Juicio político

El juicio político (también llamado acusación constitucional o acusación en juicio político) es un proceso de orden constitucional, cuya finalidad es hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos, particularmente de los más altos cargos o autoridades, tales como Jefes de Estado, Jefes de Gobierno, ministros, magistrados de los tribunales superiores de justicia, generales o almirantes de las Fuerzas Armadas, que se realiza ante el Parlamento o Congreso. La condena o declaración de culpabilidad del acusado puede ocasionar su destitución e incluso su inhabilitación para funciones similares, autorizar que sea juzgado por los tribunales ordinarios de justicia, o tener efectos meramente políticos. En cualquier caso, la sanción o sus efectos depende de la constitución del país.

Es típico de los sistemas presidencialistas latinoamericanos y su origen está vinculado al impeachment del Derecho anglosajón y al juicio de residencia del Derecho indiano.

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Regulación por paísesEditar

ArgentinaEditar

La Constitución Argentina establece en su artículo 53 la potestad a la cámara de diputados de acusar ante el senado "...al presidente, vicepresidente, jefe de gabinete de ministros, ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes...". En el caso de que el senado decida por la mayoría de dos tercios de votos sobre todos los cargos, o sobre alguno de ellos, se declarará al acusado incurso en la destitución de su empleo, conforme al artículo 60 de la Constitución.

ChileEditar

La acusación constitucional es un proceso constitucional complejo, de naturaleza jurídico-política, contemplado por el ordenamiento jurídico chileno, y seguido ante el Congreso Nacional, para hacer efectiva la responsabilidad de altos funcionarios públicos.[1][2]​En el procedimiento participan, eventualmente, las dos cámaras del Congreso, actuando la Cámara de Diputados como acusadora y el Senado como jurado.

ReferenciasEditar

  1. Martínez, Gutenberg; Rivero Hurtado, Reneé Marlene (2004). Acusaciones constitucionales. Análisis de un caso. Una visión parlamentaria. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile. pp. 62 y ss. 
  2. Rumié Pérez, Fuad Taufik (2004). «Acusaciones constitucionales en contra de intendentes y gobernadores en los sistemas constitucionales de 1925 y 1980». Tesis para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Consultado el 6 de abril de 2013. 

BibliografíaEditar

Enlaces externosEditar