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Presidencia de Mauricio Macri

Macri ingresa por primera vez a trabajar como presidente el 11 de diciembre de 2015. Aquel día recibió a quienes fueron sus competidores en las elecciones presidenciales.
Macri junto a los integrantes de su anunciado gabinete a poco de ser electo presidente.

La presidencia de Mauricio Macri en la Nación Argentina comenzó el 10 de diciembre de 2015 con mandato hasta el 9 de diciembre de 2019 inclusive,[1]​ luego de ser elegido presidente de la Nación en la segunda vuelta electoral de las elecciones de 2015.

Índice

Relaciones políticas internasEditar

Candidatura a la presidenciaEditar

En marzo del 2015 el PRO se unió a la Unión Cívica Radical y a la Coalición Cívica ARI formando el frente Cambiemos.

Para las primarias, la fórmula Mauricio Macri-Gabriela Michetti compitió con Ernesto Sanz y Elisa Carrió. Macri ganó la candidatura.[2]​ La elección presidencial se desarrolló el 25 de octubre. El candidato oficialista Daniel Scioli quedó en primer lugar con el 37.08% de votos a favor y Macri en segundo con el 34.15%, por lo cual ambos compitieron en segunda vuelta.

En el primer balotaje de la historia argentina, realizado el 22 de noviembre, el macrismo triunfó sobre Scioli (quien obtuvo el 48,66 %), obteniendo 12.997.937 votos, que equivalieron al 51,34 % de los votos positivos emitidos.[3]​ Macri obtuvo 8,6 millones de votos (34,15%) en la primera vuelta y 12,99 millones de votos en la segunda vuelta (51,34%).[4]

TransiciónEditar

Se convirtió en el primer presidente elegido desde 1944 no perteneciente a los partidos tradicionales de la Argentina (la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista), así como el primer presidente procesado penalmente,[5][6]​ aunque el juez Sebastián Casanello decretaría su sobreseimiento pocos días después de asumir, manteniendo el procesamiento de sus subordinados.[7]

En los días posteriores a la elección, recibió felicitaciones por parte de sus contrincantes Daniel Scioli,[8]Sergio Massa,[9]​ y sus pares del mundo.[10]​ La presidenta saliente Cristina Kirchner le envió su felicitación,[11]​ y se reunió con Macri dos días después para acordar detalles acerca del traspaso de mando.[12]

Durante esos días afirmó públicamente que exigiría la renuncia de varios funcionarios con mandatos todavía no cumplidos, como la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Banco Central, y el Ministerio Público, todos ellos órganos independientes del Poder Ejecutivo.[13]

En esta etapa política los empresarios ya no somos meros espectadores. Muchos nos hemos sumado al Gobierno.[14]

El diario Clarín dedicó un artículo para informar sobre la postura de los empresarios frente al gobierno de Macri, concluyendo que "hay consenso en apoyar al nuevo gobierno". El periódico informa que uno de los asistentes al evento «resumió a Clarín la postura frente a Macri: “Apoyo sin condicionamientos”». Entre los entrevistados se encuentra también Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Organización Internacional de Empleadores en representación de las patronales argentinas, diciendo que se trataba de “una actitud de acompañamiento a una economía más de iniciativa privada con una filosofía de libre mercado y de inserción internacional”. El artículo cita textualmente la afirmación un funcionario macrista, al que no identificó:[14]

Presidente provisional del SenadoEditar

La presidenta saliente Cristina Fernández de Kirchner aseguró que como oposición será responsabilidad de su partido (el Frente para la Victoria) "aportar gobernabilidad", afirmando "no vamos a hacer lo que nos hicieron a nosotros".[15]​ Luego del conflicto por el protocolo, afirmó que fue ella quien propusó que el "Presidente Provisional del Senado tenía que ser alguien de su partido, por la línea sucesoria y que pese a que la bancada del FpV tiene "mayoría absoluta," iba a votar a quien él propusiera, como una clara señal de gobernabilidad democrática".[16]

Como consecuencia de este acuerdo el 3 de diciembre de 2015 resultó elegido presidente provisional del Senado Federico Pinedo, colocándose en segundo lugar de la línea sucesoria en caso de acefalía presidencial, detrás de la Vicepresidenta Gabriela Michetti. Pocos días después Pinedo debió ejercer el Poder Ejecutivo de la Nación el 10 de diciembre de 2015, debido a que el mandato de Cristina Fernández de Kirchner había finalizado y Macri y Michetti no podían asumir sus cargos debido a que aún no habían jurado ante la asamblea constituyente. En su condición de Vicepresidente primero del Senado en ejercicio del Poder Ejecutivo, Pinedo entregó a Macri la banda y bastón presidenciales.

AsunciónEditar

 
Macri recibiendo los atributos del mando en la Casa Rosada por parte de Federico Pinedo.

El 10 de diciembre Mauricio Macri juró ante el Congreso:

"Yo, Mauricio Macri, juro por Dios nuestro señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y honestidad el cargo de Presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar con fidelidad la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden."

Macri se apartó del juramento constitucional reemplazando la expresión "desempeñar con patriotismo" el cargo, que establece la Constitución en su art. 93, por la expresión "desempeñar con honestidad" el cargo.[17]​ La supresión de la palabra "patriotismo" que ordena la Constitución, generó críticas de la oposición.[18]

Pronunció un discurso de 27 minutos, en el que reafirmó algunos de los ejes de su campaña,[19]​ y saludó a sus competidores de las elecciones presidenciales.[20]

Más tarde se dirigió hacia la Casa Rosada, un trayecto de algo más de 1 km, durante el que recibió el saludo de unos centenares de vecinos.[19]​ Allí recibió el bastón y la banda presidencial en el Salón Blanco de manos del Presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, acompañado de la Vicepresidenta Gabriela Michetti, el presidente de la cámara de Diputados Emilio Monzó y el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti.[21]​ Realizó una recepción en el Palacio San Martín de la Cancillería argentina a todos los jefes de estado presentes (Michelle Bachelet, Horacio Cartes, Juan Manuel Santos, Rafael Correa, Evo Morales, Dilma Rouseff, y Juan Carlos I) y representantes de otros países.[22]​ Tomó juramento a su gabinete en el Museo del Bicentenario,[23]​ y por la noche presenció una función especial en el Teatro Colón.[24]

GabineteEditar

 
Mauricio Macri junto a los 24 gobernadores, la vicepresidenta Gabriela Michetti, el Jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña, el Ministro del Interior, Obra Pública y Vivienda Rogelio Frigerio y el Presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, en un almuerzo en la quinta de Olivos, el segundo día de su presidencia.
  
Jefatura de Gabinete y Ministerios del Gobierno de
Mauricio Macri
Cartera Titular Período
Jefatura de Gabinete de Ministros Marcos Peña 10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda Rogelio Frigerio 10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Susana Malcorra
Jorge Faurie
10 de diciembre de 2015 - 12 de junio de 2017
12 de junio de 2017 - en el cargo
Ministerio de Defensa Julio Martínez
Oscar Aguad
10 de diciembre de 2015 - 16 de julio de 2017
17 de julio de 2017 - en el cargo
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas Alfonso Prat-Gay 10 de diciembre de 2015 - 31 de diciembre de 2016
Ministerio de Hacienda Nicolás Dujovne 10 de enero de 2017 - en el cargo
Ministerio de Finanzas Luis Caputo 10 de enero de 2017 - 14 de junio de 2018
Ministerio de Producción Francisco Cabrera

Dante Sica

10 de diciembre de 2015 - 16 de junio de 2018
16 de junio de 2018 - en el cargo
Ministerio de Turismo Gustavo Santos 10 de diciembre de 2015 - 3 de septiembre de 2018
Ministerio de Modernización Andrés Ibarra 10 de diciembre de 2015 - 3 de septiembre de 2018
Ministerio de Seguridad Patricia Bullrich 10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano 10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Jorge Triaca 10 de diciembre de 2015 - 3 de septiembre de 2018
Ministerio de Salud Jorge Lemus
Adolfo Rubinstein
10 de diciembre de 2015 - 21 de noviembre de 2017
21 de noviembre de 2017 - 3 de septiembre de 2018
Ministerio de Desarrollo Social Carolina Stanley 10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Ministerio de Educación y Deportes Esteban Bullrich
Alejandro Finocchiaro
10 de diciembre de 2015 - 17 de julio de 2017
17 de julio de 2017 - en el cargo
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Lino Barañao 10 de diciembre de 2007 - 3 de septiembre de 2018
Ministerio de Cultura Pablo Avelluto 10 de diciembre de 2015 - 3 de septiembre de 2018
Ministerio de Agroindustria Ricardo Buryaile
Luis Miguel Etchevehere
10 de diciembre de 2015 - 21 de noviembre de 2017
21 de noviembre de 2017 - 3 de septiembre de 2018
Ministerio de Transporte Guillermo Dietrich 10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Ministerio de Energía y Minería Juan José Aranguren

