Proceso de destitución

figura jurídica en países con un modelo de gobierno presidencialista mediante el cual se pueden imputar a un alto cargo del Gobierno
(Redirigido desde «Impeachment»)
Bill Clinton y Donald Trump, fotografiados en la Torre Trump en 2000. Ambos presidentes fueron investigados y enviados a juicio por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos (en 1998 y 2019, respectivamente) y absueltos por el Senado.
La presidenta brasileña Dilma Rousseff junto su par surcoreana Park Geun-hye en una visita de Estado en 2015. Ambas fueron juzgadas y destituidas al año siguiente.

Un proceso de destitución[1]​ (o simplemente destitución),[2]juicio político[1]​ o, también por su variante en inglés, impeachment[1][3]​ (pronunciado Acerca de este sonido /ɪmˈpiːtʃmənt/)[4]​ designa una figura del derecho en países con un modelo de gobierno presidencialista (por ejemplo, países anglosajones como Estados Unidos, así como la mayoría de los basados en el derecho continental) mediante el cual se puede hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos, particularmente de los más altos cargos o autoridades —jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, magistrados de los tribunales superiores de justicia, generales o almirantes de las fuerzas armadas—, que se realiza ante el Parlamento o Congreso. La condena o declaración de culpabilidad del acusado puede ocasionar su destitución e incluso su inhabilitación para funciones similares, autorizar que sea juzgado por los tribunales ordinarios de justicia o tener efectos meramente políticos. En cualquier caso, la sanción o sus efectos depende de la Constitución del país.

En el ámbito anglosajón, se refiere a la acusación o impugnación y suele ser el inicio de un proceso de enjuiciamiento político (generalmente en la Cámara Baja) y posteriormente juicio del acusado (en la Cámara Alta). El individuo que ha sido objeto de un proceso de destitución deberá hacer frente a la posibilidad de ser condenado por una votación del órgano legislativo, lo cual ocasionaría su destitución e inhabilitación para funciones similares. Así, por ejemplo, aunque Bill Clinton fue objeto de impeachment, no fue depuesto del cargo ya que fue exonerado por el Senado.

En América Latina es típico de sus sistemas presidencialistas y su origen está vinculado al mencionado impeachment del derecho anglosajón y al juicio de residencia del derecho indiano. Otros nombre con el que se conoce al proceso en el mundo hispano son procedimiento de destitución, juicio de desafuero, proceso político,[1]proceso de revocación del mandato,[5][6][7]moción de censura, juicio público, impugnación, residenciamiento,[8]impedimento, remoción, deposición, acusación pública, acusación constitucional, acusación en juicio político, vacancia o reprobación.

Etimología de impeachmentEditar

La palabra impeachment proviene del inglés medio empēchement, que, según el Middle English Dictionary, significaba ‘estorbo’ (hindrance), ‘impedimento’ (impediment), ‘obstáculo’ (obstacle), ‘obstrucción’ (obstruction), ‘acusación legal o cargo’ (legal accusation or charge), ‘acto de cuestionar o desacreditar’ (act of calling into question or discrediting), ‘impugnación de un reclamo o derecho’ (challenge to a claim or right).[9]​ Este vocablo tiene dos posibles orígenes:

  1. Del inglés medio empechen, empeschen, empesche, enpechen, impechen ‘hacer que se atasque’ (to cause to get stuck), ‘encallar un barco’ (of a ship: to run aground), ‘bloquear, obstruir’ (to block, obstruct), ‘obstaculizar, impedir’ (to hinder, impede), ‘prevenir, interferir con, dañar’ (to prevent; to interfere with, harm), ‘criticar, menospreciar’ (to criticize, disparage), ‘presentar cargos contra’ (to bring charges against), ‘acusar formalmente de traición u otro delito grave’ (to formally accuse of treason or another high crime) → del anglonormando empecher → del francés antiguo empechier, empeechier.[10]​ Se añade el sufijo -ment, que forma sustantivos de acción, sustantivos concretos y sustantivos que indican un resultado o una condición o estado.
  2. Directamente del francés antiguo empechement, empeechement, empeschement ‘obstáculo’ (obstacle), de empeechier ‘encadenar, obstaculizar’ (to fetter; to hinder), empescher ‘inhibir, prevenir’ (to inhibit, prevent) + -ment. En el francés moderno permanece como empêchement ‘impedimento, obstáculo’ (impediment, obstacle).[11][12]

De acuerdo al Oxford English Dictionary, las voces empechier, empeechier y empescher en francés antiguo (así como el francés moderno empêcher ‘prevenir’ [to prevent]) derivan del latín tardío impedicāre ‘atrapar, enredar’ (to catch; to entangle), presente infinitivo activo del latín impedicō ‘enredar, encadenar’ (to entangle; to fetter), a partir de im- (variante de in-) + pedica ‘grillos, grillete, lazo, trampa’ (fetter, shackle; snare, trap), de pēs ‘pie’ (foot), en última instancia, surgido del protoindoeuropeo *ped- ‘pisar, caminar, caer, tropezar’ (to step, walk; to fall, stumble) + la partícula de tercera declinación .[13]​ La misma obra advierte que en las definiciones de accusation, charge («acusación, cargo») y accusation and prosecution of a person of treason of other high crime or misdemeanour before a competent tribunal («acusación y enjuiciamiento de una persona de traición de otro delito grave o delito menor ante un tribunal competente»), la voz impeachment era relacionada con el latín medieval impetītio, a partir de impetere, presente infinitivo activo de impetō ‘asaltar, atacar, apresurarse’ (to assail, attack, rush upon); sin embargo, ambas palabras no tienen conexión etimológica.[11][12][13]

HistoriaEditar

El impeachment es una antigua institución del common law que surgió en el siglo XIV en Inglaterra, una monarquía parlamentaria donde la Corona nunca podía ser procesada en casos penales o civiles. Esta inviolabilidad real se expresaba con el popular aforismo «el rey no puede actuar ilegalmente» (the king can do no wrong en inglés, rex non potest peccare en latín), protección que se extendía a los agentes de la Corona, por lo que era imposible en ese momento presentar un cargo contra la Corona en la corte del monarca (tribunal de justicia ordinaria).[a][b]​ El impeachment era una elusión de esta regla: se podía presentar una apelación ante el king in parliament (formación política del Curia Regis). Cuando el agente del rey estaba causando daño a los súbditos, mientras ejercía sus poderes en nombre del soberano, el monarca podía juzgar a su ministro.[16]​ De esta manera, en 1376 el Parlamento acusó de corrupción e incapacidad a algunos ministros del rey Eduardo III y su amante Alice Perrers.[17]​ Pronto surgió la idea de que se podía criticar la política del rey mediante una imputación ficticia de responsabilidad: se suponía que el agente del rey lo había desaconsejado cuando estaba tomando su decisión.[16]

Durante el reinado de Eduardo IV el recurso de impeachment cayó en desuso y fue suprimido a la llegada de los reyes Tudor.[18]​ Cuando Jacobo I quiso restablecer la monarquía absoluta en 1621, Edward Coke, líder de la oposición parlamentaria, redescubrió los procedimientos. Debido a que el rey puede juzgar a su ministro durante el king in parliament, Coke reconoció el riesgo de que el monarca fuese juez y parte en el proceso. Desde el momento en que Jacobo I aceptó no presidir el juicio, la oposición parlamentaria pudo sistematizar los ataques contra él y su política a través de sus ministros, sin que el rey tuviese ningún poder de control o fuese capaz de defenderse.[19]​ El uso del impeachment se convirtió en un arma política que a largo plazo cambió la distribución del poder entre el Parlamento y el rey. Lentamente, el régimen monárquico moderado se transformó a lo largo de las revoluciones en un sistema parlamentario con la aparición de la responsabilidad política del gobierno ante el Parlamento —en 1782, los parlamentarios obtuvieron la renuncia colectiva del gobierno dirigido por Frederick North—,[20]​ que desvaneció el poder real antes de la era victoriana (1824-1834).[21]

 
Juicio de Simon Fraser de Lovat (marzo de 1747) por «traición a la Corona» en su cambio de lealtad a la causa jacobita durante la batalla de Culloden. El proceso se realizó en Westminster Hall, la parte más antigua del edificio que data del siglo XI. Fue sentenciado a muerte.

El hostigamiento sistemático por parte del gabinete (de 1670 a 1680) también condujo a la creación de una oposición permanente dentro del Parlamento, favorable de la política del rey y opuesta al impeachment llevado a cabo por opositores contra los ministros leales a la Corona: la aparición de partidos políticos.[22]​ Para protegerse de estos ataques sistémicos, el rey compró un grupo de apoyo permanente para sus fines. Si bien inicialmente había alrededor de treinta personas afines a Carlos II durante el ministerio de Henry Danvers (1673-1679),[23]​ la corrupción se extendió entre 1721 y 1742: un tercio de las Cámaras, así como los votantes, aceptaron sobornos mientras Robert Walpole era ministro principal.[24]​ Este último, bajo la crítica de la oposición dirigida por Henry St John —quien apoyaba una estricta separación de poderes y un sistema presidencial—, desarrolló la teoría de una separación flexible de poderes, en el que el rey y su gobierno podían recibir apoyo de los parlamentarios.[25]​ Al mismo tiempo (entre las dos revoluciones inglesas), la responsabilidad de los ministros se transformó: mientras que antes era personal y criminal —con mayor frecuencia, resultaba en una pena de muerte si se perdía el juicio ante el Parlamento—, el impeachment sistemático la convirtió en responsabilidad política —el ministro responde por sus actos ante el Parlamento—, para quienes ostentan el gobierno en su conjunto (aparición del sistema parlamentario).[26]​ Además, la Cámara de los Lores sostenía originalmente que el impeachment únicamente podía aplicarse a los miembros de la nobleza, quienes solo serían juzgados por sus pares, mientras que los plebeyos (en la Cámara de los Comunes) harían lo suyo con sus pares —otros plebeyos— en un jurado. No obstante, en 1681, los comunes declararon que tenían el derecho de acusar a cualquiera y los lores han respetado dicha resolución. Los funcionarios públicos que ocupaban su cargo «durante un buen comportamiento» (during good behaviour) podían ser cesados por mandamiento judicial de quo warranto o scire facias, edictos que incluso fueron empleados por y contra jueces de buena posición.[27]

