Revolución Libertadora (Argentina)

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La Revolución Libertadora es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívico-militar que gobernó la República Argentina tras haber derrocado al presidente constitucional Juan Domingo Perón,[1]​ clausurar el Congreso Nacional, deponer a los miembros de la Corte Suprema y todos las autoridades provinciales, municipales y universitarias y declararon en comisión a todo el Poder Judicial.[2][3]​ mediante un golpe de Estado iniciado el 16 de septiembre de 1955 y que, tras más de dos años de gobierno, hizo entrega del mismo al presidente electo Arturo Frondizi, el 1 de mayo de 1958, quién también sería derrocado, en 1962. Esta dictadura suele ser conocida de forma despectiva, sobre todo entre sectores peronistas, como Revolución Fusiladora, debido a los militares y civiles fusilados por orden del dictador Pedro Eugenio Aramburu en 1956 con motivo del levantamiento del General Juan José Valle.[4]

Revolución Libertadora
Eduardo Lonardi y Pedro E Aramburu (Revolución Libertadora).jpg
Generales Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu, los dos dictadores sucesivos de la Revolución Libertadora.
Contexto del acontecimiento
Fecha 16 de septiembre de 1955
Sitio Flag of Argentina.svg Argentina
Impulsores Eduardo Lonardi
Influencias ideológicas de los impulsores Anticomunismo
Antiperonismo
Gobierno previo
Gobernante Juan Domingo Perón
Forma de gobierno Democracia representativa
Gobierno resultante
Gobernante Eduardo Lonardi
Forma de gobierno Dictadura militar
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El general de división Eduardo Lonardi, líder de la sublevación asumió el poder el 23 de septiembre de 1955 y fue sustituido el 13 de noviembre de ese año por el teniente general Pedro Eugenio Aramburu, mediante un golpe palaciego. Ambos gobernaron como autoridades supremas del país, atribuyéndose el título de Presidente de la Nación.

Aramburu derogó mediante una proclama la Constitución Nacional vigente y repuso el texto constitucional de 1853, con las reformas de 1860, 1866 y 1898. Poco después, el régimen organizó bajo su control y mediante elecciones condicionadas, una Convención Constituyente que aceptó la decisión anterior y realizó dos agregados a la Constitución, entre los que se destaca el artículo 14 bis.

Índice

Antecedentes y preparativosEditar

En 1912, se sancionó la Ley Sáenz Peña estableciendo el sufragio secreto y obligatorio para todos los varones, que llevó a la elección del que se considera el primer presidente democrático de la Argentina, Hipólito Yrigoyen de la Unión Cívica Radical, aún cuando a las mujeres se les había negado el derecho al voto. El 6 de septiembre de 1930, el gobierno radical de Yrigoyen fue derrocado por un golpe de estado cívico-militar. Recién el 24 de febrero de 1946, se realizaron elecciones libres, resultando elegido Presidente de la Nación Juan Domingo Perón, reelegido en 1951, en las primeras elecciones realizadas en Argentina mediante sufragio universal (mujeres y varones).

Perón lideró un amplio movimiento de base sindical, que se caracterizó por un fuerte sesgo social, conocido con el nombre de peronismo o justicialismo, debido al énfasis puesto en la justicia social. En simultáneo, se formó un amplio movimiento que adoptó el nombre de antiperonismo, coordinado por la embajada de Estados Unidos en Argentina, e integrado por las cámaras patronales, la mayoría de los partidos políticos existentes y asociaciones estudiantiles.

La confrontación entre peronistas y antiperonistas caracterizó todo el gobierno de Perón. Ya antes de que asumiera como Presidente, Perón había sido derrocado de su cargo de Vicepresidente y detenido en octubre de 1945, por un golpe de Estado que fracasó luego de una amplia movilización obrera el 17 de octubre de 1945. Pocos días antes de las elecciones de 1946, la oposición también había preparado un golpe de Estado, que no llegó a ponerse en marcha, enfrentaba una dura oposición antiperonista que incluyó actos terroristas a partir de abril de 1953, y connatos militares a partir de septiembre de 1951. En general señalan su origen en las conspiraciones golpistas y los actos terroristas antiperonistas, como el golpe de estado de 1951, el atentado en la Plaza de Mayo del 15 de abril de 1953 que asesinó a seis manifestantes peronistas e hirió a otros noventa, y el bombardeo de la Plaza de Mayo de 1955, en el que fueron asesinadas 308 personas oficialmente identificadas.[5]

Uno de los primeros antecedentes del intento de golpe de estado se produjo en la madrugada del 28 de septiembre de 1951, el capitán Alejandro Agustín Lanusse, futuro dictador, se apoderó de la puerta número 8 de Campo de Mayo y por ella ingresaron Benjamin Menéndez y su estado mayor. A todo esto llegó el jefe del C-8 teniente coronel Julio Cáceres que recibió el apoyo de los suboficiales, produciéndose un tiroteo en el cual cayó muerto el cabo Miguel Farina por las fuerzas golpistas. De los treinta tanques, sólo pudieron movilizar a siete –probablemente por sabotaje de los suboficiales- pero antes de llegar a la salida otros cinco tuvieron desperfectos y debieron ser abandonados. Perón fue informado por sus servicios de inteligencia que el complot estaba encabezado por el general retirado del servicio activo desde 1942, Luciano Benjamín Menéndez, Julio Alsogaray, Tomás Sánchez de Bustamante y Alejandro Agustín Lanusse. En un segundo plano estaban los oficiales Larcher, Guglialmelli, Álzaga y el capitán de navío Vicente Baroja el general Benjamín Menéndez convocó a una reunión secreta para transmitirles referentes de la oposición los pasos a seguir. Asistieron Arturo Frondizi de la UCR, Américo Ghioldi, Horacio Thedy en representación de los Demócratas Progresistas y Reynaldo Pastor. Sin embargo la intentona golpista fracasó rápidamente.[6][7]


En 1953 el capitán de fragata Jorge Alfredo Bassi se embarcó en el rutinario viaje de instrucción de la Flota de Mar, durante el cual tuvo la idea de atacar la Casa Rosada de la misma manera que los japoneses habían atacado Pearl Harbor. Mediante amigos comunes solicitó nuevamente al general Eduardo Lonardi su ayuda pero este hizo caso omiso.

El 15 de abril de 1953 se produce un ataque terrorista que consistió en la detonación de dos bombas mientras se realizaba un acto sindical organizado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en la Plaza de Mayo (frente a la Casa de Gobierno). Como resultado murieron seis personas y más de 90 quedaron heridas y 19 mutilados.[8]​siendo considerado un primer ensayo del posterior bombardeo a Plaza de mayo de 1955 y de la Revolución de Septiembre.[8][9]​ Luego del Atentado de 1953 se reactivó la conspiración e incluso se elaboraron dentro de la Marina varios planes que bajo la apariencia de ejercicios de guerra tenían como finalidad prepararse para un futuro golpe .[10]

En agosto de 1954 Raúl Lamuraglia un hombre de negocios que había financiado la campaña de la Unión Democrática, que enfrentó en las elecciones de 1946 a la formula de Perón, a través de millonarios cheques de Bank of New York que habían tenido como destino sostener el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y a sus candidatos José P. Tamborini y Enrique Mosca. En 1951, el empresario había aportado recursos para apoyar la asonada fallida del general Menéndez, lo que lo llevó a prisión, tras salir en libertad marchó al Uruguay. Gracias a su fortuna compra un avión de combate en Estados Unidos, para llevar adelante la misión de matar a Perón y bombardear la Plaza de Mayo. Tripulado por un aviador naval, Luis Baroja, el cazabombardero volaría hasta la Plaza de Mayo, en pleno acto del peronismo, para ametrallar el balcón donde hablaría Perón. Lamuraglia se reunía frecuentemente con referentes del Partido Colorado de Uruguay. Días antes de concretar el plan se encontró secretamente, en 1954, con el presidente Batlle Berres y el empresario argentino Alberto Gainza Paz en su residencia veraniega de Punta del Este, quienes le ofrecieron apoyos para el plan de magnicidio. Instalado de nuevo en Buenos Aires, el empresario radical Lamuraglia ofreció su quinta de en Bella Vista para organizar la conspiración y se comprometió a financiar un futuro golpe,[11]​ en noviembre de 1954 se reunieron finalmente Bassi, Lamuraglia, Francisco Manrique, Néstor Noriega, el ex capitán del ejército Walter Viader, Carlos Bruzzone, el comandante de tropas de la Fuerza Aérea Agustín de la Vega, y políticos opositores entre ellos el político radical Miguel Ángel Zavala Ortiz, el intelectual conservador Américo Ghioldi, Jaime Mejía, Mario Amadeo y el abogado Luis María de Pablo Pardo, futuro Ministro del Interior del dictador Eduardo Lonardi, Adolfo Vicchi futuro embajador ante Estados Unidos durante la dictadura de Aramburu y Alberto Benegas Lynch.[12]

El 16 de junio de 1955 se produjo el levantamiento, en el que la Aviación Naval bombardeó Buenos Aires causando 364 muertos (algunas versiones elevan esa cifra a 500) y un millar de heridos. Bajo la cobertura de los ataques aéreos, las tropas de Argerich atacaron a los granaderos que defendían la Casa Rosada: al llegar camiones con refuerzos, los sublevados mataron a los conscriptos que los manejaban, para que las tropas no llegaran al destino.[13]​ numerosos los oficiales de la Marina a cargo de naves que se negaron a bombardear la destilería platense, incluídos dos comandantes que inicialmente se habían plegado al golpe.

Para principios de septiembre de 1955 la UCR había convocado a un acto en la Casa Radical, donde repartieron armas en comités y en parroquias. Los comandos civiles ultracatólicos (llamados “palomas”) convocaron a la acción armada. Previamente negociaron un crédito con la Sociedad Rural para que financie actividades desestabilizadoras, como sabotajes a la red eléctrica, a los cables de la empresa telefónica Entel, disparos a las ruedas de camiones de bomberos y ambulancias, días antes represantantes de la UCR y comandos civiles viajaron a Uruguay entrevistandose con Emilio Eduardo Massera, Horacio Mayorga, Oscar Montes, y Osvaldo Cacciatore.[14]​En Córdoba, se sucedieron atentados con bombas o incendios: contra seis unidades básicas peronistas, la sede de la UES, de la Confederación General Universitaria, y un busto de Eva Perón en Unquillo.

El golpe de EstadoEditar

El 16 de septiembre de 1955 se inició el golpe de Estado que derrocaría al Presidente constitucional Juan D. Perón, al Congreso de la Nación y a los gobernadores provinciales. La sublevación se inició en Córdoba, fue liderada por el general Eduardo Lonardi y se extendió hasta el 23 de septiembre. En el curso de la misma renunció Perón, quien transfirió el mando a una junta militar. El golpe contó con el apoyo activo de Comandos civiles, un importante sector de la Iglesia Católica, el Reino Unido y algunos partidos políticos, entre ellos la Unión Cívica Radical.[15]​ El santo y seña de los conspiradores fue "Dios es justo".[16]​ En 2017 el Archivo Nacional de la Memoria concluyó una investigación sobre la cantidad de personas muertas en el golpe, documentando al menos 156 víctimas fatales.[17]​ los mayores enfrentamientos se produjeron en Córdoba, donde hubo al menos 112 muertos. Allí, Lonardi, atacó a la de Infantería, cuyos mandos no quisieron plegarse al golpe y habían decidido defender el gobierno constitucional; la Iglesia hizo de nexo entre Lonardi y los comandos civiles que apoyaron sus acciones, y también el accionar de la Aeronaútica leal al gobierno cosntitucional produjo bajas. El primer muerto fue un suboficial de la Policía Federal asesinado en la madrugada del 16 por un grupo de civiles ligados al radicalismo en el barrio de Belgrano, según consta en el acta de defunción fue asesinado por un comando civil que entre otros integraba Mariano Grondona. En Córdoba, la mayor cantidad de muertos se produjo en el ataque del ejército golpista a la Jefatura de Policía legalista. En el Río de La Plata, 6 de los muertos fueron producto del bombardeo de la Armada al barrio Campamento de Ensenada, dos soldados del Regimiento 7 de La Plata legalista, dos policías de la provincia de Buenos Aires que enfrentaron junto con los vecinos a los marinos, un dirigente ferroviario que se quedó a atender a los soldados y otro vecino que murió horas después. Tambien hubo 28 muertos en Buenos Aires, capital y provincia; 16 en Ensenada, y 5 en Santa Fe, de las cuales 4 en Rosario y una en Reconquista.

El 20 de septiembre Lonardi se autoproclama desde Córdoba Presidente provisional de la Nación, disponiendo como sede del nuevo gobierno a la provincia de Córdoba, hasta su traslado a la Capital Federal. El 23 de septiembre de 1955 se hizo cargo de la suma del poder público. La banda presidencial le fue entregada por el cardenal rosarino Antonio Caggiano, quien también firmó el acta de toma del poder.[18]​ Sus primeras medidas fueron disolver el Poder Legislativo, derrocar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y a todos los gobernadores y legislaturas provinciales y hacerse cargo de los poderes legislativo y ejecutivo, atribuyéndose el título de "Presidente". En los días siguientes nombraría por decreto a los miembros de la Corte Suprema y a los interventores de las provincias.