Javier Iguacel

10 de diciembre de 2015 - 16 de junio de 2018
16 de junio de 2018 - 3 de septiembre de 2018
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable Sergio Bergman 10 de diciembre de 2015 - 3 de septiembre de 2018
Ministerio de Comunicaciones Oscar Aguad 10 de diciembre de 2015 - 16 de julio de 2017
Secretaría General Fernando de Andreis 10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Secretaría Legal y Técnica Pablo Clusellas 10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas 10 de diciembre de 2015 - en el cargo
SEDRONAR Roberto Moro 10 de diciembre de 2015 - en el cargo

La cadena estadounidense CNN señaló en tono elogioso que el primer gabinete de Macri se destaca por el protagonismo de los empresarios en el mismo y la procedencia de sus miembros de universidades privadas argentinas y estadounidenses.[25]​ El mismo señalamiento hizo el diario Página/12 en diversos artículos, aunque en tono crítico, señalando el "perfil empresarial" del gabinete y sosteniendo que "en apenas veinte días, desembarcaron en ministerios y secretarías ex gerentes de Shell, Techint, General Motors, HSBC, Telecom, Grupo Clarín, LAN, Banco Galicia, Pan American Energy, JP Morgan, Citibank, Telefónica, Coca-Cola, Deutsche Bank, Farmacity y Axion, entre otras empresas".[26][27][28]

Política internaEditar

Política económicaEditar

 
Variación de los segundos semestres de cada año de los deciles 1 y 10 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC según escala de ingreso individual desde 2005 a 2016.

En dos años, desde la asunción de Mauricio Macri la clase media argentina se redujo en cinco puntos, —quebrándose la tendencia a la movilidad social ascendente visible hasta el 2015—, según un estudio económico de la consultora Delfos sobre muestras realizadas en 2015 y 2016 en 36 ciudades del país. De acuerdo con el informe, la clase media, se redujo del 30% al 25% a fines de 2017, diferencia que motivó un aumento proporcional de la clase inmediata inferior, que pasó del 31% que tenía en 2015 hasta un 36%.
Según el informe de la Universidad de Avellaneda, la República Argentina fue el país latinoamericano en el cual se ha deteriorado más el nivel adquisitivo de los salarios a partir de la asunción de Mauricio Macri como presidente. La caída del valor real de los sueldos fue de un 6,1% en sus primeros dos años y se debe al proceso inflacionario que sufrió la economía y al menor nivel de aumento salarial.[29]
En tanto la moneda argentina, el peso, fue la moneda de peor desempeño en el mundo en 2017.[30]

El Instituto Gino Germani reveló a principios de 2018 que desde fines de 2015 se sumaron 4,8 millones de pobres. La pobreza pasó del 24% al 36%. Los datos de Indec quedaron bajo sospecha desde que la ex directora de la Encuesta Permanente de Hogares Cynthia Pok renunció en 2017, denunciando presiones para distorsionar la información sobre el índice de pobreza.[31]

Para 2017, el segundo año de su gobierno, el país estaba en el tercer puesto entre los países con mayor déficit externo a nivel mundial, con 31.000 millones de dólares. En la comparación del déficit en relación al PBI, Argentina se ubica en la quinta posición entre los países con mayor deficit fiscal, sólo detrás de Túnez, Senegal, Egipto y Panamá. Argentina se ubico además como el quinto país del mundo con mayor déficit de cuenta corriente. Sumado el conjunto de déficit de cuenta corriente y déficit público se tiene que Argentina se encuentra actualmente en la cuarta posición en materia de los peores déficit gemelos a nivel mundial. Debido a los aumentos de tarifas y los saltos del tipo de cambio en una economía altamente dolarizada, Argentina se encuentra entre los países de mayor inflación en todo el mundo. Asimismo Argentina se situó entre los tres países con mayor disminución del salario mínimo en dos años de gobierno. La tasa de interés de referencia del 60%, al 15 de septiembre de 2018.[32]​ es la mayor del mundo. Respecto al crecimiento económico y la caída de reservas, Argentina fue el tercer país entre los que menos crecieron (+0,5%), sólo por detrás de aquellos que vieron mermada su producción: Nigeria (-0,5%) y Brasil (-2,6%). En cuanto a caída de reservas, en el último trimestre Argentina fue el país del mundo de mayor deterioro del mundo, con una merma del 8,3%.[33]

Desde que existe el peso, (1992), el dólar alcanzó el mayor valor histórico en mayo de 2018; aunque casi todas las monedas de la región sufrieron devaluaciones, la de Argentina fue la mayor de todas. Según el diario británico BBC, el gobierno macrista ha realizado uno de los aumentos de tarifas de servicios públicos más grandes de la historia del país.[34]​ Argentina se ubicaba como el país con el precio oficial del dinero más alto del mundo, seguido de lejos por Surinam (25%), Venezuela (21,7%) y Haití (20%).[35][36]​ En tanto el salario mínimo en la Argentina se desplomó 34,8% en los dos años y medio de gobierno de Mauricio Macri; Argentina descendió de la primera a la cuarta posición en el ranking regional de salarios mínimos en dólares. Un mes antes de la llegada de Macri al poder el salario mínimo argentino rondaba los 600 dólares mensuales, tras una fuerte devaluación implementada los primeros días de su mandato el salario se redujo a 400 dólares, y continuó descendiendo hasta llegar a los 384 dólares en mayo de 2018.[37]​ Desde que asumió Macri el poder en diciembre de 2015, la Argentina tomó deuda por 142.948 millones de dólares, siendo el mayor emisor internacional de deuda para el período 2016-2018, en el mismo período se fugaron 88.084 millones de dólares.[38][39]

Primeras medidasEditar

En diciembre de 2015, anunció la eliminación de retenciones a las exportaciones de trigo, maíz, sorgo y carne, y una reducción a las retenciones de soja al 30 %, con un costo fiscal de 23 604 millones de pesos (equivalente a 277 escuelas u 88 meses de AUH),[40]​lo que provocó fuerte incrementos en productos de primera necesidad, entre ellos el aceite que aumentó un 51 %, la harina 110 %, el pollo 90 % y fideos 78 % entre otros, y un aumento del 50 % del precio de la carne en dos semanas.[41][42]​ Levantó los controles de cambio. Varios economistas afirmaron que el resultado de dichas medidas fue positivo, ya que aumentaron las exportaciones.[43]​En marzo de 2016, el ministro de transportes, Guillermo Dietrich, anunció el aumento de las tarifas del agua y del sistema de transporte público en la ciudad de Buenos Aires, lo que afectaría en el corto plazo un alza del 100 por ciento de los precios de los boletos de colectivos, el Subte y el ferrocarril que conecta con el resto de la provincia.[44]​Desde diversas organizaciones vecinales y políticas argentinas llamaron a una primera protesta en contra de la medida gubernamental para el 14 de julio de 2016 en distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires. Los manifestantes que realizaron un cacerolazo, se concentraron en el Obelisco de Buenos Aires y sus alrededores, exigiendo, entre otros petitorios, la restauración de los precios tarifarios y la renuncia del primer ministro de energía argentino, Juan José Aranguren.[45]​ El 14 de julio se produjo una protesta por los aumentos en la tarifa del gas,[46]​ que en ocasiones había superado el 1000%, y en algunos casos llegaban al 2000%,[47]​ a los que una resolución limitó a un máximo interanual del 400% (cinco veces más). Contribuyeron al malestar de la población las distintas expresiones vertidas por miembros del gabinete de ministros y el propio presidente de la Nación,[48]​ haciéndose hincapié en las críticas a la gestión del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, del que se pidió la renuncia a su cargo.[49]

Desde diciembre de 2015 hasta abril de 2016 se mantuvieron negociaciones con los Fondos buitre tenedores de deuda argentina que no habían ingresado al canje de 2010. Luego de derogación por parte del Congreso de las leyes de Pago Soberano y Ley Cerrojo mediante una emisión de deuda por 15 000 millones de dólares. Dicho pago se encuentra siendo investigado por la justicia argentina por graves irregularidades detectadas en el pago, entre ellas: No se elaboraron informes por parte de áreas técnicas de organismos estatales que sustenten los montos demandos, hubo acuerdo firmados a mano alzada, no se individualizaron los títulos incorporados, y en la mayoría de los casos se acuerdó pagar más de lo acordado en las sentencias. Al analizar los desembolsos, los peritos también aseguraron que no hay documental que avale qué títulos se abonaron. A 2016 la causa es llevada adelante por el Fiscal Federal Federico Delgado sobre las irregularidades en el pago que ordenó el gobierno de Mauricio Macri.[50]​ Paralelamente se abrió una causa contra Mauricio Macri por la negociación con los buitres, donde se lo investiga por una presunta "delictiva negociación".[51]​Según el diario británico Financial Times, para pagarles Argentina emitió la mayor suma de deuda para cualquier nación en desarrollo desde 1996, siendo el país que más se endeudó en el mundo desde 1996.[52]​Días después a consecuencia de esta política nacieron los llamados fondos de "tercera generación", una nueva tanda de demandantes con bonos que no ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010; y tampoco aceptaron la propuesta del gobierno Mauricio Macri.[53]​ Tras meses de investigaciones el fiscal del caso declaró: el endeudamiento por u$s 16.500 millones que encaró la administración de Cambiemos para luego cancelar en efectivo u$s 12.500 millones a los bonistas en default fue el broche de oro de una gigantesca estafa al Estado nacional.[54]