Los partidarios de St John se exiliaron principalmente en las Trece Colonias, lo que explica en parte el establecimiento del sistema presidencial al conseguir la independencia.[28]​ Conscientes del proceso por el cual, en 1649, Carlos I fue juzgado ante el «Parlamento Rabadilla» del Nuevo Ejército Modelo,[b]​ los delegados a la Convención Constitucional de 1787 decidieron incluir un procedimiento de destitución en el artículo II sección 4 de la Constitución de Filadelfia, que podría aplicarse a cualquier funcionario del gobierno; mencionaron explícitamente al presidente para asegurarse de que no hubiera ambigüedad.[29]​ Sin embargo, diferían las opiniones sobre las razones por las cuales el Congreso podía iniciarlo. Los borradores iniciales enumeraban solo la traición y el cohecho, pero George Mason era partidario de la destitución por «mala administración» (maladministration). James Madison argumentó que el proceso debería invocarse solo en caso de conducta criminal y que un estándar de mala administración significaría efectivamente que el presidente estaría a merced del Senado. Entonces, los delegados adoptaron una versión de compromiso, ideada por Mason, que estableció la acusación por «traición, cohecho u otros delitos y faltas graves» (Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors) y que la condena del Senado requiere el apoyo de una mayoría de dos tercios de los senadores presentes.[30]

En América Latina, el juicio de residencia de la época colonial, que tenía por objeto conocer el desempeño de los funcionarios públicos, fue incorporado a las cartas magnas de la nuevas repúblicas y, con el tiempo, tomó elementos del impeachment estadounidense, lo que creó instrumentos para hacer efectiva la responsabilidad constitucional del gobierno.[31][32]

Funcionamiento en distintas jurisdiccionesEditar

AlemaniaEditar

La Dieta Federal (Bundestag) y el Consejo Federal (Bundesrat) pueden acusar al presidente si ha violado deliberadamente la ley federal. Si la Dieta Federal o el Consejo Federal aprueban el proceso contra el presidente, el caso pasa al Tribunal Constitucional Federal, que decidirá si el presidente es culpable de los cargos y, si confirma la resolución, lo destituirá. Dicho órgano también tiene el poder de cesar a los jueces federales que hayan quebrantado intencionalmente los principios básicos de la Ley Fundamental de Alemania o una Constitución estatal. El procedimiento de juicio político está regulado en el artículo 61 de la Ley Fundamental.

No existe un proceso formal de destitución para el canciller; sin embargo, la Dieta Federal puede reemplazarlo en cualquier momento votando en una moción de censura constructiva (artículo 67), evento que solo ha ocurrido en 1972 y 1982 (la segunda es la única que tuvo éxito, con la salida de Helmut Schmidt y elección de Helmut Kohl).[33]​ Junto con el canciller depuesto, cesan los ministerios federales, aunque el presidente puede solicitar que continúen provisionalmente hasta la designación de un sucesor (artículo 69).

ArgentinaEditar

La Constitución de la Nación Argentina establece en su artículo 53 la potestad a la Cámara de Diputados de acusar ante la Senado «al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes».[34]

El presidente de la Corte Suprema de Justicia dirige el Senado en el juicio al jefe de Estado. En el caso de que el Senado decida por la mayoría de dos tercios de votos sobre todos los cargos antes mencionados o sobre alguno de ellos (artículo 59), se declarará al acusado incurso en la destitución de su empleo, conforme al artículo 60 de la Constitución:[35]

Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios.

Aunque el procedimiento se incorporó a la Constitución de 1819, el primer caso de un juicio político fue el de Juan Palma, juez federal de Mendoza, cuya acusación fue rechazada y la causa terminó con la «absolución» en 1866. Desde entonces, solamente se han destituido por este procedimiento a jueces de la Corte Suprema de Justicia o tribunales interiores del poder judicial federal. Estos últimos fueron excluidos de juicio político en el Congreso por la reforma constitucional de 1994, ya que en adelante sus casos se examinarían en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (artículos 53 y 115).[36]

De 1999 a 2018, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados recibió 231 pedidos de juicio político, la gran mayoría por la causal de mal de desempeño del cargo: por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner recibió siete de estas denuncias durante su mandato, Mauricio Macri tuvo dos y una ministra de su Gobierno, Patricia Bullrich, siete. Casi todas las causas han sido desechadas por la comisión y la última vez que el Congreso destituyó a funcionarios mediante juicio político fue en 2003, al comienzo de la presidencia de Néstor Kirchner, en un proyecto iniciado por Eduardo Duhalde contra cinco jueces de la Corte Suprema por presunta corrupción: tres de ellos renunciaron durante el proceso, mientras que los otros dos (Eduardo Moliné O'Connor y Antonio Boggiano) terminaron destituidos por el Senado.[37]

AustriaEditar

De acuerdo con el artículo 142 de la Ley Constitucional Federal de Austria, el Parlamento puede presentar la llamada «acusación ministerial» (Ministeranklage) contra el presidente o los otros órganos administrativos superiores, como el canciller, miembros de los ministerios federales, gobiernos estatales y consejos provinciales ante el Tribunal Constitucional, cuya condena es la destitución el cargo y, en circunstancias particularmente agravantes, perder los derechos políticos —como el derecho a presentarse a las elecciones—; en caso de violaciones menores de la ley, el Tribunal Constitucional puede limitarse a determinar que ha habido una infracción.

La Ley Constitucional Federal establece en el artículo 60 párrafo 6 que el presidente puede ser removido por referéndum, que se lleva a cabo si la Asamblea Federal (Bundesversammlung) así lo solicita. Para este propósito, el canciller convocará a la Asamblea Federal si el Consejo Nacional (Nationalrat) ha resuelto dicha solicitud. La decisión del Consejo Nacional requiere la presencia de al menos la mitad de los miembros y una mayoría de dos tercios de los votos emitidos. Tal decisión del Consejo Nacional impide al presidente ejercer más su cargo. El rechazo a la destitución en el referéndum se considera la nueva elección del presidente y tiene como resultado la disolución y nuevos comicios del Consejo Nacional. También en este caso, el mandato completo del presidente no puede exceder los doce años.

BrasilEditar

 
Dilma Rousseff argumentando su defensa ante el Senado Federal del Brasil en el juicio político de su proceso de destitución (30 de agosto de 2016).

Según los artículos 51,[34]​ 52[35]​ y 85 de la Constitución del Brasil, el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes, así como sus respectivos subalternos, pueden ser acusados por la Cámara de Diputados y juzgados y destituidos por el Senado. La Constitución exige que dos tercios de los diputados voten a favor de la destitución y el mismo porcentaje de los senadores la respalden con una condena en el juicio posterior. Tras la sentencia, el titular del cargo tiene suspendidos sus derechos políticos por ocho años, lo que le impide postularse a cualquier cargo durante ese tiempo. El procedimiento está definido por la Lei do Impeachment 1.079/1950.

En 1955, la Cámara de Diputados y el Senado destituyeron de los presidentes João Café Filho y Carlos Luz, aunque no se siguió la citada ley especial porque los congresistas consideraron que la situación era extremadamente grave, con un alto riesgo de guerra civil, y finalizó los juicios en cuestión de horas, sin dar a los acusados el derecho a defenderse en ambas cámaras, casos poco conocidos por la población brasileña.[38]​ En 1992, Fernando Collor de Mello renunció a la presidencia en medio de un proceso de juicio político. Sin embargo, el Senado votó para condenarlo y prohibirle ocupar cualquier cargo durante ocho años, ante la evidencia de soborno y apropiación indebida.[39]​ En 2016, Dilma Rousseff enfrentó acusaciones de mala gestión presupuestaria y fue sometida a juicio político en la Cámara de Diputados y destituida por sentencia del Senado; fue reemplazada por el vicepresidente Michel Temer, quien había servido de presidente interino mientras el caso estaba en revisión en el Senado.[40]

ColombiaEditar

El artículo 178 de la Constitución de Colombia determina una atribución especial de la Cámara de Representantes:[34]

Acusar ante el Senado, previa solicitud de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente de la República o a quien haga sus veces y a los Miembros de la Comisión de Aforados.

Sobre el Senado, el artículo 174 indica:[35]

Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces y contra los miembros de la Comisión de Aforados, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, será competente para conocer los hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.

Más adelante, en el artículo 175, se establecen las reglas para los juicios en ese órgano.[35]​ El juicio en la Corte Suprema de Justicia sigue las normas de procedimiento previstas en la ley 600 de 2000, según lo dispuesto en el artículo 533 de la Ley 906 de 2004.

La sentencia SU-431 de 2015 de la Corte Constitucional estableció que el juicio político no solo debía adelantarse cuando se investigara la responsabilidad de penal del jefe de Estado, entre otros funcionarios, sino también cuando se investigara su responsabilidad fiscal o disciplinaria.[41]

ChileEditar

La acusación constitucional es un proceso constitucional, de naturaleza jurídico-política, contemplado por el ordenamiento jurídico chileno, y seguido ante el Congreso Nacional, para hacer efectiva la responsabilidad de altos funcionarios públicos.[42][43]​ El procedimiento se dirige contra las autoridades taxativamente señaladas en la Constitución, por haber incurrido en alguna infracción constitucional, predeterminada por ésta, que justifica su destitución o inhabilitación para el ejercicio del cargo u otra función pública.[42]

La figura ha sido regulada por la Constitución Política de 1828, de 1833, de 1925 y de 1980. En el procedimiento participan, eventualmente, las dos cámaras del Congreso, actuando la Cámara de Diputados como acusadora y el Senado como jurado.

En la historia de Chile, cerca de cien acusaciones constitucionales han sido presentadas, de las cuales 20 han terminado siendo acogidas, 4 de ellas durante la vigencia de la Constitución de 1980.[cita requerida] En dos oportunidades se han presentado acusaciones constitucionales contra un presidente de la República durante el ejercicio de su cargo, la primera en contra de Carlos Ibáñez del Campo en 1956 —que fue rechazada por la Cámara de Diputados—[44]​ y la segunda en contra de Sebastián Piñera en 2019, en que la Cámara de Diputados aprobó una cuestión previa, teniéndose en definitiva por no presentada.[45]

Corea del SurEditar

 
En 2004, Roh Moo-hyun fue destituido por la Asamblea Nacional de Corea del Sur, pero la sentencia fue anulada por la Corte Constitucional, que lo reinstaló en el cargo.

