Congreso de la Unión

Órgano del Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos

El Congreso de la Unión es el órgano depositario del Poder Legislativo federal de México. Este se conforma por una asamblea bicameral, dividida entre la Cámara de Diputados –que consta de 500 legisladores– y el Senado –constituido por 128 integrantes–.[5]

Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos
(LXIII Legislatura)
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Datos generales
Creación 28 de septiembre de 1821
Tipo Bicameral
Cámara Alta Senado
Límite 6 años
Cámara Baja Cámara de Diputados
Límite 3 años
Liderazgo
Presidente de la
Cámara Alta
Ernesto Cordero Arroyo PAN logo (Mexico).svg
desde el 1 de septiembre de 2017
Presidente de la
Cámara Baja
Edgar Romo García PRI logo (Mexico).svg
desde el 1 de febrero de 2018
Composición
Miembros 628
(128 Senadores)
(500 Diputados)
Atribuciones Título Tercero, Capítulo II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Senado
LXIIyLXIII LegislaturaSenadoMexico.png
Grupos representados      PAN logo (Mexico).svg      PRI logo (Mexico).svg
     PRD logo (Mexico).svg      PVE dark logo (Mexico).svg
     PMC logo (Mexico).svg      PT logo (Mexico).svg
     PNA logo (Mexico).svg
Salario $500,000 pesos[1][2]
Cámara de Diputados
LXII LegislaturaCamaradeDiputadosMexico.png
Grupos representados      PAN logo (Mexico).svg      PRI logo (Mexico).svg
     PRD logo (Mexico).svg      PVE dark logo (Mexico).svg
     PMC logo (Mexico).svg      PT logo (Mexico).svg
     PNA logo (Mexico).svg      Sin Partido
Salario $150,139 pesos[3][4]
Elecciones
Sistema electoral general Elección directa
Próxima elección general 1 de julio de 2018
Lema
LA PATRIA ES PRIMERO
Sede(s)
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Palacio del Senado de México
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Palacio Legislativo de San Lázaro
Sitio web
Sitio web del Senado
Sitio web de la Cámara de Diputados

La vigente Constitución de 1917 prevé este órgano en su título tercero, capítulo II, secciones I, II y III, y abordándolo en veintiocho artículos. En ellos se especifican las obligaciones, facultades, requisitos y restricciones del aparato legislativo; principalmente la facultad exclusiva entre los poderes de la unión (y repartida entre las dos cámaras) para estudiar, discutir, votar y emitir las iniciativas de leyes, reglamentos, códigos, normas y las reformas a todo ello, que se le presenten durante sus periodos de sesiones, es decir, posee la acción deliberativa para legislar en todos los asuntos del Estado mexicano.

También sus deberes incluyen determinar la composición de la división política del territorio nacional; la facultad para cambiar de sede los poderes de la unión; aprobar la declaratoria de guerra del Presidente; la aprobación de iniciativas, rendición de cuentas, exigencia de comparecencias y eventuales remociones de los titulares o integrantes de los tres poderes de la Unión, incluido el presidente de la república; la elección del interino o sustituto de este último; y diversas prerrogativas que le conceden otros artículos de la carta magna y las leyes federales.[6]

Cuando se reúne de forma conjunta, para sesiones de Congreso General, su sede oficial es el Palacio Legislativo de San Lázaro, que de ordinario es también sede de la Cámara de Diputados. Dichas sesiones ocurren de manera formal únicamente en tres casos; El 1 de septiembre de cada año para celebrar la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de la Constitución (1 de diciembre), en cuyo caso se reunirá a partir del 1 de agosto; a partir del 1 de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias; y de igual manera, sesiona de manera conjunta, cada seis años con motivo de la ceremonia de toma de posesión del Presidente de la República, es decir el 1 de diciembre del año de la elección presidencial.[7]​ La constitución contempla sesiones de Congreso general extraordinarias para la elección del presidente interino o sustituto en caso de falta temporal o absoluta del titular del poder ejecutivo, situación en la que se constituye como Colegio Electoral. También podrá ser convocado en situaciones extraordinarias por alguna de las dos cámaras, la Comisión Permanente o el Presidente. En todos los casos, ejerce el rol de Presidente del Congreso, aquel que lo sea de la cámara anfitriona de la sesión, comúnmente el de la Camára de Diputados.[8]

En periodos de receso, la Comisión Permanente reúne un número de diputados y senadores para atender los asuntos pendientes del Congreso hasta el nuevo periodo de sesiones.