Dictadura de Eduardo LonardiEditar

 
El General de División Eduardo Lonardi el día que asume el poder en 1955.

El general Eduardo Lonardi gobernó solo 52 días, hasta ser derrocado por el sector liberal de los golpistas. Además padecía un cáncer cuyos síntomas ya eran notables al comienzo de la insurrección y que finalizaría con su vida en marzo del año siguiente.[19]​ Representaba una fracción de las fuerzas armadas, de orientación nacionalista católica, que tenía como objetivo derrocar a Perón y excluirlo de la vida nacional, así como impedir que el peronismo volviera al poder -al menos en lo inmediato-, pero sin recurrir a una represión masiva, ni derogar la Constitución de 1949 y las leyes sociales y laborales que caracterizaron al gobierno peronista. El gobierno militar clausuró el Congreso, dejó cesante por Decreto Nº 415 del 6 de octubre de 1955 a todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia, por primera vez desde su organización, la Corte era renovada sin el procedimiento constitucionales. Desaparecía el respeto por los pasos constitucionales y los gobiernos militares o civiles que se sucederían apelarían a toda clase de violación de tales normas para cambiar los jueces de la Corte e incluso los de instancias inferiores. De esta manera, la independencia y la inamovilidad de los jueces desapareció. Paralelamente fue removido el Procurados vía decreto y del mismo modo fue nombrado Procurador General por Decreto Nº 415 del 6 de octubre de 1955 Sebastían Soler cuyo antiperonismo puso de manifiesto en varios dictámenes.[20]

Lonardi planeaba quedarse poco tiempo en el poder debido a su estado de salud. Pensaba convencer a la CGT que aceptara la nueva situación y simplemente ordenar el país para que se recuperara lo antes posible de lo que él consideraba una «tiranía».[21]​Su lema fuer «ni vencedores ni vencidos», tomada de Justo José de Urquiza,[22]​ que se convirtió en una de las frases políticas más famosas de la historia argentina.[23]

Lonardi integró su gobierno con los siguientes ministros:

En noviembre Eduardo Lonardi dividió el Ministerio del Interior y Justicia, renunciando entonces el ministro Busso; el 12 de noviembre asumió Luis María de Pablo Pardo como Ministro del Interior y Julio Velar de Irigoyen como Ministro de Justicia. En el Ministerio del Interior tuvieron influencia los demócratas progresistas, uno de cuyos líderes, el doctor Sebastián Soler, fue designado Procurador General de la Nación. En el Ministerio de Marina estuvieron los representantes del socialismo con Américo Ghioldi.[24]

Un editorial de la revista De Frente acusaba al gobierno de limitar la libertad de prensa, condenado la uniformidad de la prensa, agravado por la presencia de «veedores» en algunos de ellos, negándose por su conducto todo principio de libertad aplicado a la prensa. También se quejaba de la prohibición explícita e implícita de determinadas informaciones es una consecuencia natural aunque vergonzosa de la intervención de las empresas..<ref>Editorial del semanario De Frente, N. o 87, 14 de noviembre de 1955, pág. 3.</ref>, el dirigente radical Carlos Walter Perkins,colaborador civil de Lonardi declaró: «A todos los que atacan una revolución que ha venido a restablecer la libertad de palabra, yo les cortaría la lengua»

El 1 de noviembre la Marina ocupó el Ministerio de Trabajo con el fin de desencadenar la represión de los sindicalistas peronistas. Cerruti Costa resiste la presión y logra, con apoyo de Lonardi, un nuevo pacto con la CGT, por el cual vuelven a ser reconocidas las autoridades de la central sindical y se decide designar de común acuerdo a los interventores sindicales que procederían a la normalización.[25]​un conjunto con los grupos de choque denominados Comandos Civiles habían ocupado por la fuerza una cantidad considerable de locales sindicales. Entre ellos se encontraban los locales de la Asociación Bancaria, la Federación Gráfica, La Confederación de Empleados de Comercio, la Fraternidad, el SUPE, la Unión Ferroviaria, entre otros, provistos con armas de la Marina. [26]

Su gobierno estuvo teñido por las persecuciones al peronismo, que sin ser tan acentuado como el que le siguió con Aramburu, ponía en evidencia su debilidad para controlar a los sectores mas antiperonistas que se lanzaron a ocupar espacios en todos los niveles, ingresando a punta de pistola en locales partidarios, sindicatos y universidades. Además se procedió en encarcelar e interrogar a miles de dirigentes peronistas y sindicales, mientras sus hogares eran allanados. La hija del general Lonardi señala al coronel Carlos Eugenio Moori Koenig como el cabecilla de los comandos civiles que actuaron como fuerza parapolicial organizada, en todos los ataques sufridos por locales peronistas y sindicatos, además ese militar fue el que cumplió la misión de ultrajar el cadáver de Eva Perón. [27]

Golpe palaciegoEditar

A poco de asumir Lonardi, se manifestaron las diferencias entre las dos alas del régimen militar:

  • El ala nacionalista católica, liderada por el propio general Eduardo Lonardi, más proclive a negociar con el peronismo y preservar la mayor parte de las conquistas sociales y laborales realizadas durante los gobiernos de Perón.
  • El ala liberal, liderada por el vicepresidente Isaac Rojas, sostenía un antiperonismo radical, pretendía erradicar totalmente al peronismo de la vida política y sindical argentina, derogar las medidas sociales y laborales establecidas durante el gobierno peronista, y establecer una política económica dirigida por los economistas más conservadores.

En este primer período de la Revolución Libertadora, el peronismo intentó maniobrar aprovechando las diferencias entre ambas corrientes militares, para obtener ventajas y ganar tiempo para reorganizarse alrededor del movimiento sindical. Por esa razón ese momento fue conocido como la entente cordiale.[28]​La Confederación General Económica (CGE) fue intervenida por Lonardi. Fue declarada ilegal e intervenida militarmente. Para el 30 de septiembre de 1955, se había ocupado numerosos sindicatos, como la Federación Gráfica, la Unión Ferroviaria, la UTA, la Asociación Bancaria, el SUPA (portuarios), entre otros. Frente a la inacción del gobierno para frenar estas ocupaciones ilegales por parte de comandos armados, la CGT pidió una reunión de urgencia con Lonardi.[29]

El 5 de octubre la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) renunció asumiendo la dirección provisoria Andrés Framini y Luis Natalini de Luz y Fuerza.[30]​ Los sindicalistas negociaban con el régimen militar, a través del Ministro de Trabajo Luis Cerruti Costa, un socialcristiano, abogado del sindicato metalúrgico, que había sido peronista hasta 1947. Al día siguiente de asumir la dirección de la CGT, Framini y Natalini firmaron un pacto formal con el ministro Cerruti Costa, por el cual el gobierno reconocía a las autoridades de la CGT y se comprometía a designar interventores imparciales en los sindicatos, donde se deberían realizar elecciones democráticas en 120 días.[25]​ Por su parte, la CGT aceptó realizar algunas concesiones, como la eliminación del preámbulo del estatuto donde se adoptaba la doctrina peronista y la eliminación del 17 de octubre como feriado.[25]

Para fines del mes de octubre, las tensiones en pugna se acentuaron. El peronismo comenzó a reorganizarse y a recuperar su capacidad de acción, y llegó a realizar una silbatina al vicepresidente de facto, Almirante Isaac Rojas, en ocasión de una visita de este al Hipódromo de San Isidro, que se frustró a los pocos minutos cuando aviones de la Marina de Guerra comenzaron a realizar vuelos rasantes sobre las tribunas.

Por su parte, la CGT aumentó su presión sobre el gobierno para que se abstuviera de intervenir en la situación interna de los sindicatos, buscando imponer direcciones no peronistas y antiperonistas. El 26 de octubre, en una reunión con el Ministro de Trabajo Luis Cerruti Costa, La CGT le exigió dejar de apoyar a los grupos opositores, bajo amenaza de declarar una huelga general.[25]​ Cerruti Costa entonces rechaza la exigencia sindical y, dos días después establece nuevas reglas para la "normalización sindical" que, en los hechos, dejaban sin efecto el acta firmada con la CGT. Las nuevas reglas establecían la caducidad de los mandatos de los dirigentes de la CGT y los sindicatos, y el llamado a elecciones controladas por las Fuerzas Armadas.[25]​Ante ello los sectores liberales del régimen militar se movieron para obtener mayor poder.

A las 2.35 de la madrugada del 12 de noviembre, la casi totalidad de los miembros de la Junta Consultiva presentó su renuncia al vicepresidente Rojas. Permanecieron en sus puestos los «lonardistas» Ariotti y Storni. El hijo de Lonardi, Luis Eduardo, da en su libro Dios es justo detalló las últimas horas de su padre en el poder: "Ossorio Arana se adelantó y […] le dijo: Señor general, debo manifestarle, en nombre de las Fuerzas Armadas, que ha perdido su confianza y exigen su renuncia. Otorgan solo cinco minutos para presentarla. Vencido este plazo se adoptarán medidas de fuerza y habrá derramamiento de sangre. Alguien confirmó: Cuando salí ya estaban calentando los motores los Glosters" Entre otras amenazas estaba bombardear la Quinta de Olivos, y amenazaron con repetir en pequeña escala los bombardeos del 16 de junio, entre ellos estuvieron Ossorio Arana, el almirante Hartung, los generales D’Andrea, Huergo, Videla Balaguer y Dalton, los contraalmirantes Toranzo Calderón y Rial, y el secretario general de la Presidencia, coronel Boncarrere.[31]​Los dos miembros de la Junta Consultiva que no habían renunciado la noche anterior fueron muy pronto separados de la misma. En medio de fuertes presiones civico-militares debió huir acompañado por su mujer, Mercedes Villada Achával, a Nueva York para hacerse atender. A las 17.45 del 29 de noviembre de 1955, partieron a bordo del Río Tunuyán, un moderno vapor de pasaje y carga hecho construir por el gobierno peronista en Italia.En la escala de Caracas, Lonardi se enteró de que su casa había sido allanada.[32]

Un foco sedicioso para el derrocamiento de Lonardi estuvo ubicado en la Casa Militar, organismo que debía ocuparse de la seguridad del presidente, las audiencias y el protocolo, cuyo jefe era el coronel Bernardo Labayrú, el jefe del despacho de la Casa de Gobierno era el coronel Emilio Bonnecarrere y el jefe del regimiento de granaderos a Caballo, Alejandro Lanusse, todos los cuales tenían la obligación de defender al presidente sin embargo fueron miembros activos y determinantes de la conspiración.

Los sectores más duros encabezados por Aramburu y Rojas acusaban al Lonardi de cierta complacencia para con el peronismo depuesto. Las presiones llegaron al límite y ante la negativa de Lonardi a renunciar, sus enemigos amenazaron con bombardear la residencia presidencial.[33]

Junta Consultiva NacionalEditar

 
Primera reunión de la Junta Consultiva Nacional, 11 de noviembre de 1955.

El ala liberal volvió a tomar la iniciativa el 11 de noviembre, al formarse una Junta Consultiva Nacional del gobierno militar (creada por decreto del 28 de octubre), presidida por el almirante Rojas e integrada por políticos destacados designados por la mayor parte de los partidos antiperonistas. La Junta estuvo integrada por cuatro miembros de la Unión Cívica Radical (Oscar Alende, Juan Gauna, Oscar López Serrot y Miguel Ángel Zavala Ortiz), cuatro del Partido Socialista (Alicia Moreau de Justo, Américo Ghioldi, Ramón Muñiz y Nicolás Repetto), cuatro por el Partido Demócrata Nacional (José Aguirre Cámara, Rodolfo Coromina Segura, Adolfo Mugica y Reinaldo Pastor), cuatro por el Partido Demócrata Progresista (Juan José Díaz Arana, Julio Argentino Noble, Horacio Thedy y Luciano Molinas), dos por el Partido Demócrata Cristiano (Manuel Ordóñez y Rodolfo Martínez) y dos por la nacionalista Unión Federal (Enrique Arrioti y Horacio Storni).

Asimilándola a un poder legislativo, el gobierno militar decidió que la Junta Consultiva se reuniría en el edificio del Congreso Nacional, y haciendo una interpretación extensiva de la Constitución Nacional (art. 50)[34]​ en la que el Vicepresidente de la Nación es Presidente del Senado, consideró que debía ser presidida por el almirante Rojas, en su condición de Vicepresidente de facto. A la primera sesión de la junta concurrieron casi 300 invitados especiales, y se colocó en el salón un cuadro correspondiente a la Asamblea Constituyente de 1853.

La constitución de la Junta Consultiva influyó decisivamente para que predominara en el gobierno militar el sector liberal y una línea antiperonista radical. Poniendo en evidencia el desplazamiento inminente del sector nacionalista católico, ese mismo día Luis Pandra, del Partido Socialista escribió en el diario La Época:

Vamos a hacer la Revolución Libertadora desde el gobierno, con el gobierno, sin el gobierno o contra el gobierno.