De acuerdo con el artículo 65 cláusula 1 de la Constitución de Corea del Sur, la Asamblea Nacional puede destituir al presidente, el primer ministro u otros miembros del Consejo de Estado, los miembros de la Corte Suprema y la Corte Constitucional si alguno viola la carta magna u otras leyes del deber oficial. La cláusula 2 establece que el proyecto de juicio político se propone con un tercio o más del total de miembros de la Asamblea Nacional y requerirá una votación mayoritaria, por dos tercios o más del total, para ser aprobado. Este artículo también establece que cualquier persona contra la cual se haya aprobado una moción de destitución será suspendida del ejercicio de su poder hasta que se haya realizado el juicio político y no se extenderá más allá del cese del cargo público, asegurándose de no eximir al acusado de responsabilidad civil o penal.

Dos presidentes han sido acusados desde la fundación de la sexta República de Corea y la adopción de la actual Constitución en 1987. La Asamblea Nacional destituyó a Roh Moo-hyun en 2004, pero el proceso fue anulado por la Corte Constitucional. En 2016 Park Geun-hye fue destituida por la Asamblea Nacional y, el 10 de marzo de 2017, la Corte Constitucional confirmó la sentencia; fue relevada provisionalmente en el cargo por el primer ministro Hwang Kyo-ahn a la espera de nuevas elecciones.[46]

Costa RicaEditar

Según el artículo 121 de la Constitución de Costa Rica, entre las funciones de la Asamblea Legislativa están:

9) Admitir o no las acusaciones que se interpongan contra quien ejerza la Presidencia de la República, Vicepresidentes, miembros de los Supremos Poderes y Ministros Diplomáticos, declarando por dos terceras partes de votos del total de la Asamblea si hay o no lugar a formación de causa contra ellos, poniéndolos, en caso afirmativo, a disposición de la Corte Suprema de Justicia para su juzgamiento;
10) Decretar la suspensión de cualquiera de los funcionarios que se mencionan en el inciso anterior, cuando haya de procederse contra ellos por delitos comunes;

Además, el artículo 151 establece que el presidente y los vicepresidentes no podrán ser juzgados penalmente hasta que la Asamblea Legislativa haya declarado «haber lugar a formación de causa penal».

EcuadorEditar

La Asamblea Nacional de Ecuador, de acuerdo al artículo 129 de la Constitución, tiene entre sus atribuciones:

10. Autorizar con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, el enjuiciamiento penal de la Presidenta o Presidente o de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, cuando la autoridad competente lo solicite fundadamente.

Según el artículo 120, el enjuiciamiento político del jefe de Estado procede en caso de «delitos contra la seguridad del Estado», «delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito» y «delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia», previo dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, sin necesidad de enjuiciamiento penal previo. El artículo 130 indica que la Asamblea Nacional podrá destituir al presidente en caso de «arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional» y «[p]or grave crisis política y conmoción interna». En ambos casos requiere el voto favorable de dos terceras partes de la Asamblea Nacional.

En un plazo máximo de siete días después de la publicación de la resolución de destitución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas para el resto de los respectivos periodos. La instalación de la Asamblea Nacional y la posesión de la Presidenta o Presidente electo tendrá lugar de acuerdo con lo previsto en la Constitución, en la fecha determinada por el Consejo Nacional Electoral.

El artículo 131 regula el enjuiciamiento político para «ministras o ministros de Estado, o de la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, Superintendencias, y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de las demás autoridades que la Constitución determine».

En 1997, el presidente Abdalá Bucaram fue destituido por el Congreso por cargos de corrupción e incapacidad mental, en un proceso controvertido y no contemplado en la Constitución de entonces.[47]

El SalvadorEditar

En el artículo 155 de la Constitución de El Salvador se menciona la posibilidad de «remoción» del presidente y vicepresidente de la República, que alude vagamente a las atribuciones de la Asamblea Legislativa en el artículo 131.[48]

Estados UnidosEditar

Gobierno federalEditar

El artículo I de la Constitución de los Estados Unidos estipula que los altos funcionarios del Gobierno federal pueden ser procesados por mandato de la Cámara de Representantes, mientras que el Senado tiene el poder exclusivo de juzgarlos:[34][35]

Section. 2.

Clause 5: The House of Representatives shall chuse their Speaker and other Officers; and shall have the sole Power of Impeachment.

Section. 3.

Clause 6: The Senate shall have the sole Power to try all Impeachments. When sitting for that Purpose, they shall be on Oath or Affirmation. When the President of the United States is tried, the Chief Justice shall preside: And no Person shall be convicted without the Concurrence of two thirds of the Members present.

Clause 7: Judgment in Cases of Impeachment shall not extend further than to removal from Office, and disqualification to hold and enjoy any Office of honor, Trust or Profit under the United States: but the Party convicted shall nevertheless be liable and subject to Indictment, Trial, Judgment and Punishment, according to Law.
 
Deliberación durante las fases de audiencia en el Senado de los Estados Unidos sobre la solicitud de juicio político contra Andrew Johnson (16 de mayo de 1868).

A nivel federal, el proceso de destitución se resume en tres fases:[49]

  1. El Congreso comienza la investigación, que generalmente se realiza en el comité judicial de la Cámara de Representantes, aunque no es imperativo que esta la inicie. Por ejemplo, la investigación contra Richard Nixon comenzó en el comité judicial del Senado. De la misma forma, los hechos que llevaron al proceso de destitución de Bill Clinton se descubrieron por primera vez en el curso de una investigación realizada por el fiscal especial Kenneth Starr.
  2. Por mayoría simple de los presentes y votantes, la Cámara de Representantes debe aprobar los artículos del juicio político, que constituyen el alegato formal o acusaciones. Tras su aprobación, el imputado queda oficialmente «acusado» (impeached).
  3. El Senado juzga al acusado. En el caso de la destitución del presidente de los Estados Unidos, el presidente de la Corte Suprema dirige los procedimientos. Para la destitución de cualquier otro funcionario, la Constitución no dice quién preside, lo que sugiere que esta función recae en el vicepresidente de los Estados Unidos, presidente ex officio del Senado. La sentencia en el Senado requiere la concurrencia de una mayoría de dos tercios de los presentes. La condena es la destitución del cargo.

En el artículo II se mencionan los presuntos crímenes para iniciar un impeachment contra el presidente, vicepresidente y «todos los funcionarios civiles», los cuales son «traición, cohecho u otros delitos y faltas graves» (Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors).[48]​ Debido a que el significado preciso de la frase «delitos y faltas graves» no está definido en la propia Constitución, el cumplimiento queda se rige por la interpretación del Congreso, especialmente desde que la Corte Suprema decidió en la sentencia de Nixon v. United States (1993) que no tiene autoridad para determinar si el Senado «juzgó» adecuadamente a un acusado. No obstante, el Congreso ha identificado tres tipos generales de conducta que constituyen motivos de juicio político, aunque estas categorías no deben entenderse como exhaustivas: 1) exceder o abusar indebidamente de los poderes de su cargo; 2) comportamiento incompatible con la función y el propósito del cargo; y 3) uso indebido del cargo para un propósito inapropiado o beneficio personal.[50]​ El citado artículo también prohíbe al presidente utilizar su poder de perdón federal en casos de juicio político. La vigesimoquinta enmienda de la Constitución corrigió el teórico vacío legal en la sucesión si el presidente es «depuesto de su cargo» (removal of the President from office).[48]

 
El fiscal especial Kenneth Starr testificando en noviembre de 1998 ante el comité judicial de la Cámara de Representantes sobre su investigación de la relación del presidente Clinton con Monica Lewinsky.

La institución del juicio político se ha utilizado en la mayoría de los casos para destituir a miembros de la judicatura, porque, dicen sus defensores, como la Constitución establece el principio de cargo vitalicio, era la única forma de cesarlos. El primero de estos casos fue el del juez federal John Pickering (en 1804).[51]​ Antes del caso Pickering, en 1797 el Congreso había discutido la posibilidad de remover al senador William Blount, acusado de urdir la incitación de los creeks y cheroquis para que ayudaran a los británicos a conquistar el territorio español de la Florida Occidental. Sin embargo, el Congreso decidió no proceder con el juicio político; a partir de ese momento, excluyeron a los miembros del poder legislativo como sujetos pasivos, con el argumento de que las dos ramas del Congreso tienen otras herramientas para remover a uno de sus integrantes, como la expulsión, y la Constitución únicamente se refiere a miembros del ejecutivo.[52]​ Dicha expulsión desvincula al individuo de su rol de representante o senador por su mala conducta (artículo I sección 5 cláusula 2), pero, a diferencia del juicio político, no puede resultar en la exclusión de un individuo de ocupar un cargo futuro.[53]

De 1789 a 2007, la Cámara de Representantes había iniciado sesenta y dos procedimientos de juicio político[54]​ y ha enviado a juicio a veinte funcionarios federales.

En 1974 la Cámara inició un proceso contra Richard M. Nixon, surgido de la investigación de la conspiración Watergate. Sin embargo, los procedimientos no se completaron porque Nixon presentó su dimisión, evento único en la historia política del país, antes de que la Cámara votara sobre los artículos de juicio político.[64]

Hubo intentos de abrir el proceso contra los presidentes John Tyler (en 1843),[56]James Buchanan, Jr. (1860),[65]Ulysses S. Grant (1876),[66]S. Grover Cleveland (1896), Herbert C. Hoover, Sr. (1932), Harry S. Truman (1952),[56]Lyndon B. Johnson (1968),[67]Ronald W. Reagan (1983 y 1987), George H. W. Bush (1991),[56]George W. Bush (2008)[68]​ y Barack H. Obama (2012, 2014 y 2016).[69][70][71]

Gobierno estatal y localEditar

En 2019, Ricardo Rosselló, gobernador de Puerto Rico, renunció durante los preparativos para su juicio político (residenciamiento) en la Asamblea Legislativa y en medio de amplias protestas. En el video, Rosselló habla sobre la divulgación de chats privados con comentarios homofóbicos, discriminatorios y de burla hacia las víctimas del huracán María de 2017, que propiciaron las protestas.

Las legislaturas estatales, a excepción de la de Oregón,[72]​ pueden acusar a sus funcionarios estatales, como los gobernadores. El tribunal para el juicio de destitución puede diferir un poco del modelo federal y entre cada estado: por ejemplo, en Nueva York la Asamblea Estatal (Cámara Baja) abre el proceso y el Senado juzga el caso, pero los siete jueces de la Corte de Apelaciones (el tribunal constitucional de mayor rango del estado) se incorporan con los senadores en el jurado, según el artículo VI § 24 de la Constitución estatal.