Política laboralEditar

De acuerdo a un informe de la consultora Tendencias Económicas,[55]​ y a otro de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, en los meses de enero y febrero de 2016 se produjeron 107 000 despidos, lo que aumentó la tasa de desempleo más del 0.5%. De ese total, la mitad —54 000 puestos de trabajo— tuvo lugar en el sector de la construcción, debiéndose principalmente a los atrasos en los pagos de certificados en la obra pública.[56]​ Las razones de los despidos en la industria, otro sector en el que los despidos fueron importantes, fueron la caída de la demanda, la incertidumbre sobre el rumbo de la economía, el aumento de las tarifas energéticas y el de las importaciones.[57]

Del total de despidos, unos 30 000 fueron de la administración pública nacional, provincial y municipal.[56]​ Los despidos fueron numerosos en áreas tales como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), del Espacio Memoria y Derechos Humanos y otras áreas del Ministerio de Justicia,[58]​ en dependencias de control de la Secretaría de Comercio,[59]​ y de la Unidad de Investigación Financiera, lo que ha sido denunciado como un intento de desmantelar programas de control de delitos económicos,[60]​ y de defensa de los derechos humanos.[61]

La Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) realizó una huelga y jornada de protesta el 24 de febrero, en rechazo de los "despidos de trabajadores, el ajuste, la criminalización de la protesta social" y en reclamo de la realización de "paritarias libres",[62]​ reuniendo 50 000 manifestantes en Plaza de Mayo.[63]

Los despidos en la administración pública nacional continuaron en los últimos días de febrero y principios de marzo,[64]​ incluyendo el desmantelamiento de programas de estado tales como Conectar Igualdad, cuyos empleados fueron despedidos en su totalidad,[65]​ cientos de empleados en la construcción de la central nuclear Atucha III,[66]​ y otras áreas.[67]

Paralelamente Patricia Bullrich junto a Marcos Peña prepararon un «protocolo de protesta social» para hacer frente a los reclamos que comenzaron a surgir en respuesta a los despidos y los aumentos de las tarifas. Diferentes diputados señalaron que «lo que buscan es disciplinar a la sociedad ante la creciente protesta social».[68]​ Como elemento punitivo, a los manifestantes se les advertirá que ante un corte se les aplicará las penas del artículo 194 del Código Penal o las contravenciones previstas en cada jurisdicción.[69]​ Referentes de distintos sectores de la oposición cuestionaron el protocolo al advertir que criminaliza la protesta social.[70]​ Otro punto de la resolución es la cobertura de los medios de comunicación durante la protesta. Según el protocolo, los periodistas deberán ubicarse en una «zona determinada» por las fuerzas de seguridad, impidiendo la cobertura de los hechos.[71]​ Según diferentes sectores, el protocolo, además de limitar la cobertura periodística, permite la utilización de armas de fuego y balas de gomas para dispersar cualquier protesta o reclamo.[72]

Cambios en el impuesto a las ganancias para trabajadoresEditar

El sábado anterior a su asunción declaró que los trabajadores deberían pagar el impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo de diciembre, a diferencia de lo que venía sucediendo en los últimos años y que a partir del 1 de enero sólo se eximiría a los trabajadores con salarios inferiores a $ 30.000.[73]​ Los sindicatos criticaron inmediatamente la decisión y Macri debió rectificarse anunciando a través de Facebook que los salarios menores a $ 30.000 no pagaría el impuesto.[74][75]​ La rectificación tampoco satisfizo a los sindicatos, ya que la quita anunciada por Macri es menor que la que había establecido Cristina Fernández de Kirchner en 2014, alcanzando a los trabajadores que ganaran menos de $ 35.000, beneficiando a unos 750.000 asalariados. "Según los cálculos sindicales, si se computan los incrementos salariales de este año, el anuncio de Macri beneficiará a uno 450.000

Cambios en la planta estatalEditar

Diversas áreas del Poder Ejecutivo anunciaron la rescisión masiva de contratos laborales de empleados públicos, que se replicó en la Cámara de Senadores de la Nación y la Provincia de Buenos Aires. En los argumentos para producir los despidos se mencionaron falta de asistencia al trabajo y la militancia kirchnerista de los trabajadores despedidos.[76]​ A principios de enero de 2016, los sindicatos estatales estimaron en 15 000 los despidos en todo el país, cuestionaron la decisión y declararon que iban a resistir la medida.[77]​ Se produjeron despidos en varias dependencias estatales, como el Correo Argentino,[78]ACUMAR,[79]​ la Fabrica Militar de Río Tercero,[80]​ entre otros.
Al 30 de enero de 2016, habían perdido su trabajo unos 6000 empleados de diferentes organismos estatales.[81]​ Los despidos masivos continuaron en los siguientes meses,[82]​ denunciándose la existencia de listas negras.[83]​ Desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri hasta agosto de 2018, casi 25 000 personas habían quedado sin empleo en el sector estatal.[84]​ Fueron especialmente resonantes los casos del INTI,[85]​ Agroindustria,[86]Télam,[87]SENASA,[88]Hospital Posadas,[89]​ y el CONICET.[90]

Desde su llegada al poder se amplió la planta estatal creándose 4 secretarías, 9 subsecretarías, 19 direcciones y oficinas nacionales, y casi 90 coordinaciones.[91]
Generó controversias la designación de más una docena de casos de parientes de funcionarios del actual gobierno que accedieron a cargos públicos sin concurso.[92]​ A fin de enero de 2018, Mauricio Macri firmó un decreto por el cual quedaba prohibida la contratación de familiares de funcionarios de alta jerarquía.[93]​ El alcance del decreto fue limitado.[94]

También ha sido criticada la designación sin concurso de decenas de militantes del PRO y de la agrupación "La Generación", que logró copar el Ministerio de Modernización y sus militantes ganan sueldos de hasta 80 mil pesos por mes.[95]​ Varios militantes de las juventudes del PRO han sido colocados anteriormente en puestos estratégicos en la ciudad y a partir de 2016 en la Nación pese a no tener experiencia previa.[96]

Fueron objeto de duras críticas las contrataciones de servicios de empresas privadas, en reemplazo de trabajadores desvinculados.[97]

TransporteEditar

En septiembre de 2016 anunció la reactivación del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Días después se presentó una denuncia que hicieron los fiscales ante el posible delito en la modificación de las condiciones de la adjudicación de la obra, que beneficiaría a la empresa Iecsa de Angelo Calcaterra, primo del presidente.[98]​ En cuanto a los servicios regionales de ferrocarril, en el caso del Tren del Valle se recortaron servicios y disminuyeron las frecuencias.[99]​ En Entre Ríos los ramales fueron paralizados cancelándose los servicios locales de Paraná, la capital provincial, que fueron suspendidos en enero de 2016, el tren Paraná – Concepción del Uruguay, suspendido en febrero de ese año, y el servicio Basavilbaso – Villaguay, que dejó de circular en abril de 2016.[100]​ El Tren de las Sierras, que circula entre Córdoba y Cosquín, dejó de salir desde la estación Alta Córdoba.[101]​ En mayo de 2017 el servicio metropolitano de trenes de Resistencia, Chaco, también fue suspendido para forzar una provincialización del servicio y se descartó la renovación de vías del ramal C3 del Ferrocarril Belgrano.[102]​ También se canceló el proyecto de fabricación de vagones de cargas nacionales. El recorte en los trenes regionales, el cierre de ramales en el Chaco y Entre Ríos, servicios suspendidos en La Pampa, Mar del Plata, Chascomús y la decisión de paralizar la expansión del Tren del Valle y el abandono del Plan Operativo Quinquenal heredado de la gestión anterior.[103]

Derechos humanosEditar

 
Policía disparando a manifestantes en 2017.