Luis Pandra, La Época, 11 de noviembre de 1955.[35]


Por primera vez desde su organización, la Corte Suprema era renovada sin el procedimiento constitucional, desaparecía el respeto por los pasos constitucionales y los gobiernos militares o civiles que se sucederían apelarían a toda clase de violación de tales normas para cambiar los jueces de la Corte e incluso los de instancias inferiores. De esta manera, la independencia y la inamovilidad de los jueces desapareció. Por el decreto citado del dictador Eduardo Lonardi y su elenco del ministerio de Justicia, fueron removidos todos los jueces surpemos.[36]

El 13 de noviembre un golpe palaciego desalojó del poder al general Lonardi, instalando como nuevo presidente de facto a un liberal, el general Pedro Eugenio Aramburu.[25]​Al día siguiente el gobierno militar dio a conocer tres comunicados con la firma de Aramburu informando de los motivos del desplazamiento de Lonardi: el primero se limitó a informar del cese de Lonardi; el segundo sostiene que Lonardi había sido depuesto debido a la "presencia de grupos que orientaron su política hacia un extremismo totalitario incompatible con las convicciones democráticas de la Revolución Libertadora"; y el tercero amplía las razones acusando al grupo de Lonardi de "escudarse tras el estandarte de la religión católica".[37]

Esto desairó gravemente a todos los militantes nacionalistas que habían participado en el golpe de Estado

Dictadura de Pedro Eugenio AramburuEditar

 
El vicepresidente almirante Isaac Rojas y el presidente teniente general Pedro Eugenio Aramburu, al momento de la asunción de este último el 13 de noviembre de 1955.

El general Pedro Eugenio Aramburu asumió la presidencia de facto el día 13 de noviembre de 1955, en tanto que el almirante Rojas, líder del ala liberal, permaneció como vicepresidente. Aramburu se hizo cargo del gobierno, acompañado por el contraalmirante Rojas, que conservó su cargo. El dúo asumió a las 16.40 del domingo en vísperas de un paro decretado por la CGT que duraría hasta el 17. El nuevo general-presidente asumía mediante una violación a la Constitución Nacional que establece en su artículo 88: «En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia o destitución del presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación»[38]

Se inició así una segunda etapa de la dictadura militar, caracterizada esencialmente por adoptar una línea dura frente al peronismo. El nuevo régimen encaró una notable purga en las Fuerzas Armadas, en la Marina, fueron forzosamente pasados a retiro 114 oficiales, entre los que figuraban todos los almirantes con la excepción de Isaac Rojas y 45 capitanes de navío. En el Ejército, fueron pasados a retiro 63 de los 86 generales en actividad y unos mil oficiales fueron obligados a pasar a retiro.[39]

Inmediatamente la CGT declaró una huelga general para los días 15, 16 y 17 de noviembre. Ese mismo día el gobierno militar encarceló a más de 9.000 dirigentes sindicales, incluidos Framini y Natalini. El paro solo tuvo adhesión en algunos distritos obreros como Avellaneda, Berisso y Rosario y debió ser levantado al día siguiente de iniciarse. La CGT y la mayor parte de los sindicatos fueron intervenidos por los militares.[25]

Política internaEditar

En el gabinete del nuevo gobierno se produjeron cambios sustanciales respecto al anterior, participando del mismo desde integrantes de la derecha liberal hasta socialistas.

En el Ministerio del Interior, asumieron dos radicales: Laureano Landaburu y Carlos Alconada Aramburú. También eran radicales el Ministro de Educación (Acdel Salas) y el Ministro de Trabajo (Horacio Aguirre Legarreta, frondizista).

Se intervinieron todos los sindicatos y la Confederación General del Trabajo (CGT), y se dispuso el encarcelamiento de más de 9.000 dirigentes sindicales, luego de la huelga general declarada el 14 de noviembre de 1955.[40]​ El gobierno militar dictó el Decreto 3855/55 disolviendo el Partido Peronista y luego el 5 de marzo de 1956 el Decreto 4161, de "prohibición de elementos de afirmación ideológica o de propaganda peronista", por el que incluso se prohibía mencionar el nombre de Juan Domingo Perón, castigando a los infractores con penas de hasta seis años de prisión.[41]​ De este modo se inició un largo período de proscripción del peronismo de la vida militar, pública y docente que se extendería hasta 1973, y que dio lugar a un movimiento opositor, muchas veces clandestino, conocido como la Resistencia Peronista.Se intervino la CGT y todos los sindicatos de base, se inhabilitaron más de 150.000 delegados de fábricas y se encarcelaron cientos de dirigentes justicialistas. A mediados de octubre de 1956 Comandos Civiles atacaron los locales sindicales y los tomaron a punta de pistola. Los gremios llamaron a la primera huelga para el 2 de noviembre y el gobierno detuvo a sus dirigentes[42]​el gobierno de Aramburu encarceló a millares de trabajadores, reprimió cada huelga, arrasó la organización sindical. La tortura se masificó y extendió a todo el país” en una implacable persecución de clase. [43]​Sin embargó estas medidas aumentaron la conflictividad social y gremial, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo los jornales perdidos por huelgas pasaron de 144.120 en 1955 a 5.167.294 en 1956. Uno de los conflictos más importantes del período fue el de los metalúrgicos entre los meses de noviembre y diciembre de 1956, con una huelga que se extendió por cincuenta días a pesar de haber sido declarada ilegal por el interventor de la CGT, quien ordenó el allanamiento de la sede de la UOM y el ataque contra los delegados de fábricas.

 
Estampilla del primer aniversario de la Revolución Libertadora.

El 25 de mayo de 1957, agentes de la dictadura de Aramburu, instalados en la embajada argentina en Venezuela, intentaron asesinar a Perón haciendo estallar su automóvil. El atentado fracasó. En respuesta, el dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez, que había dado asilo al derrocado Perón, ordenó la expulsión del embajador argentino en ese país, general de brigada Carlos Severo Toranzo Montero, hecho que llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.[44]

Cuando Aramburu consideró, en 1957, que debía levantarse la proscripción contra el peronismo, se enfrentó duramente con su "vice" Isaac Rojas, quien se opuso férreamente. La medida había sido propuesta por el presidente y el Ministro del Interior, el balbinista Carlos Alconada Aramburú. Aramburu evaluó continuar adelante con la Revolución sin el apoyo de la Marina, aunque esto resultó imposible en la práctica, pues la Marina era el grupo más homogéneo y aguerrido de los que habían participado en el golpe.

El miércoles 16 de noviembre, decretó la intervención de la CGT y de todas las organizaciones afiliadas. El elegido para la tarea interventora fue el capitán de navío Alberto Patrón Laplacette, quien dio rienda suelta a los comandos civiles para ocupar todas las sedes gremiales que pudieran. El historiador argentino Felipe Pigna describió al respecto: "Las corruptas intervenciones militares a los gremios fue para desfinanciar a las organizaciones sindicales. Llegaron al extremo insólito de convertirlas en prestamistas a costo cero de las empresas del ramo" Para debilitar al movimiento obrero, resulta óptimo privarlo de fondos. En la Unión Obrera Metalúrgica se registra por primera vez el caso de un sindicato prestando dinero a la patronal. Dispuso la extraordinaria medida el ex interventor, general Gallo. Su sucesor, el señor Barlova, estimó que por vía de tan extraño empréstito habían salido de la entidad 1.800.000 pesos. Prometió ofrecer datos más concretos pero fue relevado de su cargo antes de hacerlo. La intervención de la Unión Obrera de la Construcción recibió el sindicato con tres millones de pesos en caja, dejando dos millones de déficit. [45]

Meses después sobrevino una catarata de decretos contra la organización sindical; entre otros, el 9270 del 23 de mayo de 1956, que echaba por tierra prácticamente toda la legislación gremial vigente. Los decretos habilitaban numerosas discrecionalidades.[46]

Respecto a las libertades individuales el gobierno de ‘facto’ ha hecho tabla rasa de las leyes para imponer el principio de la fuerza. El capricho del poder ha puesto a la Nación al margen de su ordenamiento jurídico haciendo valer las normas impuestas por el criterio de quienes mandan pero no gobiernan. Es así que las reformas constitucionales fueron derogadas por los mismos que juraron mantenerlas; la libertad privada de los ciudadanos está sometida al arbitrio policial del Estado y no a la garantía de los jueces; las organizaciones sindicales han sido avasalladas en el claro designio de servir intereses ajenos a la masa trabajadora; se ha sustituido la voluntad del pueblo en la digitación de palaciegos candidatos...[47]​Por entonces, agosto de 1956, el Director de Institutos Penales repone en sus cargos a varios torturadores dados de baja, mientras tienen lugar las denuncias de «apremios ilegales», secuestran en la ciudad de Buenos Aires todas las copias del film nacional Los torturados.[48][48]​El uso sistemático de la tortura ya había comenzado los primeros días tras el Golpe de Estado, reportandose numerosos testimonios y entre otrosde La Nación (20 de junio de 1956) y La Prensa (21 de junio de 1956). En agosto del mismo año insiste en el tema La Gaceta de Tucumán, se torturaba en dependencias del Congreso Nacional y en el interior del país. En Buenos Aires, el escritor Ernesto Sábato denuncia desde las páginas de Mundo Argentino, publicación periódica cuya dirección ejerce, la puesta en vigencia de la tortura.[49]

Se desata la epidemia de poliomielitis, en 1956, cuando la llamada Revolución Libertadora había empezado a desmantelar la infraestructura sanitaria. Conocida como parálisis infantil, la enfermedad dejó una secuela de muertes y discapacidades.[50]​Se dio el mayor brote epidémico de poliomielitis en todo el territorio nacional. Según cifras oficiales, en 1956 se registraron y notificaron 6490 casos mortales, con una tasa de mortalidad del 33,7 % en todo el país.[51]

Respecto al turismo el hotel Puente del Inca fue intervenido y su director reemplazado por un capitán de navío, quién ordeno destruir toda la vajilla del hotel llevándola a la plaza y gran parte de sus muebles, rompiendo cada plato y cubierto por asociarselos con el peronismo, incluso paró un tren ferroviario con maples de huevo que ordenó destruir por tener las letras P.P creyendo que eran las siglas de Partido Peronista, siendo en realidad las siglas Pascual Palmada dueño del embarque de huevos.[52]​ en 1956 el dictador Aramburu sancionó el decreto 17.800 por el que se transfirieron a la Dirección General Inmobiliaria las Unidades Turísticas Chapadmalal, Embalse Río Tercero y de Alta Montaña, privatizando dichas unidades turísticas, quedando en muchos casos en manos privadas de los interventores designados por Aramburu.[53]​La Ciudad Infantil, conocida y admirada en el mundo como un ejemplo de contención y educación de la infancia desvalida, fue asaltada por las tropas. Sus pequeñas casitas que reproducían los edificios clásicos de una ciudad y un enorme comedor que alimentaba a centenares de niños por día, fueron aplastadas por los tanques y sus piscinas fueron cegadas con cemento. [54]

El 13 de junio de 1957 apareció muerto en su estudio de la calle San Martín 536, el doctor Marcos Satanowsky. El asesinato fue cometido por sicarios del general Quaranta, que había participado por órdenes directas de Aramburu en los fusilamientos de José León Suárez y del asalto a la embajada de Haití con el objetivo de matar a Perón. El crimen estaba vinculado con la tenencia de las acciones del diario La Razón, intervenido por Aramburu. Peralta Ramos había recibido presiones y extorsiones para que entregara el diario a Aramburu.[55]

Dispone la desactivación absoluta de todos los programas de turismo social por ser “un peligroso ejemplo de demagogia populista y antidemocrática” en las Colonias de Vacaciones de Córdoba, Mar del Plata y Buenos Aires. Decide el cierre definitivo de las casi 200 proveedurías de alimentos de primera necesidad, la clausura del Plan Agrario, el Plan de Trabajo Rural y los Talleres Rodantes. Resuelve la intervención de los Hogares de Ancianos y el cierre de los Hogares de Tránsito. A pedido del Coronel Ernesto Alfredo Rottger son expulsados a la calle todos los estudiantes de la Ciudad Estudiantil “Presidente Juan Perón” para convertirlo en un centro de detención.[56]​La Dirección de Asistencia Integral fue encargada de intervenir desmantelar y disolver toda la obra de la Fundación Eva Perón. Marta Ezcurra, fundadora de la juventud de la Acción Católica en 1931, ordenó el 23 de ese mes de ese mismo año la ocupación militar de cada una de las Escuelas Hogar. Se retiraron o se destruyeron todos los símbolos peronistas. Los niños alojados en ellos fueron testigos de la quema de frazadas, sábanas, colchones, pelotas y juguetes con el logo de la FEP. Cada Hogar fue intervenido por Comandos Civiles que, en el caso de la Clínica de Recuperación Infantil Termas de Reyes, de Jujuy, llegaron al extremo de expulsar a los niños para dejar inaugurado allí, muy poco después, un casino de lujo. En Mendoza los golpistas tiraron al río toda la vajilla y cristalería, que había sido importada de Finlandia y Checoslovaquia, con la que habían comido los niños internados. En todo el país, además de la destrucción de los pulmotores se ordenó romper todos los frascos de sangre de los hospitales de la Fundación.[56]​ Decenas de pulmotores fueron destruidos por la misma razón. Pocos meses después, ya durante la dictadura de Aramburu una gravísima epidemia de polio se abatió sobre el país. Muchos chicos argentinos murieron por falta de aquellos aparatos y, ante la tragedia tuvieron que importar veintiún pulmotores desde los Estados Unidos. [54]​Finalmente se produjo el asalto militar sobre la Escuela de Enfermeras fundada por Ramón Carrillo, y con su cierre definitivo.[56]​Es designado Ministro de Asistencia Social y Salud Pública Ernesto Alfredo Rottger, un coronel sin experiencia en temas sanitarios, quién como primer acto ordena el saqueé de la casa del Dr Carillo y la paralización de la construcción de hospitales.[57]