Índice

HistoriaEditar

En la Guerra de IndependenciaEditar

La historia del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, como depositario del Poder Legislativo Federal, se remonta al año de 1811 cuando, tras el fusilamiento de Miguel Hidalgo y de los primeros líderes insurgentes, José María Morelos estableció la primera junta representativa de la nación mexicana, denominada oficialmente Junta Suprema Nacional Americana, la cual se reunió en Zitácuaro (estado de Michoacán), por lo que fue llamada Junta de Zitácuaro.

José María Morelos siempre tuvo presente la necesidad de la organización política del movimiento insurgente, y en esta organización era fundamental la redacción de una Constitución y el establecimiento de un cuerpo legislativo de representantes de la nación. Por ello, la redacción de la Constitución era el principal objetivo de la Junta de Zitácuaro. Sin embargo, debido a los constantes combates entre insurgentes y realistas, tuvo que realizar un peregrinaje por diversos lugares, ya que la ciudad de Zitácuaro fue tomada e incendiada por los realistas, como castigo por albergar a la Junta.

Primeros años de vida independienteEditar

Al consumarse la independencia en 1821, el gobierno provisional convocó a la elección de un Congreso Constituyente, que asumió el poder legislativo y estableció la monarquía constitucional como sistema político y eligió Emperador de México a Agustín de Iturbide. Pero tras múltiples conflictos entre estos, el emperador en sus facultades de poder ejecutivo, terminó disolviendo el congreso por su faltas de no establecer una Constitución y conspiración.

Poco antes de la abdicación de Agustín de Iturbide, el emperador restauró al Congreso y éste adoptó un sistema republicano federal después de debatirse entre el sistema centralista y el federalista. Consecuencia fundamental de una o de otra, estaba la determinación de la unicameralidad o bicameralidad del Congreso.

Fundamentalmente gracias al impulso de Fray Servando Teresa de Mier y de Miguel Ramos Arizpe, se adoptó el sistema federal, al promulgarse la Constitución de 1824 y, con ella, la división del Congreso en dos cámaras: la de Diputados, representantes de la población, y el Senado, en representación de los estados de la Federación.

La primera sede del Congreso fue la Iglesia de San Pedro y San Pablo y, a partir de 1829, fue el recinto legislativo del primer piso del Palacio Nacional, donde se radicó hasta 1872.

El Congreso unicameralEditar

Las vicisitudes políticas de los primeros años de la independencia de México tuvieron como consecuencia numerosas disoluciones y convocatorias del Congreso, cambios constitucionales que modificaban sus atribuciones. Con la promulgación de la Constitución de 1857 se suprimió el Senado y se estableció el Congreso unicameral, manteniéndose el sistema federal.

Finalmente, en 1874, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada propuso la restauración del Senado de la República, que volvió a quedar constituido el 13 de noviembre de 1874, y el Congreso quedó constituido desde entonces en forma bicameral. El Senado restablecido y constitucionalmente electo se instaló el 16 de septiembre de 1875, para la VIII Legislatura

FacultadesEditar

Las facultades generales del Congreso se describen en el artículo 73 de la Constitución.[9]

