíaque fueron denunciados como fascistas (y posteriormente ejecutados) por personas que les debían dinero, un médico que se salvó por los pelos de la denuncia de un paciente insatisfecho, o un juez asesinado en su casa frente a su familia por un exconvicto al que había condenado meses antes.
  18. Mir, Miquel (2011). «El Comité Central de Milicias Antifascistas». La otra memoria histórica. Nowtilus SL. ISBN 9788499672557. 
  19. Alcalá, César. Las checas del terror: la desmemoria histórica al descubierto. LibrosLibres. p. 110. ISBN 9788496088597. 
  20. Massot, Josep (20 de marzo de 2010). «Un libro revela que la Generalitat compró armas a cambio de presos». La Vanguardia. Consultado el 27 de julio de 2018. 
  21. En lo que se refiere al clero, la proporción de monjas asesinadas fue muy inferior a la de hombres (282 en total). En la Causa General se refiere un único caso de violación a una monja, que fue posteriormente desmentido.
  22. a b Azcona, José Manuel, Op. cit.
  23. a b Albertí, J., Op. cit.
  24. Solé i Sabaté y Villarroya, 2003, p. 71.
  25. Solé i Sabaté y Villarroya, 2003, pp. 71-72.
  26. Solé i Sabaté y Villarroya, 2003, pp. 70-71.
  27. Solé i Sabaté y Villarroya, 2003, pp. 64-66.
  28. a b Solé i Sabaté y Villarroya, 2003, p. 67.
  29. Solé i Sabaté y Villarroya, 2003, pp. 67-68.
  30. Solé i Sabaté y Villarroya, 2003, p. 72.
  31. Solé i Sabaté y Villarroya, 2003, p. 65.
  32. a b Solé i Sabaté y Villarroya, 2003, p. 68.
  33. Solé i Sabaté y Villarroya, 2003, p. 69.
  34. Solé i Sabaté y Villarroya, 2003, pp. 69-70.
  35. Solé i Sabaté y Villarroya, 2003, p. 70.
  36. Solé i Sabaté y Villarroya, 2003, pp. 68-69.
  37. Solé i Sabaté y Villarroya, 2003, pp. 72-73.
  38. Thomas habla de acusaciones durante la guerra de hasta 300 000 muertos por la represión en el bando republicano.
  39. Beevor da estimaciones de 200 000 represaliados en el bando sublevado y 60 000 en el republicano; Julius Ruiz cita 37 843 ejecuciones confirmadas en el bando republicano, por 150.000 estimadas en el sublevado; Payne habla de 50 000 asesinados en el bando sublevado durante la guerra, y una cantidad indeterminada (aunque indudablemente mayor) al acabar la misma, contra unos 61 000 asesinados por los republicanos, según el bando franquista y sin posibilidad de comprobación. Por el contrario, César Vidal, en su libro Checas de Madrid (ISBN 84-9793-168-8) habla de 110 965 asesinados en el bando republicano (más de los que contabiliza la Causa General), 11 705 de ellos solo en Madrid, sin citar una cantidad de represaliados en el bando sublevado.
  40. Según Thomas, basado en el Anuario Estadístico de España de 1931, la población de religiosos era de 115 000 personas: 20 000 monjes y frailes, 60 000 monjas y 35 000 sacerdotes de distinto rango.
  41. Thomas, Hugh (1962). La guerra civil española, 1936-1939. París: Ruedo Ibérico. p. 223. ISBN 9788425306938. 
  42. Andrés Villena (29 de abril de 2007). elplural.com, ed. «La Iglesia sigue excluyendo de la santidad a los curas vascos fusilados por Franco». Archivado desde el original el 24 de mayo de 2008. Consultado el 5 de junio de 2010. 
  43. Equipo Nikzor (6 de mayo de 2007). «El recuerdo de los curas vascos fusilados por los franquistas golpea en la desmemoria de la Iglesia». Consultado el 5 de junio de 2010. 
  44. Juan Pablo II (11 de marzo de 2001). «Beatificación de los siervos de Dios José Aparicio Sanz y 232 compañeros mártires en España». Consultado el 23 de julio de 2010. 
  45. Benedicto XVI (26 de octubre de 2007). «Carta apostólica con la que el Sumo Pontífice Benedicto XVI inscribe en el catálogo de los beatos a 498 siervos de Dios mártires en España». Consultado el 23 de julio de 2010. 
  46. «Miles de peregrinos asistirán a la beatificación de víctimas de la Guerra Civil». Público. 26 de octubre de 2007. Consultado el 23 de julio de 2010. 
  47. Thomas cita el caso de un niño al que reprende un anarquista por robar una silla en lugar de quemarla.
  48. En Barcelona, se salvaron casi todas las obras de arte y bibliotecas gracias a una decidida intervención de funcionarios de la Generalidad; Thomas, Op. cit.
  49. Salvador, Tomás (1954). División 250. Barcelona: Ediciones G.P. 
  50. Botti, Alfonso (1992). Cielo y dinero. El nacionalcatolicismo en España (1881–1975). Madrid: Alianza Editorial. 

BibliografíaEditar