Mediante el decreto-ley 4161 se convirtieron en delito: el uso del escudo peronista, pronunciar el nombre del anterior líder o su esposa, y cantar la Marcha peronista.[58]​fue dictado en marzo del 56 con el objetivo de prohibir al peronismo en todas sus formas y expresiones.El decreto fue objetado por la Cámara Criminal y Correccional de la Capital que entendió que contrariaba el derecho de expresarse a través de la prensa, pero la Corte Suprema adicta al régimen compuesta por Alfredo Orgaz, Manuel J. Argañarás, Enrique V. Galli, Carlos Herrera y Benjamín Villegas Basavilbaso, argumentó, que el decreto era constitucional y fue aún más lejos, al dictaminar que lo que llamó «el poder revolucionario» podía restringir los derechos individuales dadas las particulares circunstancias que nos tocaban vivir.[59]

Exclusión de la reforma constitucional de 1949 y reforma de 1957Editar

Tras el golpe de Estado la dictadura toma diversas medidas clausuró el Congreso, dejó cesante por Decreto Nº 415 del 6 de octubre de 1955 a los jueces de la Corte Suprema. Por primera vez desde su organización, la Corte era renovada sin el procedimiento constitucional, desaparecía el respeto por los pasos constitucionales y los gobiernos militares o civiles que se sucederían apelarían a toda clase de violación de tales normas para cambiar los jueces de la Corte e incluso los de instancias inferiores. De esta manera, la independencia y la inamovilidad de los jueces desapareció. Por el decreto citado del dictador Eduardo Lonardi y su elenco del ministerio de Justicia, fueron removidos todos los jueces surpemos.[60]Aramburu deja sin efecto la Constitución Argentina de 1949, mediante proclama del 27 de abril de 1956, imponiendo el texto de la Constitución de 1853 con las reformas de 1860, 1866 y 1898 en cuanto no se oponga a los fines de la Revolución enunciados en las Directivas Básicas del 7 de diciembre de 1955, y a las necesidades de la organización y conservación del Gobierno Provisional.

La decisión fue cuestionada por diversos sectores, debido a la imposibilidad jurídica de que se pudiera aceptar que un presidente de facto militar, derogara una Constitución e impusiera otra. La derogación por decisión militar de la Constitución, generó una crisis en la Corte Suprema que, si bien aceptaba una cierta legitimidad del régimen por aplicación de la doctrina de los gobiernos de facto, tenía establecido que un régimen así debía ser provisorio y mantener la Constitución como norma suprema. La crisis llevó a la renuncia de uno de los cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Vera Vallejo.[61]

El gobierno militar convocó a una Convención Constituyente que convalidara el acto. La convocatoria a la reforma contradecía a la propia Constitución que se quería reformar, cuyo artículo 30 establecía que solo el Congreso, y con una mayoría especial de votos en ambas cámaras, tenía esa facultad, y decidió también que en dichas elecciones no pudiera participar el Partido Peronista.[61]​Las elecciones se realizaron el 28 de julio de 1957 y en ellas el voto en blanco, propuesto por el peronismo, resultó en la primera minoría.[62]

Elecciones para constituyentes de 1957
Partido Votos % Bancas
Total 8.703.322 100 205
En blanco 2.115.861 24,31
Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP) 2.106.524 24,20 75
Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) l.847.603 21,23 77
Partido Socialista (PS) 525.721 6,01 12
Partido Demócrata Cristiano (PDC) 420.606 4,83 8
Demócrata (PD) 333.749 3,83 7
Partido Demócrata Progresista (PDP) 263.805 3,03 5
Partido Comunista (PC) 228.821 2,63 3
Unión Federal (UF) 159.177 1,83 1
Partido Laborista (PL) 93.172 1,07 3
Partido Cívico Independiente (PCI) 86.441 0,99 1
Partido Conservador* 76.976 0,88 1
Partido de los Trabajadores (PT) 58.312 0,67 1
Partido Liberal de Corrientes* 47.862 0,55 2
Demócrata Autonomista Conservador Popular (Corrientes) 40.269 0,46 1
UCR-Bloquista (San Juan) 30.461 0,35 2
Partido Demócrata Conservador Popular (Chaco, Jujuy y Tucumán)* 25.036 0,28 1
Partido Demócrata Liberal (San Luis y Tucumán)* 24.206 0,28 2
Unión Provincial (Salta)* 11.265 0,13 1
Partido Demócrata Conservador Popular/Partido Demócrata (Catamarca)* 9.689 0,11 1
Fuentes: La Nación,[63]​ Melon Pirro.[64]
* Estos partidos provinciales, identificados con el conservadorismo, formaron en la Convención el Bloque Demócrata de Centro, totalizando 8 bancas.

La población peronista votó en blanco siguiendo las instrucciones de Perón. Los partidos políticos que apoyaban la reforma (UCRP, PS, PDC, PDP, PD, PDC y PCI) alcanzaron 120 bancas, mientras que los partidos que estaban en contra de la reforma (UCRI, PL, PdelosT, UF) obtuvieron 85 bancas. Estos últimos se presentaron en la Convención Constituyente para dejar constancia de que la misma era ilegítima.[61]​ El primer día el bloque de la UCRI presidido por Oscar Alende, se dirigió a la Convención impugnando su validez, debido al hecho de que no había sido convocada por el Congreso Nacional, tal como lo establece la Constitución. El bloque del radicalismo intransigente había discutido internamente hasta horas antes la postura a adoptar en la Convención. El presidente del partido, Arturo Frondizi, sostenía a través de Oscar López Serrot, que había que plantear la nulidad de la Convención pero no retirarse de la misma, para evitar que quedara en manos de los partidos cercanos a la dictadura. Alende, por el contrario, sostenía que los convencionales de la UCRI no debían siquiera asumir sus cargos, retirándose de la Convención inmediatamente después de sostener la postura de nulidad de la misma. El bloque rechazó la estrategia de Frondizi y aprobó la de Alende. Las autoridades de la Convención finalmente no le permitieron a Oscar Alende, ni a los demás miembros de la UCRI, explicar su punto de vista, ejerciendo una censura. Poco después, el 3 de septiembre, sucedería lo mismo con Enrique E. Ariotti de la Unión Federal Demócrata Cristiana, a quien tampoco se le permitió explicar su impugnación a la Convención.[65]​ Tampoco se incorporaron a la asamblea los dos convencionales del partido Demócrata Autonomista Conservador Popular de Corrientes. Finalmente, sólo 125 convencionales, de los 205 se registrarían.[66]

La UCRI, que constituía el bloque mayoritario (77 convencionales), sostuvo la ilegalidad de la convención debido a su origen antidemocrático, generando un escándalo en el que se produjeron agresiones y el retiro de los convencionales frondizistas y otras fuerzas opositoras a la dictadura gobernante, e impidió la formación de un Quorum.[67]​ el bloque de la UCRI impugnó la Asamblea y se retiró con sus setenta y siete constituyentes, no sin antes declarar: Denunciamos ante el pueblo de la República que en el seno de la pretendida convención reformadora de la Constitución de 1853/60/98 se consuma en este instante otra etapa de la maniobra continuista que procura asegurar a la oligarquía nacional y a los intereses del privilegio internacional, el manejo futuro de los poderes del gobierno político de la Nación […]. Afirmamos que esta convención está muerta. Solamente el pueblo en mayoría da vida y valor a la democracia. En esta oportunidad el pueblo en mayoría está ausente. Afirmamos que es absolutamente inválida la convención reformadora de la Constitución de 1853/60/98 reunida en esta ciudad de Santa Fe y de la misma manera inválido el mandato de los convencionales que la integran.

Las fuerzas restantes procedieron a convalidar la derogación de la Constitución de 1949 y establecer la vigencia de la Constitución de 1853, con las modificaciones de 1860, 1866 y 1898. En tanto expusieron las impugnaciones a dicha decisión los convencionales del Partido Laborista (Cipriano Reyes, Ricardo Ovando y Luis V. Giacosa) y del Partido de los Trabajadores (Juan Carlos Deghi). Ambos partidos negaban la legitimidad de la Convención y exigían respetar la vigencia de la Constitución de 1949. En tanto Juan C. Deghi y la Unión Federal representados por Enrique Ariotti plantearon la nulidad de la Convención Constituyente. El argumento básico que utilizaron es que un presidente de facto no tenía facultades para derogar una Constitución, ni para declarar la necesidad de su reforma. Señalaron el carácter antidemocrático de impedir la representación del electorado peronista mayoritario en el país. Denunciaron que el verdadero objetivo de la Convención era convalidar el retorno a la Constitución de 1853 y eliminar definitivamente los derechos sociales y económicos establecidos por la Constitución de 1949. Tampoco se incorporaron a la asamblea, los bloques Demócrata Autonomista Conservador Popular de Corrientes (2 convencionales) y de la Unión Federal (1 convencional).También los bloques Laborista, de los Trabajadores, y Laborista Federal de Salta, impugnaron la legitimidad de la derogación de la Constitución de 1949. [68]​Con el retiro durante la primer sesión de 77 convencionales de la UCRI, más el retiro de partido menores la convención quedo sin quorum necesario para aprobar cualquier reforma. En vistas del fracasó de la convención ya en su primer día y ante la imposibilidad de sancionar o modificar cualquier artículo, visto como un fracasó político el gobierno de Aramburu presionó para que se cambie el reglamento interno para que la Constituyente pudiese funcionar sin el quorum legal establecido.Error en la cita: Error en la cita: existe un código de apertura <ref> sin su código de cierre </ref></ref>

Cuando la Convención Constituyente se preparó para volver a incluir los derechos humanos de segunda generación (sociales y laborales) y aquellos relacionados con una orientación social de la economía, que ya habían sido incluidos por la abolida Constitución de 1949, los sectores conservadores que incidían en el quorum de la Convención, debido al retiro de los representantes de la UCRI, comenzaron a retirarse para evitar las reformas. En esa circunstancias, el ala izquierda de la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por su presidente Crisólogo Larralde, presionó a los delegados del partido para que no abandonaran las reuniones y así logró que se aprobara la inclusión del artículo 14 bis, referido a los derechos del trabajador, de los gremios y de la seguridad social.[61]​después de votado el artículo 14 bis, los convencionales conservadores y parte de los convencionales radicales dejaron simplemente de asistir dejando sin quorum a la Convención que se extinguió así informalmente, circunstancia que fue duramente criticada por todo el espectro político.[61]

Sobre el final de la Convención Constituyente de 1957, y ya sin quorum, el convencional socialista Alfredo Palacios, pronunciaba las siguientes palabras:

Los que se han ido serán responsables ante el pueblo y ante la historia. Por hoy basta con el repudio de esta Asamblea y de sus propios compañeros; repudio terrible, Señor Presidente.

Alfredo Palacios.[69]

Comparada con la Constitución de 1949, la reforma constitucional de 1957 realizó algunos agregados y exclusiones de importancia:

  • Agregados: derecho de huelga; la movilidad del salario; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática por la simple inscripción en un registro especial; derecho sindical a concertar convenios colectivos; garantías para los representantes sindicales; naturaleza estatal de la seguridad social; participación de los trabajadores en los organismos de seguridad social. Todos los agregados se encuentran en el art. 14 bis.
  • Exclusiones: derecho de reunión (art. 26); prohibición de discriminar por raza (art. 28); derecho de trabajar (art. 37, I); derecho a la capacitación (art. 37, I); derecho a la preservación de la salud (art. 37, I); derecho a la atención por el Estado de la madre y el niño; igualdad jurídica de hombre y mujer en el matrimonio (art. 37, II); patria potestad compartida (art. 37, II); derechos de la ancianidad (art. 37, III); educación primaria obligatoria y gratuita (art. 37, IV); autonomía universitaria (art. 37, IV); la función social de la propiedad (art. 38); estatización del comercio exterior (art. 40); nacionalización de los recursos mineros y energéticos (art. 40); estatización de los servicios públicos (art. 40); voto directo (arts. 42, 47 y 82).