  • I. Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal;
  • II. Derogada.
  • III. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al efecto:
    • 1o. Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados, cuenten con una población de ciento veinte mil habitantes, por lo menos.
    • 2o. Que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para proveer a su existencia política.
    • 3o. Que sean oídas las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el día en que se les remita la comunicación respectiva.
    • 4o. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe dentro de siete días contados desde la fecha en que le sea pedido.
    • 5o. Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los diputados y senadores presentes en sus respectivas Cámaras.
    • 6o. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las Legislaturas de las entidades federativas, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan dado su consentimiento las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate.
    • 7o. Si las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, no hubieren dado su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior, deberá ser hecha por las dos terceras partes del total de Legislaturas de las demás entidades federativas.
  • IV. Derogada.
  • V. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación.
  • VI. Derogada;
  • VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto.
  • VIII. En materia de deuda pública, para:
    • 1o. Dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado; así como los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29.
    • 2o. Aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe de Gobierno le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe de Gobierno informará igualmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública.
    • 3o. Establecer en las leyes las bases generales, para que los Estados, el Distrito Federal y los Municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan; la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de manera oportuna y transparente; un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda; así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones. Dichas leyes deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados conforme a lo dispuesto por la fracción H del artículo 72 de esta Constitución.
    • 4o. El Congreso de la Unión, a través de la comisión legislativa bicameral competente, analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los Estados, planteada en los convenios que pretendan celebrar con el Gobierno Federal para obtener garantías y, en su caso, emitirá las observaciones que estime pertinentes en un plazo máximo de quince días hábiles, inclusive durante los períodos de receso del Congreso de la Unión. Lo anterior aplicará en el caso de los Estados que tengan niveles elevados de deuda en los términos de la ley. Asimismo, de manera inmediata a la suscripción del convenio correspondiente, será informado de la estrategia de ajuste para los Municipios que se encuentren en el mismo supuesto, así como de los convenios que, en su caso, celebren los Estados que no tengan un nivel elevado de deuda;
  • IX. Para impedir que en el comercio entre entidades federativas se establezcan restricciones.
  • X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123;
  • XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones.
  • XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo.
  • XIII. Para dictar leyes según las cuales deben declararse buenas o malas las presas de mar y tierra, y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y guerra.
  • XIV. Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio.
  • XV. Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional, reservándose los ciudadanos que la formen, el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a las entidades federativas la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos.
  • XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República.
    • 1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país.
    • 2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República.
    • 3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del País.
    • 4a. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan.
  • XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.
  • XVIII. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas;
  • XIX. Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y el precio de estos.
  • XX. Para expedir las leyes de organización del Cuerpo Diplomático y del Cuerpo Consular mexicano.
  • XXI. Para expedir:
    • a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral. Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios;
    • b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar en materia de delincuencia organizada;
    • c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos desolución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales;
  • XXII. Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación.
  • XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, así como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución.
  • XXIV. Para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales; así como para expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere el artículo 113 de esta Constitución;
  • XXV. Para establecer el Servicio Profesional docente en términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma;
  • XXVI. Para conceder licencia al Presidente de la República y para constituirse en Colegio Electoral y designar al ciudadano que deba substituir al Presidente de la República, ya sea con el carácter de interino o substituto, en los términos de los artículos 84 y 85 de esta Constitución;
  • XXVII. Para aceptar la renuncia del cargo de Presidente de la República.
  • XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional;
  • XXIX. Para establecer contribuciones:
    • 1o. Sobre el comercio exterior;
    • 2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4º y 5º del artículo 27;
    • 3o. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros;
    • 4o. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y
    • 5o. Especiales sobre:
      • a) Energía eléctrica;
      • b) Producción y consumo de tabacos labrados;
      • c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo;
      • d) Cerillos y fósforos;
      • e) Aguamiel y productos de su fermentación; y
      • f) Explotación forestal.
      • g) Producción y consumo de cerveza.

Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica.

  • XXIX-B. Para legislar sobre las características y uso de la Bandera, Escudo e Himno Nacionales.
  • XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución;
  • XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional;
  • XXIX-E. Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios.
  • XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.
  • XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.
  • XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones. El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares. Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. El Tribunal funcionará en Pleno o en Salas Regionales. La Sala Superior del Tribunal se compondrá de dieciséis Magistrados y actuará en Pleno o en Secciones, de las cuales a una corresponderá la resolución de los procedimientos a que se refiere el párrafo tercero de la presente fracción. Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la República y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo quince años improrrogables. Los Magistrados de Sala Regional serán designados por el Presidente de la República y ratificados por mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo diez años pudiendo ser considerados para nuevos nombramientos. Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la ley.
  • XXIX-I. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de protección civil;
  • XXIX-J. Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el artículo 4o. de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias; así como la participación de los sectores social y privado;
  • XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los sectores social y privado;
  • XXIX-L. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de pesca y acuacultura, así como la participación de los sectores social y privado, y
  • XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes.
  • XXIX-N. Para expedir leyes en materia de constitución, organización, funcionamiento y extinción de las sociedades cooperativas. Estas leyes establecerán las bases para la concurrencia en materia de fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa de la Federación, entidades federativas, Municipios y, en su caso, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias;
  • XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción XXV de este artículo. Asimismo, establecerán los mecanismos de participación de los sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo décimo segundo del artículo 4o. de esta Constitución.
  • XXIX-O. Para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares.
  • XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte;
  • XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares.
  • XXIX-R.- Para expedir la ley general que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales;
  • XXIX-S. Para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno.
  • XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.
  • XXIX-U. Para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos electorales, y procesos electorales, conforme a las bases previstas en esta Constitución.
  • XXIX-V. Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación.
  • XXIX-W. Para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, con base en el principio establecido en el párrafo segundo del artículo 25;
  • XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.