La acusación y la destitución de gobernadores ha ocurrido ocasionalmente a lo largo de la historia de los Estados Unidos, generalmente por cargos de corrupción. Al menos once gobernadores estatales se han enfrentado a un proceso de destitución; un duodécimo, el gobernador Lee Cruce, de Oklahoma, superó la condena del juicio político por un solo voto en 1912. Varios otros, como Eric Greitens de Misuri o Ricardo Rosselló de Puerto Rico, han renunciado en lugar de enfrentar un impeachment, cuando los eventos parecían hacerlo inevitable.[73][74]​ El juicio político más reciente de un gobernador estatal ocurrió el 14 de enero de 2009, cuando la Cámara de Representantes de Illinois votó 117-1 para acusar a Rod Blagojevich por cargos de corrupción;[75]​ el 29 de enero el Senado lo separó del cargo y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos en el futuro. Fue el octavo gobernador sometido al proceso y el cuarto en ser destituido.[76]

El procedimiento para la destitución de funcionarios locales varía ampliamente. Por ejemplo, en Nueva York, el gobernador puede remover directamente a un alcalde «al ser escuchado» bajo acusación; la ley no especifica qué cargos son necesarios o qué debe encontrar el gobernador para destituir al alcalde.

En 2018, la Cámara de Delegados de Virginia Occidental destituyó a toda la Corte Suprema de Apelaciones del estado, por cargos relacionados con corrupción, gasto excesivo y falta de supervisión.[77]

FranciaEditar

En 1887, a causa del escándalo de las condecoraciones, el presidente Jules Grévy se vio obligado a renunciar después de una votación del Parlamento, que era una forma de destitución sin fundamento jurídico en las leyes constitucionales de la Tercera República. Esto debilitó definitivamente el poder del jefe de Estado en la Tercera República.[78]

Desde la revisión constitucional del 23 de febrero de 2007, la Constitución de 1958 de la Quinta República incluye un procedimiento conocido como la destitution (artículo 68), en que el presidente de la República puede ser cesado del cargo por el Parlamento si ha violado deliberadamente la Constitución o las leyes nacionales. El proceso de juicio político está codificado en la ley orgánica n.º 2014-1392 del 24 de noviembre de 2014,[79]​ que establece tres condiciones:

  • La Asamblea Nacional o el Senado puede activar el procedimiento mediante la adopción, por mayoría de dos tercios de los miembros, de una propuesta de sesión constitutiva del Parlamento en el Tribunal Superior (Haute Cour).
  • Una segunda asamblea debe reunirse para deliberar la propuesta dentro de quince días. Si no la adopta, el procedimiento se archiva. El Tribunal Superior debe resolver en el plazo de un mes si procede la destitución del jefe de Estado si se ha demostrado «incumplimiento de sus deberes manifiestamente incompatible con el ejercicio de su mandato» (en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat). El jurado es dirigido por el presidente de la Asamblea Nacional.
  • La votación de los parlamentarios es secreta y la delegación del voto está prohibida. Se necesita la mayoría de las dos terceras partes de los miembros del Tribunal Superior para pronunciar la destitución del presidente.

Debido a que los parlamentarios carecen de ningún poder judicial, el Tribunal Superior no es una corte en el sentido estricto,[80]​ a diferencia del Tribunal de Justicia de la República (Cour de justice de la République) que trata los casos de mala conducta ministerial.

FilipinasEditar

Se siguen procedimientos similares a los de los Estados Unidos. Los párrafos 2 y 3 del artículo XI de la Constitución de las Filipinas establecen que la Cámara de Representantes tiene el poder exclusivo de iniciar los casos de juicio político contra el presidente, el vicepresidente, los miembros de la Corte Suprema, los miembros de las Comisiones Constitucionales (Comisión Electoral, Comisión de Servicio Público y Comité de Auditoría) y el Defensor del Pueblo. Cuando un tercio de sus miembros ha respaldado los artículos de juicio político, se envían al Senado, constituido en tribunal, para juzgar y decidir el caso.

Una diferencia importante con respecto a los procedimientos estadounidenses que solo se requiere un tercio de los miembros de la Cámara de Representantes para aprobar la moción de destitución del presidente, a diferencia de una mayoría simple de los presentes y votantes en su contraparte de Estados Unidos. En el Senado, miembros seleccionados de la Cámara de Representantes actúan como fiscales, mientras los senadores toman el rol de jueces, con el presidente del Senado dirigiendo los procedimientos (el presidente de la Corte Suprema se incorpora si el jefe de Estado está en juicio). Al igual que en Estados Unidos, condenar al funcionario en cuestión requiere que un mínimo de dos tercios (16 de 24 miembros) del Senado. Si el proceso no tiene éxito o el funcionario es absuelto, no se pueden presentar nuevos casos contra el acusado durante un año completo.[81]

En 2001, el presidente Joseph Estrada enfrentó un juicio político del Senado bajo cargos de corrupción, pero el proceso terminó abruptamente a mediados de enero cuando los fiscales organizaron una huelga luego de que los senadores votaron en contra de la apertura de un documento que no tenía ninguna relación con los casos presentados ante el tribunal. Ante la situación inestable en el país tras tres días de protestas, Estrada renunció y fue sucedido por su vicepresidenta Gloria Macapagal Arroyo.[82]​ En 2012, el presidente de la Corte Suprema, Renato Corona, fue destituido por el Senado por no haber revelado el estado de sus activos, pasivos y patrimonio neto al público.[83]

MéxicoEditar

Como parte de la reforma constitucional de diciembre de 1982, el artículo 76 fracción VII de la Constitución de México permite al Cámara de Senadores «erigirse en Jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, en los términos del artículo 110 de esta Constitución». El artículo al que hace referencia indica:[34][35]

Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables.

El jefe de Estado y los gobernadores de los estados no son sujetos de juicio político.[84]​ El artículo 111 detalla esto: «Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.».[34]​ Los casos en los que el presidente puede ser acusado aparecen en el artículo 108:

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

PanamáEditar

El artículo 160 de la Constitución de Panamá dispone las funciones judiciales de la Asamblea Nacional:[35]

Es función judicial de la Asamblea Nacional conocer de las acusaciones o denuncias que se presenten contra el Presidente de la República y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y juzgarlos, si a ello diere lugar, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatorios de esta Constitución o las leyes.

El artículos 191 establece las causas para iniciar el proceso de destitución en el caso del jefe de Estado y su subalterno:

El Presidente y el Vicepresidente de la República sólo son responsables en los casos siguientes:

1. Por extralimitación de sus funciones constitucionales.

2. Por actos de violencia o coacción en el curso del proceso electoral; por impedir la reunión de la Asamblea Nacional; por obstaculizar el ejercicio de las funciones de esta o de los demás organismos o autoridades públicas que establece la Constitución.

3. Por delitos contra la personalidad internacional del Estado o contra la Administración Pública.

En los dos primeros casos, la pena será de destitución y de inhabilitación para ejercer cargo público por el término que fije la Ley. En el tercer caso, se aplicará el derecho común.

ParaguayEditar

El artículo 225 de la Constitución del Paraguay establece el procedimiento de juicio político:[48]

El Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sólo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes. La acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en su caso, declararlos culpables, al sólo efecto de separarlos de sus cargos. En los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria.

Los artículos 193 y 194 regulan la citación e interpelación de varios funcionarios ante las cámaras del Congreso. El presidente y vicepresidente de la República y los magistrados judiciales están exentos de este artículo en materia jurisdiccional (artículo 195). Por dos tercios de los votos, ambas cámaras pueden emitir un «voto de censura» y recomendar la remoción del jefe de Estado u otro cargo ya mencionado.[35]

PerúEditar

La Constitución del Perú, en su artículo 99, detalla la atribución especial de la Comisión Permanente del Congreso para acusar a varios cargos políticos:[34]

Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas.

Más adelante, en el artículo 100, presenta el procedimiento legislativo del cese del funcionario hallado culpable, así como los recursos judiciales para revertirla:[34][35]

Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad.

El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso.

En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. El Vocal Supremo Penal abre la instrucción correspondiente.

La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos.

Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso.

El artículo 117 menciona las condiciones para la destitución del jefe de Estado, referida en el inciso 5 artículo 113:[48]

El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.

Reino UnidoEditar

 
En 1806, Henry Dundas, primer vizconde de Melville, fue la última persona sometida a juicio político en el Reino Unido, por apropiación indebida de dinero público.

El proceso de destitución tiene sus orígenes en el siglo XIV y se instituyó para poder juzgar a los altos cargos de la Corona, por infracciones graves en el ejercicio del deber, como la traición. La Cámara de los Comunes era la encargada de iniciar el proceso, aunque el juicio se llevaba a cabo en la Cámara de los Lores. El juicio político acarreaba sanciones administrativas e incluso penales, si así lo sentenciaban. A diferencia de una bill of attainder (una declaración que sentencia a alguien culpable de un delito), el impeachment no requería el consentimiento real y, por ende, podía usarse para despedir a los molestos oficiales de la Corona a pesar de la protección del monarca.[27]

El primer impeachment documentado fue el dirigido por Peter de la Mare, presidente de la Cámara de los Comunes, contra William Latimer en 1376.[85]​ En total, hubo aproximadamente 70 de estos juicios políticos, principalmente en los siglos XIV, XVII y XVIII, alrededor de una cuarta parte entre 1640 y 1642. En ese momento, era la única forma en que la Cámara de los Comunes podía deshacerse de un funcionario de alto rango designado por la Corona. En 1820, el rey Jorge IV solicitó al Parlamento que disolviera, bajo cargos de adulterio, su matrimonio con Carolina de Brunswick-Wolfenbüttel, quien salió absuelta; el caso tomó notoriedad porque comenzó como un proceso de juicio político, pero luego derivó en una declaración de rechazos y sanciones.[86]​ El último proceso de destitución que se llevó a cabo fue el de Henry Dundas en 1806.[87]​ Hubo además un último intento en 1848, cuando el diplomático David Urquhart acusó al ministro Henry Temple de haber firmado un tratado secreto con la Rusia imperial y de recibir dinero de Nicolás I; Temple sobrevivió a la votación en la Cámara los Comunes y los lores no escucharon el caso.[88]