Denuncia de fraude electoralEditar

Pasada la elección, el ex diputado John W. Cooke desde el exilió en Chile elaboró este informe que le hizo llegar a Perón, en el que relató la manipulación y el fraude que el gobierno de facto realizó :

“Oficialmente el padrón se compone de 9.728.839 ciudadanos. Ya en oportunidad de su confección, varias publicaciones opositoras al gobierno denunciaron la prolija exclusión de electores peronistas. En aquella oportunidad las cifras de exclusiones arbitrarias fluctuaban entre los 250.000 y los 700.000. En tanto Frondizi confiesa que “por lo menos 480.000 excluidos eran peronistas”. Mayoría y otras publicaciones hacen ascender el total de los excluidos a 700.000. De este total, una inmensa mayoría es computable al peronismo puesto que las exclusiones fueron cuidadosamente estudiadas sobre zonas electorales reconocidamente como peronistas. Cooke señaló que “las cifras oficiales han sido tan fluctuantes y contradictorias, que la existencia de un ´fraude novedoso´ es innegable. No ha habido una publicación antigubernista que no denunciase el manoseo del porcentaje, aunque cada una lo interpretas de acuerdo a sus conveniencias. El mismo día de la elección, por la noche, el Ministro del Interior adelantaba que los votantes ascendían al 75%. Los resultados publicados en los días subsiguientes marcaban un elevadísimo porcentaje de abstenciones en el interior, principalmente en: Corrientes, Santa Cruz, Chaco, Formosa, Río Negro, La Pampa, etc. Estos porcentajes de abstención llegaban asta el 70%. Súbitamente los porcentajes se invierten y el escrutinio definitivo indica que no hay provincia (salvo Misiones) que baje del 70% de concurrencia. El porcentaje medio oficial se elevó al 82,05%, y de golpe sobrepasan el 87%”. Respecto al voto en blanco se señaló: ellos mismos (en el diario Democracia del 30 de julio) cometieron el ´lapsus´ de deslizar la cifra de más de 2.300.000 a favor del voto en blanco. El secretario de redacción fue automáticamente separado de su cargo como consecuencia de esta filtración. El apoderado del Partido Comunista, Aráoz Alfaro, en la Junta Electoral fundamentó su opinión de que los votos anulados fueron computados como votos en blanco, respetando la voluntad de los electores. Pero su hipótesis no encontró eco, y arbitrariamente los votos anulados desaparecieron de los cómputos”.[70]

Levantamiento del general Juan José Valle y fusilamientosEditar

 
Portada del libro Operación Masacre (1957) de Rodolfo Walsh, utilizando como imagen el cuadro El tres de mayo de 1808, de Francisco Goya.

El 9 de junio de 1956 se produjo un levantamiento cívico-militar contra el gobierno de facto de Aramburu, liderado por el general Juan José Valle, quien a su vez estuvo secundado en el mando por el general Raúl Tanco y los dirigentes sindicales Andrés Framini y Armando Cabo.[71][72]​Las primeras manifestaciones de resistencia se produjeron a los pocos días del golpe en los bastiones peronistas de Rosario y Berisso. El 17 de 1956 los gremios de base, desconociendo a la CGT oficial, convocaron a un paro general que tuvo una importante repercusión en Rosario, el Gran La Plata, barrios del Gran Buenos Aires y Tucumán.[73]​En su proclama, Valle y Tanco denunciaban que:

La Nación ha caído en manos de hombres y de fuerzas que aceleradamente retrotraen a la Patria a épocas de sometimiento, de humillación y vergüenza, han violado y desconocido el imperio de la Constitución y de las leyes, sustituyéndolo por un llamado “derecho de la Revolución” que no es otra cosa que el entronizamiento de la arbitrariedad, sin más normas ni vallas que la omnímoda voluntad de los que detentan el poder. Procediendo al avasallamiento de las garantías y derechos individuales, la persecución, encarcelamiento y confinamiento en verdaderos campos de concentración de miles de argentinos no sometidos a proceso y privados del derecho de defensa, la exclusión de cargos públicos y despido de sus empleos a miles de argentinos por razones políticas, la proscripción de la fuerza política mayoritaria, y sumergido a la patria en un clima de delación y espionaje fomentado y organizado desde el poder y la negación de la libertad de prensa, uniformada al servicio del gobierno...

El levantamiento fue rápidamente abortado, debido a que el movimiento había sido infiltrado y el gobierno militar estaba esperando a los insurrectos. El único lugar donde llegó a tener algún éxito fue la ciudad de Santa Rosa (La Pampa), donde tropas y civiles al mando del coronel Adolfo Philippeaux lograron publicar un manifiesto por una radio, aunque posteriormente huyeron. Los sublevados mataron a tres personas -Blas Closs, Rafael Fernández y Bernardino Rodríguez- y tuvieron a su vez dos muertos -Carlos Yrigoyen y Rolando Zanera-, sin contar a los que fueron luego fusilados.

En La Plata, las tropas sublevadas, encabezadas por el teniente coronel Oscar Cogorno, el mayor Juan José Pratt y el capitán Jorge Morganti, lograron tomar el Regimiento 7 de Infantería y la Jefatura de Policía de Infantería. Resistieron varias horas los ataques rasantes de los aviones navales. Consciente de la derrota, Cogorno no quiso arriesgar una sola vida más. Antes de entregarse, intentó acercarse a su casa de City Bell para despedirse de su mujer y sus hijos, pero fue delatado y fusilado en la madrugada del 11 de junio en el paredón del Regimiento 7. EN tanto en Santa Rosa, capital de La Pampa, los rebeldes, encabezados por el coronel Adolfo César Phillipeaux, lograron tomar el cuartel, la jefatura de policía, las comisarías y la cárcel, donde liberaron a los presos políticos y una radio. Al día siguiente la emisora fue bombardeada a la mañana por aviones navales provenientes de la base Almirante Espora.

Como consecuencia del mismo fueron fusilados 32 civiles y militares, un acto represivo que no tiene antecedentes en la historia argentina.

Los fusilamientos estuvieron signados por irregularidades, como la aplicación retroactiva de la ley marcial, decretos pre-redactados, falta de registros sobre la existencia de juicios sumarios y de las órdenes de ejecución, etc. Los mismos incluyeron también fusilamientos clandestinos de civiles en un basural de José León Suárez, que fueron mantenidos ocultos por el gobierno hasta que el periodista Rodolfo Walsh revelara los hechos en un libro clásico titulado Operación Masacre, publicado en 1957. Otro acto abiertamente ilegal fue el asalto a la embajada de Haití por parte de un grupo comando, que violando las reglas sobre asilo diplomático secuestró a los insurrectos allí refugiados, entre ellos el general Raúl Tanco, los cuales fueron devueltos a su asilo cuando el embajador presentó su reclamo.

Los 18 militares fusilados fueron: el general de división Juan José Valle, coronel Ricardo Santiago Ibazeta, coronel Alcibíades Eduardo Cortines, coronel José Albino Irigoyen, teniente coronel Oscar Lorenzo Cogorno, capitán Eloy Luis Caro, capitán Dardo Néstor Cano, capitán Jorge Miguel Costales, teniente primero Jorge Leopoldo Noriega, teniente primero Néstor Marcel Ovidela, subteniente Alberto Juan Abadie, suboficial principal Miguel Ángel Paolini, suboficial principal Ernesto Garecca, sargento ayudante Luis Pugnetti, sargento Hugo Eladio Quiroga, sargento Luis Bagnetti, cabo Miguel José Rodríguez, cabo músico Luciano Isaías Rojas. Los 14 civiles fusilados fueron: Clemente Braulio Ross, Norberto Ross, Osvaldo Alberto Albedro, Dante Hipólito Lugo, Aldo Emir Jofré, Miguel Ángel Mauriño, Rolando Zanetta, Ramón Raulvidela, Carlos Irigoyen, Carlos Alberto Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Mario Brion, Vicente Rodríguez.En Campo de Mayo, en la madruga del 11 de junio de 1956 también fueron fusilados los coroneles Alcibíades Cortínez y Ricardo Ibazeta, los capitanes Néstor Cano y Eloy Caro, el teniente primero Jorge Noriega y el teniente de banda Néstor VidelaLa decisión de fusilar al general Valle respondió a una orden directa del almirante Rojas. Los familiares de las victimas no fueron notificados ni de la condena a muerte, ni del fusilamiento, ni siquiera del entierro.

Momentos antes de ser fusilado, el general Valle le escribió una histórica carta al general Aramburu en la que le reclama duramente la decisión de fusilar a los insurrectos y justifica el levantamiento en la necesidad de defender al pueblo de un gobierno que le estaba «imponiendo el libertinaje de una minoría oligárquica». En uno de sus párrafos la carta dice:

Con fusilarme a mí bastaba. Pero no, han querido ustedes, escarmentar al pueblo, cobrarse la impopularidad confesada por el mismo Rojas, vengarse de los sabotajes, cubrir el fracaso de las investigaciones, desvirtuadas al día siguiente en solicitadas de los diarios y desahogar una vez más su odio al pueblo. De aquí esta inconcebible y monstruosa ola de asesinatos.
Entre mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos. Y si les sonríen y los besan será para disimular el terror que les causan. Aunque vivan cien años sus víctimas les seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse. Vivirán ustedes, sus mujeres y sus hijos, bajo el terror constante de ser asesinados. Porque ningún derecho, ni natural ni divino, justificará jamás tantas ejecuciones.

Los fusilamientos han sido fuertemente cuestionados por actores políticos, observadores e historiadores,[74][75]​ tanto por su falta de legalidad como por el grado de violencia innecesaria que los mismos implicaron, así como por sus consecuencias negativas, desatando desde el Estado un ciclo vicioso de violencia y terror que desembocó en el Terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980. Más allá de las irregularidades concretas que presentan los fusilamientos en cada caso, quienes cuestionan los mismos destacan que la Constitución Nacional de la Argentina prohíbe la pena de muerte por causas políticas desde 1853.

En menos de 48 horas, civiles y militares son fusilados en Lanús, La Plata, José León Suárez, Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejercito y la Penitenciaria Nacional. Para la noche del 11 de junio de 1956, la lista de ejecutados asciende a 16 militares y 13 civiles.[76]

Entre quienes han justificado legalmente los fusilamientos se encuentra el abogado radical Carlos Alconada Aramburú, quien al momento del levantamiento se desempeñaba como Fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires y, al año siguiente, fue designado Ministro de Educación y Justicia del gobierno militar. Para Alconada Aramburú, los fusilamientos fueron penas de muerte aplicadas por el delito de insubordinación militar, aplicando las leyes 13.234 de 1948 y 14.062 de 1951. La historiadora María Spinelli afirma que las leyes invocadas por Alconada Aramburú habían sido derogadas por el propio gobierno militar el año anterior de los levantamientos, mediante los decretos-leyes 140 y 8.313.[75]​ También, en sus respectivas Memorias, defendieron los fusilamientos, el almirante Isaac Rojas (1993), quien los justifica en la necesidad de "salvaguardar los logros de la Revolución Libertadora",[77]​ y el contralmirante Jorge Perrén (1997), quien sostiene que era necesario dar un "escarmiento ejemplar al peronismo".[78]

Perón fijó su posición en una carta enviada a Cooke sobre la cual cuenta Miguel Bonasso:

«El fracaso de la asonada del 10 de junio ha sido la consecuencia del criterio militar del cuartelazo.Los dirigentes de ese movimiento han procedido hasta con ingenuidad. Lástima grande es que hayan

comprometido inútilmente la vida de muchos de nuestros hombres, en una acción que, de antemano podía predecirse como un fracaso. Yo vengo repitiendo, a los mismos peronistas precipitados, que no haremos camino detrás de los militares que nos prometen revoluciones cada fin de semana. Hace cinco meses impartí las instrucciones sobre la forma en que debíamos encarar el problema: mediante la resistencia civil. Durante estos cinco meses no he hecho sino repetir que los golpes militares no interesaban al peronismo porque no era solución salir de las manos de una dictadura para caer en otra. Que la única solución aceptable para nosotros era la voluntad del pueblo y que para ello debíamos recurrir a las fuerzas del pueblo y no a las fuerzas militares. Que la acción de las fuerzas del pueblo eran operaciones de resistencia y no golpes de Estado. […] todo ello lo he repetido miles de veces a todos los apresurados que confiaban más en un golpe de la fortuna que en la preparación sistemática y racional de un trabajo adecuado. Desgraciadamente, el golpe fallado del 10 de junio, me ha dado la razón, pero el precio ha sido demasiado

grande. Hubiera preferido equivocarme»[79]

La dictadura trató de fraguar la documentación sobre el asesinato de Valle y asentó su ingreso torpemente casi un año después de su muerte, mientras comenzaban a ser publicadas las investigaciones de Rodolfo Walsh y la Corte Suprema de Justicia dictaba un fallo en el caso Livraga por el cual pasaba todas las actuaciones al fuero militar, cerrando la vía de la justicia civil. La única causa judicial sobre los fusilamientos fue iniciada por el sobreviviente Juan Carlos Livraga, contra el jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Desiderio Fernández Suárez. El doctor Belisario Hueyo, juez de la causa, citó a declarar al acusado, pero Suárez recurrió a sus superiores y el 21 de enero de 1957 lo recibieron Aramburu y Quaranta, quienes lo tranquilizaron y le dijeron que la causa iba a pasar a la justicia militar. Días después los jueces militares le reclamaron al doctor Hueyo su jurisdicción en el tema, quién rechazó el pedido y se declaró competente. Se inventó un artificial conflicto de poderes que se resolvió en la Corte Supremamente adicta, compuesta por Alfredo Orgaz, Manuel J. Argañarás, Enrique V. Galli, Carlos Herrera y Benjamín Villegas Basavilbaso, que falló a favor de la competencia de los jueces militares. El fallo obediente repetía casi textualmente lo que había dictaminado el procurador general, el aramburista Sebastián Soler; la causa pasó al tribunal militar y fue cerrada en tiempo récord.[80]

Legislación laboralEditar

Luego del golpe de 1955, se produjo por una parte la ocupación de todos los locales sindicales combinado con represión y encarcelamiento para numerosos delegados fabriles y activistas sindicales.[81]​luego del desplazamiento de Lonardi y al asumir a mediados de noviembre, Pedro Eugenio Aramburu impulsa una política antiobrera que incluyó: proscripción de dirigentes sindicales peronistas; intervención de la CGT; se declararon nulas y disueltas las comisiones internas por parte del Ministerio de Trabajo; nombramiento de Interventores Militares en numerosos sindicatos; derogación de la Ley de Asociaciones Profesionales, quedando restringido el derecho de huelga.[81]​Al momento de su designación como Ministro por el dictador Pedro Eugenio Aramburu, se encontraba retirado. Durante su gestión se dio una extensa huelga de trabajadores de astilleros en 1956. La llamada “Huelga de los Locos” hace referencia al paro protagonizado por los miembros de la Federación de Obreros en Construcciones Navales-Autónoma (FOCN) entre octubre de 1956 y noviembre de 1957, siendo la huelga más extensa de la clase obrera argentina en el siglo XX. desarrollo de los Ferrocarriles Argentinos.[82]

En materia laboral creó el régimen de asignaciones familiares para empleados de comercio y de la industria[83][84]​aprobó la primera regulación laboral específica para trabajadores domésticos –fijado por un decreto de 1956–, reconociéndoles relación de dependencia a quienes trabajabann por lo menos cuatro horas diarias, cuatro días a la semana, y reconociéndoles a partir de entonces una indemnización por despido de medio mes por año de servicio[85][86]​se incrementó a $ 30.000 la indemnización por accidente de trabajo.[87]

Las cajas de jubilaciones de asalariados tuvieron entre 1950 y 1954 un superávit que rondaba el 4 por ciento del PBI, el resultado se revirtió rápidamente tras el golpe de Estado y las cajas pasaron a exhibir un elevado déficit, a partir de 1955 la jubilación media se redujo en un tercio en moneda constante, a una tasa de descenso aún mayor que la de los salarios.[88]​ El decreto/ley 9270/56, eliminó la personería gremial que otorgaba determinados derechos a los sindicatos más representativos, que así pasaban a ser entidades simplemente inscriptas, igualandolos a los sindicatos menos representativos.