Represión a comunidades mapuchesEditar

Durante el gobierno de Macri existió una escalada represiva contra distintas comunidades mapuches que habitan en el sur del territorio, principalmente en la provincias de Neuquén y Río Negro que reclaman tierras que reivindican como históricamente propias y en la actualidad son estancias apropiadas por magnates extranjeros como Bennetton, Joe Lewis y Ted Turner.[104]

En enero de 2017 un grupo de 200 gendarmes reprimió una protesta mapuche que cortaba las vías del tren La Trochita. El caso fue denunciando por la organización Amnistía Internacional que consideró desproporcionado el uso de la fuerza estatal en relación al conflicto existente.[104]

El 1 de agosto de ese año, en la localidad chubutense de Cushamen, efectivos de la Gendarmería Nacional entraron sin orden judicial a una estancia propiedad del Grupo Benetton donde la comunidad Lof en Resistencia de Cushamen estaba ocupando tierras a modo de protesta por la recuperación de territorios ancestrales.[105]​ Como resultado de esa represión, la se produce la desaparición de Santiago Maldonado, cuyo cadáver apareció casi tres meses más tarde. Durante los tres meses, testigos y demás personalidades de la política e incluso la farándula afirmaron que a Maldonado había sido secuestrado por la Gendarmería en un camión, siendo este asesinado en el mismo. Las pericias posteriores a su muerte determinaron que su muerte por ahogamiento en el Río Chubut

El 26 de noviembre, efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina reprimen con disparos de arma de fuego una ocupación en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en las proximidades del Lago Mascardi.[106]​ Como resultado de ello muere el joven Rafael Nahuel.

Libertad de prensa y expresiónEditar

En diciembre de 2015 se creó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). En mayo de 2016, una de las primeras medidas del Ente fue facilitar una orden de allanamiento contra Barricada TV, un canal televisivo comunitario. La entidad destinada a regular los medios de comunicación y las telecomunicaciones se involucró en una causa contra el canal comunitario y facilitó la intervención y el uso de la fuerza, esto estaría vinculado a las investigaciones de la radio comunitaria contra una empresa ligada la dictadura.[107]​ También se denunció en 2016 que tres canales comunitarios ganaron concursos y licencias legales pero no se les asignaron señales, uno de los canales advirtió que Canal Trece, del Grupo Clarín seguía operando con su licencia vencida para la frecuencia que ganó canal 33.[108]​En la provincia de Entre Ríos tomó notoriedad el caso de una radio Diamante cuando el gobierno nacional ordenó “cesar las emisiones y desmantelar” FM Radio Mix de Diamante, diversos medios destacaron que era una emisora “no alineada a Cambiemos”. La Resolución 9435 y la Resolución 2064-E/2017 del ENACOM motivaron el cierre de varias emisoras en todo el país. Incluso se iniciaron acciones penales contra los responsables de las emisoras y algunos periodistas bajo el argumento de que las radios interfieren las comunicaciones aéreas. En todos los casos se trataba de emisoras con una línea editorial crítica del gobierno nacional.[109]

En agosto de 2017 el ENACOM decomisó los equipos de la Radio M, de La Matanza y FM Fórmula, de la localidad de Merlo y detuvo a uno de sus directivos, que incluyó el traslado y la “demora” en la delegación Morón de la Policía Federal de los titulares de ambas emisoras y otro periodista radial, con la apertura de una causa penal.[110]​ Al mismo tiempo realizó operativos de decomiso de equipos de radio en otras provincias, como pasó a principios de año en Chaco, Formosa y Corrientes. La radio comunitaria FM Ocupas, de Moreno, fue obligada a salir del aire, mientras que rechazó que la emisora comunitaria FM Estación Sur, de Catamarca, pueda presentarse a un concurso para obtener su licencia.[111][112]​En Formosa FM Popular, FM La Torre y FM Milenium fueron objeto de los operativos llevados adelante sin ningún tipo de notificación previa, donde los allanamientos y decomisos fueron dirigidos por personal del ENACOM de Buenos Aires, con el apoyo de fuerzas de Gendarmería.[113][114]​También fueron clausuradas radios en José C Paz.[115]​También se produjo el secuestro de equipos y cierre de las emisoras Radio M, 104.1 de Virrey del Pino; y 87.7 FM Fórmula de Merlo.[116][117]​En tanto en Córdoba, la FM popular también sufrió la decomisión de equipos y clausura.[118]

A raíz de ello el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Federal, aprobó por unanimidad un proyecto de Resolución que apunta a “defender la libertad de prensa y expresión de los medios radiales de la ciudad, ante el Decreto presidencial de Mauricio Macri que facultó al ENACOM a disponer la clausura, secuestro, apercibimiento, multas y/o decomiso de las emisoras no autorizadas a emitir”.[119]​Para fines de octubre se produjo un nuevo caso de decomiso de los equipos de una radio comunitaria FM Coiron 94.3 de Comodoro Rivadavia con apoyo de Infantería.

La Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines de La Matanza denunció que Cambiemos busca "cercenar, silenciar y desaparecer a los medios de comunicación populares" y vía comunicado pidió cesar de inmediato con estas prácticas violentas y arbitrarias que buscan acallar las voces de la diversidad.[120]

La radio formoseña Milenium recibió el 5 de enero un acta de constatación que indicaba que su señal no interfería con el Aeropuerto Internacional El Pucú. Sin embargo, el 18 de enero la emisora ya había sido declarada ilegal por la Enacom, y el 16 de febrero sus equipos fueron decomisados. Ese accionar motivó una reacción de la Defensoría del Pueblo de Formosa que advirtió sobre la “vulneración de los derechos amparados por la Constitución Nacional”. El responsable de Radio M, Ariel Montes, y dos periodistas de la emisora fueron detenidos, también fue abierta una causa penal contra el titular de la radio Fórmula, en entre otros.[121]

En octubre de 2017 llegó a FM Rosicler 91.3 La Voz del Migrante de la ciudad de Salta una intimación del Enacom a dejar de transmitir y desmantelar sus instalaciones, desde ese día dejó de emitir. En febrero de este año, el Enacom cortó las transmisiones de FM Ocupas del partido bonaerense de Moreno.[122]

Luego de 500 días de vigencia del decreto que permitía la clausura y secuestro de material de radios, se organizó un microfonazo frente a la sede del Ente, convocado por la Cadena Nacional de Medios Populares Interredes y participarán la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CNTA), AReCIA Revistas Culturales Independientes Autogestivas, la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), Red PAC Productoras Audiovisuales Comunitarias, RED Colmena, FARCO, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina (AMARC) y Red Com.[123]​ En diciembre de 2016 el Gobierno emitió una resolución en la cual estableció la distribución del canal La Nación +, creado un mes antes, perteneciente al Diario La Nación fuese obligatoria.[124]​dicho diario ha sido considerado oficialista para con su gobierno[125]​Inaugurándose el canal con una entrevista a Mauricio Macri, concedió al ciclo en Olivos.[126]

El 12 de diciembre de 2015 recién electo presidente, Mauricio Macri, ordenó la suspensión inmediata de la señal del canal Senado TV, que transmitía en vivo las sesiones del Senado, los discursos y votaciones.[127]​ A poco de asumir los trabajadores de Infojus, portal que recoje las noticias judiciales denunciaron que desaparecieron del portal unas 10 mil notas e investigaciones periodísticas y judiciales, desapareciendo coberturas enteras sobre casos de corrupción que comprometían a funcionarios del nuevo gobierno.[128]​Entre las notas e informes judiciales que desaparecieron figuraban temas que involucran al presidente Mauricio Macri, como su imputación por espionaje ilegal como jefe de Gobierno porteño, la represión en el Hospital Borda, la responsabilidad en el incendio intencional del depósito de documentos vinculados a lavado de dinero de la empresa Iron Mountain en el que murieron diez personas, o la supuesta relación de la primera dama Juliana Awada con talleres de costura clandestinos con mano de obra esclava, entre otros. Finalmente acusaron al Ministro de Justicia Gérman Garavano de haber ordenado borras las notas.[129]

El 7 de junio de 2016, el gobierno de Mauricio Macri anunció oficialmente que sacaba la señal Telesur de la televisión digital terrestre argentina, siendo dada de baja el día 29.[130]​ La presidente de la cadena multiestatal, Patricia Villegas, denunció censura por parte del presidente argentino.[131]​ El 9 de junio de 2016, el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos anunció la suspensión de la señal de RT en Español en la TDA. Victoria Vorontsova, directora de emisión del canal ruso, declaró que el gobierno argentino se había acercado a Estados Unidos y que no le sorprendería que «en esa frecuencia apareciera la CNN en vez de un canal regional» tras varios meses la señal sería repuesta.[132]

En octubre de 2016 los periodistas del Grupo Indalo Gustavo Sylvestre y Mauro Federico denunciaron haber sido blanco de hackeos por parte de una unidad dependiente del Agencia Federal de Inteligencia.[133]