La evolución del régimen parlamentario provocó que el jefe de Estado perdiera parte de su poder, de modo que debe rendir cuentas ante el Parlamento. Sin embargo, fracasaron varios intentos de abolir oficialmente el proceso en la segunda mitad del siglo siglo XX. Los detractores del recurso de impeachment señalan que es innecesario, porque en realidad el poder del primer ministro proviene de la legislatura. Si la Cámara de los Comunes ya no lo apoya, los parlamentarios pueden destituir al primer ministro con la aprobación de una moción de censura, lo que conduce al nombramiento de su sustituto o a elecciones generales.[89]​ En 1999, el Comité Conjunto de Privilegios Parlamentarios revisó las recomendaciones sobre abandonar formalmente el impeachment y declaró que «las circunstancias en las que se ha llevado a cabo la impugnación ahora están tan alejadas del presente que el procedimiento puede considerarse obsoleto».[90]

En abril de 1977, la conferencia anual de los Jóvenes Liberales aprobó por unanimidad una moción en la que pedía al líder del Partido Liberal, David Steel, que actuara por la acusación contra Ronald King Murray, abogado de Su Majestad, por su manejo del asunto del error judicial de Patrick Meehan en Escocia.[91]​ Steel no realizó tal solicitud, pero Murray —más tarde senador del Colegio de Justicia de Escocia— estuvo de acuerdo en que el recurso de impeachment aún era válido. El 25 de agosto de 2004, Adam Price, parlamentario de Plaid Cymru, anunció su intención de enviar a juicio político al primer ministro Tony Blair por su rol en la participación del Reino Unido en la invasión de Irak en 2003. Le consultó al líder de la Cámara de los Comunes, Peter Hain, si confirmaría que el recurso de impeachment aún estaba disponible, recordándole que, como presidente de los Jóvenes Liberales, había apoyado el intento de destitución de Murray. Hain respondió citando el informe del Comité Conjunto de 1999 y el consejo del secretario de la Cámara de los Comunes de que el procedimiento «efectivamente murió con la llegada del gobierno parlamentario totalmente responsable».[92]

El 29 de septiembre de 2019, The Sunday Times reportó que algunos políticos de la oposición en la Cámara de los Comunes estuvieron considerando procedimientos de juicio político, al menos políticamente simbólicos,[93]​ contra el primer ministro Boris Johnson «bajo la acusación de falta grave en relación con la prórroga ilegal del Parlamento», así también por su amenaza de violar la ley al no cumplir con la European Union (Withdrawal) (No. 2) Act 2019, que exige, en ciertas circunstancias, solicitar una extensión a la fecha de salida del país de la Unión Europea del 31 de octubre de 2019.[94]​ Si bien fracasaron los esfuerzos de sus opositores,[89]​ Johnson en 2004 había respaldado los infructuosos procedimientos de juicio político contra su rival político Tony Blair por «altos crímenes y delitos menores» con respecto a la guerra de Irak.[95]

República DominicanaEditar

El artículo 83 de la Constitución de la República Dominicana establece que una de las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados es:

Acusar ante el Senado a las y los funcionarios públicos elegidos por voto popular, a los elegidos por el Senado y por el Consejo Nacional de la Magistratura, por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones. La acusación sólo podrá formularse con el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula. Cuando se trate del Presidente y el Vicepresidente de la República, se requerirá el voto favorable de las tres cuartas partes de la matrícula. La persona acusada quedará suspendida en sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación;

RusiaEditar

El presidente puede ser destituido si tanto la Duma Estatal —que inicia el proceso con la formación de un comité especial de investigación— como el Consejo de la Federación aprueban con una mayoría de dos tercios a favor de la destitución. Acto seguido, la Corte Suprema declara al jefe de Estado culpable de traición o algún delito igualmente grave contra la nación y la Corte Constitucional confirma que el trámite constitucional del proceso de destitución se realizó correctamente.

Entre 1995-1999, la Duma Estatal hizo varios intentos para destituir al entonces presidente Borís Yeltsin, pero nunca tuvieron un número suficiente de votos para que el proceso avanzara al Consejo de la Federación.

UruguayEditar

La Constitución del Uruguay, en su artículo 172, determina las condiciones para la destitución del jefe de Estado:[48]

El Presidente de la República no podrá ser acusado, sino en la forma que señala el artículo 93 y aun así, sólo durante el ejercicio del cargo o dentro de los seis meses siguientes a la expiración del mismo durante los cuales estará sometido a residencia, salvo autorización para salir del país, concedida por mayoría absoluta de votos del total de componentes de la Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras. Cuando la acusación haya reunido los dos tercios de votos del total de los componentes de la Cámara de Representantes, el Presidente de la República quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones.

El referido artículo 93 indica:[34]

Compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas Cámaras, al Presidente y el Vicepresidente de la República, a los Ministros de Estado, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, por violación de la Constitución u otros delitos graves, después de haber conocido sobre ellos a petición de parte o de algunos de sus miembros y declarado haber lugar a la formación de causa.

El artículo 102 establece:

A la Cámara de Senadores corresponde abrir juicio público a los acusados por la Cámara de Representantes o la Junta Departamental, en su caso, y pronunciar sentencia al solo efecto de separarlos de sus cargos, por dos tercios de votos del total de sus componentes.

Quien haya sido separado de su cargo por lo anterior queda sujeto a juicio en los tribunales (artículo 103).[35]

Véase tambiénEditar

NotasEditar

  1. En 1215, los ingleses rechazaron ese principio de inmunidad de la Corona con la Carta Magna, documento que proclama los derechos de los ciudadanos ingleses dentro de una monarquía.[14]
  2. a b En el juicio del «Parlamento Rabadilla» de 1649, Carlos I negó que los inquisidores estuviesen legalmente facultados para acusarlo y se amparó en su condición de rey, insistiendo en que su poder había sido otorgado por Dios y las leyes del país: «Ningún poder terrenal puede llamarme delincuente (quién es su rey) en un juicio […] ningún abogado erudito afirmará que una acusación puede mentir contra el rey» (no earthly power can justly call me (who is your King) in question as a delinquent … no learned lawyer will affirm that an impeachment can lie against the King). Si bien la Cámara de los Comunes de todas formas lo encontró culpable y ordenó su ejecución, el procedimiento influyó en la continuación de la evolución de la institución legal relativa.[15]
  3. En 1868, la Cámara aprobó once artículos de juicio político:[56]
    1. El presidente Johnson destituyó al secretario de Guerra Stanton antes de que el Senado confirmara a su sucesor, una violación de la Tenure of Office Act (Ley de Tenencia del Cargo);
    2. Envió «una carta de autoridad» a Lorenzo Thomas con respecto a su nombramiento para actuar como secretario de Guerra cuando no había vacante legal, porque el secretario Stanton había sido despedido en violación de la Tenure of Office Act;
    3. Nombró a Lorenzo Thomas como secretario de Guerra interino cuando no había vacante legal, porque el secretario Stanton había sido destituido en violación de la Tenure of Office Act;
    4. Conspiró con Lorenzo Thomas y otros «ilegalmente para obstaculizar e impedir que Edwin M. Stanton, entonces secretario del Departamento de Guerra» desempeñara sus funciones;
    5. Conspiró con Lorenzo Thomas y otros para «prevenir y dificultar la ejecución» de la Tenure of Office Act;
    6. Conspiró con Lorenzo Thomas «por la fuerza para apoderarse, tomar y poseer la propiedad de los Estados Unidos en el Departamento de Guerra» bajo el control del secretario Stanton en violación de «un acto para definir y castigar ciertas conspiraciones» y la Tenure of Office Act, cometiendo así un alto delito en el cargo;
    7. Conspiró con Lorenzo Thomas «por la fuerza para apoderarse, tomar y poseer la propiedad de los Estados Unidos en el Departamento de Guerra» bajo el control del secretario Stanton en violación de «un acto para definir y castigar ciertas conspiraciones» y la Tenure of Office Act, cometiendo así un delito menor en el cargo;
    8. Ilegalmente buscó «controlar los desembolsos del dinero apropiado para el servicio militar y para el Departamento de Guerra», tratando de destituir al secretario Stanton y nombrando a Lorenzo Thomas;
    9. Instruyó ilegalmente al mayor general William H. Emory a ignorar como inconstitucional el texto de la Army Appropriations Act (Ley de Asignaciones del Ejército) de 1867 de que todas las órdenes emitidas por el presidente y el secretario de Guerra «relacionadas con operaciones militares […] se emitirán a través del general del Ejército»;
    10. En numerosas ocasiones, hizo «en voz alta, ciertas arengas intemperantes, inflamatorias y escandalosas e hizo profundas amenazas fuertes e intimidaciones amargas […] contra el Congreso [y] las leyes de los Estados Unidos debidamente promulgadas de ese modo, en medio de los gritos, las burlas y las risas de las multitudes entonces reunidas y en pie»; y
    11. Ilegal e inconstitucionalmente desafió la autoridad del 39.º Congreso para legislar, porque los estados del sur no habían sido readmitidos en la Unión; violó la Tenure of Office Act al destituir al secretario de Guerra Stanton; ideó la no ejecutar la disposición de la Army Appropriations Act de 1867, que exige que las órdenes ejecutivas a los militares se emitan a través del general del Ejército; e impidió la ejecución de un estatuto titulado An act to provide for the more efficient government of the rebel states (Una ley para proporcionar un gobierno más eficiente de los estados rebeldes).
  4. El 19 de diciembre de 1998, la Cámara aprobó dos artículos de juicio político.[58]​ El artículo I, que acusa a Clinton de «perjurio», alega en parte que:
    On August 17, 1998, William Jefferson Clinton swore to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth before a Federal grand jury of the United States. Contrary to that oath, […] willfully provided perjurious, false and misleading testimony to the grand jury concerning one or more of the following: (1) the nature and details of his relationship with a subordinate Government employee; (2) prior perjurious, false and misleading testimony he gave in a Federal civil rights action brought against him; (3) prior false and misleading statements he allowed his attorney to make to a Federal judge in that civil rights action; and (4) his corrupt efforts to influence the testimony of witnesses and to impede the discovery of evidence in that civil rights action.
    El 17 de agosto de 1998, William Jefferson Clinton juró decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad ante un gran jurado federal de los Estados Unidos. Contrariamente a ese juramento, […] brindó voluntariamente testimonios perjuros, falsos y engañosos al gran jurado sobre uno o más de los siguientes: (1) la naturaleza y detalles de su relación con un empleado gubernamental subordinado; (2) testimonio previo perjuro, falso y engañoso que dio en una acción federal de derechos civiles presentada contra él; (3) declaraciones previas falsas y engañosas que su abogado permitió que hiciera ante un juez federal en esa acción de derechos civiles; y (4) sus esfuerzos corruptos para influir en el testimonio de testigos e impedir el descubrimiento de evidencia en esa acción de derechos civiles.