Política económicaEditar

En el ámbito económico, Argentina ingresó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Se decretó la intervención de la CGT, la derogación de la ley de Asociaciones Profesionales y la restricción del derecho de huelga, el desmantelamiento de IAPI y la privatización de los depósitos bancarios. De los 371 millones de dólares que encontraron en el Banco Central, para el último día de la dictadura solo quedaban 125 y una deuda externa que comprometía mucho más que la totalidad de las reservas, mientras que el déficit de la balanza de pagos llegaba a los 339 millones de la misma moneda. El déficit fiscal, se había elevado a 38.000 millones. Se habían liquidado en solo dos años tres millones de cabezas de ganado, habíabajado sensiblemente la actividad industrial y aumentado exponencialmente la inflación, al tiempo que los salarios estaban contenidos y crecía la desocupación. Las importaciones sumaban en 1957, 1310 millones de dólares, superior a los 957 millones de exportaciones.[89]

Se dispuso la intervención de 40 firmas nacionales y extranjeras, entre ellas industrias como Kaises Argentina, Mercedes Benz, Fiat, Deuz, etc. En 1956 firmó un acuerdo con empresas fabricantes de tractores que lo llevó a un fuerte conflicto con la cámara argentina de fabricación de tractores y maquinaria agrícola, por los contratos que otorgaban el total control del sector a cuatro empresas extranjeras. La cámara sotenía que el oligopolio permitía a dichas firmas incrementar los precios abruptamente y cometer prácticas desleales, violentando los principios de competencia.[90]​Se promovió la industrialización de la Patagonia[cita requerida].Al finalizar su período, Argentina se encontraba en default, y la deuda externa había crecido hasta alcanzar los 1800 millones de dólares.[91]​ El déficit fiscal que en 1957 era de 27 000 millones de pesos moneda nacional, en 1958 se elevó a 38 000 millones.[91]​ Durante su gestión sumó nuevas obligaciones externas por 700 millones de dólares estadounidenses, que no pudo pagar, dejando al país al borde del default.[92][93]​ En 1955, meses antes de asumir como ministro, Argentina era un país acreedor y el Banco Central tenía 371 millones de dólares en reservas.[92][94]​Al finalizar la dictadura Argentina se encontraba en default, y la deuda externa había crecido. Cuando la dictadura tomó el poder Argentina era un país acreedor y el Banco Central tenía 371 millones de dólares en reservas. Al retirarse en 1958, la deuda externa era de 1800 millones de dólares. El déficit fiscal que en 1957 era de 27.000 millones de pesos, en 1958 se elevó a 38.000 millones.[95]

Se desarticuló todo el sistema económico montado por el peronismo, pasando la economía del país a depender enteramente de sus exportaciones de granos y carnes, que además estaban controladas por grandes empresas extranjeras. También el Banco Central dejó de ser un promotor del desarrollo para ser un simple estabilizador de precios.[96]​intentó expandir la economía vía del aumento salarial y de los impuestos.[97]​Instauró un régimen de control de cambio, no se podían transferir divisas al exterior, la compra de dólares e limitó a 50 dólares por persona por mes, y para hacerlo había que firmar una declaración jurada.[98]​En ese momento, se registraban vencimientos con Estados Unidos a lo que el gobierno de facto Eugenio Aramburu, sumó nuevas obligaciones por u$s 700 millones, que no pudo pagar.[99]​ Durante este período los términos de intercambio cayeron notablemente: en 1957 los precios eran un 13 % menores que los de 1953, a pesar de la política devaluatoria aplicada, las reservas declinaron y se acumularon las deudas comerciales. Se llevó a cabo una devaluación con lo se produjo un alza interna en los precios los productos primarios, se incrementó un 40 % para la carne y más de 200 % en el caso de los cereales.[100]​ Para cubrir el déficit comercial el gobierno debió recurrir a préstamos externos. Para ello entró en tratativas con el Exim-Bank de Estados Unidos y diversos bancos británicos, sin embargo a fines de 1956 la situación económica argentina se agravó, acusando la balanza comercial un déficit de 210 millones de dólares, cifra casi equivalente a la de las reservas existentes.[101]

El régimen llegó al punto de realizar incesantes emisiones de dinero, mientras que en el año 1956 la dictadura de Aramburu había emitido 3165 millones de pesos, en el año que terminaba, 1957, la cifra había ascendido casi al doble: 5904 millones

Fundó el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) el 4 de diciembre de 1956 mediante el Decreto Ley 21.680/56, y se nauguró la Usina de San Nicolás, en 1957.

Durante el régimen se formo una fuerza parapolicial, que bajo la mirada «vigilante» de los agentes del orden, grupos de antiperonistas, llamados «Comandos Civiles Revolucionarios», destruyeron locales partidarios, asaltaron sedes gremiales, atacaron locales de la Fundación Eva Perón y casas particulares de reconocidos funcionarios o militantes peronistas, quemaron miles de documentos,etc.[102]

Política cultural y educativaEditar

Siguiendo la política general de proscripción del peronismo, la dictadura militar reprimió sistemáticamente la expresión de las ideas de esa corriente política. Las posturas en contra del peronismo se profundizaron, decidiéndose la disolución del Partido Peronista y la inhabilitación política para sus dirigentes más destacados. De ese modo, fueron clausuradas publicaciones como la revista «De Frente» y el periódico Palabra Argentina, este último clausurado el 9 de junio de 1957, simultáneamente con el encarcelamiento de su director, Alejandro Olmos.[44]​Se dispuso que fueran intervenidos los más importantes periódicos colocando en ellos personas favorables al régimen. Carlos Alberto Erro fue el interventor de ALEA y ATLAS y se asignó a José Barreiro, director de El Mundo; también fueron intervenidos o expropiados el diarioMundo Argentino; el Hogar Democracia La Época; y Crítica. El 13 de junio de 1957 apareció muerto en su estudio de la calle San Martín 536, el doctor Marcos Satanowsky. El crimen estaba vinculado con la tenencia de las acciones del diario La Razón, intervenido por Aramburu. Peralta Ramos había recibido presiones y extorsiones para que entregara el diario al gobierno de Aramburu.[103]​La Marcha de la Libertad teniendo como objetivo la desperonización y combinando un gran despliegue de su aparato de propaganda, fue impuesta obligatoriamente dentro de las escuelas.[104]​Se impuzó una fuerte censura en el teatro y el cine, obras como La gata sobre el tejado de zinc como su película homónima fueron censuradas en Argentina durante el régimen militar autodenominado Revolución Libertadora.[105]​Encarceló al productor cinematográfico Hugo del Carril, y a los propietarios de la Argentina Sono Film.[106]​El rol protagónico lo tomo la Acción Católica Argentina desde la Dirección Central de Cine y Teatro de la A.C.A., encargada de “calificar” “moralmente” películas y obras de teatro. El dictador Aramburu impone mediante el Decreto 11.847 del año 1956 la formación de Comisiones de Censura Provinciales y Municipales.[107]

Se dictaron desde un primer momento una serie de disposiciones tendientes a eliminar todas aquellas referencias que de forma gráfica, escrita u oral hicieran mención al gobierno peronista. Como parte de la campaña de "desperonización de la sociedad" se encargo de aplicar el decreto 4161 que prohibía los nombres de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón, así como cualquier mención referida a la ideología peronista. Se establecía una pena de prisión de treinta días a seis años para los infractores. Adicionalmente las personas culpables debían pagar una multa y quedaban inhabilitadas para desempeñar cargos públicos, sindicales o en partidos políticos. Si se trataba de una empresa comercial, en la primera ocasión era clausurada quince días y si infringía el decreto por segunda vez era clausurada permanentemente, por lo que se dejaron sin efecto los nombres alusivos al peronismo o a fechas relacionadas a ese movimiento.

Se llegó al extremo de castigar a deportistas: cualquier figura del deporte relacionada o sospechada de haber brindado su apoyo a Perón, o de haber recibido favores de éste, pagaba con la exclusión social. Tal situación afectó a un centenar de atletas, como el remero olímpico Eduardo Guerrero, los campeones mundiales de básquet de 1950, el campeón sudamericano de bochas Roque Juárez, el maratonista Delfo Cabrera y hasta los corredores Walter Lemos y Osvaldo Suárez, que por consecuencia de la suspensión no pudo competir en la Maratón de Melbourne 1956.[108]

En materia universitaria se expulsaron a profesores simpatizantes del peronismo de las escuelas y universidades. La persecución motivó a muchos profesores a exiliarse. En los meses siguientes cientos de profesores fueron despedidos, renunciaron a sus cátedras o abandonaron el país. [109][110]​Se 1955 intervienen todas las universidades, se proyecta retornar a la autonomía universitaria respecto del gobierno con cogobierno estudiantil e independencia en la administración de los recursos y el nombramiento de los profesores, así traer un impulso modernizador.[111]​ El socialista José Luis Romero, fue nombrado rector de la Universidad de Buenos Aires, a partir de una terna elevada por la FUBA. Jorge Luis Borges fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. Es demolido el Palacio Unzué, casona que había pertenecido a la familia Unzué, en 1958 definió que el Palacio Unzué debería ser demolido.

A si mismo se dicto una proclama militar que causaría la cesantía de cientos de docentes. " Declárase absolutamente incompatible, bajo pena de exoneración, el desempeño de cualquier función o empleo público, inclusive el docente, o las tareas de cualquier clase originadas en nombramiento de Comisiones Investigadoras o Intervenciones decretadas por el Gobierno Revolucionario, con la intervención o participación, por sí o por interpósita persona, en el asesoramiento, defensa, patrocinio o representación de personas y/o sociedades o asociaciones interdictas o sometidas a responsabilidad penal, civil y/o administrativa por delitos o irregularidades investigadas durante el gobierno de la Revolución Libertadora".