Ese mismo año, días antes del estreno de la novela La Leona un grupo de internet, que Miguel Ángel Solá atribuyó a punteros políticos del gobierno nacional, llamó a un boicot contra la novela, debido a la posición tomada a favor del kirchnerismo de Pablo Echarri y Nancy Dupláa.[134][135]​Pese al intento de boicot el día de su estreno supero ampliamente a sus competidores.[136]​Tras ganar el Martín fierro, algunos medios denunciaron que funcionarios del macrismo se habrían comunicado con miembros de APTRA para sugerir que los protagonistas de la ficción La Leona, opositores al macrismo, no sean distinguidos en la ceremonia.[137]​El periodista especializado en espectáculos Jorge Rial reveló que varios funcionarios del gobierno de Mauricio Macri se acercaron a APTRA para sugerir que figuras críticas al gobierno no ganen los Martín Fierro.[138][139]​Previamente una semana antes de los premios Macri invito a la residencia de Olivos a varios periodistas del espectáculo, entre ellos miembros de Aptra, incluido el presidente de la asociación fuera de la agenda oficial, por lo que no saldría en el Boletín Oficial del Presidente. Se iba a tratar de una reunión absolutamente secreta y "off the record", según la revista Pronto uno de los temas tratados es que en la entrega de los premios Martín Fierro no se de ningún discurso en contra del macrismo y que, de realizarse, ellos no le den repercusión en sus respectivos programas de televisión.[140]

En 2017 insultó al periodista y presidente del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), Horacio Verbitsky calificandoló como la peor lacra que existe, a raíz de las investigaciones del periodista sobre la muerte de Santiago Maldonado.[141]

En diciembre de 2017 el periodista Marcelo Bonelli reveló que Mauricio Macri ordenó realizar informes de inteligencia sobre los cacerolazos contra su gestión.[142][143][144]​Según la investigación que lleva el juez Gustavo Lleral determinó que la Gendarmería Nacional de Argentina realizó tareas de espionaje a la familia de Santiago Maldonado, que fueron realizados días después de la desaparición del joven, y se conocieron tras un hallazgo en las pericias que se efectuaron a los teléfonos de miembros de la Gendarmería, donde se detallaban los viajes realizados por Santiago y sus seres más cercanos, a lo que se suma un Whatsapp con movimientos sobre la familia Maldonado.[145]

Durante el episodio de la desaparición del ARA San Juan (S-42) comenzó una campaña de hostigamiento a familiares después de las críticas al presidente Mauricio Macri. Padres, hermanos y hermanas de los tripulantes sufrieron todo tipo de insultos y acusaciones en la red social Twitter.[146]​Según diferentes medios los ataques fueron realizados por un grupo de "trolls" que tiene el gobierno macrista en las redes sociales y que cuenta con un presupuesto de 160 millones de pesos. Diferentes fuerzas políticas, organizaciones sociales, periodistas y famosos denunciaron que detrás de los ataques que sufren diariamente en las redes está el Gobierno y acusaron a Marcos Peña de haber construido un call center en Casa Rosada para llevar a cabo estas amenazas a opositores y críticos. Según declaró uno de los arepentidos quienes estarían detrás de las operaciones de los trolls fueron Lucho Bugallo, un delfín de Elisa Carrió, y Mariana Laura Torres, una militante del partido de Patricia Bullrich "Unión por la Libertad" quién es consejera escolar por Cambiemos.[147][148]​ Al respecto la vicepresidenta Gabriela Michetti y el asesor Jaime Durán Barba, entre otros funcionarios fueron denunciados penalmente en la Justicia federal, meses antes por el supuesto montaje de una red de trolls oficialistas presuntamente financiada con fondos públicos del Senado.[149]​A fines de 2016 se presentó una denuncia penal para investigar el presunto desvío de fondos públicos para solventar a un "call center" que se dedicaría a replicar en las redes sociales mensajes de adhesión al Gobierno y hostigar a políticos y artistas opositores.[150]​Según informes periodísticos su Jefe de Gabinete, Marcos Peña ha sido señalado como ejecutor de un equipo de "trolls" en las redes sociales para operar contra paros y movilizaciones y atacar y agredir opositores y famosos críticos.[151]​ Este equipo estaría integrado por 40 personas que trabajan dentro de la Casa Rosada.[152]​ Entre otros han sido víctimas de dichas campañas de hostigamiento Marcelo Tinelli, cuando este realizó críticas a su gobierno.[153]​ a Mirtha Legrand quién declaró sus simpatías por el gobierno, pese a ello la que acusaron de golpista tras decirle a Mauricio Macri que los "políticos no ven la realidad"[154]​También fue agredido el periodista Ernesto Tenembaum acusándolo de ser funcional al kirchnerismo, [155]​ también fue hostigado el actor turco Ergün Demir tras criticar por TV la represión a la carpa docente.[156]​ Dicha modalidad también fue utilizada contra sindicalistas como Roberto Baradel.[157]​ Además fueron atacados Nelson Castro y Luciana Geuna (periodistas del Grupo Clarín) por haber firmado una solicitada donde denunciaban una embestida del oficialismo contra el Grupo Octubre, donde trabaja el periodista Horacio Verbitsky.[158]​ Además del actor Diego Reinholds[159][160]​En 2018 la organización "Reporteros sin fronteras" que elabora todos los años un informe en el que clasifica a los países de acuerdo a la situación de libertad de prensa destacó que Argentina cayó dos puestos respecto al ranking anterior y describió la situación como "preocupante", resaltando que "Los medios de comunicación más críticos a menudo son acusados de calumnia y comparecen ante tribunales civiles. En 2017, durante las multitudinarias manifestaciones, varios reporteros fueron agredidos violentamente por la policía".[161]

En junio de 2018 un grupo de 29 eurodiputados de España, Italia, Grecia, Francia, Alemania, Finlandia e Irlanda expresaron su preocupación por los ataques a la libertad de expresión en la Argentina bajo el gobierno de Macri, en una declaración conjunta se expresaba la “preocupación ante los ataques a la libertad de expresión que se viven en Argentina desde que el gobierno de la Alianza Cambiemos está en el poder” exigiendole “al gobierno de Mauricio Macri que desista de la persecución a periodistas opositores y garantice la libertad de expresión”.[162]​En una declaración conjunta en la Embajada Argentina en Bruselas pidiendo al gobierno de Mauricio Macri que "se abstenga de perseguir a los periodistas de la oposición".[163]

Al mismo tiempo Amnistía Internacional Argentina realizó un estudio sobre ciberataques contra reconocidos periodistas y activistas por los derechos humanos contrarios a su gobierno.[164]

En 2018 Greenpeace Argentina denunció al empresario Alejandro Peña Braun, primo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, por amenazas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De acuerdo con la denuncia "personas de estrecho vínculo con el gobierno de Mauricio Macri habrían perpetrado una serie de ataques" contra los principales dirigentes de esa organización con el propósito amedrentarlos y dificultar sus actividades. El empresario Alejandro Peña Braun aseguró que iba a destinar "2 o 3 palos verdes para joderlos". Desde entonces un ejército de trolls lleva adelante un campaña difamatoria en su contra. Las amenazas y amedrentamientos. Los hostigamientos comenzaron cuando Greenpeace protestaba contra Alejandro Peña Braun, convertido recientemente en uno de los empresarios más ricos del país y dueño de uno de los terrenos de la llamada "Finca Cuchuy", en Salta, donde Greenpeace lideró una campaña para evitar el desmonte de bosques nativos.[165]​ Marcos Peña es señalado por estar detrás del ejército de trolls que operan en las redes sociales en favor del gobierno de Cambiemos y que llevan adelante una violenta campaña sucia contra sus detractores, meses antes se presentó una denuncia penal para investigar el presunto desvío de fondos públicos para solventar a un "call center" ubicado dentro de la misma Casa de Gobierno que se dedicaría a hostigar a políticos, defensores de derechos humanos, intelectuales, políticos y artistas opositores.[166]

Política exteriorEditar

 
Macri y Awada con Donald Trump
 
El Presidente de Chile Sebastián Piñera junto a Mauricio Macri

El 19 de enero de 2016, Macri participó junto a Sergio Massa en el Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos. En busca de inversiones, tuvo reuniones con varios representantes de empresas, políticos, periodistas, etc, entre ellos el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, el fundador de Virgin Group, Richard Branson, el presidente ejecutivo de Google, Eric Schmidt, la Reina Máxima de los Países Bajos, el CEO de Coca Cola, Muhtar Kent, entre otros.[167]​ El último presidente en asistir había sido Eduardo Duhalde, en enero de 2003[168]

El 16 de febrero recibió al primer ministro italiano Matteo Renzi y el 24 de febrero recibió al presidente François Hollande de Francia. El 27 de febrero se reunió con el Papa Francisco en Roma, y el 23 de marzo recibió al presidente Barack Obama.