    El artículo II, que lo acusa de «obstrucción a la justicia», agrega:

    The means used to implement this course of conduct or scheme included one or more of the following acts:

    (1) […] corruptly encouraged a witness in a Federal civil rights action brought against him to execute a sworn affidavit in that proceeding that he knew to be perjurious, false and misleading.

    (2) […] corruptly encouraged a witness in a Federal civil rights action brought against him to give perjurious, false and misleading testimony if and when called to testify personally in that proceeding.

    (3) […] corruptly engaged in, encouraged, or supported a scheme to conceal evidence that had been subpoenaed in a Federal civil rights action brought against him.

    (4) […] intensified and succeeded in an effort to secure job assistance to a witness in a Federal civil rights action brought against him in order to corruptly prevent the truthful testimony of that witness in that proceeding at a time when the truthful testimony of that witness would have been harmful to him.

    (5) […] at his deposition in a Federal civil rights action brought against him, […] corruptly allowed his attorney to make false and misleading statements to a Federal judge characterizing an affidavit, in order to prevent questioning deemed relevant by the judge. Such false and misleading statements were subsequently acknowledged by his attorney in a communication to that judge.

    (6) […] related a false and misleading account of events relevant to a Federal civil rights action brought against him to a potential witness in that proceeding, in order to corruptly influence the testimony of that witness.

    (7) […] made false and misleading statements to potential witnesses in a Federal grand jury proceeding in order to corruptly influence the testimony of those witnesses. The false and misleading statements made by William Jefferson Clinton were repeated by the witnesses to the grand jury, causing the grand jury to receive false and misleading information.
    Los medios utilizados para implementar este curso de conducta o esquema incluían uno o más de los siguientes actos:

    1. […] corruptamente alentó a un testigo en una acción federal de derechos civiles presentada contra él a ejecutar una declaración jurada en ese procedimiento que él sabía que era perjurio, falso y engañoso.

    2. […] corruptamente alentó a un testigo en una acción federal de derechos civiles presentada contra él para que dé testimonio perjurioso, falso y engañoso si se le llama a testificar personalmente en ese proceso.

    3. […] participó, alentó o apoyó de manera corrupta un plan para ocultar evidencia que había sido citada en una acción federal de derechos civiles presentada contra él.

    4. […] intensificó y tuvo éxito en un esfuerzo por obtener asistencia laboral para un testigo en una acción federal de derechos civiles presentada contra él para evitar corruptamente el testimonio veraz de ese testigo en ese proceso en un momento en que el testimonio veraz de ese testigo han sido perjudiciales para él

    5. […] en su declaración en una acción federal de derechos civiles en su contra, […] permitió corruptamente a su abogado hacer declaraciones falsas y engañosas a un juez federal que caracteriza una declaración jurada, para evitar preguntas consideradas relevantes por el juez. Tales declaraciones falsas y engañosas fueron posteriormente reconocidas por su abogado en una comunicación a ese juez.

    6. […] relató una explicación falsa y engañosa de eventos relevantes para una acción federal de derechos civiles presentada contra él a un testigo potencial en ese procedimiento, a fin de influir corruptamente en el testimonio de ese testigo.

    7. […] hizo declaraciones falsas y engañosas a testigos potenciales en un procedimiento del gran jurado federal para influir corruptamente en el testimonio de esos testigos. Las declaraciones falsas y engañosas hechas por William Jefferson Clinton fueron repetidas por los testigos al gran jurado, lo que provocó que el gran jurado recibiera información falsa y engañosa.
  5. El 18 de diciembre de 2019, la Cámara aprobó dos artículos de juicio político.[60]​ El artículo I, que acusa a Trump de «abuso de poder», argumenta que:
    Using the powers of his high office, President Trump solicited the interference of a foreign government, Ukraine, in the 2020 United States Presidential election. He did so through a scheme or course of conduct that included soliciting the Government of Ukraine to publicly announce investigations that would benefit his reelection, harm the election prospects of a political opponent, and influence the 2020 United States Presidential election to his advantage. […] also sought to pressure the Government of Ukraine to take these steps by conditioning official United States Government acts of significant value to Ukraine on its public announcement of the investigations. […] engaged in this scheme or course of conduct for corrupt purposes in pursuit of personal political benefit. In so doing, […] used the powers of the Presidency in a manner that compromised the national security of the United States and undermined the integrity of the United States democratic process. He thus ignored and injured the interests of the Nation.

    President Trump engaged in this scheme or course of conduct through the following means:

    (1) […] --acting both directly and through his agents within and outside the United States Government--corruptly solicited the Government of Ukraine to publicly announce investigations into-- (A) a political opponent, former Vice President Joseph R. Biden, Jr.; and (B) a discredited theory promoted by Russia alleging that Ukraine--rather than Russia--interfered in the 2016 United States Presidential election.

    (2) With the same corrupt motives, […] --acting both directly and through his agents within and outside the United States Government--conditioned two official acts on the public announcements that he had requested-- (A) the release of $391 million of United States taxpayer funds that Congress had appropriated on a bipartisan basis for the purpose of providing vital military and security assistance to Ukraine to oppose Russian aggression and which President Trump had ordered suspended; and (B) a head of state meeting at the White House, which the President of Ukraine sought to demonstrate continued United States support for the Government of Ukraine in the face of Russian aggression.

    (3) Faced with the public revelation of his actions, […] ultimately released the military and security assistance to the Government of Ukraine, but has persisted in openly and corruptly urging and soliciting Ukraine to undertake investigations for his personal political benefit. These actions were consistent with President Trump's previous invitations of foreign interference in United States elections.
    Utilizando los poderes de su alto cargo, el presidente Trump solicitó la interferencia de un gobierno extranjero, Ucrania, en las elecciones presidenciales de 2020 en los Estados Unidos. Lo hizo a través de un esquema o curso de conducta que incluyó solicitar al Gobierno de Ucrania que anuncie públicamente investigaciones que beneficiarían su reelección, dañarían las perspectivas electorales de un oponente político e influirían en su ventaja en la elección presidencial de los Estados Unidos de 2020. […] también trató de presionar al Gobierno de Ucrania para que tome estas medidas condicionando los actos oficiales del Gobierno de los Estados Unidos de gran valor para Ucrania en su anuncio público de las investigaciones. […] participó en este esquema o curso de conducta con fines corruptos en busca de un beneficio político personal. Al hacerlo, […] utilizó los poderes de la presidencia de una manera que comprometió la seguridad nacional de los Estados Unidos y minó la integridad del proceso democrático de los Estados Unidos. Así ignoró e hirió los intereses de la nación.

    El presidente Trump participó en este esquema o curso de conducta a través de los siguientes medios:

    1. […] actuando directamente y a través de sus agentes dentro y fuera del Gobierno de los Estados Unidos, solicitó corruptamente al Gobierno de Ucrania que anunciara públicamente investigaciones sobre: (a) un opositor político, el ex vicepresidente Joseph R. Biden, Jr.; y (b) una teoría desacreditada promovida por Rusia alegando que Ucrania, en lugar de Rusia, interfirió en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016.

    2. Con los mismos motivos corruptos, […] actuando tanto directamente como a través de sus agentes: (a) la entrega de $ 391 millones de fondos de los contribuyentes de los Estados Unidos que el Congreso se había apropiado de manera bipartidista con el propósito de proporcionar asistencia militar y de seguridad vital a Ucrania para oponerse a la agresión rusa y que el presidente Trump ordenó suspender; y (b) una reunión de jefes de Estado en la Casa Blanca, que el presidente de Ucrania intentó demostrar el continuo apoyo de los Estados Unidos al Gobierno de Ucrania ante la agresión rusa.

    3. Ante la revelación pública de sus acciones, […] finalmente liberó la asistencia militar y de seguridad al Gobierno de Ucrania, pero ha persistido en instar y solicitar abierta y corruptamente a Ucrania que realice investigaciones para su beneficio político personal. Estas acciones eran consistentes con las invitaciones anteriores del presidente Trump de interferencia extranjera en las elecciones de los Estados Unidos.

    El artículo II, que lo acusa de «obstrucción al Congreso», señala:

    President Trump abused the powers of his high office through the following means:

    (1) Directing the White House to defy a lawful subpoena by withholding the production of documents sought therein by the Committees.

    (2) Directing other Executive Branch agencies and offices to defy lawful subpoenas and withhold the production of documents and records from the Committees--in response to which the Department of State, Office of Management and Budget, Department of Energy, and Department of Defense refused to produce a single document or record.

    (3) Directing current and former Executive Branch officials not to cooperate with the Committees--in response to which nine Administration officials defied subpoenas for testimony, namely John Michael "Mick" Mulvaney, Robert B. Blair, John A. Eisenberg, Michael Ellis, Preston Wells Griffith, Russell T. Vought, Michael Duffey, Brian McCormack, and T. Ulrich Brechbuhl.
    El presidente Trump abusó de los poderes de su alto cargo a través de los siguientes medios:

    1. Ordenar a la Casa Blanca a que desafíe una citación legal al retener la producción de documentos solicitados por los comités.

    2. Dirigir a otras agencias y oficinas del poder ejecutivo para que desafíen las citaciones legales y retengan la producción de documentos y registros a los comités, en respuesta a lo cual el Departamento de Estado, la Oficina de Administración y Presupuesto, el Departamento de Energía y el Departamento de Defensa se negaron para producir un solo documento o registro.

    3. Ordenar a los funcionarios actuales y anteriores del poder ejecutivo a que no cooperen con los comités, en respuesta a lo cual nueve funcionarios de la Administración desafiaron las citaciones para testimonio, a saber, John Michael “Mick” Mulvaney, Robert B. Blair, John A. Eisenberg, Michael Ellis, Preston Wells Griffith, Russell T. Vought, Michael Duffey, Brian McCormack y T. Ulrich Brechbuhl.