En octubre de 1955 se interviene el Instituto Tecnológico del Sur, que al año siguiente será renombrado Universidad Nacional del Sur (UNS) en la sureña ciudad bonaerense de Bahía Blanca, produciendo decena de cesantías de profesores y académicos, entre ellos Santiago Bergé Vila y Antonio Tridenti, pertenecientes al grupo de profesionales fundadores del Instituto.[112]​ Benito Franchini y el doctor Solana, que se desempeñaba como vicerrector del ITS en 1954. También figuraron en esta nómina de cesanteados el ingeniero Antonio Siri, los doctores Romero Krause y Graziani, el doctor Remus Tetu, los profesores dr. Marcelo Galar, los ingenieros Alejandro Clara, David Craig, N. Cardona, Eloy Varela, Jorge Reyes, Manuel Muradás-docente de origen rumano se desempeñaba en la Escuela de Ciencias Económicas. Algunos de las decenas de profesores e investigadores cesanteados, como Antonio Tridenti, Remus Tetu y Arnaldo Cañueto, se incorporarían al comité Acción Pro Revisionismo Universitario de Bahía Blanca, con el fin de luchar por la derogación la legislación universitaria sancionada por la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu.[113]​ Se desencadenó una protesta estudiantil contra el decreto 6403/55 que imponía controles ideológicos a los profesores y un control represivo sobre la actividad estudiantil.[114]

Por iniciativa de Atilio Dell'Oro Maini también se ocupó de la situación de las Academias Nacionales e hizo aprobar un decreto-ley que continuó sin modificaciones en sucesivos gobiernos posteriores, dándoles autonomía académica y si bien debían rendir cuenta de la inversión de los fondos que entregara el Estado para su financiación, el gobierno no intervenía en su funcionamiento ni en la elección de sus autoridades.[cita requerida]

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que gozaba de autarquía fue intervenida, designándose al coronel Arturo Bullrich como interventor por el nuevo gobierno de facto.[115]​ también fue intervenida la Asociación Argentina de Tenis, por el presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu que exigió que se excluyeraa varios tenistas, entre ellos a María Terán de Weiss del circuito internacional, con la firma de Enrique Morea, exigencia que fue rechazada por la Asociación Internacional de Tenis, debido a "su evidente intencionalidad de persecución política contra Weiss". También fue intervenido el Comité Olímpico Argentino que a pesar de ser una entidad civil, autárquica, desvinculada por normas estatutarias de todo tipo de influencia económica, política, religiosa y racial fue intervenido.En el plano social se caracterizó por un fuerte conservadurismo, la censura y la represión. El libro Los desnudos y los muertos, novela de Norman Mailer, editada en los años previos a 1955 por editorial Sur, con una temática que alude al sexo, había sido secuestrada por la policía, incluso la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires secuestra con sus camiones los cuatro mil ejemplares de la edición. El orden dogmático se impone, prohíben la circulación del libro en el ámbito de la capital. Desde el ángulo social, otros hechos se suman a lo ya expuesto. En octubre de 1956, comisarios de distintas seccionales de la ciudad de Buenos Aires y de los partidos provinciales aledaños, emprenden razzias en sitios de reunión y en la vía pública y detienen a los "petiteros" (palabra que alude a cierta modalidad en el vestir), y en general a todos aquellos que usan el pelo largo.[116]

Respecto al tango y folklore, la autoproclamada Revolución Libertadora, como más tarde haría el autodenominado Proceso va a establecer una política sistemática de opresión, manipulación, apropiación y aniquilación de las expresiones populares.[117]

Simultáneamente al impulso brindado a las universidades nacionales tradicionales, el gobierno militar implementó una política de desfinanciamiento y postergación de la Universidad Obrera Nacional (UON), creada durante el gobierno de Perón, con la evidente intención de organizarla como instituto de formación no universitario. Los estudiantes de la UON se organizaron para reclamar la misma organización y reconocimiento que las demás universidades, y comenzaron a denominarla Universidad Tecnológica Nacional, denominación que finalmente fue adoptada de manera oficial, cuando la misma fue reconocida y organizada como universidad en 1959, durante el gobierno de Arturo Frondizi.[118]​El decreto incluyo también la cesantía de profesores universitarios, médicos y la elaboración de listas negras de artistas peronistas, a los cuáles se les negó créditos y censuró a través de diversos organismos y se los inscribió en listas negras, negandoles cualquier tipo de ayuda económica y prohibiéndoles participar de muestras artísticas.[119]

Producido el Golpe de Estado de 1955, el dictador Eduardo Lonardi emitió un bando donde Isidro Odena, fue nombrado Director Nacional de Radiodifusión. Pocos días después del derrocamiento del gobierno peronista varias escuelas fueron intervenidas, los estudiantes comenzaron a movilizarse, ocuparon establecimientos. Tanto en las escuelas dependientes del nivel nacional como en aquellas que estaban a cargo de la provincia de Buenos Aires, los ministros de Educación establecieron que las clases terminarían antes de tiempo, el 11 de noviembre. En un contexto igualmente conflictivo, se inició el período lectivo siguiente,20 con el agravante de que la epidemia de poliomielitis lo retrasó en las instituciones de educación primaria hasta mediados de mayo. [120]​Se procedió a una masiva censura de los libros de lectura y enseñanza Asimismo, cada una de las recien creadas Inspecciones de Enseñanza de los distritos de la provincia se abocaron a elegir los textos de lectura y depuraron de los textos vigentes.[121]​fueron acompañadas, en este contexto, de medidas orientadas al desplazamiento de docentes que pudieran ser identificados con el peronismo o el comunismo a través del decreto nº 2035 serie A del 28 de diciembre, a partir del cual, la Subsecretaría de Educación reglamentaba criterios de despido docentes.

Se cortan los créditos y el cine argentino enfrenta su peor época: se suspende por completo la producción y durante dos años no se estrenará ningún film argentino. El cine estuvo signado por una paralización de la producción cinematográfica, la suspensión de los créditos y la persecución de los hombres y mujeres de la industria cinematográfica que padecían la inclusión en listas negras, especialmente los ligados al peronismo o la izquierda.[122]​se elaboraron películas panfletarias[123]​ En 1955 Lucas y Atilio Mentasti, propietarios de Argentina Sono Films, fueron arrestados.[124]​se elaboran películas propagandísticas como Después del Silencio[125]​o el mito, con el objetivo de intentar desacreditar al peronismo.[126]​Se adoptaron medidas económicas a favor del catolicismo en las ecuelas, que comenzaron con el restablecimiento de subsidios a colegios religiosos el 19 de febrero de 1956, el 22 de mayo de 1957 se firmá el decreto por el cual se otorgaba a la educación privada subsidios.Estado e iglesia católica atendía también, la construcción de fundamentos políticos y pedagógicos sobre las modificaciones realizadas y por realizar en el curriculum oficial y especialmente en lo vinculado a la inclusión de la religión en la escuela pública. El 9 de junio el Consejo de Educación obliga a incluir en el horario de clases la enseñanza de la religión católica. Esta materia hacia finales de 1956 sería incorporada al curriculum oficial en carácter de materia de promoción obligatoria para los alumnos. [127]

[128]

A partir de 1957, con la nueva reglamentación de la radiodifusión, el medio entró en un terreno complejo. La censura y el cuidado de los contenidos en los programas se convirtieron en una práctica frecuente.[129]​Durante la misma, dictadura de 1955 a 1958, figuras identificadas con el depuesto gobierno de Perón fueron prohibidas: Hugo del Carril, Alberto Castillo, Tita Merello, Nelly Omar, Luis Elías Sojit, Américo Barrios, entre otras.[130]​ Asimismo se dictaron nuevas reglamentaciones con las que el medio entró en un terreno complejo, donde la censura y el cuidado de los contenidos en los programas se convirtieron en una práctica frecuente.[131]​Muchos tangueros peronistas, como Hugo del Carril, Nelly Omar, Héctor Mauré, Anita Palmero, Chola Luna, entre otros, fueron perseguidos por sus ideas y prácticamente nunca más volvieron a trabajar. Tormo, llamado «el cantor de los cabecitas negras» y reconocido como el «inventor del folklore de masas», sería prohibido por la dictadura.

Ante la censura oficial del régimen fueron creados períodicos clandestinos de breve duración ya que muchos fueron censurados y sus editores y periodistas encarcelados, entre ellos El Descamisado, dirigido por Malfredo Sawady; y La Argentina, dirigida por Nora Lagos, cDoctrina, dirigida por José Rubén García Martín, El Fedrealista, dirigido por José Antonio Guemes.Luego se incorporarían durante los siguientes años Tres Banderas y Compañeros, ambos dirigidos por J. Bernado Iturraspe; Bandera Popular, Palabra Argentina, dirigido por Alejandro Olmos; Palabra Prohibida, dirigido por Luis A. Sobrino Aranda; Rebeldía, dirigido por Manuel E. Bustos Nuñez; Línea Dura, dirigido por María Granata; etc.[132]

Durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu combinando un gran despliegue de su aparato de propaganda, la Marcha de la libertad, himno de las fuerzas golpistas de septiembre de 1955 fue impuesta obligatoriamente dentro de las escuelas.[133]

El gobierno militar desmanteló el CONITYC[134]​ que había congregado a importantes científicos, como el físico José Balseiro, Enrique Gaviola, el ingeniero nuclear Otto Gamba, los cuales debieron exiliarse o trabajar de forma privada, y se lo renombró como Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), designando a su frente al Premio Nobel Bernardo Houssay.[135]​Se creo el Fondo Nacional de las Artes dirigido por Victoria Ocampo, y en 1957 se decretó la "Ley del Cine", que creó el primer organismo especializado: el Instituto Nacional de Cinematografía (INC).[136]

La Iglesia Católica, frente a la caída de su principal defensor, el general Lonardi, recibió finalmente como prebenda el decreto 6403, que en su artículo 28 permitía la creación de universidades privadas, el estudiantado protestaba en las escuelas secundarias y en las universidades extendiendo sus huelgas y movilizaciones a todo el país. Lo que llevó a la renuncia del ministro Dell’Oro Maini, que estaba en Perú, también renunciaron el subsecretario de Educación, Belisario Moreno Hueyo, y varios interventores en las universidades. El gobierno aceptó las renuncias y le dejó al próximo gobierno la reglamentación y aplicación del polémico decreto. [137]

También se incluyó la degradación de oficiales y suboficiales de las tres armas que habían actuado en defensa del gobierno constitucional derrocado, fueran o no peronistas, la puesta en disponibilidad del personal docente y administrativo de los distintos niveles educativos y clausulas discriminatorias para acceder a cargos o concursos, cesantías en reparticiones de salud pública, en la justicia y en otras dependencias estatales. [138]

El 9 de noviembre de 1956 se crea la "Junta de Defensa de la Democracia", un organismo destinado a perseguir a los comunistas, cuyo director fue Luis María Bullrich, el ente gubernamental tendría como tarea de calificar las publicaciones culturales, económicas, sociales o políticas en la misma forma que se hará con las organizaciones. Durante ese mes continuo el traslado de presos políticos comunistas desde la Penitenciaría Nacional y la cárcel de Olmos al buque París. Entre otros fue arrestado el famoso Osvaldo Pugliese, quién compartió celda Rodolfo y Orestes Ghioldi, dirigentes de larga data del Partido Comunista, y curiosamente hermanos de Américo Ghioldi uno de los civiles que apoyaban la dictadura.[139]​También fue detenido por el régimen militar el reconocido poeta chileno Pablo Neruda que se encontraba de paso en Buenos Aires y trasladado a la penal de Las Heras donde sufrió vejaciones.[140]

Relaciones exterioresEditar

Respecto a las relaciones exteriores se produjeron varias controversias, en 1957 agentes del régimen militar presidido por Pedro Eugenio Aramburu colocan un artefacto explosivo en el automóvil asignado a Juan Domingo Perón que se hallaba exiliado en Caracas[141]​ al estallar un vehículo de su propiedad en la esquina de Venus, en Caracas muriendo tres ciudadanos venezolanos. El gobierno venezolano procedió a llamar al Embajador de Venezuela en Argentina y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela declaró persona no grata al embajador argentino Toranzo Montero, responsable del atentado. El comunicado emitido por el Ministerio explicaba que lo efectuaba por “existir fundados indicios de que en la sede de la Representación Diplomática de la República Argentina se ha venido fraguando sucesivos atentados contra la vida de refugiados políticos que en nuestro país, se acogen al derecho de asilo territorial”. A los pocos días agentes argentinos perpetran un nuevo atentado en Caracas que terminó con la muerte de cinco venezolanos en las inmediaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Pérez Jiménez acusó la injerencia extranjera y rompió relaciones con Argentina.[44]

En Panamá un comando argentino fue enviado al Hotel Washington con el objetivo de matar a Perón. La guardia nacional panameña pone hombres para custodiar a Perón. La guardia nacional panameña descubre intentos para asesinar a Perón, pero fueron frustrados y deportados los mercenarios, lo que originó una grave crisis diplomática con Argentina.[142]

Durante su gestión también se produce el asalto argentino a la embajada de Haití. En 1956, en la madrugada del jueves 14 una veintena de hombres fuertemente armados comandados por el general Domingo Quaranta, jefe del Servicio de Informaciones del Estado (SIDE) penetra violentamente en la sede diplomática haitiana, sacando por la fuerza a siete asilados políticos. Estos son obligados a ubicarse a lo largo de la verja exterior de la embajada. El grupo asaltante se posiciona frente a ellos preparando sus armas con la intención es fusilarlos allí mismo. Pero se presenta Therese Brierre, esposa del embajador. El general Quaranta, mano derecha del dictador Pedro Eugenio Aramburu la aparta bruscamente “-callate negra hija de puta”. Ante el escándalo un grupo de vecinos se acerca. La señora Brierre por vía telefónica denuncia inmediatamente el hecho a las agencias internacionales de noticias y se comunica con el ministerio de asuntos exteriores haitiano solicitando su intervención, logrando salvar a los asilados que iban a ser fusilados.[143]​Lejos de ser sancionado, el general Quaranta fue premiado meses después por los jefes de la ahora «revolución fusiladora» con la jefatura de la Secretaría de Informaciones del Estado, la SIDE.

En 1958 el régimen de Aramburu financió, entrenó y apoyó la invasión al Paraguay desde territorio argentino de un comando militar que atacó el 1 de abril la localidad de Coronel Bogado, causando la muerte de un número nunca determinado de ciudadanos paraguayos, con el fin de anular la influencia brasileña en la dictadura del general Alfredo Stroessner. Paraguay denunció la agresión argentina ante la Organización de Estados Americanos y la crisis llevó a que Argentina y Brasil quedaran al borde de la guerra.[144][145]

En 1956 llegó a Venezuela un individuo llamado Lluvisa Nicodevieth, procedente del Estado Libre de Tánger contratado por el Secretario de la Embajada Argentina en Venezuela, A Rottjer quién lo había contratado por intermedio de una organización delictiva, para ejecutar un a Perón en Venezuela.