Durante una cumbre del Mercosur en diciembre de 2016 la canciller de Venezuela Delcy Rodríguez, fue agredida por la Policía Federal Argentina cuando se dispuso a entrar al Palacio San Martín para asistir a la reunión que allí se desarrollaba, interviniendo el canciller boliviano que debió gritarle a un policía que frenase los ataques. En conferencia de prensa, Macri ironizó sobre el hecho y expresó: "Pensé que había sido (la canciller, Susana) Malcorra la que la golpeó".[169]

En cuanto a las Naciones Unidas, el gobierno de Macri impulsó la candidatura de la ministra de Relaciones Exteriores y Culto Susana Malcorra a la Secretaría General de Naciones Unidas, para suceder a Ban Ki-moon al frente del organismo.[170]​ La candidatura tuvo un costo de más de un millón de pesos,[171]​ provenientes de fondos del estado.[172]​ La canciller dedicó gran parte de su tiempo sólo a impulsar su candidatura, viajando por varios países y teniendo a su disposición 13 funcionarios.[173]

Durante sus primeros meses de mandato produjo un giro de la política exterior caracterizado por el acercamiento a Estados Unidos. Pese a ello se desató un conflicto con la importación de limones a principio de 2017 y más tarde EEUU anunciaba la aplicación de un arancel del 57% a la importación del biodiesel argentino, el producto más exportado de Argentina hacia EEUU.[174]​ Paralelamente EEUU eliminó facilidades que beneficiaban a los argentinos y limitó el ingreso de profesionales, endureciendo los requisitos para el otorgamiento de la la Visa estadounidense para ciudadanos argentinos.[175]

Ya en 2018 Estados Unidos impuso nuevos aranceles a la industria argentina, y anunció aranceles del 25% al acero y el 10% al aluminio. En 2017 la Argentina había vendido más de US$ 500 millones en aluminio y US$220 millones de acero al país norteamericano, lo que fue calificado por la prensa argentina como un "golpe comercial al país".[176]​Ese mismo año Estados Unidos elevó aún mas los aranceles contra el biodisel argentino, llevandolos al 72 por ciento. El biodiésel era, hasta ese momento, el principal producto de exportación a los Estados Unidos, con 1,5 millón de toneladas, y una ganancia de 1.140 millones de dólares en 2016.[177]

La política exterior de Mauricio Macri fue caracterizada como "pragmática" durante la gestión de Susana Malcorra y a partir de la asunción de Jorge Faurie, hacia mediados de 2017, como "unilateralismo periférico concesivo".[178]​ En ambos casos, se trata de una clara orientación hacia el alineamiento con Estados Unidos y organismos supranacionales como la OMC, en detrimento de alianzas regionales como la UNASUR.[179]
La política exterior enfocada casi exclusivamente en el mercado norteamericano ha sido calificada como «exitosa "en el juego corto"» por el ex vicecanciller Andrés Cisneros (1992-1996), quien señaló que «Hay un riesgo: el de hipotecar toda la política exterior en nombre de una facturación hipotéticamente un poco mayor. Parecemos demasiado enfocados en el mercado norteamericano».[180]

CríticasEditar

 
Acto por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

Conflicto por el protocolo de asunción presidencialEditar

El 24 de noviembre, dos días después del balotaje, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri se reunieron y acordaron el protocolo de traspaso del mando a realizarse el 10 de diciembre en el Congreso de la Nación. El propio Macri fue el encargado de anunciar lo acordado en la reunión, a la que calificó como protocolar y "cordial":

Alfredo Leuco: ¿Qué es lo que acordaron del protocolo, de la parte protocolar?
Diego Leuco: El 10 de diciembre.
Mauricio Macri: El 10 de diciembre, que haremos el traspaso como corresponde, en el Congreso de la Nación.
Alfredo Leuco: Era obvio eso, digamos.
Mauricio Macri: Sí, sí, pero bueno, se habían corrido muchas versiones. A mí me alegró que ella haya ratificado que estaba muy bien predispuesta a hacer la ceremonia como corresponde, y darle el lugar a algo tan importante como un traspaso de mando.[181]

Con posterioridad Macri cambió de opinión y consideró que el juramento debía hacerse en el Congreso Nacional, pero luego del juramento ambos debían trasladarse a la Casa Rosada para que allí Cristina Kirchner le hiciera entrega de la banda y el bastón. Macri explicó que pretendía preservar la tradición anterior a 2003,[182]​ mientras que los voceros de Cristina explicaron que se debía cumplir lo acordado según lo que establece la Constitución.[183]​ Las razones de fondo del cambio de opinión por parte de Macri ha dado lugar a especulaciones periodísticas, así como también las supuestas intenciones de ambos de humillar al otro o a la otra.[184][185]

Mientras se estaban realizando las negociaciones, Macri realizó una presentación judicial solicitando que se estableciera que el mandato de la Presidenta Cristina Kirchner finalizaría el 9 de diciembre a la medianoche.[186]

La presentación del reclamo judicial interrumpió definitivamente las negociaciones. Conocida la decisión del fiscal de hacer lugar al reclamo de Macri, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli cuestionó por irregular la decisión judicial por acortar el mandato constitucional de Cristina Kirchner, dejar al país sin presidente titular y obligar a poner en funcionamiento la ley de acefalía, sosteniendo ante una afirmación de un periodista que «si hay acefalía como usted dice eso para mí es un golpe». Parrilli anunció que debido a que la justicia había establecido que el mandato presidencial de Cristina Kirchner había finalizado el día anterior al acto de toma de posesión del mando por parte del nuevo presidente, no correspondía legalmente que se hiciera presente en el Congreso Nacional.[187]

Al día siguiente la jueza María Servini de Cubría hizo lugar a la medida cautelar solicitada por Macri y dispuso que el mandato de la presidenta Kirchner debía finalizar a la medianoche del día 9 de diciembre, doce horas antes de la ceremonia de traspaso del mando y jura en el Congreso. La decisión judicial generó una situación anómala, ya que el mandato de la presidenta Kirchner terminaría antes de que Macri pudiera cumplir con los requisitos constitucionales para asumir el mando.

Frente a esa situación el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, anunció que él sería presidente de la Nación a partir de las 00:01 del día 10 de diciembre, desempeñando el cargo hasta que realice el juramento constitucional Mauricio Macri.[188]

Simultáneamente el bloque de diputados del Frente para la Victoria declaró que el fallo judicial constituía un "avasallamiento a las instituciones" y que no asistiría al acto de asunción como presidente de Mauricio Macri.[189]

Pinedo asumió efectivamente el ejercicio al Poder Ejecutivo al cesar el mandato de Cristina Kirchner, aplicando al caso la ley de acefalía.[190]

Conflicto con el Ministerio PúblicoEditar

Luego de ser elegido Presidente de la Nación, Macri confirmó que pretendía que la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, titular del Ministerio Público Fiscal renunciara, a pesar de que se trata de una funcionaria y un órgano constitucional que son independientes del Poder Ejecutivo para el que fue elegido.[191]

La Procuradora General Gils Carbó por su parte consideró que el Presidente Macri no tenía facultades legales para exigir su renuncia y que se trataba de una violación de la institucionalidad y el orden constitucional.[192]​La Procuradora recibió el apoyo de más de 80 fiscales y funcionarios judiciales.[193]​Unos 120 fiscales del Ministerio Público de la Nación manifestaron su apoyo a la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, al señalar "su profunda preocupación" por las manifestaciones que realizaron distintos actores políticos "en plena campaña electoral" y que ejercen una "indebida presión" sobre la funcionaria al exigirle su renuncia.[194]

En ese contexto la Procuradora General Gils Carbó no fue invitada a la jura presidencial, debido a que la invitación fue enviada a una dirección incorrecta. Varios organismos de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel consideraron que el Presidente Macri estaba presionando indebidamente al Ministerio Fiscal, y declararon su solidaridad en apoyo de continuidad de la Procuradora General.[195]

Conflicto por la designación por decreto de dos miembros de la Corte SupremaEditar

El lunes 14 de diciembre de 2015 el Poder Ejecutivo informó que Macri designó por decreto de necesidad y urgencia, y sin aprobación del Senado, dos jueces en comisión para los cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.[196]​ Según el artículo 99 de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo “nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto.[197]​ La gacetilla de prensa justifica dicha designación sin acuerdo en base al inciso 19 del mismo artículo:[196]​ “19. Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura.[…] [197]​ Complementariamente el decreto 222/03 establece un sistema previo de impugnaciones y audiencias públicas para poder nombrar a los integrantes de la Corte Suprema.