ReferenciasEditar

  1. a b c d «Proceso de destitución, alternativa a impeachment». Fundéu BBVA. 18 de mayo de 2017. Consultado el 2 de noviembre de 2019. 
  2. Mocoroa, JM (2018). «Juicio político (impeachment. Eunomía: revista en cultura de la legalidad (Valencia: Programa en Cultura de la Legalidad/Tirant lo Blanch) 14 (1): 262-273. ISSN 2253-6655. doi:10.20318/eunomia.2018.4168. Consultado el 17 de enero de 2020. 
  3. Hochstetler, Kathryn (2008). «Repensando el presidencialismo: desafíos y caídas presidenciales en el Cono Sur». América Latina Hoy (Salamanca: Universidad de Salamanca) 18 (49): 51-72. ISSN 1130-2887. OCLC 820449899. Consultado el 15 de enero de 2020. 
  4. «impeachment noun». Oxford Advanced Learner's Dictionary (en inglés). Oxford: Oxford University Press. Consultado el 15 de noviembre de 2019. 
  5. García Campos, Alán (2005). «La revocación del mandato: un breve acercamiento teórico». Quid Juris (Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas) 1 (1): 25-40. Consultado el 15 de enero de 2020. 
  6. Altamirano, Claudia (8 de septiembre de 2016). «La Constitución de la Ciudad de México contempla la revocación de mandato». El País (Madrid: Grupo Prisa). ISSN 1134-6582. Consultado el 2 de noviembre de 2019. 
  7. Matute, Carlos (22 de marzo de 2019). «¿Qué es la revocación de mandato? ¿Institución democrática o autoritaria?». El Universal (Ciudad de México: Compañía Periodística Nacional). Consultado el 2 de noviembre de 2019. 
  8. Gándara Sánchez, Roberto (11 de septiembre de 2014). «Estructura parlamentaria constitucional de Puerto Rico». Enciclopedia de Puerto Rico. San Juan: Fundación Puertoriqueña de las Humanidades. Archivado desde el original el 12 de marzo de 2017. Consultado el 21 de junio de 2017. 
  9. «empēchement, n.». MED Online (en inglés). Ann Arbor: University of Michigan. 2007. Consultado el 24 de abril de 2019. 
  10. «empēchen, n.». MED Online (en inglés). Ann Arbor: University of Michigan. 2007. Consultado el 24 de abril de 2019. 
  11. a b Murray, James AH, ed. (1901). «Impeachment». H–K. A new English dictionary on historical principles (Oxford English Dictionary) (en inglés) V. Londres: Clarendon Press. p. 79. OCLC 311641460. 
  12. a b «impeachment, n.». OED Online (en inglés) (Tercera edición). Oxford: Oxford University Press. 2019. (requiere suscripción). 
  13. a b «impeach, v.». OED Online (en inglés) (Tercera edición). Oxford: Oxford University Press. 2019. (requiere suscripción). 
  14. Alexander, Klinton W; Alexander, Kern (2011). Higher education law: policy and perspectives (en inglés). Nueva York: Routledge. p. 384. ISBN 978-1-136-93783-5. OCLC 1086555865. 
  15. Napton, Dani (2018). «Historical romance and the mythology of Charles I in D'Israeli, Scott and Disraeli». English Studies (en inglés) (Lisse: Swets & Zeitlinger) 99 (2): 148-165. ISSN 0013-838X. OCLC 1051853822. doi:10.1080/0013838X.2017.1420617. 
  16. a b Crown Proceedings and Crown Practice. Halsbury's Laws of England (en inglés). 12(1) (Cuarta edición). Londres: Butterworths. 1998. p. 101. ISBN 978-0-406-03478-6. OCLC 633923401. 
  17. Holmes, George (1975). The Good Parliament (en inglés). Oxford: Clarendon Press. p. 66. ISBN 978-0-198-22446-4. OCLC 1108883749. 
  18. Pickthorn, Kenneth (1934). Early Tudor government: Henry VII (en inglés). Cambridge: Cambridge University Press. p. 116. OCLC 459480713. 
  19. Tite, Colin GC (1974). Impeachment and parliamentary judicature in early Stuart England. University of London historical studies (en inglés) 37. Londres: Athlone Press. p. 43. OCLC 574539965. 
  20. Whiteley, Peter (1996). Lord North: the prime minister who lost America (en inglés). Londres: Hambledon. p. 215. ISBN 978-1-852-85145-3. OCLC 906729972. 
  21. Ziegler, Philip (1971). King William IV (en inglés). Londres: Collins. pp. 242-255. ISBN 978-0-002-11934-4. OCLC 1070491363. 
  22. Jones, JR (1961). The first Whigs: the politics of the Exclusion Crisis, 1678–1683 (en inglés). Londres: Oxford University Press. p. 4. ISBN 978-0-197-13124-4. OCLC 220611284. 
  23. Harris, Tim (1990). London crowds in the reign of Charles II: propaganda and politics from the Restoration until the Exclusion Crisis (en inglés). Port Chester: Cambridge University Press. p. 91. ISBN 978-0-521-32623-0. OCLC 878985078. 
  24. Speck, WA (1977). Stability and strife: England 1714–1760. New history of England (en inglés) 6. Londres: Edward Arnold. p. 203. ISBN 978-0-713-15975-2. OCLC 263625993. 
  25. van Gelderen, Martin; Skinner, Quentin, eds. (2002). Republicanism: republicanism and constitutionalism in early modern Europe (en inglés). p. 41. ISBN 978-0-511-49075-0. OCLC 967424719. 
  26. Carter, Byrum E (2015) [1955]. «The historical development of the office of prime minister». The office of the prime minister (en inglés). Princeton: Princeton University Press. pp. 30-35. ISBN 978-1-400-87826-0. OCLC 927296448. 
  27. a b Berger, Raoul (1999) [1974]. Impeachment: the constitutional problems (en inglés). Cambridge: Harvard University Press. p. 132. ISBN 978-0-674-44478-2. OCLC 898988879. 
  28. Sheldon, Garrett (2001). Encyclopedia of political thought (en inglés). Nueva York: Facts on File. p. 36. ISBN 978-0-816-04351-4. OCLC 46401771. 
  29. Riggs, Fred W (1997). «Presidentialism versus parliamentarism: implications for representativeness and legitimacy». International Political Science Review (en inglés) (Londres: Sage) 18 (3): 253-278. ISSN 0192-5121. JSTOR 1601343. OCLC 937273127. doi:10.1177/019251297018003003. 
  30. Brown, H (2010). High crimes and misdemeanors in presidential impeachment (en inglés). Nueva York: Palgrave Macmillan. pp. 7, 29, 35. ISBN 978-0-230-10225-5. OCLC 1132158224. 
  31. Durant Flores, Luis (1954). Juicio de residencia del Perú republicano. Anuario de Estudios Americanos X. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos. pp. 342-344. OCLC 332536. 
  32. Gutiérrez Mendoza, Odilisa (2014). «El juicio de residencia español, antecedente del juicio de responsabilidad y no del juicio de amparo mexicano». Revista de Derecho UNED (Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia) 9 (14). ISSN 2255-3436. doi:10.5944/rduned.14.2014.13308. 
  33. Eisel, Jan (28 de septiembre de 2012). «Das Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt» (en alemán). Berlín: Deutscher Bundestag. Consultado el 10 de noviembre de 2015. 
  34. a b c d e f g h i Base de Datos Políticos de las Américas, ed. (1998). «Acusación de funcionarios públicos». Análisis comparativo de constituciones de los regímenes presidenciales. Washington DC: Georgetown University y Organización de los Estados Americanos. Consultado el 16 de noviembre de 2019. 
  35. a b c d e f g h i j Base de Datos Políticos de las Américas, ed. (1998). «Responsabilidad de acusación en juicio político». Análisis comparativo de constituciones de los regímenes presidenciales. Washington DC: Georgetown University y Organización de los Estados Americanos. Consultado el 16 de noviembre de 2019. 
  36. Gentile, Jorge Horacio. «Juicio político». Consultado el 10 de enero de 2020. 
  37. Tarricone, Manuel (19 de octubre de 2018). «¿Qué es el juicio político y qué antecedentes hay?». Chequeado. Buenos Aires: Fundación La Voz Pública. Consultado el 10 de enero de 2020. 
  38. «Dois presidentes do Brasil sofreram impeachment em 1955» (en portugués). Brasilia: Senado Federal. 31 de agosto de 2016. Consultado el 10 de enero de 2020. 
  39. Madeiro, Carlos (9 de abril de 2016). «Collor só decidiu sair horas antes de julgamento, diz porta-voz de renúncia». UOL (en portugués). San Pablo: Grupo Folha. Consultado el 21 de noviembre de 2016. 
  40. Garcia, Gustavo; Calgaro, Fernanda; Matoso, Filipe; Lis, Laís; Rodrigues, Mateus (31 de agosto de 2016). «Senado aprova impeachment, Dilma perde mandato e Temer assume». G1 (en portugués). Rio de Janeiro: Grupo Globo. Consultado el 31 de agosto de 2016. 
  41. «El juicio político y los fueros de los altos dignatarios en Colombia». Cali: Velasco Abogados. Consultado el 15 de noviembre de 2019. 
  42. a b Martínez, Gutenberg; Rivero Hurtado, Reneé Marlene (2004). Acusaciones constitucionales. Análisis de un caso. Una visión parlamentaria. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile. pp. 62 y ss. 
  43. Rumié Pérez, Fuad Taufik (2004). «Acusaciones constitucionales en contra de intendentes y gobernadores en los sistemas constitucionales de 1925 y 1980». Tesis para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Consultado el 6 de abril de 2013. 
  44. Loveman, Brian; Lira, Elizabeth (2000). «La acusación constitucional de 1956». Las Acusaciones Constitucionales en Chile: Una perspectiva histórica. Santiago de Chile: FLACSO. LOM Ediciones. pp. 41-44. ISBN 956-205-130-7. 
  45. cooperativa.cl (12 de diciembre de 2019). «Cámara de Diputados desechó acusación constitucional contra el Presidente Piñera». 
  46. «La Corte Constitucional de Corea del Sur confirma la destitución de la presidenta Park Geun-hye, salpicada por un escándalo de corrupción». BBC Mundo. Londres: Corporación Británica de Radiodifusión. 10 de marzo de 2017. Consultado el 10 de enero de 2020. 
  47. «Ecuador: prescribe causa contra expresidente Abdalá Bucaram». 20minuntos. Madrid: Grupo Henneo. AP. 11 de abril de 2017. Consultado el 11 de enero de 2020. 
  48. a b c d e f Base de Datos Políticos de las Américas, ed. (1998). «Cesación del mandato presidencial/limitaciones al Ejecutivo». Análisis comparativo de constituciones de los regímenes presidenciales. Washington DC: Georgetown University y Organización de los Estados Americanos. Consultado el 15 de noviembre de 2019. 
  49. «Impeachment and removal» (en inglés). Washington DC: Congressional Research Service. 29 de octubre de 2015. Consultado el 9 de enero de 2020. 