Cámara de DiputadosEditar

La Cámara de Diputados tiene 500 miembros, que son electos cada tres años.[10]​ De éstos, 300 son electos directamente, con base en los distritos de mayoría relativa, asignados por población, pero ningún estado puede tener menos de dos diputados de mayoría. Los otros 200 se asignan en función de un sistema de representación proporcional, de acuerdo con un sistema de listas votadas en cinco circunscripciones plurinominales.[11]

SenadoEditar

El origen de la Cámara de Senadores en México se remonta a 1823, cuando se convoca a un Congreso Constituyente, en el que surge la idea de que el Poder Legislativo debería estar compuesto por dos Cámaras: una, la de Diputados, integrada con base en el número de habitantes y otra, la de Senadores, formada por igual número de representantes de las entidades federativas.

El Senado se suma así al Primer Congreso Constituyente, que se ubica, desde el 24 de febrero de 1822 en la antigua Iglesia de San Pedro y San Pablo (que más tarde se convertiría en la Hemeroteca Nacional).

En 1829, siete años más tarde, la Cámara se traslada a uno de los salones del Palacio Nacional, donde funcionó hasta la promulgación de la Constitución de 1857, cuando con el Plan de Ayutla, proclamado por el Coronel Florencio Villarreal y respaldado por don Juan Álvarez, antiguo luchador insurgente, se eliminó el Senado, para desconocer el gobierno dictatorial de Antonio López de Santa Anna. Con ello el poder legislativo sólo quedaba integrado por la Cámara de Diputados, el llamado Congreso Unicameral.

Es en 1874, cuando el presidente Sebastián Lerdo de Tejada propone la restauración del Senado de la República, que volvió a quedar constituido el 13 de noviembre de 1874. Así se establece un Congreso General, dividió en dos Cámaras. El senado estaría constituido por dos representantes por cada estado y dos por el Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), por dos años, mediante elección indirecta.

Los requisitos para ser senador incluían ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos, ser vecino del estado y distrito que hiciera la elección, no pertenecer al estado eclesiástico y tener treinta años cumplidos el día de la apertura de sesiones.

El Senado restablecido y constitucionalmente electo se instaló el 16 de septiembre de 1875, para la VIII Legislatura. Actualmente se desarrolla la LXIII Legislatura, que concluirá el 31 de agosto de 2018. El primer legislador de oposición fue el oaxaqueño Jorge Cruicksanhk García, del Partido Popular Socialista, entre 1976 y 1982.

El Senado tiene 128 miembros. Se eligen tres senadores por cada estado y la Ciudad de México. Los Senadores de la República duran seis años en su encargo. Su elección se hace de la siguiente manera: dos en forma directa, elegidos por mayoría relativa (sin considerar a la población), y uno más para aquel que encabeza la lista de candidatos del partido o coalición política que haya obtenido el segundo lugar en la elección estatal, por lo que es llamado de la primera minoría. Los 32 restantes se designan en función de un sistema de representación proporcional, de acuerdo con un sistema de una sola lista votada a nivel nacional.[12]

LegislaturasEditar

Una legislatura es el periodo de tres años en la que los individuos electos para formar parte de la Cámara de Diputados y el Senado de la República ejercen el Poder Legislativo de la Unión, en el cual deberán cumplir con las atribuciones que les otorga la Constitución.

Los senadores ejercen su periodo en dos legislaturas consecutivas, y los diputados en una sola. A partir de la reforma político electoral del 2014, los diputados pueden reelegirse hasta por tres periodos adicionales, durando un total de 12 en el cargo. Los senadores por un periodo adicional para de igual forma durar 12 en su escaño.

Las legislaturas llevan un número ordinal en sucesión desde que la primera fue electa conforme a la Constitución de 1857, el 16 de septiembre de 1857, cuando se instaló la I Legislatura del Congreso de la Unión de México. Hasta 1934, las legislaturas tenían una duración de dos años únicamente, y fue hasta ese año cuando la XXXVI Legislatura se eligió por primera vez para un periodo de tres años.