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dio la "bienvenida" a los jueces.[198]​ Lorenzetti afirmó, refiriéndose a los gobiernos anteriores, peronistas:

Conozco muy bien a los dos jueces que van a venir, es gente de prestigio, son muy serios, pero la decisión la toma el Senado. Se han nominado dos jueces para cubrir vacantes, es normal, no significa que haya un cambio pendular. Antes con los cambios de Gobierno se suprimía toda la Corte, se cambiaba toda la jurisprudencia. Esta es la primera vez en la historia que la Corte continúa.[199]

El radical Ernesto Sanz dijo que Macri hizo lo que tenía que hacer, y que la medida garantizaría la gobernabilidad.[200]​ El periodista Adrián Ventura opinó que "el procedimiento puede ser riesgoso, extraño, políticamente criticable por la oposición, pero es válido".[201]

Meses después Mauricio Macri envió al senado un listado de diez conjueces para la Corte Suprema, que incluían desde la abogada del Grupo Clarín, al ex abogado personal de Macri imputado en el escándalo del Correo Argentino, junto a militantes macristas y radicales, Macri también pidió que nombren cojueza de la corte a la hija de la magistrada que tiene en sus manos la causa Correo Argentino, por la que se encuentra imputado por condonar a una empresa familiar 70.000 millones de pesos de deuda, quién a su vez trabaja con el ministro Garavano, al abogado de la vicepresidenta Gabriela Michetti en el escándalo por los bolsos de dinero en su casa, y una ex jueza que convocaba a timbreos a favor de Macri, entre otros.[202]

Objeciones al DecretoEditar

La medida fue criticada por políticos, juristas y periodistas de la mayoría del arco político, incluyendo varios importantes figuras de Cambiemos, criticando desde lo poco republicano a directamente tachándola de inconstitucional.[203]​ Entre las principales críticas, la ex candidata presidencial Margarita Stolbizer calificó de "inadmisible" la decisión y de "un retroceso institucional";[204]​ el también excandidato Sergio Massa sostuvo que "los nombres son impecables, la forma horrible";[205]​ el senador Miguel Ángel Pichetto sostuvo que era "un disparate";[206]​ el jurista León Arslanián lo consideró "impropio"; el periodista de Joaquín Morales Solá declaró que "no me parece conveniente, ni oportuno ni un acierto";[207]​ el exgobernador de la provincia de Córdoba José Manuel de la Sota le reprochó que la construcción de una república "no se logrará nombrando jueces provisorios de la Corte por decreto".[208]​ El exministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni cuestionó la decisión diciendo que "esto afecta a la República y la democracia sin República puede ser un caos. Me parece una barbaridad, es un abuso de autoridad".[209]​ El periodista Mario Wainfeld sostuvo que "la jugada le pasa por arriba al Senado" y que la intención de Macri es "formatear en parte un tribunal a su gusto".[210]​ El constitucionalista Daniel Sabsay calificó la medida como "de terror", "inconstitucionalidad manifiesta" y "retroceso fenomenal", sosteniendo que se estaba "sentando un precedente nefasto para las instituciones argentinas que prometió mejorar" y contrastando la actitud del Presidente Macri con la del expresidente Néstor Kirchner que autolimitó su facultad de designar los miembros de la Corte mediante el Decreto Nº 222/03.[211]​ El presidente del Colegio Público de Abogados de Buenos Aires Raúl Rizzo manifestó su disconformidad diciendo "empezamos mal Mauricio".[212]​ El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel consideró que "es una medida autoritaria inédita en democracia".[213]​ El senador radical de Cambiemos Julio Cobos afirmó que la designación de los jueces de la Corte por Decreto de necesidad y urgencia "me ha sorprendido y es innecesario", sosteniendo que no ve "razones para que sea por decreto y no por envío al Senado".[214]​ El jurista de Cambiemos Gil Lavedra calificó la medida como un “precedente muy funesto”, agregando que “la norma constitucional que se utilizó es insostenible frente al alcance que tiene el principio de independencia de los jueces”.[215]Ricardo Alfonsín de Cambiemos, también criticó el decreto debido a que “deja mucho que desear en términos de legitimidad republicana y política”.[215]​ El gobernador socialista de Santa Fe lo calificó como "un error".[216]

Beatriz Sarlo señaló que Macri se había reunido pocos días atrás con las principales figuras de la oposición para buscar consensos básicos y no mencionó que estaba preparando un nombramiento de dos jueces de la Corte por decreto y en comisión:

Me problematiza mucho que se reunió con Sergio Massa, con Scioli y con Margarita Stolbizer para nada. Es decir para hablar vaguedades. A ninguno de los tres les anticipó que tenía en mente una medida sobre el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. Eso no es un diálogo, eso es una puesta en escena.

Beatriz Sarlo[217]

Por su parte al excandidata por el Frente Progresista Margarita Stolbizer y el excandidato por el peronismo renovador Sergio Massa, realizaron una declaración conjunta solicitándole al Presidente Macri que revea su decisión de nombrar a los miembros de la Corte por decreto.[218]

Objeciones a los candidatosEditar

Sobre los miembros de la Corte designados, la prensa ha dado a conocer antecedentes de los mismos. En el caso de Carlos Rosenkrantz, el periodista Luis Bruchtein ha dado a conocer que fue abogado del Grupo Clarín en sus acciones contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.[219]Página/12 a su vez señaló que Rosenkrantz en 2007, publicó un artículo cuestionando los fallos de la Corte Suprema dictados en los autos "Simón" y "Mazeo", por medio de las cuales se declararon inconstitucionales las leyes de punto final, obediencia debida y los indultos de Menem a los crímenes de lesa humanidad.[220]

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) cuestionó los méritos de los candidatos "designados".[221]​ Con respecto a Rosatti dio a conocer que mientras se mantuvo en el cargo de la secretaría de gobierno de la Provincia de Santa Fe y en el municipio, más de 80 personas fallecieron a manos de las fuerzas de seguridad que controlaba y que en 2005, fue acusado de presionar a la Oficina Anticorrupción Nacional, para que se archivara la investigación contra su exjefe, Carlos Reutemann, sobre la malversación de fondos públicos con motivo de la inundación de 2003, que causó decenas de muertos.[221]​ Con respecto a Carlos Fernando Rosenkrantz cuestionó su vinculación con empresas que incluyen a grandes medios (América TV, La Nación, Grupo Clarín y Cablevisión), cadenas de venta de alimentos, medicina prepaga, telecomunicaciones, energía, "y un enorme etcétera del mundo de los negocios y las finanzas".[221]

Conflicto con los trabajadores de Cresta RojaEditar

El día 22 de diciembre, la Gendarmería Nacional reprimió una manifestación de empleados de una industria avícola que había cortado la Autopista Ricchieri, acceso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, tras ordenar a los manifestantes abandonar el corte en un plazo de cinco minutos. La represión, que consistió en dos cargas separadas por algunas horas, incluyó el uso de palos, balas de goma y camiones hidrantes, dejando entre diez y doce trabajadores heridos, de acuerdo al testimonio de los manifestantes.[222][223]​ Cristian Villalba, delegado de los trabajadores, denunció que las agresiones no fueron iniciadas por los trabajadores de Cresta Roja sino por activistas políticos infiltrados en la manifestación.[224]​ Esta situación provocó una disputa entre el gobierno y el Partido Obrero puesto que el ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, incriminó directamente a esta organización política de intentar ocupar el aeropuerto de Ezeiza y desatar el conflicto.[225]​ Lo que valió una denuncia penal contra la funcionaria por parte de la organizaicón de izquierda «por calumnias e injurias, agravadas por provenir de altos funcionarios del Estado y, por lo tanto, de servirse de la mentira para pavimentar la persecución política.»[226]​ Al día siguiente de esta presentación, el ministerio se retractó[227]​ por lo que la demanda fue retirada.

Conflicto con la AFSCAEditar

Macri declaró que pretendía la renuncia de Martín Sabbatella, presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual un organismo autárquico que tuvo la responsabilidad de regular los medios de comunicación audiovisual y fue creado por la Ley de Medios. Por ley, el mandato del presidente de la AFSCA era de cuatro años "debiendo existir dos años de diferencia entre el inicio del mandato de los directores y del Poder Ejecutivo nacional".[228]

El segundo día de su mandato, Macri firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) disponiendo que AFSCA y AFTIC pasaran a depender del Ministerio de Comunicación.[229]​ Varias organizaciones y sindicatos denunciaron que la creación de la nueva cartera busca eliminar la autarquía de la AFSCA, constituyendo una intervención encubierta y convocaron a un abrazo simbólico en defensa a la AFSCA y la preservación de su autonomía.[230]

El día 11 de diciembre el Ministro de Comunicaciones Oscar Aguad anunció que "la regulación de la Ley de Medios no va a subsistir durante nuestro gobierno."[231]​ El anuncio del ministro Aguad fue a su vez cuestionado por el presidente de la AFSCA Martín Sabbatella, denunciando que el gobierno pretende beneficiar al Grupo Clarín.[232]

En la tarde del 14 de diciembre, un grupo de miembros de organizaciones sociales y políticas, trabajadores y autoconvocados realizó una manifestación en la Plaza de Mayo en defensa del AFSCA y la Ley de Medios, convirtiéndose en la primera marcha opositora al gobierno de Macri. También hubo movilizaciones en las ciudades de Córdoba y Mendoza.[233]