  50. Cole, JP; Garvey, T (29 de octubre de 2015). Report No. R44260, Impeachment and removal (en inglés). Washington DC: Congressional Research Service. Archivado desde el original el 19 de diciembre de 2019. Consultado el 22 de septiembre de 2016. 
  51. Turner, Lynn W (1949). «The impeachment of John Pickering». American Historical Review (en inglés) (Washington DC: American Historical Association) 54 (3): 485-507. ISSN 0002-8762. JSTOR 1843004. OCLC 4646194566. 
  52. Eigelsbach, William. «The Blount conspiracy: notes of Samuel Sitgreaves on the questioning of Dr. Nicholas Romayne on July 13 and 14, 1797, before the House Impeachment Committee». Journal of East Tennessee History (en inglés) (Knoxville: East Tennessee Historical Society) 66 (1994): 81-94. OCLC 55000014. 
  53. Brown, Cynthia; Garvey, Todd (11 de enero de 2018). «Expulsion of members of Congress: legal authority and historical practice» (en inglés). Washington DC: Congressional Research Service. Consultado el 27 de enero de 2018. 
  54. «History of impeachment». Bill Moyers Journal (en inglés). Washington DC: Public Affairs Television. 13 de julio de 2007. Consultado el 11 de enero de 2020. 
  55. a b «List of individuals impeached by the House of Representatives» (en inglés). Washington DC: United States House of Representatives. Consultado el 11 de enero de 2020. 
  56. a b c d Stathis, Stephen W; Huckabee, David C (16 de septiembre de 1998). «Congressional resolutions on presidential impeachment: a historical overview». UNT Libraries, Digital Library (en inglés). Denton: University of North Texas Libraries Government Documents Department. Consultado el 31 de diciembre de 2019. 
  57. «The backroom deals that saved Andrew Johnson’s presidency by a single Senate vote». The Washington Post (en inglés). Washington DC: Washington Post Co. 31 de enero de 2020. Consultado el 5 de febrero de 2020. 
  58. House - Judiciary (19 de diciembre de 1998). «H.Res.611 - Impeaching William Jefferson Clinton, President of the United States, for high crimes and misdemeanors». 105th Congress (1997-1998) (en inglés). Washington DC: United States Government Printing Office. Consultado el 11 de enero de 2020. 
  59. «The Senate acquits President Clinton». The Washington Post (en inglés). Washington DC: Washington Post Co. 12 de febrero de 1999. Consultado el 5 de febrero de 2020. 
  60. House - Judiciary (18 de diciembre de 2019). «H.Res.755 - Impeaching Donald John Trump, President of the United States, for high crimes and misdemeanors». 116th Congress (2019-2020) (en inglés). Washington DC: United States Government Printing Office. Consultado el 11 de enero de 2020. 
  61. «Trump acquitted by Senate in impeachment trial». BBC News (en inglés). Londres: Corporación Británica de Radiodifusión. 5 de febrero de 2020. Consultado el 5 de febrero de 2020. 
  62. «U.S. Senate: impeachment» (en inglés). Washington DC: United States House of Representatives. Archivado desde el original el 8 de diciembre de 2010. Consultado el 19 de septiembre de 2018. 
  63. «Senate removes Hastings». The Washington Post (en inglés). Washington DC: Washington Post Co. 21 de octubre de 1989. Consultado el 14 de marzo de 2012. 
  64. «The Watergate story: Nixon resigns». The Washington Post (en inglés). Washington DC: Washington Post Co. 2012. Consultado el 9 de enero de 2020. 
  65. Zeitz, Joshua (18 de diciembre de 2019). «What Democrats can learn from the forgotten impeachment of James Buchanan» (en inglés). Arlington: Politico Magazine. Consultado el 19 de diciembre de 2019. 
  66. McFeely, William S (1974). Woodward, C Vann, ed. Responses of the presidents to charges of misconduct (en inglés). Nueva York: Delacorte Press. p. 153. ISBN 0-440-05923-2. OCLC 828783337. 
  67. Kyvig, David E (2008). The age of impeachment: American constitutional culture since 1960 (en inglés). Lawrence: University Press of Kansas. p. 278. ISBN 978-0-700-61581-0. OCLC 239055574. 
  68. House - Judiciary (11 de junio de 2008). «H.Res.1258 - Impeaching George W. Bush, President of the United States, of high crimes and misdemeanors». 110th Congress (2007-2008) (en inglés). Washington DC: United States Government Printing Office. Consultado el 17 de enero de 2020. 
  69. House - Judiciary (7 de marzo de 2012). «H.Con.Res.107 - Expressing the sense of Congress that the use of offensive military force by a President without prior and clear authorization of an Act of Congress constitutes an impeachable high crime and misdemeanor under Article II, section 4 of the Constitution». 112th Congress (2011-2012) (en inglés). Washington DC: United States Government Printing Office. Consultado el 25 de diciembre de 2019. 
  70. Bobic, Igor (21 de junio de 2014). «South Dakota Republican Party rasses resolution calling for Obama’s impeachment». The Huffington Post (en inglés). Nueva York: HuffPost Politics. Consultado el 9 de julio de 2014. 
  71. Greco, Jonathan (20 de mayo de 2016). «Oklahoma Legislature files measure asking Congress to impeach Obama». KOCO-TV (en inglés). Oklahoma City: Hearst Television. Consultado el 17 de enero de 2020. 
  72. «Law of impeachment» (en inglés). Houston: Harris County Law Library. Consultado el 11 de enero de 2020. 
  73. Suntrup, Jack; Erickson, Kurt (30 de mayo de 2018). «Embattled Gov. Eric Greitens resigns». St. Louis Post-Dispatch (en inglés). San Luis: Lee Enterprises. Consultado el 11 de enero de 2020. 
  74. Galarza, Ricardo (28 de julio de 2019). «La renuncia inesperada del gobernador de Puerto Rico». El Observador. Montevideo: EO. Consultado el 11 de enero de 2020. 
  75. «House votes to impeach Blagojevich again». Chicago Tribune (en inglés). Chicago: Tribune Publishing. 14 de enero de 2009. Consultado el 14 de enero de 2009. 
  76. Gill, Kathy (10 de marzo de 2019). «List of impeached Governors in the United States». ThoughtCo (en inglés). Nueva York: Dotdash. Consultado el 11 de enero de 2020. 
  77. «4 impeached West Virginia justices to face trials». Fox News. Nueva York: FOX News Network. AP. 11 de septiembre de 2018. Consultado el 11 de enero de 2020. 
  78. Taliano-Des Garets, Françoise (2012). Histoire politique de la France : IIIe, IVe et Ve Républiques, 1870-2010. Optimum (en francés) I. París: Ellipses. p. 30. ISBN 978-2-7298-7139-0. ISSN 1624-1878. OCLC 800479182. 
  79. Moullot, Pauline (25 de julio de 2018). «Le président de la République peut-il être destitué ? Et si oui, pour quelles raisons ?». Libération (en francés). París: LSARL. 
  80. «Décision no 2014-703 DC du 19 novembre 2014» (en francés). París: Conseil Constitutionnel de la République Française. 19 de noviembre de 2014. Consultado el 9 de enero de 2020. «[…] le Président de la République n'est responsable devant aucune juridiction des actes accomplis en cette qualité ; [la Haute Cour], ne constitue pas une juridiction chargée de juger le Président de la République pour des infractions commises par lui en cette qualité, mais une assemblée parlementaire compétente pour prononcer sa destitution en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat». 
  81. «The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines—Article XI». Chan-Robles Virtual Law Library (en inglés). Manila: ChanRobles & Associates Law Firm. Consultado el 25 de julio de 2008. 
  82. Diaz, Jess (27 de enero de 2015). «Erap resigned as president, can’t run again — lawyer». The Philippine Star (en inglés). Manila: Philstar Global. Consultado el 27 de abril de 2018. 
  83. Ager, Maila (29 de mayo de 2012). «Senate votes 20–3 to convict Corona». Philippine Daily Inquirer (en inglés). Manila: Inquirer Interactive. Consultado el 30 de mayo de 2012. 
  84. Sepúlveda Valle, Carlos A. «Juicios políticos». Milenio. Ciudad de México: GM. Consultado el 15 de noviembre de 2019. 
  85. Gay, Oonagh (30 de noviembre de 2004). «Impeachment». House of Commons Library (en inglés). Londres: Parliament of the United Kingdom. Archivado desde el original el 18 de marzo de 2009. Consultado el 1 de noviembre de 2009. 
  86. Robins, Jane. Queen: how the trial of Caroline brought England to the brink of revolution (en inglés). Londres: Simon & Schuster. p. 287. ISBN 978-0-7434-7826-7. OCLC 851989089. 
  87. «Henry Dundas' private papers bought for Scots archive». BBC News Scotland (en inglés). Glasgow: Corporación Británica de Radiodifusión. 3 de julio de 2012. Consultado el 7 de mayo de 2013. 
  88. Joseph, Rosara (2014). The war prerogative: history, reform, and constitutional design (en inglés). Oxford: Oxford University Press. p. 91. ISBN 978-0-199-66432-0. OCLC 940606016. 
  89. a b Friedman, Bobby (30 de septiembre de 2019). «The Remainer plot to impeach Boris is utterly ridiculous». The Telegraph (en inglés). Londres: Telegraph Media Group. Consultado el 13 de enero de 2020. 
  90. Simson Caird, Jack (6 de junio de 2016). «Impeachment». House of Commons Library (en inglés). Londres: Parliament of the United Kingdom. Consultado el 12 de enero de 2020. 
  91. «Liberals confident of victory on petrol duty». The Times (en inglés) (Londres: Times Newspapers). 11 de abril de 1977. p. 2. 
  92. «HC 6ser vol 424 col 871». Bound Volume Hansard - Debate (en inglés). Londres: Parliament of the United Kingdom. 9 de septiembre de 2004. Consultado el 12 de enero de 2020. 
  93. «Brexit extension: 'Impeach Boris Johnson if law ignored'». BBC News (en inglés). Londres: Corporación Británica de Radiodifusión. 9 de septiembre de 2019. Consultado el 13 de enero de 2020. 
  94. Wheeler, Caroline (29 de septiembre de 2019). «Rebel alliance plots to impeach prime minister». The Sunday Times (en inglés) (Londres: Times Newspapers). p. 2. 
  95. «Impeachment in practice». BBC News (en inglés). Londres: Corporación Británica de Radiodifusión. 2 de septiembre de 2004. Consultado el 18 de diciembre de 2016. 

BibliografíaEditar

Enlaces externosEditar