Durante la noche del 22 de noviembre de 1955, por órdenes directas del dictador Pedro Eugenio Aramburu, un comando de marinos al mando del teniente coronel Carlos de Moori Koenig entró por la fuerza en el edificio de la CGT, derribó el busto de Evita que se encontraba en el primer piso y con armas forzaron la puerta de la capilla del segundo piso. Allí quemaron las banderas argentinas dispuestas sobre el cadáver de Eva Duarte y orinaron sobre el mismo.[146]​ El relato del exmayor Jorge Dansey Gazcón difiere, ya que asegura que fue él quién lo trasladó.[147]​ Desde ese momento se estableció un itinerario macabro y perverso.[148]​ Aramburu destituyó a Moori Koenig y le encomendó al coronel Héctor Cabanillas sepultarlo clandestinamente. [149]​El 23 de abril de 1957 el cadáver fue trasladado en secreto en el barco Conte Biancamano a Génova (Italia) en un ataúd que se explicaba pertenecía a una mujer llamada María Maggi de Magistris y fue enterrado bajo ese nombre en Milán.[148]

El gobierno del general Lonardi tuvo una vida efímera y su gestión con respecto a la URSS no alcanzó a delinearse. Con el arribo, en noviembre de 1955, de Pedro Eugenio Aramburu comenzó a precisarse la política hacia Moscú, con una base ideológica netamente anticomunista, durante el lapso de la dictadura las relaciones comerciales y diplomáticas argentino-soviéticas volvieron a entrar en un impasse, con una caída de los montos del intercambio a pesar de no anularse el convenio vigente con la URSS, siendo el año1956 el de mayor deterioro que comenzó a manifestarse en el comercio pero se extendió a los vínculos diplomáticos y políticos.[150]​También fueron deterioradas las relaciones con todos los países del bloque oriental.[151]

Etapa finalEditar

El 30 de noviembre de 1956, el ministro de Aeronáutica, comodoro Julio César Krause, le envió a Aramburu el siguiente informe confidencial que describía la situación económica del país, producto de un trabajo intenso de sus asesores, del Servicio de Informaciones de la Aeronáutica y de la consulta a técnicos de diferentes tendencias. En éste informe ponía en conocimiento de Aramburu sus comprobaciones acerca de como se estaban cumpliendo los objetivos del movimiento revolucionario que los había puesto en el poder: En lo referente a los hechos económicos afirmaba: 1 Aumento del costo de la vida; 2 Disminución de nuestras exportaciones; 3) Disminución del precio internacional de nuestros productos; 4 Disminución de nuestras reservas de oro; 5 Disminución de las ventas del comercio minorista; 6 Disminución del área sembrada de nuestros cereales; 7 Baja de los valores de la Bolsa; 8 Continuación de la evasión de divisas; 9 Reducción de nuestro comercio exterior con los países limítrofes; 10 Carencia de apoyo y obstáculos al desarrollo industrial; 11 Desplazamiento de renta nacional a otros sectores en perjuicio de la industria; 12 Aumento general de todos los productos importados; Aumento de fletes y pasajes al exterior.

Al mismo tiempo el informe confidencial argumentaba que la causa de ello eran: 1 Que la política económica se ha orientado decididamente para beneficio de un sector en perjuicio del interés general de la familia argentina; 2 que por la misma causa se han beneficiado mercados extranjeros; 3 que tal orientación económica se asegura mediante la designación de funcionarios vinculados a los intereses del sector mencionado; 4 que la ponderación de conceptos doctrinarios tales como: libertad de empresa, supresión del dirigismo, etc, podrían tener como objeto afirmar esta política económica provechosa para el mismo sector; 5 que los propiciadores del Gobierno Provisional son movidos por el mismo interés de aumentar el tiempo en beneficio propio o de asegurar esta orientación de la economía; 6 que la política económica apreciada conducirá a la lucha de clases y por ende a la violencia, y a una nueva intervención de las Fuerzas Armadas en la vida cívica de la Nación.[152]

El fin del régimen dejaba un país fracturado políticamente, con graves problemas económicos y una miseria que se agudizaba cada día y que para 1958 arrojaba la cifra de cinco lactantes muertos cada hora por desnutrición o por enfermedades vinculadas a la pobreza.[153]

A comienzos de 1957 se produce el asesinato de Miguel Modesto Figueredo, de 14 años,debido a una violenta represión policial contra los huelguistas ferroviarios de Tafí Viejo (Tucumán). Ese mismo mes se declara una huelga de recolectores y barrenderos que tapó de basura la Capital Federal.

Entretanto, los radicales estaban inmersos en feroces luchas internas por acceder, después de casi treinta años, a los cargos ejecutivos del país. El candidato tempranamente designado era Frondizi, visto con muy malos ojos por el dictador Aramburu, que decidió apostar a la división del radicalismo y apoyar decididamente al sector de Balbín: se hizo entregó a los balbinistas todas las intendencias de la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más importante del país, el Interventor de facto de la Provincia de Buenos Aires, Coronel Bonecarrere, pidió la renuncia a todos sus Interventores Municipales, para darle el control de las mismas a los radicales balbinistas. Las maniobras encaminadas por la mano derecha de Aramburu, el capitán de fragata y jefe de la Casa Militar, Francisco Manrique, dieron sus frutos y para marzo ya existían la balbinista y oficialista UCR del Pueblo, y la frondicista UCR Intransigente. En ese contexto se anunció que el 23 de febrero de 1958, se producirían elecciones generales. Pocos días después creaba la Junta de Defensa de la Democracia, un organismo destinado a perseguir a los comunistas. Se designó para presidirlo al militante católico Luis María Bullrich, quien estaría acompañado por Andrés Bacigalupo Rosende, Juan Carlos Cruz, Reynaldo Pastor y Adolfo Sánchez Zinny como vocales. Los perseguidos fueron los partidos y organizaciones izquierdistas, incluso cancelándose la personería de los partidos Comunista, Obrero Revolucionario, Cívico, Obrero Revolucionario Trotskista y Unión Cívica Radical Junta Renovadora. De estos solo el Partido Comunista pudo presentarse a elecciones.[154]

La Revolución Libertadora y la oposición peronismo-antiperonismoEditar

Esta etapa ha sido materia de encendido debates sobre su justificación, en el marco de la oposición entre peronismo y antiperonismo. Históricamente, peronistas y antiperonistas se han acusado mutuamente de no proceder en forma democrática: el peronismo señalando la participación de políticos no peronistas y antiperonistas en complots, actos terroristas e intentos de golpes de Estado;[155]​ y algunos no peronistas y los antiperonistas calificando como autoritario el proceder de algunos actos del gobierno, algunas medidas sobre los medios de comunicación y algunas acciones represivas.[156]​Durante años funcionó en el Círculo Naval la Comisión de Afirmación de la Revolución Libertadora, integrada por Alfredo Astiz, Jorge Acosta, Adolfo Miguel Donda – presos en Marcos Paz, Edgardo Campiantico y los capitanes de navío Gustavo Ottogalli y Ricardo Horacio Aumann, Vicente Massot[157]​ el historiador Isidoro Ruiz Moreno; Horacio García Belsunce, Rafael Sarmiento, Alberto Rodríguez Varela;Arturo Ossorio Arana y Guillermo de la Plaza, entre otros.[158]

Sin embargo esos debates se han ido atenuando desde la instalación definitiva de la democracia el 10 de diciembre de 1983. Los gobiernos democráticos instalados desde entonces, han tendido a no reconocer legitimidad histórica a ninguno de los gobiernos militares, incluida la Revolución Libertadora, y se han abstenido de utilizar los nombres de sus gobernantes de facto para designar calles, edificios, plazas y otros espacios públicos, así como realizar actos de conmemoración de los golpes, a la vez que se han aprobado iniciativas para cambiar nombres de espacios públicos que llevaban sus nombres.[159]​ En sentido contrario, los nombres de funcionarios del gobierno peronista derrocado en 1955, incluido el del presidente Juan D. Perón, han sido aplicados a diversos ámbitos públicos.[160]

Dentro de esta tendencia es el proceso de cambio de nombre del tramo autopista de la Ruta Nacional Nº 9 que une las ciudades de Rosario y San Nicolás. Al mismo se le había sido dado el nombre de Pedro Eugenio Aramburu en 1979, durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional.[161]​ En 2005, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Rosario, aprobó una resolución declarando que la misma debía ser renombrada como Juan José Valle, en memoria del militar peronista fusilado por la Revolución Libertadora.[162]​ Poco después, ese mismo año, hicieron lo mismo los concejos deliberantes de las ciudades de San Nicolás y Villa Constitución.[163]

En 2006, el senador justicialista y ex gobernador de Santa Fe Carlos Reutemann y la senadora Roxana Latorre, presentaron un proyecto de ley para dar a la Ruta 9 el nombre de Juan José Valle en toda su extensión, obteniendo la media sanción de la cámara el 11 de abril de 2007; pasado a la Cámara de Diputados, fue aprobado por unanimidad en comisión el 10 de junio de 2008.[164]

En marzo de 1999 el presidente Carlos Menem firmó el proyecto de indemnización para resarcir económicamente a los descendientes de las 31 personas fusiladas el 9 de junio de 1956.[165]​ El 2012 se promulgó ley que equipara los derechos a percibir resarcimientos por parte del Estado a las víctimas de la última dictadura con las que padecieron los bombardeos a Plaza de Mayo y el golpe de Estado de 1955, que derrocó a Juan Domingo Perón de su segunda presidencia. [166]

En 2008 se inauguró también, frente a la Casa Rosada, un monumento en memoria de las víctimas del Bombardeo de Plaza de mayo de 1955.[167]

En 2005 el ejército argentino recordó a los caídos en junio de 1956 por oponerse a la Revolución Libertadora, expresando:"Ratificamos nuestra firme decisión de que nunca más las armas de la patria serán empuñadas en luchas fratricidas, ni se convertirán en instrumentos al servicio de la intolerancia y de la opresión".[168]

Los fusilamientos y secuestro de AramburuEditar

El peronismo y algunos otros sectores de opinión, suelen utilizar el término «Revolución Fusiladora» para referirse a éste período, aludiendo a los fusilamientos de 1956, luego de un fracasado el intento de levantamiento contra el régimen militar encabezado por el general Juan José Valle.[169]​En menos de 48 horas, civiles y militares son fusilados en Lanús, La Plata, José León Suárez, Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejercito y la Penitenciaria Nacional. Para la noche del 11 de junio de 1956, la lista de ejecutados asciende a 16 militares y 13 civiles.[170]

A partir del golpe de 1955 también se popularizó el término "gorila", para denominar a los civiles y militares antiperonistas. El término fue tomado de un sketch cómico del humorista Aldo Cammarota que no tenía connotaciones políticas. Inicialmente tuvo un sentido elogioso de los militares y civiles que conspiraban para derrocar a Perón. Con el paso del tiempo, el término adoptó un sentido peyorativo. Desde entonces, la población comenzó a utilizar esa misma expresión para referirse a los movimiento de las tropas.[171][172]​En 2005 el Jefe del Ejército argentino expresó que la sentencia fatal contra Valle fue parte de un dispositivo desesperado por silenciar el disenso y la historia, que se expresó también en la proscripción del peronismo, el acoso al movimiento obrero, el robo del cadáver de Eva Perón y la censura.[173]

En 1970 el general Pedro Eugenio Aramburu fue secuestrado por el grupo guerrillero Montoneros, de extracción católica, peronista e izquierdista, y sometido a un «juicio revolucionario» donde se le imputaron «108 cargos de traidor a la patria y de asesino de 27 argentinos», refiriéndose a los fusilamientos de José León Suaréz. Fue ejecutado por Fernando Abal Medina el 1 de junio de ese año.[174]​ Algunos historiadores han afirmado que las causas de la muerte de Aramburu fueron más complejas, y estaban relacionadas con las circunstancias políticas en las que se estaba desenvolviendo el gobierno militar de Juan Carlos Onganía, frente al cual el general Aramburu estaba organizando una oposición que llevara a una salida electoral.[175][176][177][178]

Véase tambiénEditar

ReferenciasEditar

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  22. La frase "sin vencidos ni vencedores" fue insertada por Justo José de Urquiza en una cláusula del tratado que firmara el 8 de octubre de 1851, con motivo de la rendición de Manuel Oribe, aliado de Juan Manuel de Rosas, en la Guerra Grande uruguaya, pocos días después que Urquiza en alianza con Brasil, iniciara su enfrentamiento a Rosas, y que terminaría con la caída de este último al año siguiente.
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  162. Proyecto de ley para designar con el nombre de general Juan José Valle al tramo de la ruta Nacional 9 - San Nicolás, provincia de Buenos Aires - Rosario, Provincia de Santa Fe., Cámara de Diputados de la Nación.
  163. Piden cambiar nombre a la autopista, Villa Constitución.
  164. El proyecto fue presentado el 15 de agosto de 2006 y tramitó en el Senado por expediente 2870-S-2006. En la Cámara de Diputados tramita por expediente 0037-S-2007. Fuente: Base de datos del Congreso de la Nación Argentina.
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BibliografíaEditar

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NotasEditar

Enlaces externosEditar