El 23 de diciembre Macri dispuso intervenir la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). El Ministro de Comunicaciones Oscar Aguad justificó la medida diciendo que las autoridades de la AFSCA habían cometido un acto de "rebelión" y que su presidente Martín Sabbatella era un "militante político".[234]​ Sabatella con mandato en su cargo hasta 2017, afirmó que el "gobierno fue elegido democráticamente pero tiene actitudes de un gobierno de facto" y presentó ante la justicia un recurso de amparo y un habeas corpus.[235]​ Pocas horas después de la intervención se reunió en la puerta de la AFSCA una manifestación de ciudadanos para oponerse a la medida.[236]​ El ministerio de Comunicaciones colocó a Agustín Garzón como interventor del AFSCA.[237]​ Posteriormente Garzón fue acusado de persecución política y despidos arbitrarios en el organismo, y de amedrentarmientos,[238]​ además de utilizar policías para intimidar empleados.[239]​ También fue criticado por designar en el organismo público a militantes de Cambiemos.[240]

Escándalo de Panama PapersEditar

Macri figura entre los políticos implicados en la investigación internacional sobre corrupción a través de paraísos fiscales denominada “Panama Papers”, publicada el 3 de abril de 2016 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.[241]​ Según la investigación, integró junto a su padre Franco y su hermano Mariano el directorio de la sociedad offshore Fleg Trading Ltd, registrada en las Bahamas entre 1998 y 2009. Al ser electo jefe de Gobierno porteño en 2007, el ahora presidente no incluyó en sus declaraciones juradas su conexión con la firma.[242][243]​ El portavoz oficial de Macri, Ivan Pavlovsky, dijo que el presidente argentino no declaró su participación en esa empresa offshore como un activo porque no tenía ninguna participación de capital en ella .[241]​ El periodista Joaquín Morales Solá considera improbable que el caso llegue a judicializarse, ya que Mauricio Macri figura personalmente en el directorio de la empresa (y no utilizando un testaferro), Franco Macri declaró la cuenta ante la AFIP, el movimiento de dinero fue insignificante, y fue cerrada un año después de que Mauricio Macri fuera electo jefe de gobierno.[244]​ El 7 de abril, a pocos días de conocerse el escándalo, Mauricio Macri fue formalmente imputado por el fiscal Federico Delgado.[245]​ El juez Sebastián Casanello es el encargado de investigar el caso, y le solicitó al Banco Central que informe sobre todas las cuentas que tengan a Macri como titular o apoderado. También le pidió a la AFIP las declaraciones juradas del padre y los hermanos del Presidente y envió exhortos a cinco países.[246]

Meses después, se conoció la existencia de otra empresa, —Kagemusha S.A., radicada en Panamá—, en la que presidente Macri era vicepresidente y director.[247]
En septiembre de 2017 el juez a cargo de la causa determinó que Mauricio Macri "no fue socio ni accionista" de ninguna de las dos compañías, las que habían sido creadas por su padre Franco Macri, quien fue el responsable de ambas firmas.[248]​ Investigaciones posteriores, dadas a conocer en junio de 2018, dan cuenta de una serie de gestiones realizadas por representantes legales de Mauricio Macri, con el objeto de obtener los documentos que lo desvincularon de la causa, incluido un documento con fecha adulterada que adjudica la total responsabilidad de Fleg Trading a su padre Franco Macri.[249]

Escándalo por filtración y alteración de datos en la AFIPEditar

Durante el primer año de gobierno se desató un escándalo por la alteración y filtración con fines políticos de datos secretos de la AFIP. La investigación involucra a un grupo de funcionarios de la AFIP, acusados de «filtrar» información confidencial sobre contribuyentes, con objetivos políticos. A su vez, se denunció que se están borrando pruebas en AFIP que involucran a políticos de la alianza Cambiemos.[250]​ El fiscal Eduardo Taiano denunció la confección de «dossiers» de personalidades influyentes que eran luego utilizados en causas judiciales o ventilados en los medios de comunicación.[251]​ Inclusive, en la causa se pide investigar si el titular de la entidad Alberto Abad y el subdirector General de Operaciones Impositivas en el Interior, Jaime Mecicovsky ayudaron a la empresa IECSA, —propiedad de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri—, para «readecuarse» ante una posible «insolvencia fiscal fraudulenta».[252]

Según la investigación, desde Cambiemos habrían utilizado información sensible de rivales del gobierno y protegida por el secreto fiscal para elaborar informes que luego eran filtrados a Carrió con el fin de realizar denuncias periodísticas. Así, declaraciones juradas, movimientos bancarios, gastos de tarjetas de crédito, entre otros, quedaban bajo la posibilidad de ser divulgados,[252]​ que fueron utilizados para la campaña electoral de Mauricio Macri, a través de una fuerza especial dentro de AFIP para recopilar datos de sus «enemigos».[253]
El fiscal Eduardo Taiano imputó al jefe de la AFIP, designado por Mauricio Macri por el delito de violación de secreto junto con la aliada de Cambiemos, Elisa Carrió.[254]

Aportantes fantasmas a la campaña de 2015Editar

En 2016 ciertas investigaciones periodísticas revelaron casos de irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de Mauricio Macri y Gabriela Michetti, —así como también la campaña del candidato opositor kirchnerista, Daniel Scioli—,[255]​ denuncias sobre empresas contratistas que fueron aportantes, donantes "fantasmas" o sin capacidad económica y empresas contratistas del Gobierno de la Ciudad que sumaron millones para la campaña presidencial de Mauricio Macri.[256]​ Asimismo, la alianza Cambiemos designó a dos jubiladas como máximas responsables de manejar los 36 millones de pesos que utilizó en las PASO.[257]​ Según publicó La Nación, Stella Maris Sandoval, de 68 años, fue la encargada legal de administrar esos fondos aunque ella le negó al diario haber ocupado ese cargo como así también ser militante del PRO. "Yo nunca firmé nada", confesó. Otra jubilada, María Armanda Inza, de 82 años, también aseguró a La Nación que no estaba enterada de ello.[258][259]

Tarifas de servicios públicosEditar

El 5 de abril de 2016 se produjeron cacerolazos en Argentina, manifestantes exigieron la renuncia de Mauricio Macri tras la gran cantidad de despidos, los abruptos aumentos, ajustes, tarifazos y la vinculación e imputación por el caso Panamá Papers. Hubo cacerolazos en el centro de Mar del Plata, en la plaza frente a la Catedral, también una masiva movilización denominada #7A en repudio al ajuste y la corrupción de Macri.[260]​También hubo protestas en otras plazas del interior del país y en Rosario.[261]​Convocados espontáneamente al grito de "procesado", miles de manifestantes se concentraron en Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires.[260][262]

Crisis de mercadosEditar

A finales de agosto de 2018, hubo un alza de dólar ubicándose en un máximo de 40 pesos en las casas de cambio, está situación ha ido desarrollando una desconfianza y descontento por varios sectores de la sociedad hacia el gobierno.[263]​ Tras suceder esto, Macri redujo su gabinete ministerial.[264]

Polémica por apodoEditar

 
Pintada "Macri gato".

El 17 de mayo de 2016, el presidente Macri visitó la ciudad de Ledesma en Jujuy, para inaugurar "la casa número mil", como se había anunciado, en medio de un clima de hostilidad y división donde la diputada del Parlasur, Milagro Sala, se encontraba detenida desde hace meses. Ese día Luis Llanos, joven oriundo de la capital de la provincia, increpó públicamente al presidente bajo el rótulo de "Macri Gato". Este hecho le valió a Llanos la detención por parte de la policía provincial y generó una viralización del apodo en todo el país.[265]

En el argot carcelario "gato" deriva de "gatillar", en el sentido de pagar, y se refiere al preso que recauda para el jefe del pabellón: "El “gato” por sobre todas las cosas, desprecia al que está en inferioridad de condiciones y admira a quien lo utiliza".[266]

En 2018, el locutor Mario Pergolini consideró que la expresión "Macri gato" es "una gran pintada" que expresa adecuadamente el sentimiento de la juventud que debe ser contestataria.[267]

ReferenciasEditar

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  262. http://www.infonews.com/nota/286802/el-primer-cacerolazo-contra-macri
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  265. https://www.eldestapeweb.com/la-historia-completa-que-lo-apodan-macri-gato-al-presidente-n26256. Consultado el 23/9/18.  Falta el |título= (ayuda)
  266. «¿Por qué se le dice "Macri gato" al presidente?». Diario Registrado. 1 de noviembre de 2016. 
  267. «Entrevista de Javier Novaresio a Mario Pergolini». A24. Rosario: La Capital. 21 de septiembre de 2018. 


Predecesor:
Presidencia de Cristina Kirchner
 
Presidencia de Mauricio Macri

2015 - en curso
Sucesor:
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