Legislatura Periodo Legislatura Periodo Legislatura Periodo Legislatura Periodo
I Legislatura 1857 - 1861 XVIII Legislatura 1896 - 1898 XXXIII Legislatura 1928 - 1930 L Legislatura 1976 - 1979
II Legislatura 1861 - 1863 XIX Legislatura 1898 - 1900 XXXIV Legislatura 1930 - 1932 LI Legislatura 1979 - 1982
III Legislatura 1863 - 1865 XX Legislatura 1900 - 1902 XXXV Legislatura 1932 - 1934 LII Legislatura 1982 - 1985
IV Legislatura 1867 - 1868 XXI Legislatura 1902 - 1904 XXXVI Legislatura 1934 - 1937 LIII Legislatura 1985 - 1988
V Legislatura 1869 - 1871 XXII Legislatura 1904 - 1906 XXXVII Legislatura 1937 - 1940 LIV Legislatura 1988 - 1991
VI Legislatura 1871 - 1873 XXIII Legislatura 1906 - 1908 XXXVIII Legislatura 1940 - 1943 LV Legislatura 1991 - 1994
VII Legislatura 1873 - 1875 XXIV Legislatura 1908 - 1910 XXXIX Legislatura 1943 - 1946 LVI Legislatura 1994 - 1997
VIII Legislatura 1875 - 1878 XXV Legislatura 1910 - 1912 XL Legislatura 1946 - 1949 LVII Legislatura 1997 - 2000
IX Legislatura 1878 - 1880 XXVI Legislatura 1912 - 1913 XLI Legislatura 1949 - 1952 LVIII Legislatura 2000 - 2003
X Legislatura 1880 - 1882 XXVI Legislatura (bis) 1913 - 1914 XLII Legislatura 1952 - 1955 LIX Legislatura 2003 - 2006
XI Legislatura 1882 - 1884 Congreso Constituyente 1916 - 1917 XLIII Legislatura 1955 - 1958 LX Legislatura 2006 - 2009
XII Legislatura 1884 - 1886 XXVII Legislatura 1917 - 1918 XLIV Legislatura 1958 - 1961 LXI Legislatura 2009 - 2012
XIII Legislatura 1886 - 1888 XXVIII Legislatura 1918 - 1920 XLV Legislatura 1961 - 1964 LXII Legislatura 2012 - 2015
XIV Legislatura 1888 - 1890 XXIX Legislatura 1920 - 1922 XLVI Legislatura 1964 - 1967 LXIII Legislatura 2015 - 2018
XV Legislatura 1890 - 1892 XXX Legislatura 1922 - 1924 XLVII Legislatura 1967 - 1970 LXIV Legislatura 2018 - 2021
XVI Legislatura 1892 - 1894 XXXI Legislatura 1924 - 1926 XLVIII Legislatura 1970 - 1973
XVII Legislatura 1894 - 1896 XXXII Legislatura 1926 - 1928 XLIX Legislatura 1973 - 1976

Véase tambiénEditar

NotasEditar

  1. «Manual de Percepciones de los Senadores...». Senado de la República. p. 5. Consultado el 19 de agosto de 2011. 
  2. «2 Mil 312 Millones Para Sueldos de Senadores y Diputados en 2010.». El Siglo de Torreón. Archivado desde el original el 12 de enero de 2010. Consultado el 19 de agosto de 2011. 
  3. «Poder Legislativo.». Cámara de Diputados. Archivado desde el original el 3 de diciembre de 2011. Consultado el 19 de agosto de 2011. 
  4. «Consejeros del InfoDF ganan más que Ebrard.». La Razón. Consultado el 19 de agosto de 2011. 
  5. «Artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos». Consultado el 20 de julio de 2018. 
  6. «Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos». Consultado el 20 de julio de 2018. 
  7. «Artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos». Consultado el 20 de julio de 2018. 
  8. «Artículo 84 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos». Consultado el 20 de julio de 2018. 
  9. «Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos». Consultado el 20 de julio de 2018. 
  10. «Artículo 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos». Archivado desde el original el 28 de septiembre de 2007. Consultado el 16 de junio de 2007. 
  11. Artículo 52 de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
  12. «Artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos». Archivado desde el original el 28 de septiembre de 2007. Consultado el 16 de junio de 2007. 

Enlaces externosEditar